Después de pasar semanas llevando a cabo negociaciones en la trastienda con el senador Joe Manchin, la senadora Krysten Sinema y otros demócratas de derechas en el Congreso sobre el presupuesto del programa social, el gobierno de Biden anunció ayer un “marco” que abandona algunos de los elementos más importantes de la propuesta original. Como parte de la capitulación de la administración ante los derechistas, ha acordado recortar a la mitad la asignación total a los programas sociales: de 3,5 billones de dólares a 1,75 billones.
La vergonzosa rendición de Biden se debe al enfoque fundamental que adoptó en esta lucha. En lugar de tratar de presionar lo más posible a los defensores de la derecha dentro de su propio partido, Biden sólo expresó la más leve de las críticas. Biden comentó en un acto público en Baltimore la semana pasada: “Joe [Manchin] no es un mal tipo. Es un amigo”. Y Biden efectivamente trató a Manchin como un amigo, accediendo a sus demandas de recortar del presupuesto una amplia gama de programas que habrían proporcionado un gran alivio a los trabajadores.
Esto incluye la eliminación completa de las bajas familiares y por enfermedad pagadas. Estados Unidos es el único país rico del mundo que no garantiza este tipo de permisos, que inicialmente se habrían fijado en 12 semanas. La gratuidad de los colegios comunitarios también ha sido totalmente eliminada en el nuevo marco de Biden. El Programa de Rendimiento de Electricidad Limpia, quizás el componente climático más crucial de la propuesta original, ha sido eliminado para complacer a los capitalistas de la industria del carbón que matan el planeta. El CEPP (en inglés) habría invertido 150.000 millones de dólares para facilitar la transición a una economía neutra en carbono.
Otros componentes del presupuesto de los programas sociales siguen estando nominalmente presentes, pero se han reducido drásticamente. El crédito fiscal que proporciona a los padres de la clase trabajadora cheques de entre 250 y 300 dólares mensuales por hijo sólo se prorrogó durante un año, en lugar de hacerse permanente. Los 327.000 millones de dólares destinados a reforzar la vivienda pública y asequible en todo el país se redujeron a 150.000 millones. El plan para reducir los beneficios de las empresas farmacéuticas mediante la negociación de los precios de los medicamentos de Medicare -y utilizar el ahorro resultante para ampliar la cobertura de Medicare para incluir la audición, la visión y la odontología- se ha eliminado y sólo se añadirá la audición. Manchin y Sinema están tan decididos a llenar los bolsillos de sus ricos amigos de las grandes farmacéuticas que están dispuestos a sacrificar los dientes y los ojos de los ancianos para conseguirlo, y Biden está cediendo ante ellos.
El gobierno de Biden está haciendo mucho enfasis en que en su nuevo marco se asignan más de 500.000 millones de dólares para medidas relacionadas con el cambio climático. Pero la mayor parte se gastaría en forma de créditos fiscales que las grandes empresas estarían mejor posicionadas para aprovechar, y otras subvenciones destinadas a reforzar a los capitalistas “verdes”. No está claro qué parte de esta cantidad se destinaría a acciones concretas para reducir las emisiones de carbono.
Las subvenciones para el cuidado de los niños se mantienen en el proyecto de ley, pero están sujetas a requisitos de ingresos y empleo. La educación preescolar universal ha sobrevivido intacta a la capitulación de Biden. La administración sigue hablando de boquilla sobre la inclusión de medidas de reforma de la inmigración en el proyecto de ley, pero los demócratas están dando fuertes señales de que simplemente dejarán de lado esta prioridad crucial cuando sea inevitablemente descalificada por el parlamentario del Senado. El parlamentario del Senado es una figura oscura, tipo árbitro, encargada de interpretar las reglas de la cámara – pero los dictámenes del parlamentario no son vinculantes y los demócratas podrían simplemente optar por ignorarlos sin necesidad de un solo voto republicano.
Todavía no hay un voto final
Biden esperaba que su marco de rendición fuera rápidamente aceptado por el Congreso a tiempo para la cumbre del clima COP 26 en Glasgow, Escocia, este fin de semana. Afortunadamente, esto no ocurrió.
Hay dos leyes importantes vinculadas entre sí. Uno, al que los medios de comunicación se refieren como el “proyecto de ley bipartidista de infraestructuras”, está fuertemente orientado a las subvenciones a las empresas y cuenta con el apoyo de algunos republicanos. El otro es el presupuesto de programas sociales. Los demócratas de derechas han exigido la aprobación inmediata del proyecto de ley “bipartidista”, pero el Caucus Progresista del Congreso se ha negado a hacerlo a menos que se apruebe simultáneamente el presupuesto de programas sociales.
La dirección del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes intentó forzar la votación del proyecto de ley “bipartidista” el jueves. Pero ese esfuerzo tuvo que ser cancelado en el último minuto cuando quedó claro que la votación no tendría éxito.
Sin embargo, el Caucus Progresista ha indicado que simplemente están aguantando hasta que se redacte el texto legislativo real, en lugar de exigir que se vuelvan a añadir programas cruciales en el proyecto de ley. La presidenta del CPC, Pramila Jayapal, emitió un comunicado de prensa el jueves en el que afirmaba: “El Caucus Progresista del Congreso acaba de votar abrumadoramente para respaldar, en principio, todo el marco de la Ley Build Back Better anunciado hoy por el Presidente Biden. Apreciamos el liderazgo del Presidente y su compromiso de llevar este proceso a la meta”.
La declaración explicaba que su negativa a votar a favor del proyecto de ley bipartidista ese día era para que, “el texto legislativo que puede ser plenamente evaluado y acordado por todas las partes… Hay demasiado en juego para las familias trabajadoras y nuestras comunidades como para conformarse con algo que luego puede ser malinterpretado, enmendado o abandonado por completo”. En lugar de luchar para revertir la capitulación de Biden, el Caucus Progresista está simplemente tratando de evitar que el presupuesto de los programas sociales se erosione aún más.
Biden y el resto del Partido Demócrata tenían muchas herramientas a su disposición para obligar a Manchin y Sinema a dar marcha atrás en su repugnante postura anti-obrera. Podrían haberles cortado los fondos de campaña, haberles retirado de sus comisiones, negarse a considerar cualquier legislación que propusieran, apoyar las impugnaciones en las primarias o convocar acciones masivas para aumentar la presión. Pero en lugar de ello, apenas pudieron reunir el valor para criticar siquiera al dúo de la derecha en los medios de comunicación. El tiempo se agota para revertir este retroceso vertiginoso.
