El fenómeno de las personas sin hogar (“homeless” en inglés) es tan extenso hoy en los Estados Unidos que puede sorprender el hecho de que el término no existiese en el léxico antes de 1980.
Esto se debe a que la epidemia de personas sin hogar—gente viviendo en la calle, en vehículos o en refugios—no era una característica generalizada y permanente en la sociedad de los Estados Unidos anterior a la década de los 80.
Sin embargo, a día de hoy una persona corriente podría fácilmente creer que este fenómeno es algo que “siempre ha existido”.
Es a partir de 1983 cuando el New York Times comenzó a usar el término “homeless” en lugar de “vagabundo”, como lo había hecho hasta ese momento. La palabra “hobo” era más característica de la década de 1930, la era de la Gran Depresión, y definía mayoritariamente a los nuevos desempleados en su lucha por la subsistencia.
El giro en la política editorial del New York Times refleja el dramático cambio de las condiciones económicas de millones de estadounidenses durante los años que marcaron el comienzo de la administración Reagan.
Bajo el sistema capitalista de propiedad privada, los propietarios y los bancos tienen la potestad indiscutible de desalojar y ejecutar la hipoteca del inquilino o comprador que no pueda hacer frente al alquiler o al pago de la hipoteca. Los derechos (más bien beneficios) de los propietarios privados tienen prioridad sobre el derecho del pueblo a disfrutar un lugar donde vivir; la amenaza de pérdida del propio hogar está siempre presente.
Historia de la vivienda pública
La oleada de luchas obreras exigiendo un necesario alivio económico en la década de 1930, consiguió amplios programas sociales, como la seguridad social, el seguro de desempleo y la asistencia general. La primera tanda de viviendas que gestionó el gobierno federal se entregó en 1937, bajo la Administración de Obras Públicas, construyéndose unas 21.000 unidades.
En ese mismo año, se crea la Autoridad para la Vivienda de los Estados Unidos bajo el Acta Wagner-Steagall. Su objetivo era la construcción y administración de viviendas para familias de bajos ingresos, alcanzando las 50.000 unidades creadas en 1939.
Durante la Segunda Guerra Mundial el Gobierno propició la construcción de 172.000 unidades y la ampliación del beneficio de una vivienda a cientos de miles de familias trabajadoras. Más tarde, en 1949, se aprueba la Ley de la Vivienda, imponiendo de límites a los alquileres y ampliando enormemente el papel del gobierno en la construcción y la administración de la vivienda pública. Se destinaron fondos para la creación de más de 800.000 viviendas.
Estas medidas encontraron una fuerte oposición en las empresas inmobiliarias y de construcción, argumentando que sus beneficios caerían en picado. Consiguieron forzar con éxito un cambio en las políticas de vivienda del Gobierno de los EE.UU., limitando estos beneficios sociales a los “extremadamente pobres”.
Los años de Reagan: guerra a trabajadores y gente pobre
La victoria presidencial de Ronald Reagan en 1980 marca un momento crucial en donde los programas de apoyo a trabajadores de bajos ingresos y a la gente pobre se encontraron ahora en el punto de mira. El gobierno aplicó políticas salvajes en pos del enriquecimiento de los súper-ricos, con enormes recortes de impuestos y desregulaciones en la industria y la banca. Por si esto no fuera poco, Reagan también amplió la escalada militar que ya se había iniciado en el último año de la administración Carter.
Por supuesto, tanto republicanos como demócratas en el Congreso aprobaron los recortes, antes de que el propio Reagan los firmase y convirtiese en ley.
Reagan introdujo la desregulación de las instituciones de préstamos y ahorro con la firma del Acta Garn-St. Germain de Instituciones de Ahorros. Antes de esta desregulación, la función principal del ahorro y el crédito era proporcionar préstamos para vivienda a las personas físicas, y los préstamos comerciales quedaban prohibidos. La nueva ley abrió la puerta a las prácticas financieras especulativas, que llevaron al cierre de casi 1.600 bancos y la pérdida de 130 mil millones de dólares de los depósitos de los consumidores. Se puede considerar un precursor del rescate bancario de 2008, y el gobierno “rescató” los bancos de ahorro y préstamos, haciendo uso de cientos de miles de millones de dólares expoliados a la población.
Uno de los recortes más drásticos y perjudiciales de este gobierno fue el que se aplicó a la vivienda.
En el primer presupuesto de Reagan el financiamiento para la vivienda pública y el programa de la Sección 8 se redujo a la mitad, a 17,5 mil millones de dólares en el año fiscal de 1982. En 1983 se hundió aún más, hasta los 8,7 mil millones.
Al mismo tiempo, millones de trabajadores perdieron sus puestos de trabajo y miles de fábricas fueron cerradas o reducidas sus fuerzas de trabajo. Las más perjudicadas fueron las comunidades negras en los centros urbanos.
Al final del primer mandato de Reagan, el número de personas sin hogar que malviven en las calles aumentó hasta la sorprendente cifra de 600.000. Y eso teniendo en cuenta que éstas son cifras conservadoras; tan sólo en Los Angeles se pudo encontrar entre 50.000 y 75.000 personas en esta situación.
Los que más estaban en riesgo eran los programas sociales llamados “derechos” o los beneficios “con comprobación”. Según estos, los individuos y las familias que están por debajo de una directriz federal de pobreza, son aptos para recibir diferentes formas de asistencia necesarias para su subsistencia.
El asalto contra los trabajadores fue acompañado de un nuevo vocabulario: culpar a los pobres por ser pobres y glorificar al “mercado libre”. Términos como “trickle down”, (significando que con otorgar mayores beneficios a los ricos, ese enriquecimiento beneficiaría a la gente trabajadora y pobre, con una parte “goteando hacia abajo) y beneficios sólo para personas “digno de asistencia” (en contraposición con los “indignos”) eran parte de la guerra ideológica destinada a desmovilizar a la población, inculcando la idea de que la pobreza es culpa de la persona que la sufre.
En un comunicado a la televisión nacional en 1984, Reagan dijo que las personas sin hogar eran “personas sin hogar, se podría decir, por elección”.
Hacia el final del segundo mandato de Reagan en 1989, los programas de vivienda subsidiada se habían reducido un 80,7 por ciento, teniendo en cuenta la inflación. Las viviendas públicas disponibles para las personas mayores se redujeron en un 47,1 por ciento, de acuerdo con los datos del economista progresista John Miller.
Acompañando la eliminación virtual del apoyo a la vivienda para los pobres, surgió también la especulación y la gentrificación de las rentas por parte de los terratenientes, acelerando así los desalojos y la imposición de alquileres exorbitantes en docenas de ciudades estadounidenses.
La ciudad de Nueva York, que había sido una de las ciudades más asequibles para vivir debido al control de alquileres generalizado, fue víctima de una ofensiva llevada a cabo por los propietarios y promotores inmobiliarios con el objeto de anular ese control. Los pobres fueron expulsados a las calles y la ciudad se convirtió en la viva imagen del problema de falta de vivienda a nivel nacional.
Antes de Reagan, el requisito para recibir viviendas de protección oficial era que la familia tenía que destinar el 25 por ciento de sus ingresos mensuales al alquiler. En el primer año Reagan, el gobierno elevó el requisito hasta el 30 por ciento. El impacto de esta medida fue grande, debido a que una persona ya dedicaba un promedio de una semana al mes sólo a su hogar.
El problema no es solamente Reagan
Si uno concluyese que estas políticas — en la que los ricos se hacen más ricos y la clase trabajadora se empobrece — deben atribuirse solamente a Reagan, el análisis de las sucesivas actuaciones por parte de las administraciones posteriores podría rápidamente desmantelar ese mito. De Bush padre a Clinton, de Bush hijo a Obama… las políticas para facilitar el acceso a la vivienda a trabajadores de bajos ingresos y la gente pobre han recibido recortes continuos. La crisis de la vivienda y de las personas sin hogar es cada vez mayor. Un análisis realizado por el Centro de Presupuesto y Prioridades Políticas, nos dice que en 2011, 8,5 millones de familias con ingresos familiares bajos experimentan “las peores necesidades de vivienda”, lo que significa que pagan más de la mitad de sus ingresos en concepto de alquiler y derivados, o que viven en viviendas severamente deficientes y no reciben asistencia alguna por parte del gobierno. Eso supone un aumento del 43 por ciento con respecto al 2007.
Cuando la población tiene que entregar tal proporción de sus ingresos a los propietarios, queda muy poco para comida, calefacción, salud, vestimenta, transporte y otros recursos básicos. Sin embargo, la financiación del Congreso a la vivienda de interés social se redujo un 6% de 2010 a 2012.
La vivienda pública y o los subsidios del Gobierno no resuelven todos los problemas sociales o económicas que las personas de bajos ingresos experimentan. La segregación racial era la norma durante décadas, y sigue siendo una realidad palpable. Tradicionalmente, los residentes negros y latinos sufren la falta de atención y mantenimiento de sus viviendas por parte de las autoridades locales y nulas oportunidades económicas en sus propios vecindarios. Este descuido deliberado creó el pretexto perfecto para la demolición de cientos de miles de viviendas a mediados de la década de 1990, bajo la administración Clinton, con la promesa de que la vivienda nueva, moderna y de ingresos mixtos sustituiría a los anteriores proyectos. La realidad fue que muchas personas quedaron dispersas y vulnerables, en peores viviendas o directamente sin hogar.
Millones de personas sin techo o con vivienda inadecuada tienen una necesidad urgente e inmediata de una vivienda digna y asequible. El financiamiento federal masivo podría ser una realidad arrebatada al gobierno a través de la movilización del pueblo de los Estados Unidos, junto con la demanda de puestos de trabajo, salud y educación. Si tomamos los bancos – los responsables directos de la crisis hipotecaria – se podría proporcionar todo la vivienda y el dinero necesario para acometer esos proyectos sociales.
Pero la realidad es que bajo el capitalismo, los bancos, corporaciones, propietarios, empresas de bienes raíces y sus políticos siempre serán capaces de hacer retroceder las reformas necesarias. La verdadera respuesta es eliminar la propiedad privada y la falsa idea de que el capitalismo nos da a todos la “oportunidad” de comprar o tener una casa. La Revolución Cubana nos mostró cómo podemos garantizar un hogar a todos, acabar con el latifundismo y hacer de la vivienda un derecho real y permanente.
