Linda McMahon, secretaria de Educación designada por Trump, visita una escuela chárter en Florida. Crédito: Flickr/DepartmentofEd (CC BY 2.0)
Nota de redacción: El 18 de marzo, el gobierno de Trump anunció su plan de seguir desmantelando el Departamento de Educación de los Estados Unidos (United States Department of Education, DOE). Los programas del DOE para la educación básica y media (K-12) y la educación postsecundaria pasarán al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (United States Department of Labor). Un programa de subvenciones para cuidado infantil para estudiantes universitarios y la acreditación de facultades de medicina extranjeras se trasladarán al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (United States Department of Health and Human Services, HHS); los programas Fulbright y las subvenciones para educación internacional pasarán al Departamento de Estado de los Estados Unidos (United States Department of State), y el Departamento del Interior de los Estados Unidos (United States Department of the Interior) asumirá la Oficina de Educación Indígena (Indian Education Office). Volvemos a publicar este artículo del 20 de marzo que explica por qué esto importa.
El 20 de marzo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para desmantelar el Departamento de Educación de los Estados Unidos (DOE). En respuesta, Linda McMahon, secretaria de Educación de Trump, pidió que el programa federal de préstamos estudiantiles se traslade a la Administración de Pequeñas Empresas de los Estados Unidos (United States Small Business Administration, SBA) y que la financiación federal para estudiantes con discapacidad pase al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
En la lista de deseos de la extrema derecha conocida como Proyecto 2025 (Project 2025), el desmantelamiento del DOE era la máxima prioridad en materia de educación. Incluso antes de la orden ejecutiva, Trump despidió a la mitad del personal del DOE. La Oficina de Derechos Civiles del departamento (Office for Civil Rights), con su plantilla reducida a la mitad, ha reorientado su trabajo para centrarse en la supuesta “discriminación” contra estudiantes blancos y en oponerse a los baños de todos los géneros y a las y los atletas transgénero (ProPublica).
El DOE fue creado en 1979 por el Congreso y, legalmente, no puede simplemente desmantelarse sin que el propio Congreso actúe; la Federación Estadounidense de Maestros (American Federation of Teachers, AFT) presentó una demanda preventiva el día antes de que Trump firmara la orden, emitiendo una declaración que decía simplemente: “Nos vemos en los tribunales”. Sin embargo, los despidos y las nuevas prioridades ya han socavado gravemente la labor fundamental del departamento de proteger el acceso igualitario a la educación pública para todo el estudiantado, independientemente de su raza, género o discapacidad, y están sembrando confusión y miedo entre quienes tienen préstamos estudiantiles.
La creación del DOE fue producto de la revolución por los derechos civiles de la década de 1970. Muchas de las reformas conquistadas en esas luchas tuvieron implicaciones importantes para la educación, entre ellas:
• El fin del sistema legalizado de apartheid Jim Crow en las escuelas (caso Brown contra Junta de Educación, Brown v. Board of Education, 1954).
• El programa Head Start (1965, parte de la “Guerra contra la pobreza” – War on Poverty).
• El Título IX (Title IX), que aborda la igualdad de género en las instituciones educativas que reciben financiación federal (1972).
La Ley de Educación para Personas con Discapacidades (Individuals with Disabilities Education Act, IDEA, 1975).
La Oficina de Derechos Civiles del DOE ha desempeñado un papel fundamental en la aplicación de estas reformas, investigando y procesando violaciones y dando a las familias y comunidades una vía para enfrentar prácticas discriminatorias.
Programas del DOE que apoyan al estudiantado de clase trabajadora
• Título I (Title 1): 18,400 millones de dólares para ayudar a escuelas con un alto porcentaje de niñas y niños que viven en la pobreza.
• Educación especial: 14,200 millones de dólares para proporcionar educación a estudiantes con discapacidad.
• Título III (Title 3): recursos para que las escuelas enseñen a estudiantes que aprenden inglés (English language learners).
El desmantelamiento del DOE busca revertir estos avances progresistas de la era de los derechos civiles para eliminar cualquier obstáculo a la capacidad de la clase capitalista de obtener ganancias cada vez mayores. En la agenda de los milmillonarios está la privatización de la educación y el desvío de fondos públicos para subvencionar la matrícula en escuelas privadas para las familias acomodadas.
Solo la extrema derecha celebra estos acontecimientos. Las encuestas muestran que la mayoría de la población en Estados Unidos se opone al desmantelamiento del DOE y comprende el impacto devastador que podría tener la agenda de los milmillonarios sobre estudiantes que ya tratan de aprender en escuelas crónicamente desfinanciadas.
Este no es el momento de caer en la desesperación. El DOE ha desempeñado un papel importante en el avance de la equidad educativa al poner el poder del gobierno federal al servicio de esta causa, pero no es el único actor con poder en el terreno educativo. Los sindicatos de docentes alzan la voz y están organizando no solo a maestras y maestros, sino también a las comunidades, para luchar por las escuelas que nuestras niñas y niños merecen.
Una visión socialista de la educación
En una sociedad capitalista, luchamos y conquistamos reformas que luego pueden ser revertidas en función de los intereses de las y los patrones. En una sociedad socialista, la educación —desde prekínder hasta los estudios de posgrado— sería un derecho para todas las personas.
Reorganizar la economía para satisfacer las necesidades humanas, mediante la socialización de las corporaciones más ricas y la drástica reducción del presupuesto militar, significaría que estudiantes y docentes llegarían a la escuela sanos, descansados y bien alimentados.
La financiación plena de la educación permitiría reducir drásticamente el tamaño de los grupos —una medida que las investigaciones han demostrado que mejora el aprendizaje, especialmente para estudiantes pobres y de pueblos oprimidos a nivel nacional—. Los edificios escolares en ruinas podrían renovarse o sustituirse para convertirlos en espacios limpios, seguros y hermosos para aprender.
Los planes de estudio y las políticas escolares racistas, sexistas y anti-LGBTQ serían sustituidos por una pedagogía liberadora que fomente la autodeterminación y el respeto mutuo.
La deuda estudiantil debe ser eliminada, mientras todas las niñas, niños y familias tienen acceso a servicios gratuitos y de alta calidad de educación preescolar y cuidado infantil. El principio básico de la IDEA —que todas las niñas y todos los niños, con y sin discapacidad, tienen derecho a una educación pública gratuita y adecuada en el entorno menos restrictivo posible— se convertiría en una realidad.
