Por Saul Kanowitz, trabajador de salud pública jubilado
El último resurgimiento del coronavirus, encabezado por la propagación de la variante Delta altamente contagiosa, ha provocado llamadas de oficiales de salud pública que más personas se vacunen con urgencia. Esto también ha involucrado pedidos de mandatos de vacunas en algunos estados para empleados públicos y trabajadores de la salud. Algunos empleadores privados también exigen vacunas.
Por el contrario, los políticos de derecha en algunos otros estados están prohibiendo por completo los mandatos de vacunas. Aparentemente, los opositores de base a las vacunas y enmascaramiento requeridos han estado inundando las reuniones de las juntas de escuelas públicas en muchas áreas para protestar contra el uso obligatorio de máscaras y las vacunas requeridas para los trabajadores escolares, lo que a veces ha obligado a cerrar las reuniones.
El fuerte aumento en el número de personas infectadas, enfermas y moribundas ha puesto en relieve la conducta criminal de los políticos capitalistas de derecha que están manipulando el miedo de la gente y la desconfianza justificada del gobierno para socavar las prácticas de salud pública al descartar pautas estándares y bien probadas, como el enmascaramiento, auto cuarentena y vacunación. La pandemia también ha puesto de relieve las desigualdades en salud en la sociedad capitalista que dificultan que las personas pobres y las personas de color tengan acceso a la atención y información médica. Por último, el sistema capitalista no ha tomado las medidas suficientes para proteger la seguridad económica de la población, erosionando aún más la confianza.
Los mandatos de vacunas de salud pública son programas bien establecidos que combaten eficazmente la propagación de enfermedades infecciosas. Gracias a la vacunación obligatoria, la poliomielitis, que alguna vez fue una enfermedad que incapacitaba gravemente a miles en los Estados Unidos y millones en todo el mundo, ha sido prácticamente eliminada. Según los CDC, aproximadamente 15.000 personas contrajeron poliomielitis en la década de 1950. Con la introducción de las vacunas, ese número ahora es menos de 10 por año. Una campaña internacional de la Organización Mundial de la Salud lanzada en 1988 redujo la incidencia anual de poliomielitis de más de 350.000 a 22 en 2017. En California, los niños están obligados vacunarse contra la poliomielitis, la hepatitis B, el sarampión, las paperas, la rubéola y la varicela.
Es comprensible que muchos sindicatos estén preocupados de que un mandato de vacuna COVID emitido por el empleador erosione su derecho a negociar sobre las reglas laborales. Los sindicatos del sector público deben tener derecho a negociar los términos de cómo se implementan los mandatos de vacunas y las sanciones por no cumplirlos, sin menoscabar el derecho de la población general a acceder a los servicios públicos o estar innecesariamente expuesta al virus. Los mandatos de vacunación impuestos por empleadores privados que son de carácterpuramente punitivo podrían ser contraproducentes y reforzar el escepticismo sobre la vacuna.
En Tejas, donde el gobernador Abbott ha prohibido los mandatos, 89 hospitales no tienen camas de UCI. Una noticia reciente de ABC informó que, en un hospital de Texas, de 77 pacientes de la UCI con un ventilador con coronavirus, 76 no estaban vacunados. El número de casos en el estado en agosto es igual al observado en enero. Ésta es la consecuencia de campañas de derecha no científicas contra las máscaras y las vacunas.
Las fallas del sistema socavan la confianza pública
Las personas se han quedado solas para averiguar cómo sobrevivir en una economía que ha sido parcialmente cerrada por COVID. Con decenas de millones de personas sin trabajo y sin una garantía de ingresos del gobierno, los sectores más vulnerables de la clase trabajadora se han arriesgado a contagiarse al trabajar en persona durante la pandemia. Las familias que han tenido que gestionar el cuidado infantil mientras sus hijos aprenden de forma remota desde casa han recibido poco apoyo.
A la luz de la completa mala gestión de la pandemia por parte del gobierno, quizás el peor aspecto de la cual fue su falta de acción decisiva y temprana, hay un profundo escepticismo en muchos sectores de la sociedad en torno a las garantías de seguridad de la vacuna. Los políticos de derecha se aprovechan cínicamente de esto para sabotear la vacunación y otras medidas de salud pública bajo la bandera de las libertades individuales y la necesidad de mantener la economía “abierta”.
Las desigualdades del sistema capitalista han resultado en tasas más bajas de vacunación y tasas más altas de infección y muerte entre personas negras y latinas. La historia de experimentos médicos racistas, como cuando el gobierno infectó deliberadamente a hombres negros con sífilis y los dejó sin tratar para ver las consecuencias, ha dejado una profunda desconfianza en la comunidad negra. La brutalidad del aparato de aplicación de la ley de inmigración de EE. UU. ha creado una gran preocupación para los trabajadores indocumentados y sus familias cuando se trata de interactuar con el sistema médico. Mientras tanto, los inmigrantes indocumentados detenidos han sido expuestos e infectados repetidamente debido a la negligencia grave de ICE.
A lo largo del curso de la pandemia, las pautas, mandatos y recomendaciones a nivel nacional e internacional han cambiado a medida que el mundo aprendía más sobre el virus en términos de cómo se transmite el COVID y su contagiosidad: cuánto tiempo una persona infectada permanece contagiosa. A medida que se introdujeron las vacunas en el marco del uso de emergencia, el mundo aprendió sobre la eficacia de las diversas vacunas, cómo las vacunas impactan en la transmisión y cuán infecciosas eran las personas vacunadas. La introducción de la variante Delta ha puesto de relieve trágicamente la rapidez con la que un virus como el coronavirus puede mutar y cambiar los parámetros de las pautas de salud pública.
Lo que se necesita más que nunca es un programa integral queaborde las necesidades económicas y de salud de toda la población. Un programa que elimine las barreras económicas y sociales a la atención médica para que las personas tengan acceso a las pruebas, la vacunación y el tratamiento, al tiempo que garantice el bienestar económico de la clase trabajadora, es el mejor antídoto para la crisis política, médica y financiera del COVID-19.
