“¡Vergüenza! ¡vergüenza ¡vergüenza!” Desde el 31 de enero, este ha sido el mensaje de la Asociación de Estudiantes de Posgrado de la Universidad de Temple (TUGSA por sus siglas en inglés), AFL-CIO Local 6290, a la administración presidida por Jason Wingard. Las y los trabajadores continúan en huelga por salarios más altos, atención médica para dependientes y un permiso de paternidad comprensivo. Actualmente, el salario anual promedio de un asistente de enseñanza en Temple es de aproximadamente $19,500. El sindicato pide al menos $32,000, lo que aún es poco considerando el aumento del costo de vida de Filadelfia. Más allá de salarios justos, TUGSA pide a la universidad que proporcione planes de atención médica asequibles para las y los dependientes, así como un permiso de paternidad razonable. En comparación con los cinco días que tienen permitidos actualmente, el sindicato pide 45.
TUGSA ha estado en negociaciones con Temple desde enero de 2022 y votó en favor de la huelga en noviembre. En respuesta a las demandas de TUGSA de un salario digno, la administración afirmó que los salarios de las y los trabajadores nunca tuvieron la intención de cubrir completamente los costos de vida. Según la estudiante de doctorado en Medios y Comunicaciones y miembro de TUGSA, Kate Dawson, al admitir que estos puestos están reservados para aquellas y aquellos que ya poseen estabilidad financiera, la administración está confesando la inequidad que conduce al fondo de la huelga. Explicó que las cargas de trabajo no se distribuyen uniformemente y, debido a las becas arbitrarias, “algunas personas que ganan menos que otras terminan teniendo que trabajar más que los estudiantes que ganan más. Nos dividen en función del salario para que puedan enfrentarnos entre nosotros… Deliberadamente tergiversan nuestros números para pintarnos como una minoría marginal. No culpo a las y los trabajadores que están siendo intimidados. Es culpa de la administración. Están tratando de sembrar división”.
Un ejemplo de la intimidación a la que se refería Dawson tiene que ver con el estatus de las y los estudiantes internacionales, quienes están siendo amenazados después de recibir un mensaje advirtiéndoles de “problemas potenciales con la visa si deciden ir a la huelga”. Además, Temple acusó a las y los trabajadores en huelga de acosar a otros estudiantes, profesores y profesoras, con lo que justificaron un aumento de la presencia policial.
Desde que comenzó la huelga hace más de un mes, Temple ha respondido revocando la condonación de la matrícula y los beneficios de salud de las y los trabajadores, instituyendo recargos por pagos atrasados y retención de cuentas por pagos parciales de matrícula realizados en marzo. Una vez que las y los estudiantes recurrieron a la financiación colectiva de sus propios costos de atención médica, la presión pública obligó a la universidad a restablecer los beneficios de salud de las y los trabajadores. En un correo electrónico a las y los estudiantes, la administración trató de justificar este cambio como resultado de que TUGSA negoció de buena fe. Sin embargo, la verdad es que TUGSA lleva negociando en buena fe desde enero pasado. En contraste, la administración ha mantenido la represión sindical durante todo el proceso. Sus represalias ilustran cuán fuera de contacto están con las demandas de las y los trabajadores. Este es un momento crucial para los esfuerzos del sindicato, y la concesión de la universidad solo los alimenta con la energía que necesitan para mantenerse fuertes.
En múltiples ocasiones en febrero, cientos de estudiantes de pregrado se reunieron en la sede de TUGSA, el Campanario, para mostrar solidaridad con sus asistentes de enseñanza y asistentes residentes. Al comprender la importancia de no cruzar una línea de piquete, las y los estudiantes universitarios se negaron a asistir a las clases mientras expresaban con orgullo sus frustraciones con cánticos dirigidos al edificio administrativo de la universidad. Estos esfuerzos han sido posibles gracias a la Coalición de Solidaridad de Estudiantes de Temple recientemente formada, la que enfatiza la importancia de organizar a todas y todos quienes son víctimas de la codicia de la administración.
El 21 de febrero, el sindicato rechazó abrumadoramente un acuerdo tentativo presentado por la universidad. El acuerdo, rechazado por más del 92% de las y los miembros y con una participación electoral de más del 83%, solo ofrecía un aumento de salario a $23,600 para 2026 y no ofrecía apoyo monetario para los beneficios de salud de las y los dependientes. Las y los trabajadores se mantienen enérgicos mientras continúan haciendo piquetes y están ansiosos a que la administración se siente en la mesa de negociaciones en los próximos días o semanas.
Si desea apoyar a TUGSA, puede realizar donaciones en tugsa.betterworld.org/campaigns/tugsa-strike-fund.
