El autor es vicepresidente ejecutivo del sindicato United Educators of San Francisco (UESF) y candidato del Partido Paz y Libertad al cargo de Superintendente de Instrucción Pública del estado de California.
Desde el desmantelamiento del Departamento de Educación hasta la satanización de los programas de DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) y los estudios étnicos, la administración de Donald Trump ha intensificado su agenda multimillonaria a través de ataques contra la educación pública. El más reciente de estos ataques viene en forma de un programa federal de vales escolares, la Ley de Elección Educativa para la Niñez (Educational Choice for Children Act, ECCA), estratégicamente incluida en la “Gran y Hermosa Ley” de Trump. Esta ley crearía un sistema nacional de vales escolares a través del código tributario federal.
Los multimillonarios afirman que las escuelas públicas están fracasando y se aprovechan de la preocupación que generan para impulsar políticas de privatización como los vales escolares. Pero la única forma real de mejorar las escuelas públicas es financiándolas adecuadamente, no socavando su fundamento al fomentar el éxodo hacia escuelas privadas.
Examinar la historia racista de los vales escolares, los intereses y narrativas de los multimillonarios que los promueven, y las luchas exitosas contra la privatización escolar puede ayudarnos a definir una estrategia para enfrentar la ECCA y otros ataques similares contra la educación pública.
Vales escolares, privatización y segregación
Los vales escolares, también conocidos como “cuentas de ahorro educativas” (ESA, por sus siglas en inglés) y “créditos fiscales para matrícula” (TTC), son subsidios financiados con fondos públicos que otorgan a las familias dinero de los contribuyentes para cubrir matrículas en escuelas privadas —incluidas escuelas religiosas— o para cubrir costos relacionados con la educación en casa. Son una forma de privatización que perjudica a la educación pública y a su estudiantado al desviar fondos de escuelas públicas ya subfinanciadas —que atienden a la mayoría de estudiantes— hacia escuelas privadas que no rinden cuentas a nuestras comunidades.
Desde la década de 1950, los vales escolares han sido usados para promover la segregación y la discriminación. Surgieron como una manera de que condados y estados del sur segregacionista evitaran acatar el fallo Brown vs. Junta de Educación de 1954, en el que la Corte Suprema declaró inconstitucional la segregación escolar. Cerraron escuelas públicas, abrieron academias privadas para estudiantes blancos y otorgaron vales a estudiantes blancos para asistir a esas escuelas, que —a diferencia de las públicas— aún podían discriminar por motivos raciales.
Hasta el día de hoy, los vales escolares siguen profundizando la segregación racial y la exclusión de personas con discapacidad, ya que las escuelas privadas no están sujetas a las mismas normas que las públicas y pueden limitar la admisión según raza, orientación sexual, género o discapacidad.
Quienes los defienden alegan que permiten a estudiantes de bajos ingresos acceder a escuelas de alta calidad a las que de otro modo no podrían asistir. Sin embargo, en los estados que ya tienen programas de vales, no existe evidencia de que mejoren el rendimiento académico. De hecho, algunos estudios han encontrado que estos programas reducen el rendimiento estudiantil y bajan los puntajes en exámenes.
Además, los datos muestran que la mayoría de los fondos de vales terminan en manos de estudiantes que ya asistían a escuelas privadas. En Cleveland, dos tercios de quienes usaron los vales ya estaban en escuelas privadas antes de recibirlos. Datos del estado de Oklahoma revelan que menos del 10 % de las solicitudes de vales provienen de estudiantes de escuelas públicas.
ECCA: un programa federal de vales escolares
La Ley de Elección Educativa para la Niñez (ECCA), incluida en la Gran y Hermosa Ley de Trump, permitiría que personas que hagan donaciones caritativas a organizaciones de concesión de becas (SGO, por sus siglas en inglés) reciban un crédito fiscal equivalente al 100 % de su donativo —hasta $1,700 por persona—. Estas organizaciones otorgarían fondos a familias para pagar opciones fuera del sistema público: matrículas en escuelas privadas, materiales para educación en casa, y más. Al no tener un límite en la cantidad de créditos fiscales que pueden emitirse, este programa podría costarle miles de millones de dólares al gobierno federal —fondos que podrían destinarse a la educación pública.
No está diseñado para beneficiar a estudiantes de bajos ingresos
Para colmo, la ECCA no está pensada para beneficiar a familias de bajos ingresos: permite acceso a hogares cuyos ingresos sean de hasta el 300 % del ingreso medio de su zona. Por ejemplo, si el ingreso medio en un área es de $100,000, una familia podría calificar con ingresos de hasta $300,000. Y si se repiten las tendencias de programas estatales existentes, la mayoría de las solicitudes vendrán de estudiantes que ya asisten a escuelas privadas y viven en vecindarios de altos ingresos.
Un programa federal de vales escolares significaría un gran impulso para el movimiento privatizador respaldado por multimillonarios, que vería caer la matrícula en escuelas públicas y aumentar la de las privadas. También beneficiaría a familias acomodadas, que recibirían fondos públicos para una educación privada que ya podían costear. Mientras tanto, el estudiantado y personal de las escuelas públicas —cuyos recursos dependen directamente del número de estudiantes inscritos— seguirán sufriendo las consecuencias del desfinanciamiento.
La alternativa a la privatización: financiar plenamente la educación pública
Esta nueva ley no es más que el último capítulo de una larga serie de ataques multimillonarios contra la educación pública, que se aprovechan de las preocupaciones reales que existen sobre el sistema educativo. Si bien existen muchos problemas que afectan a estudiantes de clase trabajadora bajo un sistema educativo capitalista, ante la narrativa de las “escuelas fracasadas” debemos preguntarnos: ¿quién la promueve y con qué fin?
Cuando se pregunta a madres y padres por la educación de sus propios hijos, el 76 % dice sentirse completamente o parcialmente satisfecho. Pero este dato es sistemáticamente ignorado por multimillonarios, privatizadores, legisladores y comentaristas que se dedican a hablar de la “crisis” de la educación pública.
“Este país vive una crisis en el rendimiento estudiantil, y en la última década ha empeorado, especialmente para nuestras y nuestros estudiantes más vulnerables”, dijo en 2019 Betsy DeVos, exsecretaria de Educación de Trump y ferviente promotora de la privatización. ¿Por qué una multimillonaria defensora de las escuelas privadas fingiría preocupación por “nuestras y nuestros estudiantes más vulnerables”? ¿Y cómo le conviene a su agenda promover la idea de que nuestras escuelas están fallando?
Los multimillonarios impulsan esta narrativa porque les permite introducir supuestas “soluciones” orientadas a las ganancias. A lo largo de las últimas décadas, esas “soluciones” han adoptado diversas formas: escuelas charter, programas de evaluación estandarizada, tecnologías educativas, nuevos currículos “milagrosos” y ahora programas de vales escolares —todo, menos financiar las escuelas públicas.
Estas “soluciones” les benefician porque trasladan fondos públicos a manos privadas. Por ejemplo, iReady, un programa de tecnología educativa y evaluación adaptativa, ya se usa con 14 millones de estudiantes en el país. Los distritos pagan cientos de miles de dólares para implementarlo, y ese dinero va directamente a Curriculum Associates, la empresa matriz de iReady, que forma parte del portafolio de Berkshire Partners, un fondo privado multimillonario.
Menor financiamiento significa clases más grandes, cierre de escuelas y recortes de servicios esenciales. Esto puede provocar peores resultados académicos, lo que a su vez refuerza la narrativa falsa de que las escuelas públicas no funcionan. Como clase trabajadora, debemos preguntarnos: ¿por qué aceptar “soluciones” propuestas por quienes quieren desfinanciar nuestras escuelas, cuando sabemos bien cuál es la verdadera solución? ¡Financiar plenamente la educación pública!
Una solución comprobada es reducir el tamaño de las clases. Hace décadas que existen datos claros: tener 18 o menos estudiantes por aula entre kínder y tercer grado mejora significativamente el rendimiento en lectura y matemáticas, especialmente entre estudiantes negros, latinos y de bajos ingresos. Sin embargo, como esta medida no genera ganancias ni beneficios fiscales a los multimillonarios —y sí requiere inversión pública— suele ser presentada como idealista, en lugar de ser reconocida como la estrategia realista y basada en evidencia que es.
La narrativa de “escuelas fracasadas” es una táctica para desviar la atención y manipular el descontento frente a los problemas reales del sistema educativo. Pero esos problemas existen porque la educación pública ha sido históricamente subfinanciada bajo el capitalismo. Muchos de ellos podrían resolverse bajo el socialismo, donde las prioridades sociales responderían a las necesidades del pueblo —y no financiar la educación sería cosa del pasado.
Cómo damos la pelea
Por suerte, hay una rica historia de sindicatos docentes y comunidades organizadas enfrentando estos ataques.
En 2012, el Sindicato de Maestras y Maestros de Chicago (CTU) se fue a huelga, en parte, para frenar la privatización constante en el distrito escolar. El éxito de esa huelga inspiró una oleada de paros en la década siguiente, incluyendo el de 2019, que logró una moratoria en la creación de nuevas escuelas charter. El CTU organizó no solo a docentes, sino también a estudiantes, familias y la comunidad para impedir que las escuelas públicas fueran reemplazadas por privadas tipo charter.
En 2016, el tema volvió a estar en el centro en Massachusetts, con la Propuesta 2. A pesar de enfrentar una coalición de millonarios con casi el doble de financiamiento, la campaña “Salvemos Nuestras Escuelas Públicas” logró una victoria decisiva: el pueblo rechazó ampliar el sistema de charter y desviar más fondos de las escuelas públicas.
La campaña “No a la 2” desmanteló la narrativa de que las comunidades negras y latinas pedían a gritos escuelas charter. Permitió que estudiantes y familias hablaran por sí mismos sobre lo que significaba realmente quitarle fondos a sus escuelas. Esta victoria ayudó a abrir los ojos a familias suburbanas y urbanas por igual sobre las fuerzas que controlan el financiamiento educativo.
Una lucha clave en California
Hoy en California, más de una docena de sindicatos docentes están coordinando negociaciones contractuales para presionar a la legislatura y terminar con décadas de austeridad educativa. Desde la aprobación de la Proposición 13 en 1978 —que recortó el financiamiento escolar al reducir ingresos fiscales— el estado gasta vergonzosamente poco por estudiante, pese al tamaño de su economía.
Las actuales negociaciones representan una de las ofensivas más contundentes contra el abandono del estado hacia su estudiantado. La campaña “¡No Podemos Esperar!” transmite la urgencia de defender pilares clave: escuelas bien dotadas de personal, ambientes seguros y estables, y salarios y beneficios dignos.
Como vicepresidente de UESF, me siento profundamente inspirado por el trabajo que hemos hecho en esta campaña. La dedicación de las y los sindicalistas de todo el estado me recuerda por qué quise ser docente: nuestra niñez merece mucho más de lo que este estado ofrece hoy.
Por eso, además de seguir organizando con “¡No Podemos Esperar!”, me postulo como candidato del Partido Paz y Libertad para Superintendente de Educación Pública de California. Nuestra plataforma incluye el punto “Ni un centavo público para escuelas privadas”, que exige prohibir los vales escolares y una moratoria sobre las escuelas charter y privadas.
Como clase trabajadora, debemos desconfiar de quienes ofrecen “soluciones” para la educación pública que no incluyan financiarla plenamente. En vez de caer en la narrativa de fracaso que promueven los multimillonarios, debemos estudiar las luchas pasadas y organizarnos con nuestros sindicatos y comunidades para luchar por el derecho a una educación pública digna.
Foto: Docentes de California marchan en San Francisco en apoyo a la campaña estatal “¡No Podemos Esperar!”. Crédito: Jodie Sheffels.
