Las Ciudades Gemelas (Twin Cities) se han convertido en el más reciente escenario de una escalada nacional coordinada contra las comunidades inmigrantes. La semana pasada, funcionarios federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (United States Immigration and Customs Enforcement, ICE) comenzaron a llevar a cabo “operaciones reforzadas” en Minneapolis y St. Paul, apuntando a una zona con una de las mayores poblaciones somalíes de Estados Unidos. En cuestión de días, el ICE anunció una lista de arrestos y repitió la misma criminalización racista utilizada para justificar redadas anteriores contra inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio, y en todo el país.
Estas redadas ocurren mientras el presidente Donald Trump intensifica sus ataques contra inmigrantes somalíes, diciendo, “No los quiero en nuestro país”, y afirmando que Estados Unidos “se irá por el camino equivocado si seguimos metiendo basura en nuestro país”. Estos comentarios no son solo retórica de odio. Forman parte de un giro coordinado de políticas que busca despojar a las personas inmigrantes de protecciones legales. La administración Trump ha ordenado que se reexaminen todas las tarjetas de residencia permanente (“green cards”) de somalíes y está amenazando abiertamente con poner fin al Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status, TPS), un programa federal que brinda estatus legal temporal y autorización de trabajo a personas que huyen de guerras, desastres u otras crisis.
El desmantelamiento del TPS pondría en peligro el sustento de miles de inmigrantes que dependen del TPS para tener estabilidad y poder trabajar. Estas medidas van acompañadas de afirmaciones incendiarias que presentan a las comunidades somalíes como una amenaza a la seguridad, pese a la ausencia total de evidencia.
Trump revive el manual antiinmigrante
Los ataques contra las comunidades somalíes en Minnesota forman parte de una larga historia de política migratoria racista en Estados Unidos. Este es el ejemplo más reciente de cómo el establishment político ha recurrido a la retórica antinegra y antiinmigrante para justificar políticas discriminatorias, vigilancia y campañas de deportación. En la década de 2010, bajo Obama, estas narrativas se usaron para retratar a refugiados somalíes como posibles terroristas, algo que luego agencias federales utilizaron para justificar el lanzamiento de programas de “Contrarrestar el Extremismo Violento” (Countering Violent Extremism, CVE), que enmarcaban a la comunidad somalí como “na población que requería monitoreo constante e intervención por parte de las fuerzas del orden.
Durante el primer mandato de Trump, estas narrativas reaparecieron en formas nuevas y más visibles. La Orden Ejecutiva 13769, y luego la Orden Ejecutiva 13780, ampliamente conocida como la “prohibición musulmana”, apuntó a Somalia y a varios otros países de mayoría musulmana. La prohibición se apoyó directamente en años de mensajes racistas que retrataban a migrantes musulmanes y africanos como peligrosos e incapaces de integrarse. La orden implicaba que las comunidades somalíes no eran reconocidas como parte del tejido social de la sociedad estadounidense.
Rudy Giuliani confirmó después que Trump le había pedido directamente ayuda para diseñar una prohibición musulmana y para reunir un equipo que pudiera averiguar cómo implementarla de un modo que pareciera legalmente defendible. Al mismo tiempo, Trump realizó mítines por todo el Medio Oeste en los que señalaba a las comunidades somalíes como amenazas para la seguridad nacional y para lo que él llamaba “valores estadounidenses”. En ese entonces, funcionarios federales y medios de comunicación de derecha con frecuencia retrataban a refugiados somalíes como riesgos de seguridad, respaldando esfuerzos para restringir la inmigración proveniente de países de mayoría musulmana.
El encuadre racista utilizado en Minnesota casi calca el lenguaje usado en meses recientes para atacar a inmigrantes haitianos. En Springfield, dirigentes republicanos —incluyendo Donald Trump y JD Vance— junto con medios de derecha, difundieron historias falsas que retrataban a migrantes haitianos como criminales, una carga pública y portadores de enfermedades. Vance incluso alegó que estaban “drenando los servicios sociales y causando caos”, afirmaciones que datos de salud locales y funcionarios han desmentido repetidas veces.
Esta desinformación alimentó directamente amenazas violentas contra familias haitianas. Las mentiras detonaron más de treinta amenazas de bomba, evacuaciones escolares repetidas y la cancelación de eventos comunitarios. Residentes haitianos informaron sentirse inseguros en su propia ciudad, mientras rumores que los pintaban como criminales alimentaban una ola de acoso y miedo.
El uso de un lenguaje deshumanizante, llamando “basura” a inmigrantes somalíes, cumple un objetivo político claro. La administración Trump intenta crear un clima en el que la represión se trate como algo normal y en el que incluso actos básicos de autodefensa comunitaria se presenten como amenazas al orden público. Estas narrativas buscan enfrentar a unas comunidades con otras y justificar la expansión de la policía federal.
Trump desmantela el TPS, se intensifican las redadas del ICE
Las operaciones en las Ciudades Gemelas están ocurriendo mientras la administración Trump avanza para desmantelar el TPS para varias comunidades migrantes. El TPS se creó originalmente para que personas que huyen de guerras o desastres ambientales pudieran permanecer en Estados Unidos con estatus legal y autorización de trabajo. A finales de noviembre, la administración anunció planes para terminar el TPS para nacionales haitianos, despojando de protecciones a más de 340,000 personas, pese a reconocer que Haití sigue sumido en un colapso político severo y con un gobierno incapaz de ejercer un control básico. Avisos federales defendieron la terminación como un “voto estratégico de confianza” en el futuro de Haití, incluso cuando el país permanece bajo una advertencia de viaje del Departamento de Estado debido a secuestros e inestabilidad generalizada.
Este paso no se limita a Haití. El Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) ha impulsado simultáneamente el fin del TPS para migrantes de Honduras, Nicaragua, Nepal y otros países, presentando el programa como una amenaza a la seguridad nacional. En agosto, el DHS celebró una victoria en un tribunal federal que le permitió proceder con la revocación del TPS para estos grupos, alegando que administraciones anteriores habían permitido que “cientos de miles de extranjeros entraran al país sin una verificación adecuada. Esta decisión unánime ayudará a restaurar la integridad de nuestro sistema migratorio para mantener seguro a nuestro territorio y a su gente”. La administración Trump trabaja para eliminar protecciones migratorias de larga data y cerrar los pocos caminos humanitarios que quedan. El propio Trump describe el resultado como “la mayor deportación en la historia de nuestro país”. En conjunto, estas acciones muestran a un gobierno que intenta fabricar una crisis para justificar expulsiones masivas sin precedentes. Al atacar a múltiples comunidades a la vez y desmantelar los mismos programas diseñados para ofrecer seguridad, la administración ya está ejecutando una amplia campaña de deportación que está reconfigurando la vida de miles de personas.
Ahora, Minnesota enfrenta una nueva etapa de la ofensiva antiinmigrante de la administración. Para quienes tienen TPS dentro de la comunidad somalí, el desmantelamiento de las protecciones está diseñado para crear inestabilidad. Empuja a la gente a una situación en la que trabajar, acceder a servicios y sostener a sus familias se vuelve más difícil, reduciendo las opciones que permiten vivir con seguridad. Cuando miles pasan de una presencia legal a la incertidumbre, las redadas se vuelven más fáciles de realizar y las familias quedan más expuestas a la ruptura. Esa inestabilidad luego se usa para justificar operaciones de control migratorio aún más agresivas por parte del ICE, lo cual no se trata únicamente de “control migratorio”. También crea un clima de miedo con consecuencias económicas y políticas reales que benefician a empleadores y a políticos reaccionarios que quieren debilitar la organización colectiva y sembrar división entre trabajadores.
Estados Unidos desestabiliza países, obligando a migrar
Cualquier discusión seria sobre inmigración debe enfrentar el hecho de que la política exterior de Estados Unidos ha ayudado a crear precisamente las condiciones que empujan a las personas a migrar en primer lugar.
Durante décadas, Estados Unidos ha llevado a cabo intervenciones militares en el Medio Oriente y África. Bajo la administración Obama, Somalia se convirtió en uno de los lugares más atacados por la guerra de drones de Estados Unidos fuera de Afganistán. La Oficina de Periodismo de Investigación (Bureau of Investigative Journalism) señala que “hubo diez veces más ataques aéreos en la guerra encubierta contra el terrorismo durante la presidencia de Barack Obama que bajo su predecesor, George W. Bush”. Estas operaciones se justificaron en Washington como medidas antiterroristas, pero sobre el terreno contribuyeron a un desplazamiento prolongado y a la destrucción de infraestructura civil.
Para cuando Trump llegó a la presidencia, la guerra de drones en Somalia ya se había ampliado hasta convertirse en una herramienta normalizada de la política exterior de Estados Unidos. Estos ataques continuaron durante el primer mandato de Trump y se expandieron de forma significativa después de que él flexibilizara varias reglas de la era Obama destinadas a limitar las víctimas civiles y a restringir el uso de fuerza letal fuera de zonas de guerra formales. En 2017, The New York Times informó que la administración Trump otorgó al Pentágono una autoridad más amplia para realizar ataques aéreos y redadas en Somalia, reduciendo la supervisión y bajando el umbral requerido para aprobar operaciones letales.
La política exterior de Estados Unidos ha jugado un papel importante en la creación de condiciones que obligan a las personas a migrar. Esto no es exclusivo de Somalia. En Irak, Afganistán, Libia y Yemen, ataques aéreos y guerras por intermediarios han destruido hospitales, redes eléctricas y tierras de cultivo, empujando a comunidades enteras a la crisis. La institución de la guerra de drones por parte de Estados Unidos ha normalizado una forma de violencia que no crea un campo de batalla claro ni ofrece rendición de cuentas real por muertes civiles. El resultado es un patrón global en el que millones de personas se ven forzadas a huir de guerras y crisis moldeadas, en parte, por la intervención estadounidense.
Crece la resistencia masiva y organizada en Minnesota
A pesar de la escalada del gobierno federal, las comunidades inmigrantes en Minnesota no se están quedando solas. Las Ciudades Gemelas también han sido el centro de luchas repetidas contra deportaciones, violencia policial y racismo antinegro. Esa historia de lucha organizada ya está influyendo en cómo la gente responde ahora.
En Minneapolis, organizaciones vecinales, grupos por los derechos de las personas inmigrantes y organizaciones estudiantiles han comenzado a coordinar redes de respuesta rápida para monitorear la actividad del ICE. Estas redes brindan apoyo en el terreno al verificar redadas, distribuir recursos legales y asegurar que las familias no queden aisladas. La respuesta pública ha seguido creciendo conforme se intensifican los ataques de Trump, y observadores en estas redes de respuesta rápida han visto una conexión clara entre el aumento de la retórica política racista y los intentos cada vez mayores del ICE de intimidar a manifestantes con estatus legal. Muchas personas en Minnesota están vinculando la lucha contra las deportaciones con otras luchas más amplias que se dan en el estado. Las mismas comunidades que son blanco de redadas migratorias están enfrentando recortes a servicios públicos, el alza de los costos de vivienda y la privación de derechos políticos.
Los próximos meses serán decisivos. Sin embargo, la respuesta organizada en las Ciudades Gemelas muestra que la resistencia está creciendo.
Durante el último año, la retórica se ha vuelto más directa y abiertamente odiosa. En todo Estados Unidos, la gente atraviesa un momento político turbulento, y la situación que enfrentan las comunidades inmigrantes es profundamente aterradora. Sin embargo, incluso en este momento, las comunidades se niegan a enfrentar esto solas. En todo el país, la gente se está organizando, se está defendiendo mutuamente y está demostrando que la solidaridad es más fuerte que el miedo. La ofensiva contra somalíes en Minnesota forma parte de un proyecto político racista nacional que desmantela protecciones legales y se apoya en una larga historia de intervención estadounidense en el extranjero, pero las comunidades en Minnesota están resistiendo y deben seguir organizándose de manera colectiva.
Cada avance en Minnesota, desde protecciones laborales hasta derechos civiles y luchas pasadas contra deportaciones, se ganó porque personas comunes decidieron actuar juntas. Esa responsabilidad nos toca ahora. Las redes que se están formando hoy necesitan más voluntariado, más observadores legales y más vecinos y vecinas que se acompañen entre sí y se nieguen a permitir que las familias sean desgarradas en silencio. En un momento definido por el miedo, debemos elegir estar del lado de nuestras comunidades.
Imagen destacada: Una familia asiste a la feria callejera del Día de la Independencia de Somalia en Minneapolis. Crédito: Flickr/Fibonacci Blue (licencia Creative Commons)
