El pegadizo ritmo de la música Go-Go local de Washington, D.C. se puso a todo volumen frente a la casa del Director General de Correos de los Estados Unidos, Louis DeJoy, en una protesta contra acciones que debilitan la oficina de correos (USPS por sus siglas en inglés). La protesta del 23 de agosto fue una de muchas en todo el país durante las últimas semanas, cuando la gente se unió para defender la crucial entrega de correo.
La oficina de correos de EE.UU., objeto de esfuerzos de privatización durante años, ha estado bajo un nuevo ataque por parte de la administración Trump mientras el país se dirige a una elección polémica con cargos de fraude, supresión de votantes y sabotaje deliberado.
El presidente eligió a DeJoy, un significante recaudador de fondos republicano sin ninguna experiencia en el Servicio Postal, como el nuevo Director General de Correos a pesar de que DeJoy ha estado en la Junta Directiva de XPO Logistics, una gran empresa que hace negocios con USPS y otras agencias gubernamentales. A DeJoy se le permitió mantener 30 millones de dólares o más en acciones de XPO mientras se desempeñaba como Director General de Correos.
Los profundos vínculos de DeJoy con empresas privadas que podrían competir con la oficina de correos plantearon preocupaciones obvias. Esto podría haber sido solo un otro demasiado frecuente conflicto de intereses, similar a la propiedad de empresas privadas de Trump. Recibió mucha más atención cuando DeJoy instituyó cambios organizativos que parecen diseñados para retrasar la entrega y debilitar la oficina de correos. Esto, combinado con los repetidos berrinches de Trump contra la votación por correo, podría fácilmente crear una crisis electoral, ya que muchas personas intentan evitar los lugares de votación llenos durante la pandemia.
DeJoy se movió rápidamente después de asumir el cargo el 15 de junio. Veintitrés ejecutivos fueron reasignados a nuevos puestos o removidos, fortaleciendo su poder en la organización y borrando la importante memoria institucional que los trabajadores con décadas de experiencia aportan a la organización. También eliminó el trabajo de horas extras, ordenando que cualquier exceso de correo no entregado simplemente se guardará para una entrega más tarde. Esto, junto con la eliminación de buzones de correo en la calle y máquinas de clasificación de correo de varias oficinas de correos, ha generado cargos de que la administración Trump está intentando sabotear las elecciones.
Aunque la atención de los medios se ha centrado en las amenazas relacionadas con la elección que se avecina, las acciones de DeJoy son parte de una historia más larga de esfuerzos para debilitar la oficina de correos y reordenarla para que funcione más como un negocio con fines de lucro que como un servicio público crucial. El objetivo final, que Trump ha pedido, es privatizar la agencia.
El daño sería enorme
Un cambio tan dramático haría que el Servicio Postal abandonara su función histórica de conectar a las personas en todo el país, destruir una fuerza sindicalizada de trabajadores verdaderamente esenciales, recortar los salarios y maximizar las ganancias. El daño sería enorme. Las comunidades rurales remotas podrían perder la entrega por completo o verse obligadas a pagar tarifas exorbitantes e inasequibles.
Mark Dimondstein, presidente del Sindicato Americano de Trabajadores Postales, es citado en The Intercept: “Quebrantar y degradar el Servicio Postal ayuda a frustrar al cliente, lo que prepara el escenario para privatizarlo. La administración Trump tiene historial de aumentar los precios, reducir el servicio y reducir los derechos y beneficios de los trabajadores. Este [piloto] puede ser la primera incursión de Trump para intentar realmente lograr algunas de esas cosas.”
El 22 de agosto, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que asigna 25 mil millones de dólares a la oficina de correos y también prohíbe los cambios operativos que han retrasado la entrega de correo. Más de dos docenas de republicanos se unieron a los demócratas para aprobar el proyecto de ley 257-150, a pesar de que el liderazgo republicano de la Cámara y Donald Trump se opusieron. Es muy poco probable que el Senado, controlado por los republicanos, lo apruebe.
Los funcionarios que buscan alterar drásticamente el USPS son conscientes de su amplio apoyo popular. Una encuesta del Pew Research Center publicada el 9 de abril mostró que el 91 por ciento de los encuestados tiene una opinión favorable de la agencia. Esta tasa de aprobación es la más alta de todas las agencias federales. DeJoy respondió al rechazo de manifestantes y políticos en un comunicado emitido el 18 de agosto en el que señaló que suspendería los cambios operativos en el Servicio Postal hasta después de las elecciones para “evitar hasta la apariencia de cualquier impacto en el correo electoral.”
Un ataque político bipartidista
Los medios de comunicación corporativos se centran casi exclusivamente en la crisis actual para crear la impresión de una agencia con problemas envuelta en un conflicto político entre republicanos y demócratas. Una mirada atrás al 2006 muestra que la oficina de correos sufrió graves daños intencionalmente en un ataque político bipartidista. Esto vino en forma de la Ley de Mejora y Responsabilidad Postal de 2006 que recibió apoyo bipartidista.
La Ley, promulgada por George W. Bush, exige que el Servicio Postal asigne fondos de salud y jubilación para los empleados al menos 50 años en el futuro. Ninguna otra agencia gubernamental o empresa privada se ha visto obligada a asumir una carga financiera tan extrema. Este costo adicional, aproximadamente 5,5 mil millones de dólares cada año, crea la impresión de que el USPS es una agencia problemática y mal administrada. Esto, a su vez, puede obligar a la agencia a recortar los servicios, lo que conduciría a una eventual privatización. Casi todos los republicanos en la Cámara de Representantes y todos los demócratas votaron a favor de la Ley de 2006.
Los ataques bipartidistas y los esfuerzos para privatizar el Servicio Postal son similares a los desafíos actuales a la educación pública. Ambos ofrecen empleo sindicalizado a trabajadores esenciales. (El USPS empleó a poco menos de 500 mil trabajadores en 2019.)
Los esfuerzos para quebrantar y privatizar el USPS no van a desaparecer, independientemente de las garantías de DeJoy. La gente siempre defenderá este trabajo vital que ayuda a conectar nuestros mundos. El Partido por el Socialismo y la Liberación apoya a los trabajadores postales y honra el servicio esencial que brindan a nuestras comunidades en todas partes.
