Migrantes venezolanos llegan a El Salvador; captura de pantalla de PBS NewsHour de YouTube.
El sábado 15 de marzo, la administración Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a más de 200 venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador, conocido por sus extremas violaciones de derechos humanos, alegando que todos eran miembros de la pandilla Tren de Aragua (TdA). Videos brutales publicados en las redes sociales por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, mostraban a hombres jóvenes con grilletes siendo arrastrados por el cuello y la cabeza de manera humillante mientras policías los escoltaban fuera del avión hacia las instalaciones. Esto ocurrió luego de que el gobierno de Bukele llegara a un acuerdo de $6 millones con la administración Trump para recibir a los inmigrantes venezolanos en El Salvador. Cuando el vuelo se dirigía a El Salvador, un juez federal ordenó una pausa en la deportación, pero la administración Trump procedió de todos modos, esencialmente ignorando la orden.
La Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act) fue una ley promulgada por primera vez en los EE. UU. como parte de las Leyes de Extranjería y Sedición (Alien and Sedition Acts) en 1798. La ley otorga al presidente la autoridad para encarcelar y deportar a no ciudadanos en tiempos de guerra o invasión. La ley se utilizó por última vez durante la Segunda Guerra Mundial para detener a ciudadanos japoneses, alemanes e italianos después del ataque de Pearl Harbor, cuando Estados Unidos declaró la guerra a Japón. Esto llevó al encarcelamiento forzoso de unos 120,000 ciudadanos japoneses en campos de concentración, dos tercios de los cuales eran ciudadanos estadounidenses.
La Casa Blanca emitió un comunicado afirmando que la TdA está “llevando a cabo una guerra irregular y emprendiendo acciones hostiles contra Estados Unidos”, usando esto como justificación para invocar la Ley de Enemigos Extranjeros para criminalizar y deportar a inmigrantes venezolanos sin la oportunidad de que su caso fuera escuchado ante un juez de inmigración.
La abogada de inmigración Grace Mann le dijo a Liberation News que la administración Trump deportó a personas sin revelar sus identidades ni presentar evidencia de afiliación a pandillas. Entre los deportados se encontraban un tatuador etiquetado como pandillero únicamente por sus tatuajes e hijos no acompañados con solicitudes de inmigración pendientes. Mann señaló que la administración ignoró a sabiendas una orden judicial, entendiendo que una vez deportadas, sería extremadamente difícil para las personas recuperar su estatus legal.
Antes de estos desarrollos, en enero 28, la Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem anunció la terminación del Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status, TPS) para Venezolanos que presentaron la solicitud en 2023. Alrededor de 7 millones de venezolanos viven fuera de Venezuela, y se estima que 814,000 residen en EE. UU. Más de 600,000 venezolanos actualmente tienen estatus TPS, que les otorga permiso legal para vivir y trabajar aquí.
El 9 de marzo de 2021, bajo la administración Biden, el Departamento de Seguridad Nacional designó a los ciudadanos venezolanos como elegibles para estatus TPS, con la segunda designación emitida el 3 de octubre de 2023. Aquellos que solicitaron estatus TPS bajo designación emitida en octubre de 2023 perderán su estatus el 7 de abril de 2025. Cualquier persona cuyo estatus TPS expire en abril tiene la opción de abandonar el país antes de la fecha de vencimiento, cambiar su estatus migratorio o enfrentar una orden de deportación.
En una entrevista con NBC News la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, dijo que el programa TPS “ha sido abusado” y “los venezolanos que han venido a este país son miembros del Tren de Aragua”, y agregó que “Venezuela vació deliberadamente sus cárceles, vació sus instalaciones de salud mental y envió a sus reos a Estados Unidos”.
Tren de Aragua
Durante el año pasado, una amplia campaña mediática ha retratado a los inmigrantes venezolanos en EE. UU. como miembros del Tren de Aragua (TdA), una pandilla criminal que se originó en el estado venezolano de Aragua antes de expandirse por todo el país. La cobertura mediática estadounidense del TdA se intensificó entre 2023 y 2024, luego de un aumento en la migración a pie en 2022, cuando se estima que 300,000 migrantes cruzaron el peligroso cruce de Darién entre Colombia y Panamá en su viaje hacia EE. UU.
En diciembre de 2023, Edwin Camejo fue arrestado en Chicago acusado de tráfico de drogas, alegando que era miembro de la TdA. El 27 de enero de 2024, un video viral mostró a sospechosos presuntamente agrediendo a la policía en Nueva York, y las autoridades afirmaron que dos eran miembros del TdA.
En agosto de 2024, un video viral afirmó mostrar a supuestos miembros armados del TdA “apoderándose” de un edificio de apartamentos en Aurora, Colorado. Sin embargo, una investigación local por miembros de la rama de Denver del Partido por el Socialismo y la Liberación, desacreditó estas afirmaciones, revelando que el video fue filmado en un edificio diferente del mismo propietario, luego del desalojo de inmigrantes venezolanos de una de sus propiedades. La investigación sugirió que las acciones del arrendador estaban motivadas por un sentimiento racista y antiinmigrante, como una distracción de su propia negligencia al abordar los problemas continuos de mantenimiento, a pesar de que los residentes pagaban constantemente el alquiler a tiempo.
El mismo día en que la administración Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una pareja con tres hijos con estatus TPS fue arrestada y retenida por la Patrulla Fronteriza durante tres días en Washington, D. C. y acusada de un delito menor por ingresar ilegalmente a EE. UU. a través de Texas hace más de dos años.
En julio de 2024, la administración Biden designó al TdA como organización terrorista, citando supuesta influencia en todo el continente. Mientras tanto, las narrativas de los medios continúan vinculando a los venezolanos con el crimen organizado sin pruebas sustantivas, alimentando la retórica antiinmigrante.
El primer día del segundo cargo de Donald Trump,su administración aprobó una orden ejecutiva que designa al TdA, entre otros carteles de droga y pandillas, como Organización Terrorista Extranjera (Foreign Terrorist Organization, FTO), usándolo como justificación para incrementar las redadas y deportaciones de venezolanos. El 5 de febreron en Denver, Colorado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los EE. UU. (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE) allanó un edificio con familias inmigrantes predominantemente venezolanas. ICE decía tener una orden para arrestar y detener a “más de 100 miembros de la violenta pandilla venezolana Tren de Aragua [in] como parte de una investigación en curso”.
A principios de febrero, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt declaró que 10 miembros del TdA estuvieron entre los primeros enviados a la Bahía de Guantánamo, en un acto ilegal para deportar inmigrantes indocumentados sin previo aviso, representación legal, derechos u oportunidad de impugnar las acusaciones, etiquetándolos efectivamente a todos como “criminales”.
La descripción del TdA como un “grupo criminal internacional” por parte de los medios de comunicación, junto con la reciente declaración de la Casa Blanca afirmando que “el TdA está estrechamente alineado con el régimen de Maduro y, de hecho, se ha infiltrado en él”, es, en última instancia, engañosa e incorrecta. De hecho, entre 2019 y 2023, el gobierno venezolano llevó a cabo una operación extensa para desmantelar el TdA y otras bandas criminales, reduciendo significativamente las tasas de robo y homicidio en el país. Un informe por la Fiscalía de Venezuela anunció que, durante este período, algunos miembros del TdA que cruzaron la frontera hacia Colombia viajaron a los EE. UU. con el apoyo del expresidente colombiano Iván Duque y figuras de la oposición de derecha venezolana como Leopoldo López y Giber Caro. Caro tiene conexiones con líderes de pandillas en el país y ha sido vinculado a múltiples intentos de golpe de Estado en Venezuela contra Nicolás Maduro.
Medidas coercitivas unilaterales
El Observatorio Antibloqueo (Anti-Blockade Observatory) estima que entre 2014 y 2023, Venezuela enfrentó 930 medidas coercitivas unilaterales ilegales impuestas por EE. UU. Un informe de 2019 del Centro de Investigación Económica y Política (Center for Economic and Policy Research) estima que aproximadamente 40,000 venezolanos murieron entre 2017 y 2018 debido a la falta de acceso a alimentos y medicinas como resultado de las sanciones de EE. UU. El relator especial de la ONU, Alfred de Zayas, estimó que a principios de 2020 el número de muertes causadas por estas sanciones aumentó a 100,000.
Las sanciones estadounidenses contra Venezuela funcionan como una herramienta de guerra económica, estrangulando la economía de Venezuela, desestabilizando la vida cotidiana y alimentando la actual crisis migratoria. Esta estrategia hace insoportable la vida cotidiana, impulsando a las masas a apoyar a la oposición de derecha. A lo largo de los años, los líderes de la oposición venezolana han presionado para aumentar las sanciones para paralizar la economía del país en un esfuerzo por derrocar al gobierno de Nicolás Maduro y fomentar el caos en todo el país.
Hoy en día, la migración venezolana representa casi el 20% de la población, impulsada por la extrema situación económica y las sanciones selectivas.
Relaciones entre EE. UU. y Venezuela y el plan de “Regreso a la patria”
Como resultado de las sanciones estadounidenses y la falta de relaciones diplomáticas entre los dos países, el camino para que los ciudadanos venezolanos regresen a su país sigue siendo incierto.
Luego de que el enviado de Trump, Richard Grenell, visitara al presidente Nicolás Maduro, el gobierno venezolano anunció el regreso de tres vuelos de Conviasa, a través de su plan de “Retorno a la patria”, diseñado para ayudar al retorno voluntario de migrantes venezolanos afectados por sanciones económicas.
El 20 de febrero, un vuelo de Conviasa llegó a Venezuela con 177 inmigrantes venezolanos detenidos injustamente en la Bahía de Guantánamo. En una llamada telefónica con el canal venezolano VTV, el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, dijo que ninguno de ellos estaba vinculado el Tren de Aragua. Luego de esto, dos vuelos más trajeron migrantes de regreso a Venezuela desde EE. UU. y México, incluidos hijos de ciudadanos venezolanos nacidos en EE. UU. a quienes se les negó la ciudadanía, en clara violación de sus derechos humanos. Estas familias han llegado a Venezuela, donde se están procesando los trámites correspondientes para obtener la ciudadanía venezolana. El gobierno de Venezuela destacó que estos vuelos se realizaron con el fin de asegurar que los migrantes regresaran con “respeto absoluto a la dignidad y los derechos humanos”.
A principios de este mes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos fijó el 3 de abril como fecha límite para que Chevron cesara sus operaciones en Venezuela. En respuesta, el gobierno venezolano advirtió a la administración Trump que los vuelos de repatriación podrían suspenderse a menos que se llegue a un acuerdo diplomático.
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha ordenado evitar que los venezolanos viajen a EE. UU., dado el abuso y la falta de derechos humanos de los migrantes. Agregó que el gobierno hará todo lo que esté a su alcance para que los venezolanos regresen a casa desde El Salvador.
Poner fin al imperialismo estadounidense, las sanciones y la guerra
Durante muchos años, la clase dominante estadounidense afirma que las sanciones a Venezuela se imponen en nombre de la “democracia” y la “libertad”, pero en realidad son medidas coercitivas que devastan la economía en un intento por poner fin a la Revolución Bolivariana. Tanto los políticos demócratas como los republicanos han tratado a los venezolanos como peones políticos, sin tener en cuenta sus derechos humanos. Los venezolanos seguirán migrando mientras las sanciones estadounidenses estrangulen al país.
La Alianza Nacional del TPS presentó una demanda impugnando la terminación del estatus TPS de 2023 para venezolanos, con una audiencia judicial el 24 de marzo. La administración Trump también anunció la terminación del estatus TPS para los haitianos, que expiraba el 3 de agosto de 2025. Otros países que actualmente están bajo la protección del estatus TPS también podrían enfrentar amenazas similares en los próximos meses. La terminación del estatus TPS y el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a inmigrantes venezolanos no solo resalta la flagrante violación de derechos humanos por parte del gobierno de EE. UU., sino que también resalta la creciente guerra de la administración Trump contra todos los inmigrantes.
Estados Unidos tiene alrededor de 15 a 20 millones de inmigrantes indocumentados que contribuyen significativamente a la economía, lo que hace que el país dependa en gran medida de la mano de obra inmigrante. La reforma migratoria integral es urgente, pero también es crucial para poner fin al imperialismo estadounidense, las sanciones económicas, las intervenciones y las guerras en todo el mundo, y para construir una política internacional basada en la cooperación y el respeto a la soberanía nacional. Todas las personas merecen vivir con dignidad en sus países de origen, libres de las condiciones que las obligan a migrar en condiciones extremas.
