Ocho acusados en el caso de 2025 relacionado con el centro de detención de Prairieland del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE), en Texas, han sido condenados a un total combinado de 450 años en una prisión federal por participar en una protesta contra ICE. Se trata del primer proceso y las primeras sentencias federales por terrorismo vinculados a la ofensiva de la administración Trump contra el “antifascismo” y el “antiestadounidensismo”.
Una de las personas acusadas – que ni siquiera estuvo presente en la protesta – recibió una sentencia de 30 años por transportar una caja de publicaciones políticas independientes. Otra fue condenada a 50 años en una prisión federal por estar sentada en un automóvil cerca de la protesta. Otras personas fueron procesadas por cargos de conspiración por poseer una imprenta y formar parte de un club de lectura radical.
El mensaje que envía este fallo es inequívoco: el Estado desplegará toda su maquinaria represiva para aplastar la disidencia y ampliar al máximo su control sobre cualquier postura política que no sea de extrema derecha. De hecho, el propio juez que dictó las sentencias admitió que pretendía “enviar un mensaje a cualquiera que comparta una ideología similar”. Más allá de protestar contra el terror de ICE, no queda claro en qué consiste exactamente esa “ideología”.
El Fondo de Colaboración para la Justicia Civil (Partnership for Civil Justice Fund), una organización jurídica de defensa de los derechos constitucionales con sede en Washington D. C., declaró: “El NSPM-7 de la administración Trump, impulsado por motivos ideológicos, constituye un ataque político abierto basado en puntos de vista que la administración pretende criminalizar y silenciar. Es un ataque directo contra los derechos de la Primera Enmienda que utiliza todo el peso de las fuerzas del orden y del poder de la fiscalía para desalentar, procesar, censurar y reprimir la oposición política a sus políticas y acciones, ampliamente rechazadas por el pueblo estadounidense. El objetivo es sembrar el miedo y desalentar el ejercicio de la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda”.
Sin embargo, esto no es del todo una anomalía. Se trata de un papel que Texas ha desempeñado durante mucho tiempo en la política estadounidense y al que debemos prestar toda nuestra atención para comprender sus implicaciones para nuestros movimientos en la actualidad.
Una arraigada tradición texana
Texas se fundó mediante una contrarrevolución contra el creciente movimiento abolicionista. Sus raíces secesionistas, forjadas en defensa de la esclavitud, han colocado al estado a la vanguardia de la experimentación de extrema derecha.
Cuando México avanzó hacia la abolición de la esclavitud en la década de 1820, los colonos blancos del territorio de Texas se rebelaron violentamente. La llamada “Revolución de Texas” de 1836 – que culminó en la secesión de Texas del dominio mexicano – no fue una revolución por la “independencia” librada por combatientes valerosos, sino una lucha fundamentalmente orientada a defender la institución de la esclavitud de bienes muebles.
Durante casi una década, Texas existió como una república independiente que aspiraba a disputar a Estados Unidos el dominio del comercio de personas africanas esclavizadas. Sin embargo, sus ambiciones superaban sus capacidades. Ante las presiones del México abolicionista y el Haití revolucionario, la República de Texas fue anexada a regañadientes por Estados Unidos en 1845.
El nuevo estado estadounidense de Texas experimentó un aumento drástico de la población esclavizada y aceleró los ataques contra los territorios de los pueblos indígenas comanche, kiowa y apache de las llanuras. En 1861, Texas volvió a encabezar el intento fallido de separarse de Estados Unidos, impulsado por su profundo compromiso con la esclavitud. Incluso después de que la esclavitud fuera heroicamente derrotada en 1865, se requirieron miles de soldados de la Unión para obligar a los esclavistas de Galveston, Texas, a liberar efectivamente a las personas esclavizadas.
El fin de la Guerra Civil y la liberación de las personas esclavizadas desataron una hostilidad histórica entre la clase esclavista dominante de Texas y el gobierno federal. Como explica el historiador Gerald Horne, la abolición creó “una de las mayores expropiaciones sin indemnización de la historia mundial”. En Texas, esta furia alimentó lo que Horne describió como una “insurgencia terrorista” que “sigue impulsando la política hasta el día de hoy”.
Como respuesta, Texas desempeñó un papel central en la imposición de las leyes Jim Crow y los Códigos Negros durante la era de la Reconstrucción. Para la década de 1920, Dallas albergaba el capítulo más grande del Ku Klux Klan de todo el país. El descubrimiento de petróleo en Texas en este contexto, que se remonta a 1866, sentó las bases para una acumulación de riqueza sin precedentes por parte de varias familias reaccionarias capaces de financiar a políticos como el senador anticomunista Joseph McCarthy y consolidar el bloque de extrema derecha en Washington D. C.
Hoy vemos al gobernador de Texas Greg Abbott – el gobernador en funciones con más tiempo en el cargo en Estados Unidos, quien ha ejercido durante tres mandatos consecutivos y busca un cuarto – impulsar todavía más la agenda de extrema derecha. Si Texas se fundó como un bastión de la esclavitud y la reacción, Abbott es su administrador contemporáneo: despliega toda la maquinaria del Estado para sofocar la disidencia, criminalizar y privar de sus derechos a las comunidades negras e inmigrantes y afianzar el gobierno de una minoría.
Prairieland: un precedente peligroso
Las sentencias de Prairieland no son simplemente castigos severos. Constituyen un ataque fundamental contra los derechos de la Primera Enmienda y la criminalización sádica de todas las personas que intenten ejercerlos. Las condenas, que suman cientos de años de encarcelamiento independientemente de que una persona haya participado efectivamente en actos de violencia, no tienen precedentes. Revelan el verdadero propósito central del proceso: utilizar las leyes antiterroristas como arma para reprimir la oposición política.
Las implicaciones de este proceso no se limitan a Texas. Sientan un precedente peligroso y de gran alcance que podría transformar profundamente el panorama de la protesta política y la libertad de expresión en Estados Unidos. El “antifa”, como se describió a las personas acusadas, no es una organización formal, sino una etiqueta ideológica. Con la elaboración del Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 7 (National Security Presidential Memorandum 7, NSPM-7), la administración Trump prácticamente ha convertido el término en un arma y lo utiliza como sustituto de “izquierdista” para fabricar un enemigo anónimo. Se han presentado cargos similares relacionados con el “antifa” contra activistas que se oponen a ICE en Minnesota. Prairieland fue un caso de prueba para determinar hasta dónde puede llegar el Estado en la criminalización de la disidencia.
La represión engendra resistencia, y la resistencia engendra represión
El caso Prairieland está diseñado para infundir miedo a todas las personas que intenten protestar y organizarse por un mundo nuevo. Sin embargo, la dureza del Estado es, en sí misma, una medida de la amenaza que percibe en nuestra acción colectiva.
Aunque con frecuencia se descarta a Texas por considerarlo un estado políticamente atrasado e irremediablemente republicano, tiene un papel inmenso que desempeñar en la construcción de un nuevo futuro para Estados Unidos. Texas sigue siendo el segundo estado más poblado del país y, desde su fundación, un bastión de la política reaccionaria. Sin embargo, también cuenta con la mayor población negra del país – la vanguardia histórica del progreso social en Estados Unidos – y con una población inmigrante en rápido crecimiento que ha sido marginada por las políticas estatales. El potencial de una resistencia organizada contra el dominio de la extrema derecha en Texas crece cada día como respuesta directa a estas mismas políticas.
La historia de Texas – y de todo Estados Unidos – demuestra que la represión más brutal siempre ha encontrado resistencia. Desde las personas africanas esclavizadas que derrotaron la esclavitud y libraron una lucha contra el terror supremacista blanco durante la Reconstrucción hasta los activistas que hoy se encuentran en la primera línea de la lucha contra el terror de ICE, sabemos que nuestra lucha no está perdida como consecuencia de las sentencias de Prairieland.
Mientras la administración Trump libra ataques generalizados contra nuestra historia, nuestros movimientos y nuestras libertades civiles, se vuelve cada vez más profunda y urgente la necesidad de una resistencia colectiva, organizada y decidida. La contrarrevolución de 1836 no ha terminado, pero tampoco la lucha contra ella.
