La acusación anunciada contra Raúl Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana y expresidente de la República de Cuba, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos es un acto descarado de injusticia y un pretexto transparente para intensificar la agresión contra una nación soberana. Esta acusación no es un acto de justicia; es otra provocación diseñada para fabricar consentimiento para otra guerra por parte de la administración Trump.
La acusación de Estados Unidos contra Raúl Castro no tiene ninguna base legal y se apoya en una distorsión fundamental: que Cuba no tenía derecho a defender su integridad territorial frente a grupos terroristas radicados en Estados Unidos como “Hermanos al Rescate”. Esto es falso. Bajo el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y de conformidad con el derecho internacional, todo Estado soberano posee el derecho inherente a defender su territorio, incluido su espacio aéreo nacional, frente a incursiones ilegales. El derribo en 1996 de las aeronaves de Hermanos al Rescate ocurrió solo después de que Cuba agotara todos los canales diplomáticos con el gobierno de Estados Unidos y únicamente en respuesta a violaciones reiteradas, deliberadas y documentadas de la soberanía cubana.
Contrario a la narrativa promovida por la administración Trump, Cuba no actuó de manera precipitada. Entre 1994 y febrero de 1996, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba y las autoridades cubanas de aviación civil registraron y documentaron más de 25 violaciones graves, deliberadas y sistemáticas del espacio aéreo cubano por parte de aeronaves asociadas con Hermanos al Rescate.
Cada una de estas violaciones territoriales fue denunciada formalmente por escrito. Cuba notificó oficialmente a las autoridades estadounidenses correspondientes, al Departamento de Estado de Estados Unidos, a la Administración Federal de Aviación (FAA) y a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), todas las cuales tenían tanto la autoridad legal como la obligación vinculante, bajo el derecho internacional, de detener estos vuelos ilegales. Se negaron a hacerlo.
Los archivos desclasificados del National Security Archive, publicados el 19 de mayo de 2026, revelan que altos funcionarios estadounidenses sabían que las violaciones del espacio aéreo cubano llevarían al desastre. Un correo electrónico de la FAA del 22 de enero de 1996, un mes antes del derribo, advertía explícitamente del “peor escenario posible”: que “uno de estos días los cubanos derribarán uno de estos aviones”. El mismo documento reconoce que funcionarios del Departamento de Estado entendían que los sobrevuelos solo podían “verse como una provocación adicional al gobierno cubano”.
Richard Nuccio, encargado de la Casa Blanca para Cuba, advirtió al entonces asesor de Seguridad Nacional Sandy Berger la noche del 23 de febrero de 1996 que “las tensiones son lo suficientemente altas dentro de Cuba… como para que temamos que esto finalmente incline a los cubanos a intentar derribar o forzar el aterrizaje del avión”. La FAA rechazó la solicitud de Nuccio de dejar en tierra esos vuelos. Estados Unidos tenía una advertencia clara, autoridad clara para actuar y una obligación legal clara, y eligió la inacción.
El momento en que se presenta esta acusación revela su verdadero propósito. Llega como parte de una campaña de escalada de la administración Trump compuesta por amenazas, ultimátums y preparativos para una guerra no provocada contra Cuba. La administración ya ha impuesto sanciones económicas drásticas, bloqueado envíos de petróleo, designado a Cuba como “Estado patrocinador del terrorismo” y amenazado con desplegar activos navales a menos de 100 yardas de las costas cubanas.
Una guerra así debe ser rechazada y detenida antes de que comience. El pueblo de Estados Unidos, las instituciones internacionales y todas las personas que respetan el derecho internacional deben rechazar esta acusación como el instrumento político que es. Acusar a un exjefe de Estado de 94 años por un acto de defensa territorial ocurrido hace treinta años, después de que Cuba agotara todos los canales diplomáticos, no es justicia.
Raúl Castro actuó dentro de sus derechos soberanos y de una manera coherente con las obligaciones de Cuba bajo el derecho internacional. El gobierno de Estados Unidos, no Cuba, carga con la responsabilidad de no haber detenido vuelos que sus propios funcionarios sabían que conducirían a una tragedia.
El pueblo de este país no quiere otra guerra. Trump ya ha arrastrado al mundo al caos económico, la muerte y la destrucción con su guerra de agresión no provocada contra Irán, que la clara mayoría del pueblo de Estados Unidos quiere terminar de inmediato. Sería un escándalo que ahora diera media vuelta y lanzara otra guerra no provocada, esta vez contra Cuba. Esta acusación debe ser retirada, y la campaña guerrerista de la administración Trump contra Cuba debe terminar de inmediato.
