El 14 de agosto, la Asamblea Nacional de Venezuela pasó la Ley Orgánica de Educación la misma que pretende reestructurar el sistema universitario abriéndolo hacia la clase trabajadora.
El primer borrador de la ley se complete en el 2001 y se convirtió en un debate nacional, llevado a cabo, virtualmente, en todos los sectores sociales en los últimos ocho años para revisar principios claves constitucionales.
El artículo 102 de la Constitución Bolivariana, rectificado por referendo popular en 1999 afirma: “La educación es un derecho humano y una obligación social fundamental; la misma que es democrática, gratuita, y obligatoria”. La Ley Orgánica de Educación establece las estructuras institucionales y los principios de guía para el estado para que convierta este derecho en una realidad para todas y todos los venezolanos.
Desde hace varios meses, los grupos de oposición en los que se incluyen: la asociación de rectores de las principales universidades autónomas y privadas de Venezuela, todos los partidos de oposición principales, los medios de comunicación privados y la iglesia Católica, han levantado una campaña en contra de la legislación. Las manifestaciones realizadas por dichos grupos han sido violentas a menudo, y su campaña se ha intensificada desde que se pasó la legislación a ley el 14 de agosto.
Con el comienzo de las clases el 15 de septiembre, la oposición derechista ha amenazado sabotear cualquier cambio al sistema educativo. El presidente de la Cámara de Educación Privada de Venezuela, Octavio de Lamo, declaró públicamente: “Estamos organizando redes nacionales que se conectarán con las instituciones públicas para confrontar la ley y evitar la intervención del gobierno”. (Venezuelanalysis.com, 21 de agosto).
La oposición derechista, dirigida por grandes sectores de la clase dominante venezolana y apoyada por el imperialismo estadounidense, está dispuesta a destruir los logros de la revolución bolivariana. Ellos han estado involucrados en intentos de golpes de estado, manifestaciones violentas, campañas propagandísticas, referéndums y otras cosas más, con el fin de alcanzar sus objetivos. Sin embargo, el pueblo venezolano y el gobierno bolivariano han logrado detener dichos esfuerzos.
Como respuesta a las llamadas públicas de sabotear la Ley Orgánica de Educación, el Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) asignará la defensa de la nueva legislación, como uno de los deberes inmediatos de las recientemente formadas Patrullas de Trabajadores.
Las Patrullas de Trabajadores se formaron como parte de la reorganización interna del partido en vísperas de su congreso nacional a realizarse en octubre. Las unidades locales estarán compuestas de 20 a 30 militantes del partido dentro de su comunidad, lugar de trabajo, o centro educacional. De acuerdo al periódico del PSUV, las patrullas serán la base organizativa para un “proceso de construcción colectivo que llevará el mensaje del socialismo casa por casa, calle por calle, vecindario por vecindario y aldea por aldea”. (A La Izquierda, 10 de agosto)
Efectivamente, entra las funciones de las Patrullas de Trabajadores se incluye la “organización de trabajadores desde los lugares de trabajo” y la preparación de las “condiciones para la construcción del socialismo en el proceso de producción y distribución de la riqueza social” y la “toma de tareas de control social en las etapas de planificación, procesamiento y distribución”.
La ley aumenta el acceso a la educación
El PSUV se está movilizando para proteger esta ley que directamente está dirigida a abrir las universidades para los sectores más oprimidos de la sociedad y establecer una definición más popular de educación comunitaria.
Como una señal de democratización en el proceso educativo, la ley expande la definición legal de educación comunitaria para incluir a las familias, a las organizaciones comunitarias, y a los trabajadores asalariados quienes cumplen con trabajos que usualmente no son considerados como parte del proceso educativo, como por ejemplo: cocinar y conserjería, además de la definición formal de educación de trabajadores y estudiantes.
La ley será determinante en la restructuración de las universidades autónomas de la nación. Aquellas universidades—que han sido financiadas por el estado, pero son administradas de manera independiente—por mucho tiempo han sido tierra fértil para las fuerzas contrarrevolucionarias, porque el proceso de admisión favorece estudiantes de las clases media y alta.
Los administradores manejan las instituciones como si fueran sus ranchos personales. La corrupción es amplia y apoya rutinariamente a los grupos de la oposición violentos.
Hasta el día de hoy, los cargos altos eran escogidos por un pequeño grupo de administradores y otros puestos estaban sometidos a un sistema electoral basado en una escala, en la cual los votos de los profesores y los estudiantes contaban menos que los de aquellos oficiales de arriba, y los trabajadores estaban excluidos.
Ahora, toda la comunidad universitaria elegirá los oficiales universitarios. La ley hace un llamado a consejos anticorrupción que sean establecidos y sujetos por voto popular. Todas las autoridades elegidas podrán ser revocadas.
También, el derecho a la autodeterminación de las comunidades indígenas está protegido con gran fuerza bajo esta ley. Se cumplirá el principio constitucional de que los pueblos indígenas tienen “derecho a su propia educación, y a un sistema educativo de naturaleza intercultural y bilingüe, teniendo en cuenta sus características especiales sociales, culturales, sus valores y tradiciones”.
Otras leyes de estado legal inferior deberán pasar aun para gobernar en áreas específicas de la ley de educación. Debido a la oposición de derecha, este aspecto de la lucha de clases en Venezuela está lejos de ser definido.
Sin embargo, un sistema de “educación para liberar” es un golpe serio contra la herencia colonialista y neo-liberal. La nueva estructura educativa también retira del arsenal de la oposición derechista, las universidades elitistas y exclusivas, las mismas que han sido un arma clave de la oposición derechista.
La movilización de los trabajadores en defensa de los avances, junto con la campaña nacional de educación que se están llevando a cabo por sectores amplios de la sociedad, reforzarán las basas ideológicas de la revolución bolivariana.
