Nota de la redacción: En conmemoración del 35.º aniversario de la firma de la ADA como ley, compartimos un extracto del libro “Disability and Empire: Class, U.S. Imperialism and the struggle for disability justice”.
Hoy, la agenda de los multimillonarios tiene bajo ataque la justicia para las personas con discapacidad. Aunque no ha habido un ataque frontal contra la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA), los recortes a Medicaid, a la educación y a otros programas ponen en peligro a las personas con discapacidad. La lucha por la justicia para las personas con discapacidad surgió de los movimientos por los derechos civiles y por la Liberación Negra. Las victorias de estos movimientos se consideran obstáculos para la acumulación desenfrenada de ganancias por parte de la clase de los multimillonarios. Es importante aprender cómo la gente trabajadora conquistó estas victorias en primer lugar. Y es importante entender que, en una sociedad capitalista donde el gobierno existe para proteger los intereses de los patrones, se pueden ganar reformas, pero luego pueden revertirse. Necesitamos una nueva sociedad en la que la gente trabajadora tenga poder político para anteponer las necesidades del pueblo.
El método de acción directa para la ADA
Quienes organizan para impulsar mejoras sociales mediante acciones legislativas conocen bien los numerosos obstáculos. Las y los políticos sirven a los intereses de los donantes ricos y poderosos que financian sus campañas. Pueden hablar a favor de leyes muy populares mientras, por debajo de la mesa, trabajan para torpedear sus posibilidades reales de aprobación. Todavía no tenemos un sistema de salud universal, un salario mínimo digno ni vivienda asequible, pese a que las y los políticos afirman que sirven al pueblo.
Muchas personas y organizaciones lucharon por lograr la aprobación de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, una legislación histórica que ayudaría a contrarrestar la opresión generalizada de las personas con discapacidad. En el invierno de 1990, se hizo evidente que la legislación se había estancado en el Comité de Obras Públicas y Transporte de la Cámara de Representantes.
La “escalada” al Capitolio
Al darse cuenta de que la ley estaba en riesgo, cientos de activistas convergieron en Washington, D. C., y protestaron frente a la Casa Blanca y el edificio del Capitolio. El 12 de marzo de 1990, varias decenas de activistas dejaron sus bastones, muletas y otros apoyos de movilidad y subieron lentamente, arrastrándose, los escalones del Capitolio de EE. UU. Lo que se conoció como la protesta “Capitol Crawl” ilustró de forma descarnada los obstáculos de acceso que enfrentaban constantemente. Avergonzó a las y los políticos que bloqueaban la aprobación de la ley.
A la postre, las protestas tuvieron éxito, y el presidente George H. W. Bush firmó la ADA como ley el 26 de julio de 1990. La ADA es una ley de derechos civiles que prohíbe la discriminación contra personas con discapacidad en todas las áreas de la vida pública, incluidos el empleo, las escuelas, el transporte y todos los espacios —públicos y privados— abiertos al público en general.
La aprobación de la ADA fue un logro histórico, pero, por supuesto, no puso fin a toda la discriminación contra las personas con discapacidad. Prohíbe la discriminación por discapacidad física o mental e incrementa el acceso al empleo en organizaciones con quince o más empleados. Exige que los edificios nuevos sean accesibles, pero no impone la accesibilidad de los edificios antiguos. Prohíbe la discriminación en la vivienda. Distintas disposiciones de la ADA son reguladas por diferentes instancias del gobierno federal, como el Departamento de Justicia (United States Department of Justice, DOJ), la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (Equal Employment Opportunity Commission, EEOC) y la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC).
Imagen destacada: El presidente George H. W. Bush firma la Ley de Estadounidenses con Discapacidades en 1990. Crédito: dominio público
