El 10 de enero, la Corte Suprema escuchó argumentos en el caso de Glacier Northwest v. Teamsters 174, que le puede dar un duro golpe al derecho de huelga de los/las trabajadores(as). El fracaso de la empresa de materiales de construcción Glacier Northwest en 2017 para alcanzar un acuerdo tentativo antes de la expiración del contrato anterior llevó a los conductores de camiones de cemento representados por Teamsters 174 a huelga. La compañía alega que la huelga causó daños materiales intencionados cuando se echó a perder el cemento.
La corte ha indicado que se solidariza con los argumentos de los empresarios, cuyas implicaciones suponen un ataque frontal al movimiento obrero y al derecho de huelga de los/las trabajadores(as). También refleja el programa de la corte de extrema derecha para sofocar o eliminar los derechos democráticos de los/las trabajadores/as.
Demandas por perjuicios económicos
Una decisión a favor de Glacier Northwest puede obligar al sindicato a asumir los gastos que anteriormente eran considerados accesorios de la actividad sindical protegida. Glacier Northwest no sólo cita el cemento echado a perder como daños materiales intencionados, sino también resaltan la pérdida de 100.000 dólares en labor contratada para el día siguiente al inicio de la huelga.
Usando esta definición tan amplia de daños materiales intencionados significa que los/las trabajadores/as escolares podrían ser demandados por comida en mal estado en la cafetería, o que las/los enfermeras/os podrían ser demandadas simplemente porque las cirugías lucrativas tuvieron que ser reprogramadas por la duración de la huelga.
Además, los argumentos se centraron en gran medida en la “intención” de causar la destrucción de la propiedad basado en el horario de la huelga. Si la Corte Suprema adopta esta definición de intención, los sindicatos tendrán que programar sus huelgas para garantizar que no se produzcan daños materiales o económicos, lo que restringirá gravemente el arma más poderosa de que disponen los/las trabajadores/as.
Destripando el caso San Diego Trade Councils v. Garmon
Uno de los precedentes en juego en el caso fue el dictado por la Corte Suprema en 1959, que garantizaba que los litigios “presuntamente” relacionados con las actividades legalmente protegidas de los/las trabajadores/as recibieran una resolución ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales (National Labor Relations Board o NLRB en inglés) antes de que se emprendieran acciones legales bajo la legislación estatal. En aquel entonces, la opinión de la corte sostenía que la ley estatal y la corte debían “ceder ante la competencia primaria exclusiva” de la NLRB. En este caso más reciente, no sólo los Teamsters realizaban una actividad protegida, sino que la NLRB definió las acciones de Glacier Northwest como una práctica laboral desleal en una denuncia emitida por la junta.
Sin Garmon, la Corte Suprema podría crear una “temporada de caza” para los sindicatos a instancias de la legislación estatal. Cualquier acción de los miembros del sindicato que a los ojos del equipo jurídico de la empresa se perciba como una violación de la ley estatal, podría convertirse en una demanda inmediata sin necesidad de que la NLRB se pronuncie. Los sindicatos se verán obligados a pensar detenidamente en las implicaciones de la actividad huelguística y en si incurrirá en gastos legales insuperables y en sentencias judiciales retrógradas adicionales en lugar de conseguir concesiones muy necesarias para los/las trabajadores/as.
La Corte Suprema ha emitido otras decisiones antiobreras en los últimos años. En la decisión Janus de 2018, la corte asestó un duro golpe a las finanzas de los sindicatos del sector público al eliminar su capacidad de cobrar cuotas justas de representación sindical. La corte definió estas cuotas, que cubren los gastos mínimos de funcionamiento de un sindicato y no se utilizan con fines políticos, como “discurso obligado”.
Del mismo modo, la decisión de Cedar Point en 2021 sentó un precedente que limita el acceso de los sindicatos a los lugares de trabajo al prohibir a los/los organizadores/as de los/las trabajadores/as agrícolas entrar en la propiedad agrícola con el fin de reunirse con los trabajadores. El caso Cedar Point es particularmente peligroso porque abre la oportunidad de erosionar aún más el acceso de los sindicatos a las empresas privadas. Esto limita enormemente la capacidad de los sindicatos para representar eficazmente a sus miembros, tener reuniones, elecciones, etc.
¿Por qué ahora?
Los/las trabajadores/as de hoy defienden cada vez más sus derechos en el lugar de trabajo. En 2022 hubo más de 1.200 elecciones sindicales y los sindicatos ganaron en el 72% de ellas, lo que representa un aumento del 50% en las elecciones y del 11% en el porcentaje de victorias en comparación con 2021. En Starbucks, cuatro de cada cinco elecciones sindicales resultaron en la victoria de Starbucks Workers United.
Las huelgas también han aumentado en 2022, ya que los trabajadores iniciaron 314 huelgas, lo que representa un aumento del 91% desde 2021. Una gran parte de estas huelgas se produjeron en los sectores minorista, educativo, sanitario o manufacturero. Se trata del mayor aumento anual de la actividad huelguística en décadas, tras varios años de aumentos similares.
Además, la conciencia de los/las trabajadores/as sobre la necesidad de los sindicatos y el apoyo a los mismos ha crecido hasta los niveles más altos desde principios de los años setenta. Según Gallup, 1 de cada 6 personas en Estados Unidos vive actualmente en un hogar donde al menos alguien está afiliado a un sindicato y el 71% de todas las personas encuestadas indicaron que apoyan a los sindicatos. Si los sindicatos crecieran en un número tan considerable, reducirían drásticamente los beneficios de las grandes empresas.
Los sindicatos tienen la capacidad de desempeñar un papel importante en la lucha por defender los derechos democráticos básicos en Estados Unidos del asalto del la Corte Suprema. Los miembros de los sindicatos se ven directamente afectados cuando se les arrebata el derecho al voto, al aborto, a la educación, a la igualdad matrimonial, al aire limpio y a muchos otros.
Los sindicatos son centros de lucha y solidaridad cuyos miembros tienen la capacidad de perturbar la actividad empresarial habitual mediante la retención de su trabajo. La Corte Suprema quiere cerrarlos, pero la lucha por la dignidad en el trabajo continuará sean cuales sean los obstáculos que se pongan en el camino.
