El gobierno de Trump declaró el 6 de agosto que cancelaría por completo los contratos sindicales de casi 380,000 trabajadores sindicalizados del Departamento de Asuntos de Veteranos (Department of Veteran Affairs, VA). El VA es el departamento más grande, con casi medio millón de empleados en total —1 de cada 4 de los cuales son veteranos—. Este ataque contra los derechos de las y los trabajadores del VA no es solo antisindicalismo: también es un ataque contra los propios veteranos.
Fundado en 1930, el VA moderno se ha expandido con cada guerra importante para brindar servicios a las y los veteranos que regresan. El Departamento de Asuntos de Veteranos es el sistema de salud pública integrado más grande de Estados Unidos, que atiende a 9.1 millones de veteranos a través de 170 centros médicos y casi 1,200 clínicas.
El VA provee desde atención primaria y servicios de salud mental hasta procesamiento de reclamos por discapacidad y honores fúnebres. Para millones de exmiembros del servicio —que a menudo cargan con las cicatrices de las guerras imperialistas de EE. UU.—, el VA es una línea de vida básica.
El destructor de sindicatos en jefe
En marzo, Trump firmó una Orden Ejecutiva sin precedentes que revocó el derecho a la negociación colectiva a casi un millón de trabajadores federales, eliminando protecciones sindicales a dos tercios de toda la fuerza laboral federal, incluidos los empleados del VA. Esta medida golpeó a miembros de la Federación Estadounidense de Empleados Gubernamentales (American Federation of Government Employees, AFGE), la Federación Nacional de Empleados Federales (National Federation of Federal Employees, NFFE), la Asociación Nacional de Empleados Gubernamentales (National Association of Government Employees, NAGE), el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (Service Employees International Union, SEIU) y National Nurses United (NNU). Es el mayor ataque contra trabajadores sindicalizados en generaciones, que recuerda al asalto de Ronald Reagan en 1981 contra PATCO, el sindicato de controladores de tráfico aéreo.
Trump justificó esta medida antisindical diciendo que era necesaria para la “seguridad nacional” y para “mejorar los servicios a veteranos”, echando mano de los clichés antisindicales de siempre. En realidad, se trata de quebrar los sindicatos que se interponen en los despidos masivos, el desmantelamiento del VA y la entrega de la atención a veteranos a contratistas privados.
El secretario del VA, Doug Collins, terminó de un plumazo casi todos los contratos sindicales del VA el 6 de agosto. “Muy a menudo, los sindicatos… luchan contra los mejores intereses de los veteranos”, afirmó Collins, acusándolos de proteger a “malos trabajadores”. Pero el presidente de la AFGE, Everett Kelley, desmontó el discurso: “La verdadera razón por la que Collins quiere sacar a AFGE del VA es porque hemos luchado con éxito… para frenar propuestas desastrosas y antiveteranas de cerrar hospitales rurales, desmantelar la atención en el VA con la eliminación de 83,000 empleos y trasladar la atención a contratistas privados con fines de lucro”.
Preparando el terreno para la demolición total del VA
Esta ofensiva antisindical es el primer disparo de una guerra mayor contra los servicios para veteranos. Sin sindicatos, las y los trabajadores del VA pierden protecciones sobre dotación de personal, seguridad y carga de trabajo —facilitando cierres, subcontratación y recortes—. National Nurses United advirtió: “La administración Trump está empeñada en silenciar a enfermeras y demás trabajadores del VA para imponer la destrucción del VA y avanzar hacia la privatización”.
Y no es solo el VA. La orden ejecutiva de marzo de Trump y su recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (Department of Government Efficiency, DOGE), dirigido en sus primeros meses por Elon Musk, están ejecutando despidos masivos en todo el gobierno federal bajo la bandera de la “eficiencia”. Más de 280,000 trabajadores federales ya han sido despedidos, y se ha ordenado a las agencias eliminar cualquier puesto “no requerido por ley”. DOGE es el instrumento para implementar el plan ultraderechista Project 2025, que busca destrozar el servicio civil, purgar a quienes consideran desleales y reemplazarlos con leales políticos o contratistas privados.
Lo llaman reforma. Es un trabajo de demolición que ocurre junto a la “Gran y Hermosa Ley” de Trump, que establece casi un billón de dólares en recortes a Medicaid y 300 mil millones en recortes al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP). Todo ese dinero robado está siendo desviado a presupuestos de guerra, deportaciones masivas y los mayores recortes de impuestos en la historia para los ricos y las corporaciones.
Recortes para multimillonarios vs. poder obrero
La estrategia es simple: debilitar a la fuerza laboral eliminando protecciones sindicales y empleos; romper los servicios para que veteranos y el público pierdan confianza en ellos; y finalmente entregar lo que queda a multimillonarios ansiosos de convertir la necesidad pública en ganancia privada.
Ya vimos hasta dónde querían llegar. En julio, funcionarios del VA se preparaban para despedir a 80,000 empleados —17% del departamento—, lo que habría cerrado clínicas, ralentizado el procesamiento de beneficios y dejado a veteranos esperando meses por atención. Solo la resistencia organizada de sindicatos, trabajadores y grupos de veteranos los obligó a retroceder. Collins tuvo que anunciar en julio que no habría una reducción masiva de personal en todo el departamento, limitando los recortes a 30,000 empleos mediante atrición.
Pero la lucha está lejos de terminar. Esos 30,000 empleos perdidos todavía significan menos médicos, enfermeras, procesadores de reclamos y personal de apoyo para los veteranos. Y nada impide que vuelvan por recortes mayores una vez que los sindicatos sean eliminados.
Los sindicatos federales son una de las últimas líneas de defensa —no solo para las y los trabajadores que representan, sino también para los millones que dependen de los programas que gestionan—. Esa lucha no puede dejarse solo en manos de los sindicatos. Veteranos, sus familias y cada comunidad que depende de los servicios públicos tienen un interés en esto. Cuando atacan a las y los trabajadores del VA, están atacando a los propios veteranos. Y si ganan aquí, verdaderamente nada de lo que es bien público estará a salvo.
Foto: Trabajadores sindicalizados del VA con la AFGE protestan contra los despidos propuestos. Crédito: AFGE
