Trump se reúne con Juan Guaidó, el presidente de Venezuela que seleccionó a dedo en 2020. Crédito: Flickr / Archivo de la Casa Blanca Trump.
El 19 de noviembre, siguiendo una tradición ya consagrada, la administración saliente de Biden reconoció al líder de la oposición Edmundo González como “presidente electo de Venezuela”. Esto ocurrió pocos meses después de la exitosa reelección de Maduro; en ese momento, Estados Unidos intentó deslegitimar los resultados lanzando una bien coordinada campaña de desinformación acusando al gobierno de Maduro de fraude electoral (aun cuando casi 1,000 monitores internacionales de más de 100 países aprobaron los resultados). Más recientemente, el 27 de noviembre, el gobierno de EE. UU. sancionó a 21 funcionarios venezolanos alineados con Maduro, y el Departamento de Estado tomó medidas para imponer restricciones de visa a otros 2,000, para castigar aún más al gobierno electo. A pesar de estos esfuerzos, el pueblo venezolano defendió su soberanía y dejó claro su deseo de seguir construyendo la Revolución Bolivariana.
A mil millas, la Revolución Cubana continúa su propia lucha contra el imperialismo estadounidense. El país se ha enfrentado recientemente a un aluvión de desastres naturales, huracanes consecutivos, incluido uno que dejó varias personas muertas, y un terremoto – y mientras todo esto sucede, su gente continúa lidiando con los desastres provocados por el bloqueo estadounidense, tales como cortes de energía por la falta de acceso al combustible, escasez de alimentos y una infraestructura en decadencia.
Ahora, con una inminente segunda presidencia de Trump y el 2025 a la vuelta de la esquina, debemos considerar lo que otros cuatro años de Trump podrían significar para Cuba y Venezuela. Para hacerlo, primero tenemos que mirar la historia de las relaciones entre Estados Unidos, Cuba y Venezuela. Esa historia ha sido marcada por una guerra híbrida total.
Guerra híbrida: Un conjunto de herramientas para el cambio de régimen
En términos generales, la guerra híbrida es una combinación de “tácticas militares convencionales y no convencionales” destinadas a desestabilizar un país y socavar su sociedad. El objetivo final de la desestabilización es preparar el terreno para un cambio de régimen. Una de las ventajas de la guerra híbrida es que borra la línea entre la guerra y la paz, y así permite imponer la realidad de la guerra sin necesidad de declararla. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos puede atacar a un país durante años, incluso décadas, como en el caso de Cuba y Venezuela, con una variedad de medidas unilaterales agresivas (económicas, legales, diplomáticas y mediáticas) sin destinar un solo soldado y sin la aprobación del Congreso.
La principal herramienta de la guerra híbrida es la ley (también conocida como ‘lawfare’). Como hegemón mundial, Estados Unidos puede aprovechar la supremacía (aun en declive) de su moneda y la red global de instituciones financieras y crediticias controladas por Occidente para imponer medidas coercitivas unilaterales como sanciones a cualquier país que considere una “amenaza”. Pero, ¿qué podría amenazar a los poderosos Estados Unidos? Si miramos a los países objeto de sanciones, vemos que se trata siempre de países que: a) desean nacionalizar sus recursos para su propio desarrollo, eliminando así el capital extranjero privado; b) buscan desarrollarse a través de una vía socialista (esto invariablemente incurre en acusaciones de ‘autoritarismo’); o c) desean cooperar con países que Estados Unidos ya considera amenazas, como China o Rusia. También sucede que casi siempre son países del Sur Global. Entonces, Estados Unidos se ve constantemente amenazado por países ‘en desarrollo’ del Sur Global que quieren ejercer su soberanía y desean asociarse libremente con otros Estados soberanos.
Otra herramienta de la guerra híbrida son los medios. Su cuasi monopolio sobre los medios y las comunicaciones globales le permite a Estados Unidos usar la propaganda y la desinformación para difamar a cualquier país al pintarlos como una distopía autoritaria, como cuando los medios se refieren constantemente a los países sancionados por Estados Unidos como “regímenes” (incluso si tienen, como en el caso de Cuba y Venezuela, formas de gobierno más participativas y tasas más bajas de abstención electoral que algunas democracias liberales). Y la propaganda funciona no sólo a través de la desinformación sino también por omisión: al mantener a su clase trabajadora en la oscuridad sobre la realidad de estos países, Estados Unidos fabrica el consentimiento para el empobrecimiento selectivo de pueblos enteros (porque aparentemente, la única forma de ser verdaderamente ‘libres’ es con el estómago vacío).
Pero, si estos países son realmente amenazas, ¿por qué no comprometerse militarmente con ellos? Las tácticas de guerra híbrida generalmente se implementan cuando el país objetivo cuenta con el apoyo de su gente, y cuando las consecuencias políticas de una guerra total (o un golpe de estado a la vieja usanza) serían demasiado costosas para la credibilidad de Estados Unidos. Esto último es particularmente cierto en el caso de Cuba y Venezuela. Cientos de miles de sus ciudadanos han emigrado a Estados Unidos, la mayoría para huir de los efectos de las mismas medidas impuestas por los yanquis. Pero la mayoría de los inmigrantes aún mantienen lazos con sus matrias. E incluso aquellos venezolanos y cubanos que no necesariamente apoyan a sus gobiernos anteriores no tomarían a la ligera ver escuadrones de F-15 bombardeando sus antiguos vecindarios. No es casualidad que las formas más bárbaras del imperialismo solo se implementan contra ‘amenazas’ remotas. Tal derramamiento de sangre en su propio patio trasero se convertiría rápidamente en una pesadilla de relaciones públicas para EE. UU. (y ya hemos visto las consecuencias electorales de no mostrar moderación contra un enemigo percibido, ya que miles de votantes abandonaron a los demócratas en las elecciones pasadas y optaron por candidatos antigenocidio de tercera vía.)
Sin embargo, aunque no se libra con bombas y artillería, las consecuencias de la guerra híbrida son altamente destructivas.
De Eisenhower a Trump: La amenaza del socialismo cubano
En 1960, bajo la administración Eisenhower, el Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos, Lester D. Mallory, redactó un memorando evaluando la situación en Cuba. En él, se subrayó el hecho de que Fidel Castro contaba con el pleno apoyo del pueblo cubano, y que no existía una oposición efectiva en la isla. El Memorando de Mallory, como se conoce hoy, concluyó que el “único medio previsible de alienar el apoyo interno” a la Revolución Cubana sería al sembrar el “desencanto” entre la población creando las condiciones para la ” insatisfacción y penurias económicas.” Esto se convertiría en el plan para la guerra híbrida como método para lograr un cambio de régimen en los países que se niegan a someterse a los mandatos del imperialismo estadounidense.
Sesenta y cuatro años después, el bloqueo estadounidense contra Cuba todavía intenta lograr precisamente eso. Pero a pesar de décadas de crisis económica forzada, desastres naturales y oscuridad, la llama de la Revolución arde, avivada por el pueblo cubano y su inquebrantable compromiso al socialismo cubano. Y aunque Estados Unidos está comprometido con su asedio a Cuba, sin importar el costo humano, el resto de la comunidad internacional ha pedido una y otra vez que termine.
El 30 de octubre, 187 de los 193 miembros de la Asamblea General de la ONU votaron a favor de adoptar su resolución anual para poner fin “al embargo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”. Como sucede casi todos los años, los únicos países que votaron en contra de la resolución fueron Estados Unidos e Israel, con una abstención de la República de Moldavia. (No nos debería sorprender que los dos países que votan en contra de una resolución para poner fin a lo que el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba llamó “un crimen de genocidio” sean los dos países que activamente llevan a cabo un genocidio frente a los ojos del mundo entero). Pero tales medidas desastrosas no son suficientes para un Estados Unidos decadente determinado a castigar a cualquier país que busque la autodeterminación, y mucho menos a través de una vía socialista.
En 1982, Ronald Reagan, el hombre que presentó por primera vez al mundo el ahora infame eslogan “Make America Great Again” – puso a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado (SSOT) por “presuntos vínculos con el terrorismo internacional y apoyo a grupos terroristas en América Latina”. En ese momento, lo que Estados Unidos consideraba “apoyo al terrorismo” era el apoyo de Cuba a las luchas de liberación nacional, desde Nicaragua y Bolivia hasta Guinea-Bissau y Angola. A pesar de que los designados por la SSOT no requieren una revisión periódica, Cuba permaneció en la lista hasta que el presidente Obama la eliminó en mayo de 2015. En 2021, emulando nuevamente al otro presidente de la industria del entretenimiento, Donald Trump volvió a designar a Cuba como estados patrocinadores del terrorismo. Esta vez, los motivos de la designación fueron el papel de Cuba en las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia y el rechazo de las demandas de ese gobierno para extraditar a miembros del ELN. Cuba sostuvo que cumplir con la solicitud de extradición violaría “los protocolos establecidos como garante de las conversaciones de paz” entre ambas partes (algo con lo que estuvo de acuerdo otra parte involucrada en las negociaciones – el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega).
Dejando a un lado las razones espurias para su inclusión, los efectos de reintegración de Cuba en la SSOT son de amplio alcance. Esta designación impide que la ayuda humanitaria llegue al país (incluso la ayuda de grupos religiosos); no permite que las universidades estadounidenses colaboren con artistas, escritores, académicos y periodistas cubanos, y así privan a ambos países de participar en intercambios intelectuales y culturales; impide que las personas realicen envíos de dinero a Cuba utilizando plataformas en línea como PayPal (sus cuentas son congeladas si intentan hacerlo); y crea un efecto paralizante que hace que bancos, instituciones financieras y empresas extranjeras eviten hacer negocios con Cuba.
La mancuerna del embargo y la designación de estado patrocinador del terrorismo funciona para cumplir los objetivos establecidos por el Memorando Mallory en 1960: “provocar hambre, desesperación y derrocamiento del gobierno” en Cuba. Las condiciones producidas por las medidas económicas coercitivas unilaterales de EE. UU. son las mismas condiciones que los medios monopolistas presentan como consecuencias de la mala gestión de un gobierno “autoritario”. Aunque estas acusaciones nunca se presentan con ninguna prueba, el cerco mediático que rodea a la isla le permite a la clase dominante moldear la opinión estadounidense e internacional sobre el proyecto cubano.
Al mismo tiempo, se despliegan tácticas similares contra la Revolución Bolivariana.
De Juan Guaidó a Edmundo González: La Revolución Bolivariana bajo asedio
Después de la muerte del Comandante Hugo Chávez el 5 de marzo de 2013, Estados Unidos desató una serie de medidas económicas coercitivas diseñadas para paralizar al gobierno entrante de Maduro y, en última instancia, derrocar a la Revolución Bolivariana. La primera medida de este tipo fue promulgada por el presidente Barack Obama en 2015. La Orden Ejecutiva 13692 declaró a Venezuela una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”, y argumentó, nuevamente sin ninguna prueba, la “erosión de las garantías de derechos humanos, la persecución de opositores políticos, la restricción de la libertad de prensa, el uso de violencia y violaciones y abusos de los derechos humanos” por parte del gobierno venezolano. No obstante la falta de pruebas, la descripción de Venezuela como una “amenaza” sentó el precedente para lo que se convertiría en una declaración de guerra unilateral e ilegal. La orden de Obama proporcionó el marco “legal” para implementar un régimen de sanciones en contra del país, su economía y su gente. Y como no tiene fecha de vencimiento, esta guerra económica puede continuar indefinidamente.
En 2016, tras una revisión de gestión de riesgos, Citibank se convirtió en la primera institución financiera en cumplir la orden, cerrando las cuentas del Banco Central de Venezuela y el Banco de Venezuela. Al año siguiente, el presidente Donald Trump anunció que su administración lanzaría una campaña de “presión máxima” contra el país, empezando por su industria petrolera. El Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones contra Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), la petrolera estatal, en agosto de ese año; en enero de 2019 impuso también un embargo a las exportaciones de petróleo. Aparte de la grave escasez de combustible, el resultado combinado de estas medidas fue una caída en el PIB de Venezuela de más del 65% entre 2014 y 2019, así como la hiperinflación.
El siguiente blanco fue el sector minero, con sanciones impuestas a la empresa minera estatal Minerven en marzo de 2019; un gran golpe para un país que posee las segundas reservas de oro certificadas más grandes del mundo. Y dado que Venezuela estaba utilizando reservas de oro para pagar bienes esenciales como alimentos, combustible, medicinas y otras importaciones, esto provocó una grave escasez en esas áreas.
A continuación se encontraban las finanzas del país, con embargos contra el sistema bancario público de Venezuela. En abril de 2019, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. incluyó en la lista negra al Banco Central de Venezuela, limitando sus transacciones y prohibiéndole el acceso a dólares estadounidenses. Con sanciones adicionales, se cerraron varias cuentas bancarias venezolanas en instituciones financieras internacionales, mientras que el país también perdió todo acceso al crédito. Desde entonces, más de $8 mil millones de dólares en activos venezolanos permanecen congelados en cuentas controladas por bancos en Estados Unidos, Portugal, España, Gran Bretaña, Francia y Bélgica, incluidos casi $2 mil millones de dólares en oro.
En enero de 2019, tal como pasó recientemente con Edmundo González, la administración Trump reconoció a Juan Guaidó como el “presidente interino” de Venezuela, y esa flagrante violación de la soberanía de otro país no fue meramente simbólica. A Guaidó se le dio control de cuentas bancarias y activos pertenecientes al país, incluido CITGO, una compañía petrolera con sede en Houston que es propiedad mayoritaria del gobierno venezolano y tiene un valor de alrededor de $10 mil millones de dólares. Guaidó usaría estos fondos robados para financiar un intento de golpe fallido.
Con el apoyo de la administración Trump, en 2020 el “presidente interino” contrató al ex Boina Verde Jordan Goudreau para “planificar y ejecutar una operación para capturar / detener / destituir a Nicolás Maduro”, según reveló una copia filtrada del contrato entre ambas partes. El 4 de mayo de 2020, en lo que se conoció como Operación Gedeón, un grupo de 60 mercenarios, incluidos desertores del ejército venezolano y otros dos Boinas Verdes, intentaron entrar ilegalmente a Venezuela en lanchas rápidas. La operación fue frustrada por el ejército del país, dejando muertos a seis de los mercenarios. Aunque Goudreau no estaba en Venezuela en ese momento, publicó videos en las redes sociales jactándose de su participación. Poco después fue arrestado bajo cargos de tráfico de armas. Más tarde salió a la luz que Goudreau había demandado a Guaidó por incumplimiento de contrato, ya que este último no pagó el monto total que acordó (en lo que debe ser la primera disputa contractual registrada entre golpistas).
Durante su mandato, el presidente Joe Biden dejó completamente intacto el régimen de sanciones contra Venezuela, iniciado primero bajo Obama y luego continuado e intensificado bajo Trump. La guerra híbrida es claramente un consenso bipartidista y una continuación de los 200 años de la Doctrina Monroe, que arrogantemente declaró a América Latina “el patio trasero de Estados Unidos”.
Cabe señalar que los costos de las sanciones contra Cuba y Venezuela no son solo económicos, sino sobre todo, humanos. Estas medidas están diseñadas para causar hambre, desesperación y subdesarrollo general. Esta es la militarización de la economía para fines políticos, es decir, la deslegitimación del socialismo en el Sur Global.
Estrellas rojas sobre Nuestra América
Pero, ¿por qué la potencia militar más poderosa del mundo hace todo lo posible para disciplinar a dos países que no representan una amenaza real para ella? En primer lugar, como en el caso de Venezuela, la razón es capitalista. Venezuela tiene el 18% de las reservas totales de petróleo del mundo y las mayores reservas de cualquier país. También tiene reservas de oro, litio y otros minerales preciosos que son esenciales para las industrias emergentes, lo que representa miles de millones en ingresos potenciales. Esto le da a Venezuela todo lo necesario para su pleno desarrollo. Pero al quitarle su capacidad de hacer uso de estos recursos, Estados Unidos fabrica las condiciones para su subdesarrollo.
Cuba, por otro lado, no es tan rica en recursos como Venezuela. Entonces, ¿por qué sancionarla también? La respuesta en el caso de ambos países es, en última instancia, ideológica: tanto Cuba como Venezuela lanzaron revoluciones socialistas exitosas en el “patio trasero de Estados Unidos”. Permitir su desarrollo pleno y conjunto sentaría un peligroso precedente para los pueblos de Nuestra América bolivariana. Y el ejemplo de proyectos socialistas exitosos en América Latina sería una poderosa inspiración para las antiguas colonias y neocolonias del resto del Sur Global. Entonces, Estados Unidos debe hacer todo lo que esté a su alcance para detener su desarrollo.
Cuatro años más de Trump
En enero de 2025, Donald Trump asumirá el cargo como el 47.o presidente de los Estados Unidos. Como jefe de un imperio en declive, su segunda presidencia seguro será tan impredecible como la primera (y no menos peligrosa). ¿Pero qué significará para Cuba y Venezuela? Recientemente, el presidente Maduro dijo que la administración entrante de Trump representaría un “nuevo comienzo,” al abrir la posibilidad de conversaciones entre los dos países. Pero Trump, a quien Maduro llamó una vez un “cowboy racista” (una evaluación precisa salvo por la parte de cowboy), ya ha anunciado que nombrará al rabioso halcón antivenezolano y anticubano Marco Rubio como Secretario de Estado. Su nombramiento no augura nada bueno para las relaciones entre los tres países.
Rubio ha hecho una carrera de su virulenta oposición a la Revolución Bolivariana. En 2019, durante la primera administración Trump, el senador Rubio introdujo la Ley Venezolana de Restricción de Contrataciones. El proyecto de ley, destinado a evitar que “las agencias federales hagan negocios con cualquiera que apoye al opresivo [gobierno] de Maduro”, fue otra forma de lawfare desplegada para aislar económicamente al ya asediado gobierno venezolano. El proyecto de ley fue firmado conjuntamente por el representante Michael Waltz, a quien Trump anunció recientemente como su asesor de seguridad nacional. En ese momento, Waltz celebró el proyecto de ley como “un mensaje claro de que Estados Unidos apoya al pueblo de Venezuela”, una forma peculiar de describir una política diseñada para empobrecer a ese pueblo.
Cinco años después, Waltz continúa “apoyando al pueblo de Venezuela”. Este noviembre, la Cámara de Representantes aprobó con apoyo bipartidista la Ley para la Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo Venezolano (BOLÍVAR) . El proyecto de ley, presentado por Waltz y la demócrata Debbie Wasserman Schultz, impedirá que cualquier persona en el gobierno de EE. UU. haga negocios con el gobierno de Maduro, ya que “Estados Unidos no lo reconoce como el Gobierno legítimo de Venezuela”. El pueblo de Venezuela, al que Waltz dice apoyar, aparentemente no está en condiciones de determinar la legitimidad de su gobierno.
Si hacemos caso a la historia, el dúo de Rubio y Waltz en el gobierno entrante de Trump ciertamente significará la continuación de la guerra híbrida contra Venezuela y Cuba. Además, la línea dura de Rubio contra China indica, como mínimo, una continuación de las políticas antichinas de Trump, que ya contarán con una infraestructura sólida (la administración Biden presentó recientemente planes para intensificar la militarización en el Indo-Pacífico).
Estas acciones, junto con la reciente decisión de la Cámara de Representantes de aprobar un proyecto de ley que permitirá al Departamento del Tesoro de los EE. UU. atacar a las organizaciones sin fines de lucro que apoyan a Palestina como partidarios del terrorismo, sugerirían que una segunda presidencia de Trump al menos continuará la hostilidad del gobierno hacia cualquiera, tanto dentro como afuera del país, que desafíe su menguante papel como hegemón mundial. La presidencia de Trump ha sido llamada por algunos “un síntoma mórbido del declive imperial de EE. UU”. Y los imperios en decadencia no suelen desaparecer discretamente.
Sin embargo, por peligroso que sea, este declive también representa una oportunidad, y los pueblos del mundo deben aprovecharla. Debemos reconocer la importancia de este momento y luchar, al igual que los pueblos de Venezuela y Cuba. Su lucha, como la lucha del pueblo palestino, es la lucha de toda la humanidad.
¡Venceremos!
