El 29 de junio, la Corte Suprema revocó una ley de restricción al aborto en su decisión de June Medical Services LLC v. Russo. El caso planteaba una amenaza directa contra los derechos al aborto en los Estados Unidos, y la decisión es una victoria para los derechos de las mujeres. Aunque la corte tiene una mayoría conservadora y antiabortista, esta decisión sin duda fue moldeada por la rebelión nacional contra el racismo. El voto del juez John Roberts junto a los cuatro jueces “liberales” usando la base del precedente, coincide con otras decisiones recientes en las que la corte ha decidido NO atacar más los derechos de los grupos de personas oprimidas durante un levantamiento nacional contra el racismo.
El caso se centró en una ley antiaborto de Louisiana, que podría haber convertido a Louisiana en el primer estado sin acceso de facto al aborto legal desde la histórica decisión de la Corte Suprema del 1973 en Roe V. Wade, que legalizó el aborto en los Estados Unidos.
La decisión en el caso de June Medical Services v. Russo resolvió un desafío a la Ley 620 de Louisiana, aprobada en el 2014, pero posteriormente bloqueada, que requería que los proveedores de abortos tuvieran privilegios de admisión en un hospital dentro de las 30 millas de la clínica de abortos. Las leyes que requieren privilegios de admisión son una forma de “restricciones específicas para los proveedores de aborto” o leyes de “TRAP”, que imponen requisitos severos y médicamente innecesarios a las clínicas de aborto para pacientes ambulatorios y los centros de atención médica para mujeres. Dichas leyes han tenido efectos devastadores a la salud de las mujeres y su habilidad para acceder servicios de aborto.
Los privilegios de admisión no son fáciles de adquirir para nada. Solo dos proveedores de abortos en Louisiana los tienen. Uno está retirado.
El caso de June Medical Services fue virtualmente idéntico a un caso anterior en Texas, el de Woman’s Health v. Hellerstedt, cual fue revocado por la Corte Suprema en el 2016. La corte descubrió que la ley impone una carga indebida sobre las mujeres, requiriendo a doctores que tengan privilegios de admisión médicamente innecesarios a un hospital.
De acuerdo a una encuesta de proveedores de aborto publicada por la Fundación Mayoría Feminista (Feminist Majority Foundation), hay niveles sorprendentes de violencia antiaborto y acoso dirigido hacia clínicas y proveedores. Reportes muestran que un cuarto de clínicas alrededor del país han experimentado las más severas amenazas de violencia, incluyendo amenazas de muerte, acecho, y bloqueo de acceso a la clínica. Cerca de la mitad de clínicas en los Estados Unidos reportaron haber experimentado al menos un incidente de grave acoso, tales como robos, atracos, y vandalismo. El 87 por ciento de clínicas reportaron ser sometidos a protestas disruptivas y demonstraciones que en algunos lugares ocurren diarias o semanalmente.
Leyes antiaborto, tales como el Acto 620 de Lousiana, impactan a las mujeres pobres y trabajadoras — especialmente a las mujeres de color. Lousiana tiene las tasas más altas de mortalidad maternal del país, con las mujeres negras componiendo el 72 por ciento de muertes relacionadas al embarazo. En el 2017, una Corte de Distrito determinó que la ley 620 imponía cargas indebidas a las mujeres de bajos ingresos y a las mujeres de color en Louisiana. Durante el caso de la Corte de Distrito, un director de la clínica dio testimonio que aproximadamente el 70 al 90 por ciento de las mujeres que reciben abortos en su clínica son pobres o de bajos ingresos. En su decision anulando la ley, la Corte de Distrito citó que el 75 por ciento de las mujeres que buscan abortos en Louisiana ya son madres.
En las últimas dos décadas, la estrategia de la derecha ha sido reducir el acceso al aborto al aprobar leyes restrictivas estado por estado e incluso en algunas ciudades. Entre el 2011 y 2019, varios estados aprobaron más de 1.000 medidas contra el aborto. Las leyes varían desde las leyes de “TRAP” hasta proyectos de ley basados en ciencia falsa y misoginia, que prohíben los abortos después de un punto específico del embarazo, requieren períodos de espera antes de buscar y/u obtener un aborto, asesoramiento sesgado como condición previa y un montón de otros requisitos.
El asalto al acceso al aborto no termina ahí. En medio de una pandemia mundial, los legisladores de Texas, Ohio y Mississippi han intentado prohibir el acceso al aborto al incluir los abortos en la lista de procedimientos no esenciales y los procedimientos médicos que deben retrasarse. El asalto a los derechos del aborto depende en gran medida a la promoción de la ciencia falsa y los requisitos médicamente innecesarios. Las múltiples prohibiciones, proyectos de ley, y leyes utilizan la pseudociencia para afirmar falsamente, por ejemplo, que el latido cardíaco fetal es detectable a las seis semanas. Desde prohibiciones hasta leyes de estado por estado con ciencia falsa y tácticas de miedo en su arsenal, la derecha está buscando generar el desafío legal que finalmente anulará a Roe v. Wade.
El acceso de las mujeres al aborto y al servicio reproductivo no es un problema moral, sino un problema de salud, un asunto entre pacientes y nuestros proveedores. El acceso al aborto es fundamental para la salud, seguridad y control de nuestros cuerpos por parte de las mujeres. La amenaza de desmantelar a Roe v. Wade, que aseguró el derecho al aborto, pone en riesgo la vida y los derechos de las mujeres. Prohibir el aborto no impide que la mujer aborte, pero lo hace menos seguro.
En el contexto del asalto coordinado de la derecha en contra de los derechos al aborto, la decisión de la Corte Suprema en June Medical Services es una victoria. También es la tercera victoria de este tipo para las personas oprimidas en los Estados Unidos a nivel de la Corte Suprema en las últimas dos semanas. La Corte Suprema declaró que la Ley de Derechos Civiles de 1964 protege a los trabajadores LGBTQ de la discriminación y anuló el ataque de las administraciones de Trump contra los Dreamers.
Un factor central en el aparentemente giro progresista, en una corte con una minoría de jueces liberales y una gran cantidad de nuevos nombrados por Trump es el levantamiento nacional contra el racismo. El hecho de que la comunidad negra de Minneapolis se rebelara, encendiendo un levantamiento nacional en la que millones de personas protestaron frente al toque de queda y la represión durante todo el mes, estableció el contexto político para las decisiones de la Corte Suprema. No son nueve jueces de élite los que determinan nuestro destino, son las personas en movimiento las que tenemos el poder de hacer un cambio político sustancial. El gobierno capitalista no actúa en interés de la mayoría de nosotros al menos que se sienta obligado a hacerlo.
Como en el caso de la decisión del programa DACA, Roberts se unió a la mayoría de alguna manera por el lado técnico. Mas ataques contra el aborto continuarán filtrándose desde los estados; El estado general de los derechos reproductivos en los Estados Unidos es terrible. Al menos 16 casos que restringirían el acceso al aborto se encuentran en cortes inferiores, y se han aprobado 25 prohibiciones de aborto en más de 12 estados durante el año pasado. Dicho esto, el levantamiento nacional contra el terror policial racista debe señalar el camino para la dirección que el movimiento de mujeres necesita tomar. La Corte Suprema debe temer la ira de las personas en la calle que defienden el derecho de la mujer a la autonomía corporal.
