El 1 de abril de 2026, la Corte Suprema escuchó los argumentos en Trump v. Barbara, una impugnación legal contra la orden ejecutiva de Trump de enero de 2025 que buscaba prohibir la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Por primera vez en la historia moderna, Trump asistió personalmente a los alegatos orales ante la Corte Suprema. Todos los tribunales inferiores que han escuchado el caso hasta ahora han bloqueado la orden ejecutiva, y la Corte Suprema – incluidos jueces de derecha – pareció mostrarse escéptica frente a la posición de la administración Trump. Se espera una decisión en algún momento de este verano.
En la cobertura dominante de este caso, el foco ha estado en las opiniones vacilantes de jueces individuales, los debates entre distintas filosofías judiciales, los precedentes históricos y las narrativas personales de hijos e hijas de inmigrantes. Lo que esto oscurece es la profunda historia de lucha popular que realmente define este debate.
La ciudadanía por nacimiento, el principio legal que otorga ciudadanía a casi todas las personas nacidas en este país, independientemente del estatus migratorio de sus padres, es un derecho conquistado a través de luchas populares a lo largo de la historia. Es un legado de la Guerra Civil, codificado en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, aprobada durante la Reconstrucción y respaldada por décadas de jurisprudencia desde el siglo XIX, pasando por el New Deal y la Revolución de los Derechos Civiles, hasta el presente.
Lo que también está ausente de la cobertura dominante de esta historia es la realidad de que estos ataques forman parte integral de la agenda de deportación masiva de la administración Trump y de su guerra más amplia contra los inmigrantes. Abolir la ciudadanía por nacimiento siempre ha sido una fantasía de la extrema derecha, sin importar cuán claramente protegido esté este derecho en la Constitución y en décadas de jurisprudencia. Estos ataques son parte del mismo programa para manipular la composición demográfica de Estados Unidos.
Parte de la agenda de “deportación masiva”
Este ataque contra la ciudadanía por nacimiento es otro frente más en la agenda de la extrema derecha para revertir todos los derechos democráticos por los que la gente trabajadora ha luchado, sangrado y vencido durante siglos. Estos ataques deben entenderse como una ampliación de la agenda de “deportación masiva” de la administración Trump.
El objetivo de este ataque multifacético es claro: volver a imponer y mantener un régimen racista y antidemocrático por parte de una minoría menguante de estadounidenses blancos y adinerados. El núcleo racista tanto de esta impugnación legal como de la agenda más amplia de la administración Trump es evidente para todo el mundo, pero también es fundamental entender la dinámica de clase de estos ataques.
Durante décadas, la extrema derecha en Estados Unidos ha trabajado para desmantelar, poco a poco, las conquistas de la Revolución de los Derechos Civiles, del New Deal y de la era de la Reconstrucción. La expansión de los derechos democráticos, incluso en su forma tortuosa e incompleta dentro de Estados Unidos, ha sido ir demasiado lejos para la extrema derecha, cuyo objetivo por encima de todo es imponer el gobierno de una minoría sobre una población cada vez más diversa y progresista.
Stephen Miller dejó clara la dinámica de clase de estos ataques en una publicación en X el 1 de abril, cuando dijo: “La ciudadanía por nacimiento significa que los hijos de extranjeros ilegales pueden votar para cobrarles impuestos a tus hijos y arrebatarles su herencia”. Para quienes no podemos esperar ninguna herencia – la inmensa mayoría de la gente en Estados Unidos, independientemente de su raza o estatus migratorio – esta “preocupación” se lee, con toda razón, como la ansiedad paranoica de un millonario racista completamente desconectado de la realidad.
Mientras el tribunal, incluidos jueces conservadores nombrados por el propio Trump.
La ciudadanía por nacimiento es una victoria del pueblo
Antes de la Guerra Civil, la ciudadanía no estaba definida legalmente y, en la práctica, era extremadamente limitada sobre la base de la raza, el sexo y la propiedad. Los requisitos para la ciudadanía estaban reservados a “personas blancas libres” de “buen carácter” que hubieran establecido residencia en Estados Unidos y renunciado a lealtades extranjeras. La infame decisión Dred Scott de 1857 decretó que ninguna persona negra, libre o esclavizada, era ciudadana de Estados Unidos, pero en menos de una década los vientos políticos del país habían cambiado drásticamente.
Fue la lucha revolucionaria contra la esclavitud la que forzó la definición formal y la ampliación de los derechos de ciudadanía en Estados Unidos. La Ley de Derechos Civiles de 1866 codificó la ciudadanía por nacimiento en el contexto específico de desarrollar un marco legal para la libertad negra durante la Reconstrucción. A pesar del veto de Andrew Johnson, el Congreso logró aprobar la Ley de Derechos Civiles e inauguró la fase más radical de la Reconstrucción debido a la presión masiva del pueblo.
Ese período vio la aprobación de las Enmiendas de la Reconstrucción a la Constitución. La Decimotercera Enmienda abolió la esclavitud – excepto como castigo por un delito – , la Decimocuarta Enmienda estableció la ciudadanía por nacimiento y otorgó “igual protección de las leyes” a todas las personas, y la Decimoquinta Enmienda prohibió negar el derecho al voto por motivos de raza, color o condición previa de servidumbre.
El fundamento de la ciudadanía por nacimiento volvió a fortalecerse con el paso de las décadas. El caso de Wong Kim Ark de 1898, nacido en California de padres inmigrantes chinos, confirmó nuevamente la base legal de la ciudadanía por nacimiento. Este caso surgió en un período en que las Leyes de Exclusión China prohibían específicamente que las personas chinas se naturalizaran como ciudadanas, y aun así la Corte Suprema falló 6 a 2 que Wong Kim Ark era legalmente ciudadano, independientemente de que sus padres no lo fueran. Este caso estableció parámetros más definidos para la ciudadanía por nacimiento, afianzando aún más su lugar dentro del canon jurídico estadounidense.
Contextos internacionales
Existen dos regímenes jurídicos principales que rigen la ciudadanía en el mundo. La ciudadanía por nacimiento se conoce como jus soli, “derecho del suelo”, en contraste con jus sanguinis, “derecho de sangre”. La administración Trump intenta argumentar que la mayoría de los países del mundo no ofrecen ciudadanía por nacimiento, pero la historia es mucho más compleja.
Al observar los países a escala global, la ciudadanía por nacimiento aparece como un régimen jurídico concentrado en las Américas. Ese es un legado progresista de las luchas republicanas anticoloniales en el continente. A medida que los países del hemisferio occidental se liberaban del colonialismo europeo y abolían la esclavitud, a partir de comienzos del siglo XIX, las nuevas repúblicas independientes adoptaron ampliamente regímenes de jus soli para la ciudadanía.
Esto reflejaba la realidad de poblaciones diversas y multinacionales compuestas por pueblos indígenas, africanos liberados, personas de herencia mixta, colonos europeos y, más tarde, inmigrantes. El jus soli pasó a ser una parte integral del desarrollo nacional, económico y social de las Américas, que durante las décadas posteriores a la independencia recibieron oleadas de inmigrantes provenientes de Europa, Asia, África y Medio Oriente.
Incluso en Europa, que la administración Trump presenta como el modelo a emular en materia de regímenes de jus sanguinis, la realidad revela un mosaico complejo de regímenes de naturalización y ciudadanía. Francia, por ejemplo, mantiene un sistema mixto: los ciudadanos franceses pueden transmitir su nacionalidad a sus hijos por sangre, pero también existen disposiciones para que las y los hijos de personas no ciudadanas obtengan la ciudadanía a los 18 años si nacieron y residieron en Francia durante su infancia.
Otros países europeos mantienen políticas más duras y reaccionarias. Italia, por ejemplo, no ofrece ninguna garantía de ciudadanía para niñas y niños nacidos de padres no italianos. En la práctica, esto significa que hay miles de personas nacidas y criadas en Italia, que a menudo solo hablan italiano y nunca han vivido en otro país, a quienes se les deja sin una nacionalidad legal porque sus padres emigraron desde África, Asia o Medio Oriente. Estas políticas son profundamente impopulares y en los últimos años han estado bajo presión constante por parte de movimientos progresistas en el país.
Los movimientos populares son decisivos
Aunque ciertamente es posible que la Corte Suprema mantenga la ciudadanía por nacimiento en este caso particular, no podemos permitirnos ninguna ilusión sobre la seguridad de los derechos democráticos. Corresponde a los movimientos populares de todo el país seguir construyendo poder – no solo en defensa de los derechos democráticos conquistados con tanto esfuerzo – sino también para avanzar en la lucha por una sociedad verdaderamente justa.
No basta simplemente con conservar el régimen de ciudadanía profundamente defectuoso que tenemos actualmente. No basta con oponerse a las deportaciones masivas. La historia demuestra que la presión popular y el poder de la clase trabajadora – desde la Guerra Civil hasta la Gran Depresión y la era de los Derechos Civiles – son lo que ha conquistado los derechos de los que hoy dependemos. Continuar la lucha significa pelear por una sociedad socialista. Una sociedad que garantice plenos derechos para todos los inmigrantes y ponga fin, de una vez por todas, al régimen de terror al que tantas personas están sometidas en este país.
Imagen destacada: “Birthright citizenship“, de Victoria Pickering, CC BY-NC-ND 4.0.
