Este artículo se reproduce de Peoples Dispatch. Foto de Francisco Trias.
La guerra contra Venezuela es una guerra contra la idea misma de que los pueblos del Sur Global pueden convertir su riqueza en soberanía, y la soberanía en un futuro diferente.
El 3 de enero, Estados Unidos lanzó la Operación Resolución Absoluta (Operation Absolute Resolve), una operación militar masiva en territorio venezolano que incluyó bombardeos sobre Caracas y dejó al menos 100 personas muertas, incluidos civiles. El objetivo declarado de la operación era arrestar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y a la primera dama, Cilia Flores, por cargos de “narco-terrorismo”. El 5 de enero, Maduro y Flores fueron arrastrados ante un tribunal federal de Manhattan en grilletes, donde se declararon no culpables.
El ataque representa una escalada cualitativa en la larga guerra de Washington contra Venezuela. Incluso mientras la administración Trump abandona el pretexto de la guerra contra las drogas y habla abiertamente de apropiarse del petróleo de Venezuela, el verdadero objetivo de esta guerra siempre ha sido estrangular la Revolución Bolivariana. El premio no es simplemente el petróleo como mercancía, sino la soberanía que este financia: el poder de convertir la renta petrolera en desarrollo social y nacional, y de usar esa riqueza como instrumento de integración regional fuera del control de Washington.
En otras palabras, una Revolución Bolivariana armada con las mayores reservas de petróleo del planeta y un liderazgo sólido representa una amenaza para las ambiciones imperialistas de Washington en la región.
Incluso durante décadas de guerra híbrida, la Revolución Bolivariana ha utilizado su inmensa riqueza petrolera no solo para lograr mejoras medibles en la vida de millones de venezolanas y venezolanos, sino también para impulsar la cooperación regional. Esos logros fueron el resultado de un proceso de transformación de la sociedad venezolana que comenzó en 1998, cuando Hugo Chávez ganó su primera presidencia tras una ola de apoyo popular.
El petróleo como instrumento
Al ganar la presidencia, Chávez comenzó de inmediato a implementar una serie de reformas sociales y económicas destinadas a atender las necesidades más urgentes de la población. Para acelerar esas reformas, en 2001 el gobierno de Chávez aprobó la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Bajo la nueva ley, las actividades primarias de la producción petrolera debían realizarse directamente por el Estado, ya fuera a través de una empresa 100% estatal como Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), o mediante una empresa mixta en la que el Estado tuviera más del 50% de las acciones. La ley también aumentó la tasa de regalías sobre la producción petrolera del 16.67% al 30%. Este giro buscaba redirigir una mayor parte de los ingresos petroleros hacia programas sociales y el desarrollo nacional a largo plazo. Esto fue un ataque a un arreglo de larga data en el que la riqueza petrolera de Venezuela circulaba hacia arriba y hacia afuera — a través de élites internas, firmas extranjeras y la arquitectura de dependencia que ha disciplinado a Nuestra América por más de un siglo.
La reacción fue inmediata y violenta. Apenas un año después, en 2002, un golpe respaldado por Estados Unidos intentaría estrangular a la Revolución Bolivariana en su cuna. Pero levantamientos masivos exigiendo el retorno de Chávez lograron su restitución en apenas 48 horas. Los años siguientes estuvieron marcados por presiones económicas, cierres patronales petroleros, intentos de golpe y ataques militares — episodios que ilustraran una regla de larga data del imperialismo estadounidense: cuando un país intenta convertir la riqueza de sus recursos en soberanía popular, se le trata como una amenaza que debe ser neutralizada.
En los años que siguieron, la Revolución Bolivariana utilizó la riqueza petrolera del país para atender las necesidades más apremiantes del pueblo. A continuación, examinamos cómo este programa masivo de redistribución de riqueza abordó cuatro áreas clave de necesidad social: alivio del hambre, analfabetismo, vivienda y salud.
La Revolución Bolivariana en guerra contra la pobreza
Uno de los primeros pasos que dieron los gobiernos bolivarianos para atender estas necesidades fue transformar la relación entre el pueblo y las instituciones del Estado. Para ello, implementaron un sistema de “misiones”: programas estatales diseñados para trabajar directamente con las comunidades y enfrentar carencias arraigadas — educación, salud, acceso a alimentos, vivienda, trabajo — especialmente en zonas urbanas y rurales que el Estado prechavista había dado por perdidas.
La Misión Mercal se creó en 2003 para combatir la inseguridad alimentaria al garantizar acceso a alimentos y bienes básicos a precios subsidiados, a través de una red de supermercados, minimercados (“Mercalitos”) y mercados móviles. La misión opera mediante la empresa estatal Mercados de Alimentos, C.A. (MERCAL) y distribuye productos subsidiados — a menudo con descuentos significativos — e integra a productores locales en su cadena de suministro.
En 2013, apenas diez años después de su implementación, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Food and Agriculture Organization, FAO) reconoció a Venezuela como uno de los países que había cumplido la meta de hambre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (Millennium Development Goals): reducir a la mitad la proporción de personas con hambre entre 1990–1992 y 2010–2012.
La Misión Robinson termina con el analfabetismo
La Misión Robinson se lanzó en 2003 para confrontar una de las marcas más persistentes del dominio de clase en Venezuela: el abandono de millones de personas de clase trabajadora y del campo por parte del sistema educativo. La misión se dirigió a adultos que habían quedado excluidos de la escolarización en comunidades rurales y urbanas. Operó mediante círculos de estudio comunitarios, llevando la enseñanza a barriadas. El programa utilizó el método cubano Yo Sí Puedo: un modelo acelerado de alfabetización diseñado para campañas masivas. Movilizó facilitadores, materiales e infraestructura a una escala que el Estado prechavista nunca intentó.
En octubre de 2005, tras dos años de la Misión Robinson, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) declaró al país “Territorio libre de analfabetismo”, con más del 95% de la población alfabetizada. En apenas dos años, la Misión Robinson logró llegar a 1.5 millones de personas.
La Misión Hábitat y Gran Misión Vivienda Venezuela se lanzan para erradicar la falta de vivienda
Durante décadas, la renta petrolera de Venezuela alimentó un orden urbano en el que la gente pobre construía la ciudad con sus manos — y luego se le decía que no tenía derecho a ella. Para inicios de los años 2000, la mayoría de la vivienda se concentraba en barrios, a menudo con servicios precarios y en zonas de alto riesgo, una crisis habitacional que antecedía a Chávez y que fue producida por el dominio de clase.
La Revolución Bolivariana rompió con ese modelo al consagrar la vivienda como un derecho social. La Constitución de 1999 afirma el derecho a una vivienda “adecuada, segura, cómoda e higiénica, con servicios básicos esenciales, incluyendo un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias”, y obliga al Estado a priorizar a las familias con escasos recursos y garantizar el acceso a políticas sociales y crédito.
La Misión Hábitat surgió de ese giro constitucional: un programa para tratar la vivienda no como mercancía, sino como “hábitat” planificado — vinculando la construcción con servicios, regularización de tierras y participación popular. En paralelo, el Estado amplió la seguridad de tenencia mediante el programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana; para la fecha del informe de Fundavivienda, se habían emitido más de 1,087,989 títulos de tierra urbana.
Después de que las inundaciones de 2010 desplazaran a aproximadamente 130,000 personas, el Estado bolivariano lanzó la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) en 2011 como una iniciativa de vivienda a escala de emergencia. Un informe presentado por PDVSA ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (United States Securities and Exchange Commission, SEC) señala que la Ley Especial de Deuda de 2011 asignó Bs. 10.0 mil millones (aproximadamente USD 2.3 mil millones) a la GMVV; para finales de 2011, se habían gastado Bs. 7.9 mil millones en la construcción de alrededor de 49,420 nuevas viviendas en las regiones más azotadas por las lluvias.
Pero la GMVV nunca fue solo una cuota de construcción. Fundavivienda describe el programa como organizado en torno a cuatro pilares interconectados — tierra, materiales e insumos, entes ejecutores y financiamiento — más “la integración de la sociedad civil organizada”, incluidos sistemas de participación y autoconstrucción. En 2018, un experto independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (United Nations Human Rights Council) que evaluó las condiciones del país informó que la GMVV “ha contribuido a salvar a millones de personas de la falta de vivienda”, y que “se han entregado más de dos millones de unidades habitacionales a quienes de otro modo vivirían en barrios marginales”.
Esto importa por la misma razón que importan Mercal y Robinson. La vivienda es poder de clase hecho visible. Un Estado que usa los ingresos petroleros para construir hogares, formalizar derechos sobre la tierra y extender el derecho a vivir con dignidad no está “comprando lealtad”. Está redistribuyendo el poder. Y en un país rico en recursos que se atrevió a hacer de la soberanía y la planificación social su punto de partida, esa redistribución es precisamente lo que Washington se propuso estrangular.
La Misión Barrio Adentro revierte la exclusión médica
La Misión Barrio Adentro se lanzó en 2003 para confrontar un sistema de salud que durante décadas funcionó como una especie de apartheid médico: clínicas y médicos concentrados donde vivían el dinero y el privilegio, mientras las comunidades urbanas y rurales quedaban obligadas a improvisar su supervivencia. Barrio Adentro invirtió el mapa. Llevó un modelo preventivo y comunitario de medicina directamente a barrios de la clase trabajadora, atendido en gran parte por brigadas internacionales de médicos (muchos de Cuba) y arraigado en comités locales de salud y organización comunitaria.
La escala fue deliberada. El perfil de país de Health in the Americas de la Organización Panamericana de la Salud (Pan American Health Organization, PAHO) informa que la red ambulatoria del Ministerio de Salud fue complementada por alrededor de 8,600 “puntos de consulta” de la Misión Barrio Adentro para finales de 2005. La PAHO señala que la misión recibió USD 169.4 millones de PDVSA en 2003 para fortalecer la red de atención primaria. En los primeros 18 meses, la PAHO reporta 163 millones de consultas médicas gratuitas, junto con millones de chequeos odontológicos y exámenes de la vista.
Barrio Adentro también amplió la fuerza laboral sanitaria y la infraestructura de cuidado. La PAHO informa que en 2000 Venezuela tenía 20 médicos por cada 10,000 personas; para 2005, con cerca de 1,100 médicos venezolanos trabajando en Barrio Adentro junto a 15,000 médicos cubanos, el país alcanzó 25 médicos por cada 10,000 personas. El mismo perfil describe cómo el sistema de servicios se construyó como una red integrada — consultorios de atención primaria, centros de diagnóstico integral, instalaciones de rehabilitación, centros de alta tecnología y hospitales — y reporta que para finales de 2005 operaban alrededor de 640 consultorios de atención primaria, con 1,670 en proceso de equipamiento, además de miles de puntos de consulta provisionales que funcionaban en cuartos de viviendas en zonas de bajos ingresos.
Esto importa por la misma razón que importan Mercal y Robinson. No se puede hablar de democracia mientras la salud esté racionada por clase y geografía. Barrio Adentro trató la atención sanitaria como un frente en una guerra más amplia contra la exclusión social — y lo hizo usando la capacidad recuperada del Estado y los ingresos recuperados para construir clínicas donde el viejo orden construyó abandono.
Petróleo más allá de las fronteras: cómo la Revolución Bolivariana financió la integración regional — y por qué Washington se movió para romperla
La política petrolera de la Revolución Bolivariana nunca se limitó al balance nacional. Desde el inicio, Chávez entendió los ingresos petroleros recuperados no solo como un medio para financiar derechos sociales dentro del país, sino como la base material de un orden regional diferente — menos subordinado a Washington y organizado en torno a la solidaridad, la cooperación y la soberanía.
PetroCaribe fue una de las expresiones más claras de ese proyecto. Firmado en 2005, el Acuerdo de Cooperación Energética de PetroCaribe definió a PetroCaribe como un instrumento de política energética orientado a la integración de los pueblos del Caribe mediante el “uso soberano” de los recursos energéticos en beneficio directo de sus poblaciones. El mecanismo era clave: Venezuela suministraba crudo y productos refinados bajo esquemas de financiamiento que permitían pago diferido en bienes y servicios mediante mecanismos de compensación. Y los términos eran explícitamente concesionales — plazos largos de 17 a 25 años, incluido un período de gracia de dos años, con 1% o 2% de interés anual dependiendo de los precios del petróleo. En la práctica, eso significó espacio financiero: la institución Brookings señala que PetroCaribe permitió a los países participantes financiar entre 40% y 60% de sus importaciones mediante préstamos de largo plazo y bajo interés.
Si PetroCaribe utilizó el petróleo para aflojar el cerco financiero del Caribe, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América — Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) buscó nombrar el horizonte político abiertamente. Chávez la propuso como alternativa al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) impulsada por Estados Unidos, y se creó formalmente en 2004 mediante un acuerdo conjunto encabezado por Chávez y Fidel Castro. El ALBA se definió por principios de solidaridad y complementariedad — un intento de reemplazar la disciplina del “libre comercio” por cooperación planificada entre economías pequeñas y grandes, en energía, bienestar social y desarrollo.
Luego vino la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la negativa institucional más directa de la región al reclamo de Washington de dominación hemisférica. La cumbre fundacional de la CELAC en Caracas reunió a 33 países de América Latina y el Caribe para formar una nueva comunidad (explícitamente, todos los países de las Américas excepto Estados Unidos y Canadá). Con todas sus contradicciones, la forma en sí fue un mensaje: América Latina y el Caribe no necesitaban el permiso del imperio para reunirse, coordinarse o imaginar un futuro común.
Esta integración liderada por el Estado fue concebida (y organizada) desde abajo. ALBA Movimientos surgió de años de organización en toda la región (con momentos clave en 2008 y 2009) y celebró su asamblea fundacional en 2013, reuniendo a movimientos populares de 23 países y formalizando una secretaría operativa anclada en el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST), junto con organizaciones de Venezuela, Cuba, Colombia y Argentina. El objetivo era construir una articulación popular continental con un horizonte poscapitalista (autónoma de los gobiernos, pero explícitamente alineada contra el imperialismo y la restauración neoliberal).
Y esto es precisamente por lo que la guerra de Washington contra Venezuela no puede reducirse a “petróleo” como mercancía. El problema para Estados Unidos es lo que el petróleo hizo posible: la capacidad de financiar soberanía en casa y sostener proyectos regionales que alteraron la correlación de fuerzas. Por eso, Estados Unidos se movió directamente contra la arquitectura de integración — política, diplomática y financieramente. En 2014, por ejemplo, la Casa Blanca de Obama lanzó la Iniciativa de Seguridad Energética del Caribe (Caribbean Energy Security Initiative, CESI), presentándola como un conjunto de opciones para ayudar a los países caribeños a transformar sus sectores eléctricos, movilizar financiamiento y diversificar fuentes energéticas. Leída junto a PetroCaribe, la lógica estratégica es clara: despegar a la región de la cooperación energética venezolana y sustituirla con financiamiento y marcos de política respaldados por Estados Unidos.
Luego vinieron las escaladas que atacaron la fuente misma. En enero de 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos (United States Department of the Treasury) sancionó a la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, bloqueando sus bienes bajo jurisdicción estadounidense y, en términos generales, prohibiendo que personas estadounidenses transaran con ella. Sea cual sea la retórica con la que Washington excusaba estas medidas, su efecto material fue directo: restringir los flujos de ingresos y la capacidad operativa mediante los cuales Venezuela podía sostener tanto la redistribución interna como la cooperación internacional.
La soberanía es el blanco
La Operación Resolución Absoluta no surgió de la nada. Es simplemente la expresión más reciente (y más desnuda) de un patrón que ha definido la relación de Washington con el Sur Global por más de un siglo: cuando la riqueza de recursos de un país se saca de los circuitos de acumulación de élites y del control extranjero y se redirige hacia derechos populares y capacidad estatal independiente, la respuesta es la coerción. Golpes, cierres patronales, asedio diplomático, estrangulamiento financiero y ahora asalto militar abierto y secuestro no son episodios separados: son tácticas cambiantes del mismo objetivo estratégico.
Lo que la Revolución Bolivariana demostró, en términos concretos y medibles, es que la soberanía no es una abstracción. Es una capacidad material: la habilidad de tomar un recurso que antes fluía hacia arriba y hacia afuera y convertirlo en seguridad alimentaria, alfabetización, vivienda y atención médica — en instituciones que vuelven la dignidad algo ordinario y no excepcional. Esa capacidad es lo que las sanciones siempre han buscado atacar. No porque Washington haya descubierto de pronto una preocupación por la democracia o los narcóticos, sino porque un Estado que puede planificar, redistribuir y organizar la sociedad a gran escala es más difícil de disciplinar (y porque ese ejemplo es contagioso).
Y así lo fue. PetroCaribe, ALBA, CELAC y las articulaciones continentales desde la base fueron, cada una a su manera, intentos de construir un orden regional en el que América Latina y el Caribe pudieran satisfacer sus necesidades sin pedir primero permiso al imperio. En ese contexto, la obsesión de Estados Unidos con el petróleo venezolano no puede entenderse como simple avaricia por una mercancía. Es un esfuerzo por romper los usos políticos de esa mercancía: cortar el vínculo entre riqueza natural y derechos sociales en casa, y evitar que esa riqueza sostenga proyectos de autonomía regional fuera del control de Washington.
Cuando a gobiernos y movimientos de la región se les dice que no hay alternativa (que no hay espacio fiscal, no hay ruta de desarrollo, no hay margen para planificar), el caso venezolano aclara lo que realmente esconde ese argumento: que el único uso aceptable de los recursos es el que preserva el intercambio desigual. La guerra contra Venezuela es, por tanto, una guerra contra la idea misma de que los pueblos del Sur Global pueden convertir su riqueza en soberanía, y la soberanía en un futuro diferente.
Por eso, la pregunta que plantea el 3 de enero es más grande que Venezuela. Si el secuestro de un jefe de Estado y el bombardeo de un país soberano pueden normalizarse bajo el lenguaje de “cumplimiento de ley”, entonces la soberanía en todas partes se vuelve condicional, concedida o revocada según le convenga al imperio. La respuesta no puede ser cinismo ni resignación. Tiene que ser claridad sobre lo que está en juego, y una solidaridad a la altura de la agresión: una defensa del derecho de Venezuela a decidir su propio destino y, con ello, el derecho de nuestra región a construir un orden basado en cooperación, no en subordinación.
Eduardo Rodríguez es un escritor, editor y traductor puertorriqueño. Es editor en el Instituto Tricontinental de Investigación Social.
