Foto: manifestaciones contra la violencia contra asiáticos en Atlanta, 2021
El periodo del temor rojo comenzó oficialmente el 9 de febrero de 1950, cuando el senador Joseph McCarthy se dirigió al Club de Mujeres Republicanas en la ciudad de Wheeling en West Virginia. Pocos meses antes, Mao Zedong había guiado a las y los comunistas a la victoria contra el grupo apoyado por los Estados Unidos, el Kuomintang, lo que resultó en la creación de la República Popular China. Buscando chivos expiatorios a quienes culpar por su “pérdida de China”, McCarthy advirtió de “enemigos dentro” del gobierno estadounidense. ָAlegando que los comunistas habían infiltrado el gobierno, McCarthy dijo tener una lista de 205 nombres del Departamento de Estado que eran “miembros con un carné del” –o por lo menos lealtad al– partido comunista.
Al principio, McCarthy llevó a cabo las cazas de brujas contra las y los expertos sobre China dentro del Departamento de Estado. En el entorno extremadamente politizado de la guerra fría, la persecución rápidamente se extendió a otros empleados del gobierno, y luego a toda la sociedad. Actores de Hollywood, maestros, académicos, organizadores sindicales, activistas de derechos civiles, artistas, y muchos otros fueron perseguidos como simpatizantes comunistas o sospechados agentes soviéticos. Para cuando se acabó el temor rojo a finales de los 1950s, cientos de personas habían sido encarceladas, mientras miles más habían aparecido en la lista negra, perdido sus trabajos, o de alguna manera se les había arruinado la reputación.
La pérdida de China nunca se le olvidó a la clase dominante de los EE.UU. Más de 70 años después, con China convirtiéndose en una emergente potencia económica, hemos entrado a una nueva era de Macartismo y fervor anticomunista con el mismo enemigo.
La misma propaganda y mentiras del temor rojo
“Algo que hay que recordar en discusiones sobre los comunistas en nuestro gobierno es que no estamos tratando con espías que reciben 30 piezas de plata por robarse las especificaciones de nuevas armas”, advirtió McCarthy en su discurso de 1950. “Estamos tratando con una actividad mucho más siniestra porque permite que el enemigo guíe y defina nuestra política”.
Esta nueva era del Macartismo reproduce la misma paranoia que su primera iteración en los años 50s: que las y los infiltrados comunistas en el gobierno y en la sociedad en general están influyendo en la política y la opinión pública en el interés del enemigo.
“Durante décadas, un grán rango de entidades en China han establecido vínculos con líderes de gobierno e industria a nivel estatal y local en los EE.UU., frecuentemente beneficiando ambos lados”, dice un informe del Centro de Contrainteligencia y Seguridad Nacional de los EE.UU. publicado en el 2022. “Sin embargo, mientras han aumentado las tensiones entre Pekín y Washington, el gobierno de la República Popular China (PRC por sus siglas en inglés) bajo el Presidente Xi Jinping está buscando cada vez más explotar estas relaciones subnacionales entre China y los EE.UU. para influenciar la política estadounidense y avanzar los intereses geopolíticos de la PRC.”
Aunque esta vez, la propaganda del temor rojo tiene el beneficio de ser producida en los centros de pensamiento en Washington D.C., lo que le da una apariencia de legitimidad.
Un informe publicado en el 2018 por el Instituto Hoover advirtió ominosamente del alcance de la influencia política del partido comunista chino:
Las actividades influenciales de China ya van más allá de su enfoque tradicional en el frente unido de las comunidades de expatriados, expandiéndose a un rango mucho más grande de sectores en sociedades occidentales, desde centros de estudio a universidades, a los medios de comunicación, a las instituciones gubernamentales estatales, locales, y nacionales. China busca promover puntos de vista que demuestran simpatía hacia el gobierno chino, la política, la sociedad, y la cultura; reprimir puntos de vista alternativos; y cooptar actores estadounidenses clave para apoyar a la política extranjera china y sus intereses económicos…Aparte de Rusia, ninguno de los esfuerzos de otros paises por influenciar la política estadounidense son tan extensivos y bien financiados como los de China.
Yendo un paso adelante, un informe del Consejo de Relaciones Exteriores en el 2022 acusó a China de manejar una “campaña de influencia mundial”, en la cual no solo estaba intentando dirigir la política de los EE.UU. e iba a entrometerse con certeza en las elecciones de mitad de periodo en el 2022, sino que también estaba “continuando un patrón de influencia que había comenzado anteriormente en este siglo en la Cuenca del Pacífico, buscando cambiar la percepción pública en su favor y promover políticos a favor de Pekín–o a veces solo crear caos y mentiras.”
El acta de registro de agentes extranjeros
No podemos discutir el Macartismo en el siglo 21 sin detallar su arma preferida en la nueva guerra fría: el acta de registro de agentes extranjeros (FARA por sus siglas en inglés). FARA es una ley estadounidense que busca reducir ostensiblemente la influencia extranjera en la política nacional y requiere que las y los “agentes extranjeros” (aquellos quienes participan en actividades de promoción o cabildeo en nombre de una entidad extranjera) sean registrados con el Departamento de Justicia (DOJ por sus siglas en inglés), hagan públicas sus actividades periódicamente, y “cumplan con los requisitos extensivos de reportarse.” Sin embargo, la ley está escrita de una manera tan abierta y general que se presta a la interpretación y politización.
Nick Robinson, el asesor legal principal en el Centro Internacional Para La Ley Sin Fines De Lucro, escribió:
A primera vista, FARA es sorprendentemente amplia: aplica igual a las y los “agentes” de un gobierno extranjero –como Arabia Saudita– o de una persona o entidad extranjera –por ejemplo una compañía japonesa como Toyota, una organización sin fines de lucro basada en el extranjero como Amnesty International, o una organización de medios de comunicación como The Guardian. Actividades cubiertas bajo la ley incluyen intentos de influenciar la opinión pública en cualquier tema político externo o doméstico; solicitar o distribuir cualquier cosa de valor; o diseminar información oral, visual, o escrita de cualquier tipo en nombre de o en el interés de un comitente extranjero. A diferencia de una relación entre agente-principal tradicional, una relación de agencia bajo el acta no requiere “dirección” o “control” del agente por parte del principal, o siquiera el consentimiento de cualquiera de las partes. En vez, puede ser creada si alguien dentro de los EE.UU. actúa “a petición” de un principal extranjero. Por ejemplo, si una organización sin fines de lucro en Chicago organiza una reunión pública “a petición” de una organización sin fines de lucro canadience asociada para discutir la mejor manera para luchar contra la epidemia de opioides, la organización en Chicago presumiblemente tendría que registrarse como un “agente extranjero”. Al hacer la reunión pública, la organización en Chicago estaría intentando influenciar la opinión pública estadounidense sobre un asunto de política doméstica “a petición” de un principal extranjero–la organización Canadience.
Basado en esta definición extremadamente amplia, cualquier organización o persona puede ser acusada bajo FARA por lo que el DOJ llama “participando en ‘actividades políticas’ a nombre de un principal extranjero.”
“Osea, ‘actividades políticas’ incluyen no solo el cabildeo de los funcionarios del gobierno, sino, presumiblemente, cubre casi cualquier esfuerzo de promoción que involucra al público,” continuó Robinson. “También aparentemente incluye gran parte de la cobertura que realizan las y los periodistas, pues “influyen” en la opinión pública estadounidense en temas políticos, aún si es solo a través de reportajes factuales para crear un debate más informado.”
FARA ha sido usado de esa manera exactamente. A medida que las tensiones con China aumentaban en el 2018, el DOJ invocó FARA para obligar que los nuevos medios de comunicación del Estado chino como la Agencia de Noticias Xinhua y el Canal de Televisión Mundial de China (CGTN por sus siglas en inglés) se registraran como “agentes extranjeros”. Esta acción de parte de la clase dominante efectivamente designó a las y los difusores de noticias chinos como “propaganda” poco fiable que promueve los intereses de una entidad extranjera. Al mismo tiempo, se nombraba a fuentes belicistas como The New York Times y The Washington Post –que son controlados por sus dueños corporativos– como los proveedores del periodismo fiable y objetivo. Además, otras agencias de noticias extranjeras de países que son aliados de los EE.UU. y siguen el consenso de Washington, como The Guardian y la BBC, no están requeridos a registrarse bajo FARA.
FARA fue creado en 1938 bajo recomendación del Comité Especial Sobre Actividades Antiamericanas, el precursor del Comité del Congreso Sobre Actividades Antiamericanas –el órgano investigador que dirigió las cazas de brujas contra supuestos simpatizantes del comunismo durante la era del Macartismo. Inicialmente la ley fue usada para perseguir a aquellos difundiendo la propaganda nazi, pero la aplicación de la ley disminuyó despues del final de la segunda guerra mundial. Las pocas acusaciones que se llevaron a cabo durante la guerra fría fueron contra comunistas –en especial, W.E.B. Dubois fue acusado bajo FARA en 1951 como un agente de la Unión Soviética por su petición contra el uso de las armas nucleares.
Desde el final de la segunda guerra mundial, FARA permaneció como una ley relativamente oscura que fue aplicada muy rara vez. Mientras que el DOJ alentaba su cumplimiento, la mayoría de los grupos de interés lo consideraban una inconveniencia burocrática que debía evitarse. Aún así, cabe señalar que en los últimos 40 años, en la rara ocasión que el acta fue aplicada, usualmente fue usada en contra de organizaciones activistas antibelicistas y progresistas como la Oficina de Informes de Palestina, el Comité de Ayuda para Irlanda del Norte, y el Comité en Solidaridad con los Pueblos de El Salvador.
Pero todo eso cambió con la investigación de Robert Mueller sobre la supuesta interferencia por parte de Rusia en las elecciones presidenciales en el 2016, lo que resultó en el enjuiciamiento del ex director de la campaña de Trump, Paul Manafort, y su director adjunto Rick Gates bajo FARA. El número de acusaciones se ha disparado desde entonces.
Entre la agravación de la guerra comercial y de las tensiones políticas con China, el gobierno de Trump comenzó a usar FARA para su propio beneficio político. Por ejemplo, en el 2018 el Comité del Congreso Sobre Recursos Naturales inició investigaciones contra cuatro organizaciones dedicadas a la defensa del medio ambiente. Una de ellas fue el Consejo Nacional de Defensa de los Recursos, que fue acusado de “apoyar a China en sus esfuerzos de manejo de percepciones” con respecto a las protecciones ambientales “en maneras que pueden ser dañinas a los EE.UU.”.
En el 2018, el DOJ anunció que comenzaría a aplicar e imponer a FARA como parte de su Iniciativa con Respecto a China–un programa iniciado para perseguir a los ciudadanos chinos viviendo en los EE.UU. por supuestas actividades de “espionaje” y el robo de propiedad intelectual.
En el 2021, el MIT Technology Review llevó a cabo un profundo análisis de todos los casos que se iniciaron con arreglo a la Iniciativa con Respecto a China, y publicó sus conclusiones. El informe deja claro que la Iniciativa con Respecto a China no es nada más que una caza de brujas Macartista, basada en la elaboración de perfiles raciales. El informe concluye que el DOJ “nunca había definido oficialmente la Iniciativa con Respecto a China, ni tampoco había explicado que es lo que provoca que un caso se vuelva parte de la iniciativa”; que la mayoría de los casos tenían poca o ninguna conección a temas que tienen que ver con la seguridad nacional; que el 90% de los que fueron acusados bajo la iniciativa eran de descendencia china; y que, durante el curso del programa, hubo cada vez menos enfoque en casos de espionaje y hacking, y más en casos de problemas con la “integridad de la investigación” –en muchos casos, las y los académicos o las y los investigadores fueron perseguidos simplemente por no haber divulgado filiaciones extranjeras en papeleo relacionado con sus fondos. De casi dos docenas de casos de FARA iniciados contra académicos, la mayoría terminaron despedidos, con muchos de los acusados acusando a las y los investigadores de faltas en su conducta.
El programa controversial de la Iniciativa Con Respecto a China terminó oficialmente en el 2022, pero FARA sigue siendo aplicada bajo el gobierno de Biden. Lo que antes era una ley oscura y raramente usada, ahora se usa con más y más frecuencia mientras el DOJ utiliza a FARA para la persecución de activistas que protestan la política externa de los EE.UU. Bajo Biden, FARA ha sido invocado en contra de activistas por la liberación negra como el Partido Socialista del Pueblo Africano por haber criticado el involucramiento de los EE.UU. en la guerra ucraniana, y contra el empleado de hotel Li Tang “Henry” Liang, quien es chino y estadounidense,” por promover las relaciones pacíficas entre los EE.UU. y China.
“Comisarías de policía secretas”
Mientras el gobierno de Biden sigue con la política del contenimiento y el cerco militar de China en el extranjero, el DOJ está usando FARA para perseguir a las llamadas “comisarías de policía secretas” dentro de los EE.UU. En Nueva York este mismo año, las autoridades del FBI arrestaron a “Harry” Lu Jianwang y a Chen Jinping, dos líderes de la asociación “American Changle” (ACA por sus siglas en inglés), por no haberse registrado como agentes extranjeros. La ACA es una organización que opera en el Chinatown de Manhattan, y ayuda a las y los inmigrantes de la región de Changle, Fujian en China. Las autoridades los acusaron de haber instalado una “comisaría de policía secreta” en su oficina de ACA en Chinatown, la cual, ellos alegaron, opera como satélite del gobierno chino para vigilar y acosar a disidentes viviendo en el extranjero.
El caso en Nueva York es solo una parte de una mayor represión de lo que los medios llaman “las comisarías de policía secretas” alrededor del mundo. Dos centros chinos en Quebec–el Service à la Famille Chinoise du Grand Montréal y el Centre Sino-Quebec de la Rive-Sud–fueron acusados por las autoridades canadienses de ser comisarías extranjeras. Aunque el Ministro de Seguridad Pública anunció que habían cerrado, representantes de los dos centros dijeron que nunca los habían contactado las autoridades ni la policía, y que, de hecho, seguían abiertos al público. Pero el circo mediático ya había causado daños, y los dos centros perdieron donantes por culpa de su delirio.
Estos centros en realidad son estaciones de servicios policiales en el extranjero, y son muy comunes en lugares donde hay altas concentraciones de inmigrantes chinos. Sirven una función parecida a la de un consulado. Las estaciones consisten en una sala de videoconferencias y son establecidas en conjunción con gobiernos municipales en China para ayudar a las y los inmigrantes a llenar papeleo y renovar licencias de conducir a distancia. Las estaciones no son secretas, dado que promueven sus servicios a las y los miembros de la comunidad, y no tienen a policías en su personal ni presente en los centros.
Todas estas acusaciones de “comisarías de policía secretas” están basadas en un informe de Safeguard Defenders del 2022, que dice que existen más de 100 de estos centros alrededor del mundo. Según la ONG, estas comisarías de policía se usan para vigilar a las y los ciudadanos chinos en el extranjero que han sido acusados de crímenes en China y presionarlos para que regresen a enfrentar juicio.
Según Jeremy Daum, un investigador del Centro de China Paul Tsai en la escuela de leyes de Yale, quien analiza el informe y revisó sus fuentes de información en idioma chino, el artículo está lleno de errores factuales, contextuales, y de traducción –y también demuestra una falta de comprensión de cómo funciona el gobierno chino. Por ejemplo, las estaciones de servicios en el extranjero no las establecen las autoridades centrales del gobierno chino, como implica el informe. Las establecen los gobiernos locales de las provincias, como los condados Fuzhou, Anxi, y Qingtian. No son un programa definido y requerido por las autoridades centrales, ni son una política nacional –esto sería el equivalente de crear una iniciativa al nivel de los condados aquí en los EE.UU. con una al nivel del gobierno federal. Y mientras el gobierno chino si tiene una política nacional de perseguir a los fugitivos en el extranjero para enfrentar juicio (lo cual en sí no es raro, los EE.UU. hacen lo mismo y tienen tratados de extradición con más de 100 países), todo ese trabajo policial ocurre en China. No hay conexión ni coordinación entre ese trabajo investigativo y los centros de servicios en el extranjero.
Según Daum, una fuente citada en el informe hasta contradecía directamente las mismas afirmaciones de los autores, diciendo, “Estas medidas no las requieren las autoridades centrales, y ni siquiera son las ideas de la provincia, sino son “medidas que fueron ideas a nivel básico para avanzar el trabajo.”
Cuando las críticas de Daum se enviaron a Safeguard Defenders, la ONG publicó una nueva versión del informe, corrigiendo algunos de los errores señalados, y después otra versión respondiendo a más problemas. Sin embargo, Daum dice que persisten errores parecidos, y sigue sin estar convencido de las conclusiones del informe que China ha comenzado una campaña policial internacional secreta. A pesar de la publicación de estas nuevas versiones, deberíamos de ser muy cuidadosos de confiar en las conclusiones generales dado los considerables errores que existieron desde el principio, y la manipulación contextual y el descuido de la traducción para encajar en la agenda de los autores.
El rechazo de visas estudiantiles
En el 2020, Trump emitió un decreto ejecutivo cancelando las visas de miles de estudiantes doctorales e investigadores chinos quienes estaban conectados con universidades afiliadas con el Ejército Popular de Liberación (PLA por sus siglas en inglés). Biden ha continuado esta regla, negándo visas a estudiantes por las universidades chinas a las que asisten. Según el decreto, se puede negar visas de estudios e investigación a las y los estudiantes chinos si es que reciben “fondos de parte de, o son empleados de, estudian en, o investigan en o en nombre de, o han sido empleados de, estudiado en, o hecho investigación en o en nombre de, una entidad en el PRC que implementa o apoya la “estrategía de mezcla militar-civil” del PRC.
“Para situar la proclamación en perspectiva”, dijo Stuart Anderson en Forbes, “si algún país tiene una regla parecida, podría negar las visas a las y los estadounidenses que estudiaron en las universidades estadounidenses que “apoyan” una estrategia o acciones que el gobierno extranjero considera objetable o que ha recibido fondos del Departamento de Defensa (DOD por sus siglas en inglés) estadounidense.
Claro, mientras hay cientos de universidades en los EE.UU. que reciben fondos del DOD, las y los estudiantes que asisten a esas escuelas no están automáticamente afiliadas con el ejército estadounidense. Ni tampoco apoyan todos los estudiantes los puntos de vista ni las acciones de sus universidades.
Y cómo es que el gobierno estadounidense determina cuáles universidades chinas poner en la lista negra? La fuente principal en la que dependen estas denegaciones de visas es el China Defence Universities Tracker, que es una base de datos digital que determina el nivel de riesgo de cada escuela china con una escala de “bajo” a “muy alto”. La base de datos es una creación del Instituto de Política Estratégica Australiana (ASPI por sus siglas en inglés), un centro de pensamiento basado en Canberra y que fue uno de los promocionantes principales del mito del “genocidio de los uigures” hace unos años. En un informe del 2018, ASPI acusó a estudiantes en universidades afiliadas con PLA de haber infiltrado universidades de los Cinco Ojos para desarrollar las capacidades militares de China, a pesar de que las y los representantes de algunas universidades anfitrionas dijeron que había poca evidencia para sugerirlo fuera de “inferencias oscuras”.
Según el informe de ASPI del año 2011-2022, el centro de pensamiento recibió más de un millón de dólares del Departamento de Estado, además de cientos de miles de dólares de contratistas militares como Boeing Australia y Lockheed Martin. Dadas sus fuentes de financiamiento, ASPI ha sido uno de los que más frecuente y agresivamente repiten la propaganda de la guerra fría contra China en los últimos años.
China no es el enemigo
Queda claro que esta nueva era del Macartismo depende de interpretaciones amplias y la aplicación selectiva de medidas legales actuales como FARA, y de la caracterización racial en general, de tácticas de culpabilidad por asociación, y de imponer una interpretación maliciosa a circunstancias bastante inocuas.
Pero las cazas de brujas anticomunistas no son más que una trampa. Los capitalistas están lanzando una gran ofensiva contra la clase trabajadora, mientras se disparan las rentas en todo el país, aumenta el número de personas sin hogar, sigue subiendo la inflación, y las personas siguen batallando para poder cubrir sus necesidades básicas. Ellos prefieren gastar enormes cantidades de dinero en el ejército, preparándose para un conflicto con China en vez de solucionar cualquiera de estas crisis económicas y sociales que cada vez están peor. Para poder salirse con la suya, deben demonizar a las personas chinas viviendo en los EE.UU. y a China en el extranjero, convenciendo a la población de los EE.UU. que deberían sentir miedo y paranoia. Deberíamos de seguir inquebrantables y mostrar lucidez en la sabiduría de quien es nuestro verdadero enemigo –la clase capitalista.
