Trump quiere que pensemos que el secuestro y el juicio contra el presidente de Venezuela son una acción de “cumplimiento de la ley”. En realidad, se trata de un secuestro ilegal y de un acto de guerra.
Trump se ha nombrado a sí mismo juez, jurado y verdugo en todo el hemisferio occidental. Primero empezó a volar botes pequeños, diciendo — sin aportar ninguna prueba — que transportaban drogas. Y ahora ha llevado a cabo una invasión de Venezuela para secuestrar al líder del país.
¿Qué pasaría si otro país hiciera esto con Estados Unidos?
Imaginen cuál sería la reacción si una fiscalía en otro país declarara que un político en Estados Unidos es culpable de un delito y luego enviara a su ejército a Estados Unidos — matando a decenas de personas antes de llevárselo por aire, esposado, al funcionario electo.
Cualquier país trataría algo así como un acto de guerra. Que una fiscalía de otro país dijera que estaba justificado no importaría. Pam Bondi no es la fiscal general del mundo entero.
Además, las acusaciones contra Maduro son completamente infundadas. Cada año, la Administración para el Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) publica un informe que resume las principales amenazas vinculadas a las drogas que enfrenta el país. Pero el supuesto cártel que Trump alega que dirige Maduro no aparece en ese informe — porque no existe y apenas se lo inventaron hace poco. Si un país entero estuviera gobernado por una banda de narcotráfico, ¿no merecería al menos una mención de pasada en el gran informe de la DEA?
El gobierno de Estados Unidos no tiene ningún derecho legal para enjuiciar a Maduro. Es otro ejemplo de Trump atribuyéndose el poder de hacer lo que quiera, dondequiera que quiera. Él ha dejado perfectamente claro en público que, en realidad, todo esto se trata de robarse el petróleo de Venezuela. El caso contra Maduro debe ser desestimado de inmediato.
