El Tribunal Supremo hoy lanzó un golpe devastador contra una de las herramientas más importantes disponibles para combatir la intensa segregación que existe en casi todas las áreas de la sociedad: la acción afirmativa. Las sentencias dictadas hoy en las demandas presentadas contra Harvard y la Universidad de Carolina del Norte pone fin a esta práctica en la educación superior, basándose en la irónica justificación de que viola la Cláusula de Protección Igualitaria de la 14ª Enmienda. La opinión de la mayoría concuerda que “nada prohíbe a las universidades tomar en consideración el cómo la raza afectó la vida del solicitante” – lo que significa que no se prohíbe que un solicitante, por ejemplo, mencione ser afroamericano en un ensayo personal – esto carece de sentido frente al histórico ataque a la igualdad racial que constituye el resto del fallo judicial.
En una distorsión indignante de la historia, los seis jueces de tendencia conservadora que votaron a favor de este fallo lo presentaron como parte de un largo legado de decisiones que eliminaron la discriminación racial de la ley, como Brown v. Board of Education y Loving v. Virginia. Las políticas adoptadas por las instituciones educativas, o cualquier otra institución poderosa, no pueden entenderse fuera de su contexto social e histórico.
Decisiones tales como Brown y Loving ayudaron a revocar el sistema político supremacista blanco que ha estado vigente desde la fundación de este país. En esos casos, por supuesto que la demanda era eliminar las referencias explícitas a la raza en la ley. Sin embargo, la igualdad jurídica formal no se traduce por sí sola en igualdad social. Las comunidades afroamericanas, latinas y otras comunidades oprimidas siguen estando sobrerrepresentadas en los trabajos peor remunerados, los vecindarios más descuidados y las escuelas más desfinanciadas. Fue precisamente para combatir esta realidad social que los programas de acción afirmativa comenzaron a implementarse en la década de 1960 y 1970, con el objetivo de garantizar una representación equitativa en las instituciones educativas.
Los opositores a la acción afirmativa pretenden estar defendiendo a los estudiantes blancos pobres y de clase media, alegando que son víctimas de un “racismo inverso”. Sin embargo, los seis jueces millonarios que dictaron sentencia en este caso no les importa en absoluto los estudiantes de clase trabajadora de ninguna raza, y lo mismo ocurre con los donantes ultrarricos que financian la organización “Students for Fair Admissions” (estudiantes por admisiones justas), que fue la demandante en este caso. De lo que realmente se trata esta sentencia es de mantener los privilegios de una pequeña élite.
El tribunal no mencionó nada sobre la práctica de “admisión por legado” de Harvard, por ejemplo. Entre 2014 y 2019, la tasa general de aceptación en Harvard fue del seis por ciento. Sin embargo, para los candidatos de familiares que también asistieron a Harvard, la tasa de aceptación fue del 33 por ciento. Para el reducido grupo de familias blancas y ultra ricas que han gobernado este país durante siglos, las prestigiosas instituciones de educación superior son exclusivamente para ellos. Sus hijos e hijas obtienen todas las ventajas posibles desde el momento en que nacen. La admisión de estudiantes negros y latinos, así como la admisión de estudiantes blancos pobres son una afrenta al orden social desigual que ellos consideran natural y otorgado por Dios. A su vez se horrorizan ante propuestas para brindar educación superior gratuita y condonar la deuda estudiantil.
Cómo se logró la acción afirmativa – y cómo fue atacada.
El apartheid de Jim Crow en los Estados Unidos llegó a su fin debido a la heroica lucha del movimiento de liberación afroamericana en los años 50 y 60 que sacudió a la clase dominante y los obligó a adoptar una forma de gobierno más democrática. En muchas ocasiones, fue la lucha de los estudiantes la que obligó a las universidades a adoptar políticas de acción afirmativa. Por ejemplo, las huelgas de estudiantes de Tercer Mundo en la Universidad de California, Berkeley, y en la Universidad Estatal de San Francisco en 1968 y 1969, lideradas por una organización de estudiantes revolucionarios llamada Frente de Liberación del Tercer Mundo, llevaron a algunos de los primeros programas de acción afirmativa en el país y la creación de los primeros programas de Estudios Étnicos.
A medida que la segregación legal fue erradicada con la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos Electorales de 1965, la lucha por la liberación de los afroamericanos comenzó a centrarse en demandas de transformación social aún más amplias. También se unieron a la lucha en gran número latinos, pueblos originarios, asiáticos y personas blancas progresistas, amenazando incluso al propio sistema capitalista. Muchas instituciones se vieron obligadas a aceptar las demandas para implementar políticas de acción afirmativa.
Lo que sucedió después ilustra una verdad fundamental sobre las concesiones obtenidas dentro del sistema existente: cualquier avance progresivo logrado puede ser revocado. En 1978, el Tribunal Supremo emitió la decisión Bakke, que debilitó la acción afirmativa al prohibir el uso de cuotas. La inclusión de la raza como uno de varios factores en los procesos de admisión fue confirmada en decisiones posteriores, pero mucho más limitado. La decisión Grutter de 2003 sugirió arbitrariamente que en 25 años los programas de acción afirmativa ya no serían necesarios, y la sentencia Fisher de 2016 impuso el estándar legal de “escrutinio riguroso” a los programas existentes.
Lo que realmente se necesita en este momento es una expansión masiva de la acción afirmativa, y no su prohibición de facto. Un programa nacional y completo de acción afirmativa verdaderamente capaz de erradicar la desigualdad racial, que garantice que los estudiantes negros, latinos y de pueblos originarios que están sometidos a la peor pobreza bajo este sistema sean los principales beneficiarios, en lugar de las capas sociales que sufren una privación material menos extrema. Además, debería aplicarse no solo en la educación, sino también en la vivienda, el mercado laboral y otros ámbitos clave de la sociedad.
