Miembros de la comunidad en Maryland exigen el regreso de Kilmar Armando Abrego García en una conferencia de prensa el 4 de abril. Crédito: Teresa Paez
El 12 de marzo, Kilmar Armando Abrego García —residente de Maryland, padre de tres hijos y aprendiz sindical— fue arrestado y deportado rápidamente por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (United States Immigration and Customs Enforcement, ICE) a la infame “megacárcel” CECOT en El Salvador. Esta prisión ha sido ampliamente condenada por organizaciones de derechos humanos por su hacinamiento extremo y condiciones inhumanas.
El caso ha generado indignación nacional después de que el gobierno de Estados Unidos admitiera haberlo deportado en violación de una orden judicial. La administración de Trump reconoció la deportación como un “error administrativo” en un escrito judicial presentado el 31 de marzo. Pero el Departamento de Seguridad Nacional ahora argumenta que, dado que Abrego García está bajo custodia salvadoreña, Estados Unidos no puede traerlo de regreso.
Abrego García, aprendiz de primer año del sindicato Sheet Metal, Air, Rail and Transportation Workers (SMART) Local 100, vivía en Maryland desde hacía más de 14 años. Había recibido protección legal contra la deportación tras una decisión judicial en 2019 que lo exoneró de acusaciones falsas de pertenencia a una pandilla. Esa resolución le garantizó el derecho a permanecer en EE. UU. y prohibía al gobierno deportarlo a El Salvador.
Aun así, Abrego García fue deportado sin representación legal ni debido proceso.
“ICE lo secuestró”
“No hay nada de administrativo en destruir a una familia”, declaró Lydia Walter Rodríguez, directora de organización en CASA, una organización comunitaria de defensa de inmigrantes en Maryland, durante una emotiva conferencia de prensa el 4 de abril en su centro multicultural.
“No hay nada accidental en violar una orden judicial clara”, continuó Rodríguez. “No hay nada justo en desaparecer a alguien en una prisión salvadoreña de renombre infame”.
Rodríguez habló junto a Jennifer Vázquez Sura, esposa de Abrego García, quien relató entre lágrimas el secuestro de su esposo.
“El 12 de marzo, mi esposo Kilmar fue secuestrado por el gobierno de Estados Unidos”, dijo Vázquez Sura. “Lo esposaron en la acera mientras me esperaba para recoger a nuestro hijo de cinco años, que estaba en el carro cuando ICE se lo llevó”.
Vázquez Sura describió la angustia de sus tres hijos, dos de ellos con discapacidades, que aún luchan por entender la repentina ausencia de su padre. Los tres son ciudadanos estadounidenses.
“Si tuviera todo el dinero del mundo, lo gastaría solo en una cosa: una llamada para volver a escuchar la voz de Kilmar”, dijo. “Seguiremos luchando por justicia para nuestra familia y para todas las demás que sufren el terror causado por los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador”.
Lucía Curiel, abogada de inmigración que representó a Abrego García en 2019, confirmó que él había recibido protección legal y nunca debió ser deportado.
“Le dije que podía vivir legalmente en Estados Unidos y que el gobierno tenía prohibido deportarlo”, recordó. “Eso era cierto entonces y sigue siendo cierto hoy. En lugar de eso, está en una prisión salvadoreña, separado de su familia. El gobierno lo envió sabiendo que era ilegal. Lo llaman un error, pero se niegan a mover un dedo para traerlo de regreso. Esto no puede quedar así”.
El 1 de abril, el presidente general del sindicato SMART, Michael Coleman, emitió un comunicado condenando la deportación y exigiendo responsabilidades. En la conferencia del viernes, pidió a la administración actuar de inmediato.
“Este supuesto ‘error administrativo’ ha lanzado a esta familia al miedo, al dolor, y francamente, al peligro”, dijo Coleman. “No basta con admitir que cometieron un error. Tienen que corregirlo. Vamos a organizarnos, a movilizarnos y a luchar hasta que se haga justicia y Kilmar regrese a casa. No solo tiene detrás a los miembros de SMART, de los que él es parte, sino a todo el movimiento sindical, porque Kilmar es familia para todos nosotros”.
¿Qué sigue?
En un desarrollo legal importante, un juez federal ordenó el viernes que Abrego García debía ser devuelto a Estados Unidos a más tardar el lunes 7 de abril a las 11:59 p. m.
Horas antes del plazo, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, emitió una pausa administrativa temporal a solicitud del gobierno estadounidense, suspendiendo la orden judicial que exigía su regreso. Esta pausa, que podría levantarse o extenderse, deja a su familia en el limbo.
Es evidente que no se trata de un “error”, sino de una táctica deliberada de la administración Trump para despojar a las personas inmigrantes de cualquier derecho que las proteja, con el fin de aumentar las deportaciones masivas y seguir reprimiendo a quienes considere una amenaza.
La familia y el equipo legal temen que esto signifique que Abrego García podría permanecer encarcelado indefinidamente en la cárcel CECOT de El Salvador. El próximo movimiento de la Corte Suprema será crucial, no solo para Kilmar Armando Abrego García, sino para los derechos de todas las personas inmigrantes que están siendo atacadas por esta administración y su aparato represivo.
