La administración Trump está usando al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) para librar una guerra brutal y racista contra la clase trabajadora, pero los medios dominantes están desesperados por echarle la culpa del actual asedio asesino del ICE exclusivamente a Donald Trump — desde “How Trump’s ICE Became an Agency in Crisis” (Cómo el ICE de Trump se convirtió en una agencia en crisis) en TIME Magazine hasta “Minnesota drags Trump’s ICE to court in effort to pause immigration crackdown” (Minnesota lleva al ICE de Trump a los tribunales en un intento de frenar la represión migratoria) en Fox News —. Según esta lectura, la culpa de los asesinatos, los niños secuestrados y las detenciones y deportaciones masivas es “del ICE de Trump”.
Pero la historia del ICE muestra que Trump y la ultraderecha no construyeron al ICE ni esta arquitectura de deportación de la noche a la mañana; más bien se la entregaron en bandeja, como un producto bipartidista del aumento de la vigilancia racista y la criminalización después de los ataques del 11 de septiembre.
Los orígenes del ICE en la “guerra contra el terror”
El ICE se estableció el 1 de marzo de 2003 como parte de la creación del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS) por parte de la administración Bush. Antes de la creación del ICE, el Servicio de Inmigración y Naturalización (Immigration and Nationality Service, INS) manejaba todos los asuntos migratorios en Estados Unidos. Ahora, el ICE funciona como una rama separada de la red migratoria del gobierno federal, encargada específicamente de tratar la inmigración como si fuera un delito.
Esa arquitectura fue mantenida y ampliada por políticos demócratas, incluidos los presidentes Barack Obama y Joe Biden, y ha permitido la militarización y la invasión de nuestras comunidades que vemos hoy. Una vez más, le toca al movimiento de la clase trabajadora — y no a los demócratas — levantar una verdadera lucha contra esta agenda racista.
La creación de estas agencias y programas convirtió la inmigración en una cuestión de “seguridad nacional”. Para 2006, el ICE y otras agencias centradas en la deportación tenían un presupuesto de 12.5 mil millones de dólares — el triple del dinero que recibió el antiguo INS, que se ocupaba de todos los aspectos de la inmigración, incluida la emisión de visas, en su último año antes de ser disuelto.
Colocar al ICE dentro del marco de la seguridad nacional ayudó a normalizar el trato de la inmigración como un asunto criminal — algo que la ultraderecha ha aprovechado para presentar falsamente a las personas inmigrantes, así como a quienes se solidarizan con ellas, como delincuentes y “terroristas domésticos”, tal como el Estado intentó alegar tras el asesinato de Renee Good en Minneapolis.
El ICE no podría existir sin la Ley Patriota
A las pocas semanas de los ataques del 11 de septiembre, el Congreso aprobó la Ley USA PATRIOT (USA PATRIOT Act), que otorgó facultades de vigilancia amplísimas a las agencias federales. Esos poderes se usaron de inmediato para vigilar y hostigar colectivamente a musulmanes y a instituciones religiosas y benéficas islámicas. La Ley Patriota también permitió la detención indefinida de no ciudadanos que el fiscal general considerara “amenazas a la seguridad nacional”. Esto aportó la base legal para negar incluso los derechos civiles más básicos a personas recluidas en detención migratoria.
Regulaciones introducidas por el fiscal general John Ashcroft también normalizaron la detención indefinida y arbitraria de inmigrantes. Los precursores del ICE empezaron a retener inmigrantes por violaciones técnicas, como la falta de una firma en un formulario o documentación presentada de manera incorrecta, a una tasa mucho mayor que antes — algo que hoy es una práctica común del ICE. Jueces de inmigración también mantuvieron detenidas a algunas personas a solicitud del Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI) en audiencias que a menudo eran secretas y a puerta cerrada, socavando nuevamente el debido proceso de quienes estaban bajo detención.
Las amplias facultades de vigilancia que otorgó la Ley Patriota ayudaron a construir al ICE en sus primeros años. Bajo esa ley, el FBI quedó obligado a compartir sus datos con el INS, que luego se transformó en el ICE y en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection, CBP).
El intercambio de datos facilitó que el INS — y después el ICE — apuntara contra personas inmigrantes. Antes de la Ley Patriota, el INS dependía de policías locales, que muchas veces no tenían información amplia sobre asuntos migratorios. Bajo la Ley Patriota, el INS obtuvo un directorio integrado de personas que podía cruzar con sus propias listas. Con esos datos, el INS creó listas objetivo de inmigrantes con órdenes de deportación y luego subió su lista a la base de datos del FBI — es decir, que toda policía tuvo acceso a la lista de personas a quienes el INS estaba persiguiendo.
La Ley Patriota también creó un programa para recolectar datos biométricos — características físicas únicas, como huellas dactilares o escaneos faciales usados para identificación — de todas las personas no ciudadanas que ingresan a Estados Unidos por puertos de entrada, como aeropuertos o puestos fronterizos. Por las disposiciones de intercambio de datos mencionadas, esto significa que esos datos también pasaron a estar disponibles para la policía.
287(g): colaboración del ICE con la policía local
El acceso a estos datos migratorios no convirtió automáticamente a la policía local en agentes del ICE. Los arrestos por inmigración seguían bajo la autoridad del ICE y sus agentes, y la policía local no estaba autorizada a realizar ese tipo de detenciones. Para sortearlo, en sus primeros años el ICE comenzó a asociarse con policías locales y estatales a través del programa 287(g), que le permitió, en los hechos, “juramentar” a policías locales para realizar interrogatorios y detenciones vinculadas a inmigración.
El programa 287(g), que se convirtió en ley como parte de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996 (Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act of 1996, IIRIRA) bajo la administración Clinton, permite que la policía cumpla funciones específicas en lugar de agentes migratorios. Esto significa que la policía — una institución racista que criminaliza de manera sistemática e intencional a comunidades de clase trabajadora, especialmente a comunidades negras de clase trabajadora — quedó encargada de tareas de aplicación de leyes migratorias.
En la mayoría de los casos, las policías que decidían colaborar con el ICE podían examinar, mediante los datos del ICE, a personas arrestadas por asuntos no relacionados con inmigración y emitir órdenes de retención. En otros casos, se permitió que la policía preguntara a personas con las que interactuaba sobre su estatus migratorio en situaciones como paradas de tránsito — una invasión aún mayor de los derechos al debido proceso.
Una orden de retención es una solicitud del ICE a la policía local o a una cárcel local para que notifique a la agencia cuando libere a alguien que está en su lista objetivo, o para que continúe reteniendo a esa persona hasta que pueda ser transferida a custodia del ICE. Esto tiene claros ecos de cómo la Ley Patriota normalizó mantener detenidos indefinidamente a no ciudadanos e inmigrantes, siempre y cuando el FBI expresara interés en que siguieran detenidos.
Para 2011, 72 agencias policiales locales en todo el país tenían acuerdos 287(g) con el ICE.
Barack Obama: el “deportador en jefe”
Las consecuencias del acceso del ICE a los datos del FBI se multiplicaron de manera exponencial en 2008 con la introducción del programa Comunidades Seguras (Secure Communities), un sistema de intercambio de datos entre el ICE y policías locales y estatales, creado en los últimos días de la administración de George W. Bush.
El programa funciona enviando las huellas dactilares de toda persona — incluidas personas ciudadanas — arrestada e ingresada en cárceles locales no solo a las bases de datos del FBI, a las que el ICE tiene acceso, sino también para ser cotejadas con las propias bases de datos migratorias del ICE. Esto le permite al ICE identificar más fácilmente a quienes busca deportar. Una vez que el ICE identifica a un objetivo de deportación al cruzar estas bases de datos, emite una orden de retención contra esa persona.
Comunidades Seguras fue posible gracias a las leyes y regulaciones de vigilancia y criminalización derivadas de la Ley Patriota, y potenció el uso de órdenes de retención al volver más fácil y rápido apuntar y deportar a no ciudadanos que el ICE tenía en la mira. En vez de depender de policías dentro del programa 287(g) para revisar la lista objetivo del ICE, Comunidades Seguras automatizó ese filtro y concentró el poder en manos del ICE para pedir que alguien siguiera detenido. Esto también amplió el alcance del ICE, pasando del mosaico de acuerdos 287(g) a una cobertura mucho más amplia en todo el país.
El programa de vigilancia del ICE se volvió obligatorio para todas las policías estatales y locales poco más de un año después del inicio de la administración Obama. Para 2011, 1,595 cárceles locales y estatales ya estaban inscritas, con planes de implementarlo eventualmente en todas las cárceles estatales y locales, y se habían recolectado más de 11 millones de registros de huellas dactilares.
El presidente Barack Obama se ganó el apodo de “deportador en jefe” al dirigir al ICE para deportar a casi tres millones de personas durante su administración. Al inicio, su gobierno impulsó una expansión de Comunidades Seguras como alternativa al programa 287(g), tras crecientes preocupaciones por el perfilamiento racial.
Sin embargo, sabemos que ambos programas se basan en el mismo modelo de “crimmigration” — la criminalización de la inmigración — que prioriza las deportaciones, y eso se evidenció a medida que el programa se expandía. Además, el programa no atendió las preocupaciones sobre perfilamiento racial, porque seguía dependiendo de la institución racista del policiamiento para entregar datos de arrestos — dejando abierta la puerta a arrestos falsos con el fin de revisar el estatus migratorio de alguien.
Los demócratas le entregaron un ICE ampliado a la ultraderecha
Tras la indignación política en torno a Comunidades Seguras, Obama intentó calmar las preocupaciones diciendo que su administración priorizaba la deportación de “criminales”. Pero eso no podía estar más lejos de la realidad: para 2016, más del 80% de las personas deportadas por la administración Obama no tenían condena penal o habían sido condenadas por delitos no violentos, según un informe publicado por The Marshall Project.
La administración Obama terminó formalmente el programa en 2014 y lo reemplazó con el Programa de Aplicación Prioritaria (Priority Enforcement Program, PEP), que mantuvo gran parte de la infraestructura de vigilancia de Comunidades Seguras e hizo poco para frenar la persecución del ICE contra personas arrestadas por la policía — incluso cuando no había delito alguno. Este nuevo programa mantuvo vivo el corazón del intercambio de información policial con el ICE.
La negativa de Obama a desmantelar la red de vigilancia en la que se construyó Comunidades Seguras permitió, en última instancia, que Donald Trump reiniciara el programa al comenzar su primer mandato. Y aunque Obama “redujo” el programa 287(g), su fracaso en abolirlo y en quitarle a la policía el poder de perfilar racialmente a personas en asuntos migratorios llevó a una rápida expansión: 150 acuerdos en todo el país para el final del primer mandato de Trump.
El reforzamiento de la máquina de deportación masiva bajo Trump demostró lo inútil que es hacer ajustes marginales. La administración Biden hizo lo mismo: no acabó con Comunidades Seguras y mantuvo la red de vigilancia. A pesar de llamados para terminar los acuerdos 287(g), Biden mantuvo dentro del programa a cuerpos policiales con historiales documentados de perfilamiento racial y abusos antiinmigrantes.
Biden también dejó el 287(g) prácticamente intacto, lo que le permitió a la segunda administración Trump expandir rápidamente esos acuerdos a más de 1,000 en todo el país durante el primer año de su segundo mandato. Además, el uso por parte de Biden del Título 42 (Title 42) — utilizado para deportar rápidamente a personas detenidas tras cruzar la frontera sur de Estados Unidos, supuestamente para frenar la propagación del COVID-19 — y otras políticas que aceleraron procesos de deportación para ciertos inmigrantes sentaron las bases para la privación total del debido proceso. Junto con Comunidades Seguras y el 287(g), esta tormenta perfecta de políticas dejó a la administración Trump bien posicionada para ejecutar su agenda racista de deportación masiva.
¡El poder del pueblo puede frenar el terror del ICE!
Disposiciones clave de la Ley Patriota y programas centrales de deportación mantenidos por las administraciones Obama y Biden están alimentando la invasión de nuestras comunidades por agentes del ICE y otras policías federales, así como el secuestro de nuestros vecinos. Los políticos demócratas se negaron repetidamente a mover un dedo para abolir estas redes de vigilancia y terminar con el trato de la inmigración como una amenaza a la seguridad.
Pero eso no significa que todo esté perdido. Desde la huelga general original del “Día sin inmigrantes” en 2006, que frenó un proyecto de ley que habría criminalizado aún más la inmigración, hasta el movimiento de Ciudades Santuario, que logró reformas cruciales para proteger a personas inmigrantes de la máquina de deportación en todo el país, la lección es clara: cuando la gente trabajadora lucha, podemos ganar.
