Foto: Trump visita el “Alcatraz de los Caimanes” el 1 de julio
Decidido a expandir su ofensiva contra las personas migrantes, el gobierno del estado de Florida ha completado la construcción de un gigantesco centro de detención migratoria en lo profundo de los Everglades, oficialmente llamado “Alcatraz de los Caimanes”. Anunciada a mediados de junio, la construcción avanzó a una velocidad sorprendente. Ignorando la soberanía indígena, las leyes ambientales y el rechazo popular, las autoridades terminaron el centro en apenas ocho días.
Este uso agresivo de tierras y recursos públicos —incluyendo millones de dólares del presupuesto de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Federal Emergency Management Agency, FEMA)— no se destinó a atender las necesidades reales del pueblo de Florida, sino a librar una guerra cruel y teatral contra las personas migrantes.
Mientras tanto, Ron DeSantis ha dejado claro que el “Alcatraz de los Caimanes” es solo el comienzo. El estado ya inició la construcción de un nuevo centro del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (Immigration and Customs Enforcement, ICE) en Jacksonville, y el gobernador ha insinuado planes para un tercero en la región del Panhandle, justo donde acaba de recortar fondos estatales destinados a servicios públicos. Las bibliotecas están cerrando, se están eliminando programas de salud pública y se están despidiendo maestras y maestros, mientras se canalizan cientos de millones de dólares públicos a contratistas privados y operaciones del ICE.
Servicios esenciales secuestrados para construir la maquinaria de deportación
La construcción del “Alcatraz de los Caimanes” está dirigida por la División de Manejo de Emergencias de Florida (Florida Division of Emergency Management, FDEM), una agencia que en teoría debe preparar y responder ante desastres en el estado. Aunque el FDEM fue creado para responder a huracanes y otras emergencias, el gobernador DeSantis lo ha convertido en una pieza central de su agenda estatal de deportación.
Esto ha sido posible gracias a los poderes de emergencia que él mismo se otorgó en enero de 2023, cuando declaró un estado de emergencia ante lo que denominó “la crisis fronteriza de Biden”. Aunque la migración al estado ha disminuido considerablemente desde entonces, DeSantis ha renovado dicho estado de emergencia durante los últimos dos años.
Estos poderes de emergencia han sido clave para posicionar a Florida como “la punta de lanza” de la ofensiva nacional contra las personas migrantes. Fue bajo este paraguas legal que DeSantis pudo apropiarse de tierras públicas para construir el centro de detención en los Everglades. También le han permitido eludir regulaciones, como la obligación de realizar revisiones ambientales, a pesar de levantar una estructura de forma apresurada en la frágil y ecológicamente crítica Reserva Nacional Big Cypress. El estado de emergencia es también lo que le ha permitido actuar sin el consentimiento del público ni de los gobiernos locales cuyas tierras y recursos ha usurpado.
La ironía es evidente: al inicio de la temporada de huracanes —cuando amplias zonas del estado aún no se han recuperado de la desastrosa gestión oficial de los huracanes Helene y Milton del año pasado— los recursos esenciales para emergencias están siendo usados para construir un centro de detención en una de las regiones más vulnerables a tormentas del país.
Teatro político que pone vidas en riesgo
Además de la estrecha alianza entre la administración de DeSantis, la policía estatal y el ICE, esta reconversión de servicios públicos pone a las personas migrantes —o a cualquiera que “parezca” migrante— en la mira de este aparato estatal represivo.
Casi la mitad de todas las muertes en centros de detención del ICE este año han ocurrido en Florida, principalmente en el infame Centro de Detención de Krome en Miami. Y en un estado que el año pasado no evacuó a miles de personas presas directamente en la trayectoria del huracán Milton, muchas personas se preguntan, con razón, si el gobierno puede garantizar la seguridad de los miles de detenidos que planea alojar en las instalaciones temporales de carpas y remolques del “Alcatraz de los Caimanes”.
Ese mismo peligro —sumado al entorno hostil y natural que rodea el centro— parece ser parte central del atractivo que este centro tiene para DeSantis y sus aliados en la administración Trump. Cuando Trump, DeSantis y la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security, DHS), Kristi Noem, visitaron el centro a principios de mes, tanto Noem como DeSantis repitieron que las condiciones del centro están diseñadas para que las personas migrantes opten por “autodeportarse”.
El pueblo de Florida responde
El 21 de junio, apenas dos días después de que se anunciara el plan para construir el centro, ya había manifestantes concentrados cerca del sitio. Desde entonces, una amplia coalición de opositores —incluyendo organizadores indígenas, activistas por los derechos de las personas migrantes y grupos ambientalistas— ha mantenido una presencia constante en la carretera de acceso al campamento.
Líderes indígenas de las naciones Miccosukee y Seminole han denunciado que el centro fue construido sobre tierras sagradas robadas, y han exigido su desmantelamiento inmediato y la devolución del territorio a sus pueblos. Activistas ambientales han advertido que el proyecto no solo representa una catástrofe para los derechos humanos, sino también una catástrofe ecológica, al poner en mayor riesgo los frágiles ecosistemas de los Everglades y aumentar la vulnerabilidad de Florida frente a las inundaciones y marejadas ciclónicas.
Las y los organizadores también han destacado el contexto más amplio: mientras DeSantis y sus aliados gastan cientos de millones en construir campos de detención, la población de Florida enfrenta alquileres por las nubes, hospitales colapsados e infraestructura en ruinas frente a desastres climáticos cada vez más intensos. A medida que se intensifica la temporada de huracanes, muchas personas se preguntan por qué los recursos se desvían hacia este espectáculo antimigrante en lugar de invertirse en preparación ante desastres, vivienda digna o servicios básicos de salud pública.
Pero frente a tanta crueldad, la resistencia está creciendo. Las protestas continúan, las redes de ayuda mutua se están movilizando para apoyar a las personas detenidas y a sus familias, y ya se han presentado demandas legales impugnando la legalidad del centro a nivel estatal y federal. Mientras el estado apuesta por la represión, comunidades en todo Florida están apostando por la solidaridad —construyendo redes que se niegan a abandonar a las personas migrantes ante la violencia del Estado.
Desde el corazón de los Everglades hasta las calles de Jacksonville y más allá, la lucha contra el “Alcatraz de los Caimanes” es una lucha por un futuro donde la riqueza que generamos colectivamente se utilice para sostener la vida —no para contaminarla ni encarcelarla.
