La historia de los Estados Unidos está repleta de las luchas por parte de la población, para lograr su derecho al sufragio. Cuando las primeras 13 colonias se independizaron de Inglaterra, a las personas negras, nativo americanas y a las mujeres no se les permitía votar. Los activistas pro-derechos civiles fueron golpeados y asesinados por matones racistas quienes por lo general trabajaban en conjunto con la policía. La Ley del Derecho a Votar de 1965 amplió dichos derechos para incluir a la población negra que había sido excluida por mucho tiempo del proceso electoral. Ese derecho fue logrado por medio de las manifestaciones, la agitación y la desobediencia civil, no a través de la generosidad de los politiqueros.
A primera vista podría parecer que la historia del derecho al sufragio en los Estados Unidos ha sido una larga marcha que continua aumentando los derechos, y que más y más sectores de la sociedad incrementan su influencia y se les insta a participar en las elecciones. Sin embargo, esa fábula es profundamente engañosa. De hecho, el derecho de votar ha sido repitidamente pisoteada, con acusaciones de “fraude por el votante” por grupos conservadores.
Aunque estas organizaciones de la derecha describen al “fraude del votante” en términos que no indican la raza de las personas, su intento es claro. Al mismo tiempo que la población del país se hace más diversa y la base tradicional de los Republicanos — la población blanca — se disminuye, la derecha está tratando de privar a los votantes negro, latino y otras personas pobres, del derecho a votar, especialmente en los estados bisagra (swing states) y con la competencia reñida.
En Pennsylvania, un juez negó activar una ley que habría requerido un carnet de identidad o pasaporte para poder votar. Los análisis encontraron que hasta un 9 por ciento de los votantes no poseen tal identificación, y el carnet de otro 5 por ciento había vencido. Estos grupos son mayormente pobre, recién inscritos para votar, anciano, afro-americano y latino.
A través del país, se estima que hasta 10 millones de latinos eligibles para votar — especialmente los inmigrantes recientemente naturalizados — puedan ser privados a votar si se aprueben tales leyes, según un estudio del grupo Advancement Project.
Recientemente se ha hablado mucho acerca de las campañas cínicas para reprimir el derecho al voto bajo la excusa de combatir los incidentes de “fraude del votante”, incidentes que son extremadamente inusuales.
Las denominadas medidas antifraude son simplemente los más recientes intentos de privar a sectores de la sociedad de su derecho al voto. Otras formas de tal discriminación ya son institucionalizadas.
Delincuentes y ex-delincuentes
Una de las más dañinas de estas medidas, en muchos estados, es la que priva del derecho a votar a los delincuentes ya condenados, incluso después de quedar en libertad y reinsertarse en su comunidad. Esta constante privación de derechos es particularmente significativa, dado el gran incremento de la población carcelaria durante los últimos 40 años. Los Estados Unidos encarcela más personas—2,2 millones—que cualquier otro país en el mundo.
La organización Sentencing Project, la cual se preocupa de los asuntos relacionados con reclusos, hace notar que se le ha denegado el derecho a votar a 5,85 millones de personas en Estados Unidos a causa de haber sido condenados por delitos mayores. El ampliamente documentado racismo dentro del denominado sistema judicial en Estados Unidos, profundiza la denegación del derecho al sufragio para los negros y latinos. Se estima que a una de cada 13 personas afroamericana se le ha denegado su derecho a votar porque han sido encarcelados.
Negarle el derecho a votar a los prisioneros y los ex reclusos le permite a la derecha avanzar en sus metas. Esas personas que han experimentado el racismo y la injusticia bajo el denominado sistema de la “justicia” en este país, abrumadoramente apoyarían un programa político progresista si podrían votar.
Peta Lindsay, la candidata presidencial candidate del PSL, dijo a Liberación, “No sólo nos oponemos a la política del encarcelamiento masivo, también deberíamos oponernos a esta discriminación institucionalizada. Los presos y los ex presos deberían tener derechos plenos, incluso los derechos políticos”.
Los indocumentados y los inmigrantes residentes
Otro sector que no tiene derecho a votar y que contribuye significativamente a la sociedad, a pesar de ser demonizado por los politiqueros y la prensa, son las personas indocumentadas. Muchos de ellos llegaron a este país para escapar el clima de terror auspiciado por Estados Unidos en Centroamérica. Otros abandonaron México cuando el impacto del tratado de libre comercio — el TLCNA — destruyó la economía basada en la agricultura local.
El capital puede atravesar las fronteras para obtener más ganancias como nunca antes, pero a los trabajadores se les trata como delincuentes cuando son desplazados forzosamente de sus comunidades por las desesperantes condiciones de vida. Viven bajo constante amenaza de ser deportados, y sus familias han sido divididas por las redades del estado policial y las leyes injustas.
El Partido para el Socialismo y la Liberación exige el derecho de votar para todos los adultos que viven en los Estados Unidos. El PSL lucha por los derechos plenos de todos los inmigrantes, no importa su estatus legal.
Los Republicanos atacan, los Demócratas ofrecen poca defensa
Los Republicanos, quienes están al tanto de que su base política es abrumadoramente blanca, han concentrado sus campañas en contra de la población de color con sus medidas contra el supuesto fraude, pero el partido Demócrata ha hecho poco para defender el derecho al sufragio.
Esto fue visto en las elecciones del 2000 y ampliamente documentado. Se eliminó del padrón electoral a personas de color en la Florida de una manera sistemática y deliberada. También se puso de manifiesto en la perezosa manera en que dieron respuesta a las anomalías de los votos electrónicos, los cuales pueden ser secuestrados y manipulados. Ambos partidos sirven a los mismos intereses empresariales, y ellos saben que es importante mantener las cosas como están y no estorbar sus intereses al defender los derechos democráticos que ellos afirman defender.
