La toma de Washington, D.C. por parte de Trump es su más reciente paso hacia la imposición de un Estado policial en el que se destrozan las libertades civiles y se le da carta blanca a la policía para llevar a cabo violencia racista. En una conferencia de prensa, a la que asistieron secretarios de gabinete así como los jefes del Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI) y la Agencia Antidrogas (Drug Enforcement Administration, DEA), Trump anunció que pondría a la fiscal general Pam Bondi al mando directo de la policía de DC. Las operaciones diarias estarán dirigidas por el jefe de la DEA, y tropas de la Guardia Nacional y agentes del FBI serán movilizados para patrullar las calles.
Trump justificó su intervención recurriendo a una retórica racista extrema diseñada para demonizar a la juventud negra. Habló de míticas “hordas itinerantes de jóvenes salvajes” y “caravanas de jóvenes enmascarados arrasando por las calles”. En realidad, el crimen está disminuyendo de forma significativa en DC y en muchas otras ciudades del país, parte de una tendencia nacional observable desde hace al menos dos años. La administración Trump está construyendo una realidad falsa usando los silbatos racistas más evidentes para justificar la expansión de los poderes policiales y de su propio poder.
Trump se excedió en sus amenazas de violencia brutal. Animó a la policía a “partirles la cara porque ese es el único lenguaje que entienden”. Y dijo que ahora los policías “pueden hacer lo que les dé la gana”. Trump también insinuó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (United States Immigration and Customs Enforcement, ICE) intensificaría las redadas de deportación en DC como parte de la toma.
En una de sus amenazas más chocantes, Trump amenazó con demoler los vecindarios donde, según él, viven los supuestos criminales: “Vamos a deshacernos de los barrios bajos donde viven”. La población negra ha sido expulsada sistemáticamente del Distrito en un proceso de gentrificación que ya lleva dos décadas. Esto parece ser una amenaza directa del presidente en funciones de desmantelar algunos de los pocos barrios negros que aún quedan en la ciudad.
El pueblo de DC ha luchado durante mucho tiempo por derechos democráticos básicos y representación. De 1874 a 1973, el Distrito fue gobernado directamente por el Congreso, y sus residentes no tenían derecho a elegir un gobierno local ni a controlar sus propios asuntos municipales. Hasta 2010, Washington, D.C. era una ciudad de mayoría negra, y la idea de que un electorado mayoritariamente negro eligiera a la dirigencia de la capital era inaceptable para los políticos racistas que dirigían el gobierno federal. Como parte de la revolución por los derechos civiles que derrotó al Jim Crow, los residentes de DC lucharon por y ganaron la Ley de Autonomía de 1973 (Home Rule Act), que permitió la elección de un alcalde y un concejo municipal.
Sin embargo, dicha ley todavía otorgaba al Congreso el derecho de vetar la legislación aprobada por el gobierno local, y confería ciertos poderes de emergencia al presidente. Los residentes de DC nunca han tenido permitido elegir representantes con derecho a voto en la Cámara de Representantes o en el Senado, a pesar de tener una población mayor que la de Vermont o Wyoming.
Pero incluso bajo la Ley de Autonomía, Trump no tiene autoridad legal para llevar a cabo esta toma. El Fondo de Justicia Civil (Partnership for Civil Justice Fund), un bufete de derechos civiles con sede en DC, explicó en un comunicado: “La toma federal del Departamento de Policía del Distrito de Columbia es un abuso ilegal de la autoridad federal, fuera de las condiciones requeridas para invocar la Sección 740 de la Ley de Autonomía o para el despliegue de la Guardia Nacional… No existen circunstancias de emergencia en el Distrito de Columbia que justifiquen la toma del departamento de policía del Distrito ni la militarización de sus calles”.
La represión policial y militar que Trump promete en DC sienta un precedente peligroso para todo el país. Cuando un periodista le preguntó si soldados y agentes federales serían usados para ocupar otras ciudades, Trump respondió: “ya veremos qué pasa”. Las fuerzas desplegadas en las calles de DC —y posiblemente en otros lugares— sentirán claramente que tienen un mandato para violar los derechos constitucionales de la población contra registros e incautaciones arbitrarias, y para llevar a cabo actos de violencia impune. Todo el país tiene un interés en detener esta ofensiva de Estado policial en DC.
Mientras los funcionarios del gobierno de Trump celebraban su conferencia de prensa, una enorme multitud de residentes de DC se reunió frente a la Casa Blanca para protestar contra este ataque a la democracia y a los derechos civiles. Esta lucha seguramente continuará a medida que policías y tropas sean movilizados para ocupar las calles. Detener esta represión es de importancia central para todo el movimiento que busca frenar la agenda multimillonaria de Trump.
