En el país con la tasa más alta de mortalidad materna de todas las naciones desarrolladas del planeta, la Corte Suprema de los Estados Unidos derogó Roe contra Wade en el 2022, desatando así una crisis de la salud de la mujer que no ha dejado de escalar. Un año después, la ola de restricciones y prohibiciones del aborto en diversos estados que resultaron de la decisión de la corte se han reflejado negativamente en la salud general de las mujeres.
Los defensores del derecho al aborto estuvieron advirtiéndole por décadas a los legisladores que la restricción del acceso al aborto, fuera por la vía legal o por otros factores sociales, tendría un efecto nocivo y expansivo en la salud pública. Esta es una de las muchas razones por las que casi dos terceras partes de la población de los EE. UU. apoyan el derecho al aborto: la gente entiende que el aborto es un procedimiento médico. Aunado al hecho de que en ciertas ocasiones un aborto es médicamente necesario para salvar la vida de la persona embarazada, su criminalización afecta también la disponibilidad de otros servicios —cuando las clínicas que proveen abortos se ven forzadas a cerrar (MedPage).
Esta ola de clausura de clínicas significa un problema enorme para quienes viven en áreas rurales que de por sí carecen de cuidado de salud accesible y cercano. Por ejemplo, el único hospital de Sandpoint, Idaho fue obligado a suspender sus servicios de atención de partos en marzo, a causa del “clima legal y político” que ahuyentó a los médicos que ahí trabajaban, según las declaraciones del hospital (Guardian). Ese mismo hospital está ahora enfrentando grandes dificultades para retener suficientes pediatras para ofrecer cuidado neonatal y perinatal. Una encuesta de febrero del 2023, encontró que el 76% de más de 2,000 médicos y estudiantes de medicina respondieron que no considerarían solicitar trabajo o entrenamiento en cualquier estado que restrinja el aborto (MedPage).
También cabe mencionar que hay una gran coincidencia entre los estados que restringen el aborto y aquellos que limitan su cobertura a través de Medicaid. Otra decisión de la Corte Suprema del 2012 decretó que la expansión de Medicaid bajo el Affordable Care Act sería opcional y legislada a nivel estatal (NPR). Este fue un momento crucial en la historia de la erosión de los servicios de salud para las mujeres: en la actualidad, el 42% de los partos en los EE. UU. son cubiertos por fondos del Medicaid (NPR).
El plan original de la expansión tenía como objetivo proveer cobertura a todos los estadounidenses con sueldos del hasta el 138% de la línea federal de la pobreza, una política que habría brindado acceso a la salud a millones de personas. Sin embargo, al dejar la decisión a cargo de las legislaturas estatales, 12 estados decidieron no participar en esta expansión. Hoy, 10 de esos 12 estados han prohibido ya el aborto o han comenzado el proceso para hacerlo (NPR). Para las mujeres de estos estados, encontrar cuidado médico costeable es casi imposible, y el apoyo a las madres recientes es ínfimo.
Tal es el caso de Mississippi, un estado con un “trigger ban” —una medida legislativa que resultó en la prohibición del aborto a partir del 7 de julio del 2022. En ese estado, la pobreza infantil alcanza un 27.9% —¡más de uno de cada cuatro niños! (NPR). Mississippi tiene una de las restricciones al aborto más estrictas, y al mismo tiempo tiene la tasa nacional más alta de pobreza infantil.
Datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) revelan que también existe una coincidencia entre los estados con restricciones al aborto y aquellos con alta incidencia de peso natal bajo, un parámetro usual para determinar la salud de los recién nacidos. Así que, en muchos estados, la falta de acceso a centros de salud, tasas altas de pobreza infantil, y los problemas de salud en los recién nacidos han producido una crisis del cuidado reproductivo. Esta situación es peor aún para las comunidades oprimidas, así que los bebés negros en los EE. UU. tienen el doble de probabilidad de nacer con peso bajo comparados con los bebés blancos (NPR). De igual manera, la crisis de la mortalidad materna es aún más extrema entre mujeres negras (CDC).
El presidente Biden ha destinado una porción del presupuesto para el 2024 para atender la crisis de salud mental que nos asola (CMS). Mientras las políticas que enforzarán estas iniciativas avanzan a un paso lentísimo, la crisis se ha vuelto tan notoria que hasta la clase dominante se ha sentido compelida a actuar. Actualmente, los estados pueden limitar la cobertura posparto de Medicaid por solo 60 días, es decir en medio de uno de los periodos más riesgosos para la supervivencia de los recién nacidos y sus madres (Commonwealth). La expansión propuesta proveería una cobertura posparto de un año (CMS).
Mientras podemos celebrar estos avances en las políticas para el cuidado de la salud reproductiva, debemos seguir exigiendo que la atención a la crisis de salud materno infantil vaya más lejos. Las mujeres necesitan y merecen acceso a cuidado de calidad antes, durante y después del parto. El cuidado de la salud debe ser un derecho garantizado por años después del nacimiento de un niño, junto con otros servicios que pueden mejorar significativamente el bienestar de todos. Esta crisis de salud pública demuestra que una solución pública es crucial. Nuestro sistema entero debe ser transformado radicalmente para satisfacer las necesidades de las mujeres, los niños, las familias y todos los demás.
