La sobredosis es la principal causa de muerte entre personas en Estados Unidos de 18 a 44 años; en 2024 más de 80,000 personas murieron por esta causa. Mucha gente conoce el papel de la familia Sackler y de la farmacéutica Purdue Pharma en enriquecerse promoviendo el opioide oxicodona. Cada persona que ha muerto por causas relacionadas con las drogas representa el dolor de una familia —hermanos, esposas, hijos y padres que sucumben a una condición de salud que puede tratarse.
¿Por qué decenas de miles de personas sufren y mueren así? El trastorno por uso de sustancias es una condición bio-psico-social compleja que no tiene una solución única. Sin embargo, en Estados Unidos enfrentamos una tormenta perfecta que alimenta la crisis: una vasta desigualdad social con incontables personas sin hogar o en inseguridad habitacional, inseguridad alimentaria generalizada, enormes franjas de la población sin seguro médico o con seguros insuficientes, un sistema de salud con fines de lucro (incluyendo una industria de tratamiento de adicciones guiada por la ganancia) y una creciente atomización social que ha creado una epidemia de soledad. Todo esto empuja a las personas a buscar alivio a través de drogas, incluyendo el alcohol. Los opioides son ampliamente accesibles mediante recetas legales que pueden ser mal usadas o compradas en la calle. Quienes consumen opioides ilegales son especialmente vulnerables a sobredosis accidentales debido a las cantidades no reguladas de los ingredientes activos en los productos que consumen.
Mucha gente preocupada por este problema busca soluciones, entre ellas medicamentos que puedan apoyar a quienes quieren liberarse de la dependencia reduciendo los síntomas de abstinencia y la dependencia.
Un artículo reciente en New York Times explica cómo un medicamento eficaz para reducir los antojos de opioides fue mantenido lejos de los pacientes por la codicia corporativa y la maraña burocrática del gobierno, basada en un enfoque criminalizador hacia el trastorno por uso de sustancias.
En resumen: la empresa que controlaba el medicamento, la buprenorfina, se mostró inicialmente renuente a comercializarlo como tratamiento para la adicción a opioides porque era un fármaco “viejo”, usado como analgésico, que investigadores habían notado reducía los antojos de opioides.
Si las farmacéuticas se movieran por preocupación por la salud pública, esto habría sido motivo de celebración. En cambio, provocó consternación. ¿Por qué?
De genérico barato a máquina de ganancias patentada
La buprenorfina fue patentada en 1965 y utilizada primero para el tratamiento del dolor severo. Más tarde se descubrió que reducía los antojos en personas con trastorno por uso de opioides y en 2002 fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) para ese propósito. Como había sido patentada mucho tiempo atrás, para 2002 habría sido relativamente barata y disponible como genérico. Por lo tanto, Reckitt, la empresa propietaria, no tenía ningún incentivo financiero para pasar por el proceso de sacarla al mercado como tratamiento para la adicción a opioides. ¿Qué pasó para que la buprenorfina llegara al mercado como Suboxone?
El artículo del NYT merece leerse completo, pero en pocas palabras, la empresa utilizó tres procesos federales distintos para crear las condiciones que le garantizaran ganancias. Primero, se asoció con el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (National Institute on Drug Abuse, NIDA) del gobierno federal. El NIDA pagó la investigación clínica que mostró que el medicamento era eficaz y seguro para tratar la adicción.
Aunque el gobierno asumió los costos de la investigación —que normalmente rondan los 100 millones de dólares—, la empresa también quiso asegurar la rentabilidad del fármaco una vez en el mercado. Al mismo tiempo, solicitó a la FDA el estatus de “medicamento huérfano”, lo que bloqueaba la competencia de genéricos durante los primeros siete años.
Ese estatus está destinado a medicamentos para enfermedades raras (aunque el trastorno por uso de opioides está lejos de ser raro). Reckitt argumentó que habría pocos pacientes porque sería ilegal recetar buprenorfina fuera de clínicas de metadona altamente reguladas. Pero no se detuvo allí.
Simultáneamente, Reckitt trabajaba para cambiar las leyes sobre tratamiento asistido con medicamentos para que médicos pudieran recetar buprenorfina, aumentando así la cantidad de pacientes.
Sin esas condiciones que garantizaran ganancias, el medicamento probablemente nunca habría visto la luz.
El afán de lucro conduce a corrupción y abuso
La FDA dudaba de las afirmaciones de que el medicamento no sería rentable, pero eventualmente accedió a conceder el estatus de medicamento huérfano. Cambiar la ley para permitir que médicos recetaran buprenorfina en sus consultorios enfrentó oposición de la Agencia Antidrogas (Drug Enforcement Administration, DEA), ya que podía ser abusada y desviada a usos ilegales, así como de la industria de clínicas de metadona, que veía a Suboxone como un competidor directo.
Mientras avanzaba el proceso legislativo en EE. UU., el medicamento era presentado como una “cura” independiente para la adicción, en lugar de una herramienta más dentro de un tratamiento integral. En Francia, donde para ese momento Suboxone ya se usaba exitosamente, se recetaba en el marco de un sistema nacional de salud pública. Estados Unidos es único entre los países desarrollados al mantener un sistema médico con fines de lucro ampliamente detestado.
La ley avanzó en el Congreso, permitiendo a los médicos recetar tras un curso obligatorio de capacitación y con un límite en la cantidad de pacientes (inicialmente 30). El presidente Bill Clinton firmó la ley en 2000 y dos años después la FDA aprobó Suboxone.
Por las limitaciones de pacientes y requisitos de capacitación, sumado al estigma hacia personas con trastorno por uso de sustancias, las ventas de Reckitt fueron difíciles. Muchos médicos no querían tratar a “drogadictos”, menos aún si implicaba un esfuerzo extra.
Con una enorme fuerza de ventas dirigida a médicos y un cambio en la ley de 2006 que elevó el límite a 100 pacientes, las ventas crecieron. Cuando se acercaba el fin de los siete años de protección, la empresa lanzó una nueva presentación: una lámina que se disolvía en la boca, alegando que era más “segura” que las tabletas. El plan era retirar la tableta como “insegura” y reemplazarla con la nueva, retrasando la llegada de los genéricos.
No solo era una táctica egoísta: la nueva lámina en realidad NO era más segura. Si se ingería accidentalmente, era más difícil de escupir que una tableta. La FDA dudó de los reclamos de Reckitt, pero la empresa presionó y presentó un estudio que supuestamente probaba mayor seguridad. Tras intensas presiones, la FDA aprobó la lámina; los genéricos se retrasaron y las tabletas fueron retiradas. En 2013, Reckitt obtuvo 1.5 mil millones de dólares en ventas de Suboxone.
Al mismo tiempo, la empresa fue investigada por sus engaños alrededor de la introducción de la lámina y por su rol en crear clínicas exclusivas de Suboxone, de pago en efectivo, desde donde el medicamento podía desviarse a usos ilegales.
Historia de racismo y estigma en las políticas de drogas
Desde los arrestos desproporcionados de personas negras por consumo de cannabis hasta las leyes del crack que sentencian más severamente a usuarios negros que a quienes usan cocaína en polvo, las leyes de drogas han sido usadas para atacar en particular a comunidades de color. Al mismo tiempo, el propio gobierno estuvo implicado en introducir algunas de esas drogas en las mismas comunidades que luego criminalizó. La Agencia Central de Inteligencia (Central Intelligence Agency, CIA) ha sido vinculada de manera creíble al tráfico de cocaína y heroína.
La actitud general hacia los trastornos por uso de sustancias en EE. UU. se ha formado bajo un enfoque moralista y criminalizador, pintando a las personas con SUD como “malas” o criminales. Sin negar que algunas incurran en conductas antisociales, el enfoque de “encerrarlas y botar la llave” ha demostrado no detener la epidemia de adicción ni de sobredosis. Esto porque la criminalización racista y la prohibición de sustancias han probado ser completamente ineficaces para abordar un problema serio de salud pública.
Las estadísticas más recientes, con más de 80,000 muertes en 2024, en realidad representan una baja de 30,000 respecto al año anterior, regresando a niveles previos a la pandemia de COVID-19, cuando el aislamiento y el cierre de centros de tratamiento dispararon las sobredosis. Claro que 80,000 sigue siendo inaceptable. Expertos atribuyen la baja a políticas que funcionan, como la adopción generalizada del medicamento Narcan, que revierte sobredosis y ahora lo portan tanto rescatistas como miembros de la comunidad, además de venderse sin receta. Otro factor ha sido mayor acceso al tratamiento, incluyendo Suboxone y metadona. Sin embargo, especialistas temen que los avances se estanquen o retrocedan debido a los recortes de Trump en salud y ciencia.
¿Cuál es la solución?
La verdad es que la política de drogas en Estados Unidos no se trata de salud pública. Se trata de controlar a las y los pobres y trabajadores. Las drogas actúan como anestesia del dolor de ser parte de la clase trabajadora bajo el capitalismo y sus traumas. Las personas atrapadas en la adicción se concentran en conseguir su próxima dosis en vez de organizarse y luchar. Al mismo tiempo, las leyes de drogas, aplicadas desproporcionadamente contra comunidades de color, funcionan como mecanismo del “ciclo carcelario”, desviando fuerza laboral sobrante —el “ejército de desempleados” — considerado una gran amenaza para la clase dominante, en especial la comunidad negra. Asimismo, las políticas médicas y farmacéuticas priorizan la ganancia privada sobre la salud pública. Durante años, Purdue Pharma se salió con la suya promoviendo un opioide peligroso, enriqueciendo a la familia Sackler mientras innumerables familias sufrían.
Todo podría ser distinto en una sociedad socialista donde la clase trabajadora tenga poder político y económico para construir un gobierno que ponga las necesidades humanas por encima de la ganancia. Un gobierno socialista en Estados Unidos desplegaría médicos, enfermeras, trabajadores sociales y consejeros comunitarios para conectar a personas con SUD con un sistema universal e integral de salud, utilizando todas las herramientas disponibles: reducción de daños, tratamientos basados en evidencia, internación y más. Las farmacéuticas serían expropiadas y los medicamentos vitales se entregarían gratis. Igualmente, ningún negocio podría lucrar con tratamientos de adicciones. Las personas en lucha contra la adicción serían tratadas con compasión, se respetaría su valor intrínseco como seres humanos y encontrarían sentido en la vida a través de la conexión y la solidaridad.
