Con miles de millones de dólares en deuda, Ucrania es uno de los más grandes prestatarios del Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, se calcula que en el 2023 el gobierno ucraniano le deberá 360 millones de dólares en cargos adicionales al FMI. Mientras que, al caer la Unión Soviética, Ucrania adoptó una economía de mercado con alguna intervención gubernamental, la neoliberalización impulsada por el FMI se intensificó rápidamente en el 2014 después del golpe de estado apoyado por los EE. UU. Este proceso se ha intensificado hasta más agresivamente después de la invasión rusa. El propósito de los préstamos del FMI en Ucrania —igual que en cualquier país prestatario— es obligar al estado a implementar políticas de ajustes estructurales y medidas de austeridad como el desmantelamiento de las regulaciones de los sectores laborales y comerciales o el recorte de programas sociales y gastos gubernamentales para atraer y abrir el país a la inversión extranjera.
El rol de las instituciones como el FMI es un factor importante pero poco discutido que motiva el apoyo de la clase capitalista a la guerra en Ucrania. Desde la invasión rusa en febrero del 2022, el estrangulo del FMI sobre el país se ha intensificado. Ahora enzarzado en una guerra, el gobierno ucraniano tiene menos capacidad de rechazar o negociar las políticas de ajuste estructural y las reformas económicas que exige el prestamista. De esta manera, como en cualquier país prestatario, el FMI sirve como instrumento imperialista del capital occidental en Ucrania, ahora usando la guerra como pretexto para acelerar la “terapia de choque” y la penetración del país por Wall Street y otros intereses de inversión extranjera para que puedan comprar hasta el último bien mientras el país es destruido por la guerra.
Derrumbe postsoviético y precedentes al Euromaidán
Después del derrumbe postsoviético, Ucrania sufrió la segunda caída más grande en ingresos per cápita de todas las repúblicas socialistas que anteriormente formaron parte de la Unión Soviética; del 1990 al 1997, los ingresos por persona cayeron por 60%. Dada la realidad de esta destrucción económica, Ucrania ha accedido repetidamente a los paquetes de ayuda económica del FMI para apuntalar su economía en aprietos: el prestatario le prestó 3.5 mil millones de dólares al gobierno ucraniano después de la disolución de la Unión Soviética, otros 2.3 mil millones de dólares en 1998 (cantidad que luego aumentó), otros 600 millones en el 2004, y aún otros 16.4 mil millones de dólares en el 2008.
El FMI por mucho tiempo se ha interesado en abrir a Ucrania, el país más pobre de Europa, a los intereses empresariales occidentales —especialmente el sector agrícola. Conocido como “el granero de Europa”, Ucrania es el cuarto exportador más grande de maíz y el quinto más grande de trigo, con la tierra negra fértil ideal para cosechar grandes cantidades de granos. Es con esta visión de Ucrania como sitio de inversión para la industria agraria que los prestamistas como el FMI y el Banco Mundial exigen la implementación de reformas económicas que favorecen a las corporaciones occidentales—como el recorte de los servicios sociales, la disminución de impuestos corporativos y la erosión de las leyes de protección laboral y medioambiental— como requisitos para su apoyo financiero.
En realidad, el Banco Mundial le proveyó a Ucrania un préstamo de 89 millones de dólares como parte del Proyecto de Registro y Desarrollo de Tierras Rurales en Ucrania, que se completó en el 2013— una iniciativa que buscaba “privatizar tierras del estado y fincas cooperativas, repartir parcelas de tierra con sus títulos a sus dueños y establecer un catastro electrónico“.
En el 2010, el FMI estaba a punto de otorgar otros 15 mil millones de dólares en financiamiento, bajo condición de que se eliminaran los subsidios para la gasolina y las reformas de impuestos y pensiones. Sin embargo, ese préstamo no fue otorgado después de que el entonces presidente, Viktor Yanukóvich, vetó algunas de las medidas austeras. El año siguiente, en el 2011, el mismo plan de financiamiento se atascó otra vez cuando el gobierno de Yanukóvich no logró pasar una ley de reforma que tenía como meta recortar los gastos públicos al elevar la edad de jubilación para las mujeres de 55 años a 60. Aunque unos meses después el Parlamento logró pasar esta ley masivamente impopular, así descongelando el préstamo, la reticencia de Yanukóvich y los retrasos en implementar las medidas de austeridad como estas tendrían consecuencias severas para su administración.
El momento crucial que llevo a Ucrania al momento de crisis actual llegó a finales del 2013, cuando se esperaba que Yanukóvich firmara un acuerdo de comercio con la UE, que estaba atado a un préstamo del FMI de 17 mil millones de dólares. Ucrania estaba a punto de caer en insolvencia, y el acuerdo habría integrado al país aún más en la esfera económica occidental. Sin embargo, el presidente ruso, Vladímir Putin, les ofreció un plan de ayuda económica más atractivo con un préstamo de 15 mil de millones de dólares, más un descuento de 33% al gas natural ruso. En el 2014, poco después de haber firmado el acuerdo con Putin, Yanukóvich fue derrocado y exiliado por un golpe de estado que orquestado con la ayuda de los EE. UU conocido como el Euromaidán.
Después del 2014: Las repercusiones del Euromaidán y la intensificación de la neoliberalización
Desde el 2014, las instituciones financieras internacionales han tomado la oportunidad de intensificar aún más la neoliberalización en Ucrania. Inmediatamente después del golpe, el Primer Ministro recién instalado por los EE. UU., Arseni Yatseniuk, firmó el acuerdo comercial con la UE y entabló nuevamente el diálogo con el FMI. A cambio del préstamo de 17 mil millones de dólares, la institución obligó al gobierno ucraniano a reformar sus subsidios para el gas natural. Como resultado, el pueblo ucraniano vio un aumento en los precios del gas natural de 50%. Otras reformas que formaron parte del acuerdo para el préstamo incluyeron aumentos a los impuestos de propiedad, el congelamiento del salario mínimo y recortes a los sueldos de los trabajadores del sector público.
El Banco Mundial también anunció un préstamo de 3.5 mil millones de dólares para Ucrania después del golpe, con un acuerdo que incluía recortes a los servicios públicos de energía y agua y una estipulación que decía que el gobierno debería “eliminar las restricciones que limitan la competencia y se limite el rol del ‘control’ del estado en las actividades económicas“.
Y en agosto del 2014, Yatseniuk —anteriormente un ejecutivo bancario— propuso una ley para recortar impuestos para los comercios y anunció un plan para privatizar todas las empresas administradas por el gobierno, menos las más esenciales. El año próximo, en julio del 2015, durante el primer Foro de Negocios entre EE. UU. y Ucrania, el primer ministro prácticamente le rogó a los participantes de la conferencia, diciéndoles, “Les pedimos a los comercios americanos que participen en la privatización a escala grande de los comercios del estado… Tenemos intereses similares, y definitivamente vamos a tener éxito en esto. Así que, por favor, consideren la idea de invertir en Ucrania y participar en la privatización“.
Y en otro paso para atraer la inversión al comercio agrícola de fabricantes de semillas como Monsanto y DuPont, el acuerdo comercial con la UE también abrió el sector agrícola de Ucrania al uso de las biotecnologías, a pesar de que el uso de los OMGs había sido prohibido en el país desde el 2007.
Seis años después, en el 2020, el FMI obligó a Ucrania a abrir su mercado de suelo a la venta, levantando un prohibición de 19 años a la venta de tierra de cultivo, una de las condiciones para otro préstamo de 8 mil millones de dólares. Esta movida fue otro paso hacia la venta de Ucrania a la agroindustria occidental, “que consolidaría aún más tenencia de la tierra e intensificaría la agricultura industrial a gran escala en el ‘granero de Europa’ en detrimento de los agricultores ucranianos“.
Un reportaje del FMI del 2017 reveló en sus propias palabras los planes de ”acelerar reformas” en Ucrania —o sea, intensificar la terapia de choque y continuar la privatización de los comercios del estado y los ataques a los programas sociales, las pensiones y el gasto público.
Para acelerar el crecimiento que le permitirá a Ucrania desarrollar su economía, el gobierno debe abordar los siguientes retos:
los comercios ineficientes del estado todavía forman gran parte de la economía, lo que estanca el crecimiento económico y representa una carga grande en las financias públicas;
el mercado de tierras agrícolas sigue estando subdesarrollado debido a una moratoria sobre la venta de tierras que limita la expansión de este sector clave y que deja a la población rural en la pobreza;
con una población envejeciente y opciones generosos de jubilación temprana, muy pocos trabajadores financian a demasiados jubilados, lo que amenaza la estabilidad del sistema de jubilación y obliga que las pensiones sean bajas;
con un sistema judicial débil, corrupción aún descontrolada, fuerte influencia de la oligarquía y regulación excesiva que frenan la inversión extranjera.
Lo que se llamó la “revolución de la dignidad“ fue en realidad fue un cambio de régimen dirigido por los EE. UU. que inició el asalto de lleno del FMI en contra del estado benefactor ucraniano.
Después del 2014: Medidas ‘anticorrupción‘
Después del Euromaidán, los EE. UU., la UE, el FMI y sus aliados lanzaron una campaña “anticorrupción“ en Ucrania. En marzo del 2014, el gobierno de Ucrania, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Fomento, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Asociación Europea de Comercio y la Cámara de Comercio de los EE. UU. en Ucrania, entre otros, firmaron el Memorando de entendimiento para la iniciativa anti-corrupción de Ucrania. Con la meta de “combatir la corrupción”, los signatarios acordaron ”asegurar que los mercados de Ucrania estén abiertos y eficientes”. El memorando también ”reconoce la importancia de la contribución colectiva de las instituciones financiaras internacionales al desarrollo de Ucrania. Actuando juntos, las instituciones financiaras internacionales apoyan comercios locales, ayudan a atraer inversiones extranjeras y contribuyen a la mejora del clima de inversión“.
Al pedido del FMI, y con el apoyo de la Open Society Foundations y la Agencia de los EE. UU. para el Desarrollo Internacional, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU por sus siglas en inglés) fue establecida después del Euromaidán. La NABU es una agencia estatal que supuestamente se dedica a investigar casos de “corrupción“ por la “oligarquía“ local. La creación de la NABU fue una de las condiciones establecidas por el FMI y la Comisión Europea para relajar las restricciones sobre visas entre Ucrania y la UE. En un informe para el centro de estudios neoliberales, el Atlantic Council, el economista Anders Åslund explicó la supuesta necesidad de una organización como la NABU:
El pecado original postsoviético de Ucrania es que el gobierno quiere controlar a los fiscales, las cortes y los servicios de seguridad del país, para que pueda, a la vez, controlar al sector privado. Las tentaciones son obvias. En cuanto se logra un puesto importante, se pueden iniciar discusiones con líderes de negocio de cómo se les puede ayudar, y más, ayudar al mismo país. No hay necesidad de emitir amenazas. Simplemente se puede declarar la intención de proveer ayuda.
Esto sigue siendo el problema fundamental con el gobierno ucraniano. Los viejos hábitos de ley-por-teléfono estilo soviético perduran, a pesar de que las llamadas se han mudado del teléfono fijo a los canales de Signal o Telegram. Algunos oficiales de alto rango les dicen a los pocos empresarios pudientes que dominan la economía ucraniana que deben cooperar. Todos entienden que esta cooperación significa ofrecer grandes sumas de dinero. Lo demás son los detalles.
Para aclarar, aunque se les destaca por la prevención de la corrupción de ”la oligarquía” ucraniana, las organizaciones anti-corrupción como la NABU, en realidad existen para eliminar la intervención estatal y apoyar al enriquecimiento de las corporaciones extranjeras. La corrupción endémica entre la elite empresarial no es una ficción, pero el esfuerzo de supuestamente eliminarlo está motivado por el deseo del capital extranjero para ganarles terreno a sus competidores.
Por ejemplo, una de las iniciativas iniciadas por la NABU, con el apoyo de USAID y el Open Society Foundation, fue ProZorro, un sitio web de adquisición por internet por el cual todos los gastos del estado ucraniano —incluyendo todo su equipo militar— deben pasar. En esa plataforma, representantes comerciantes compiten para ser proveedores al estado al momento en que se anuncian licitaciones para la compra de bienes y servicios —prácticamente garantizando que todo se le compre a proveedores extranjeros.
A los que apoyan a ONAU y a ProZorro, usar proveedores estatales para bienes domésticos trae un riesgo mayor de beneficiar a la oligarquía corrupta ucraniana. De hecho, casi el 40% de las procuraciones del estado ucraniano vienen de proveedores extranjeros, mientras que en los EE. UU. y Gran Bretaña, las procuraciones del extranjero abarcan el 5% y el 8% respectivamente. Cuando en el 2020 el gobierno ucraniano intentó pasar una ley para que más procuraciones vinieran de proveedores domésticos para apoyar a la economía local, las organizaciones anticorrupción, con los EE. UU. y Europa, inmediatamente intervinieron, rechazando la medida. Estas organizaciones controladas por los EE. UU. y la UE aseguran que las compañías extranjeras ”transparentes” sean privilegiadas encima de las empresas domésticas ”corruptas”.
En el 2021, como requisito para recibir un préstamo del FMI de 5 mil millones de dólares, el gobierno ucraniano se vio obligado a pasar una ley para “fortalecer la independencia“ de la NABU. La nueva ley hubiera requerido “una comisión compuesta por tres delegados gubernamentales y tres nombrados por donantes internacionales para elegir a dos candidatos que dirigirían la NABU“. El gobierno entonces se hubiera visto obligado a seleccionar uno de los nombrados y no hubiera podido interferir con el trabajo de la NABU o de anular cualquiera de sus decisiones finales. Esto forma parte del proyecto del FMI y la UE de exigir control total de estos órganos anticorrupción como condición de la integración a la UE, para así poder abrir a Ucrania al capital occidental sin restricciones.
La campaña en contra de la corrupción es simplemente una maniobra para que los EE. UU., la UE, el FMI y otras instituciones internacionales financieras inviten más penetración de Ucrania por parte de capital extranjero.
Del 2022 al presente: Invasión rusa y planes posguerra
La guerra con Rusia está endeudando aún más a Ucrania con el FMI y sus otros prestamistas. Desde la invasión rusa, el FMI ha desembolsado 2.7 mil millones de dólares en ayuda de emergencia y recursos para el país, y pronostican que en el 2023 el país necesitará apoyo de préstamos de 3-4 mil millones de dólares al mes. Esto es encima de los miles de millones debidos a otras instituciones como el Banco Internacional y el Banco Europeo de Inversiones, fondos de cobertura y otros prestamistas privados. Y por esta trampa en la cual Ucrania se encuentra atrapada, el país estará menos capaz de resistir las exigencias neoliberales y de austeridad de estas instituciones financieras. Mientras que es común que países en guerra nacionalicen industrias clave y la producción para apoyar a la economía doméstica, en este caso, la invasión rusa ha acelerado la privatización impulsada por el FMI y la venta de recursos ucranianos a corporaciones extranjeras. Además, la guerra está destrozando el país y creando así grandes oportunidades para negociantes e inversionistas extranjeros interesados en los proyectos de reconstrucción y desarrollo, que tienen un valor estimado de entre 220 mil millones de dólares a 540 mil millones, según el Centre for Economic Policy Research.
Para invitar la inversión extranjera, el gobierno de Zelenski, respaldado por los EE. UU., ha intensificado su ataque total contra las leyes laborales en Ucrania desde la invasión rusa. En marzo del 2022, Zelenski aprobó legislación de emergencia en tiempos de guerra que les dió el derecho a los empleadores de suspender salarios y convenios colectivos de trabajo y restringió el poder de los sindicatos para representar a sus miembros. Luego, unos meses después, Zelenski aprobó otra ley que desmanteló el derecho de 73% de los trabajadores de poder formar sindicatos y convenios colectivos. Esto es sólo lo más reciente: a través de los años el gobierno de Zelenski ha introducido reformas para debilitar los derechos laborales y los sindicatos, incluyendo la disminución de salarios, ataques a los sindicatos y la restricción de contratos laborales que garantizaban estabilidad laboral.
En principios de julio del 2022, oficiales de alto rango de los EE. UU., Corea del Sur, Japón, la UE, y Gran Bretaña —además de los representantes del Banco de Inversiones Europeo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico— se reunieron en Lugano, Suiza para la Conferencia para la Recuperación de Ucrania. Discutieron planes de reconstrucción para la Ucrania posguerra. Los representantes revelaron un Plan Nacional de Recuperación que tiene como meta reconstruir la Ucrania posguerra como un “magneto para la inversión extranjera” al integrar de lleno al país en la UE, “finalizar los sistemas anticorrupción” como NABU y privatizar aún más las “empresas no esenciales”, incluyendo lo que quedaba de las empresas gubernamentales del país. Para nutrir este ambiente pronegocios, el plan le sugiere al gobierno ucraniano que recorte los impuestos a las empresas y que le haga reformas a su “ley laboral anticuada”.
Y el 6 de septiembre del 2022, Zelenski tocó la campana de apertura de la Bolsa de Nueva York, lo que marcó el lanzamiento del proyecto Advantage Ukraine, un proyecto de inversión apoyado por USAID. Esta es una plataforma que invita la inversión extranjera en más de 500 proyectos con un valor de 400 mil millones de dólares en sectores como el militar, el farmacéutico, el sector tecnológico y el de manufactura industrial entre otros. En una editorial publicada el día antes en el Wall Street Journal, Zelenski le pidió a las compañías extranjeras que “inviertan en el futuro de Ucrania”, asegurándoles a los posibles inversionistas que su gobierno estaba en el proceso de “reformar el sistema de impuestos del país y establecer un nuevo marco legal robusto”.
Zelenski les aseguró que “[Ucrania] ya ha adoptado reglas y leyes para permitirle a compañías que desarrollen estructuras empresariales transparentes, atraigan inversión extranjera con más facilidad y usen mecanismos adicionales para proteger recursos intangibles”, antes de añadir que las “condiciones favorables nos permitirán establecer a Ucrania como un centro poderoso de TI [tecnologías de información] e implementar ideas novedosas de negocios rápida y efectivamente”.
Más recientemente, el 23 de enero del 2023, Zelenski dio un discurso a la National Association of State Chambers de los EE. UU. en el que de nuevo invitó la inversión extranjera de empresas de Wall Street para reconstruir el país después de la guerra. “Ya es evidente que este será el más grande proyecto de nuestros tiempos en Europa”, declaró Zelenski. “Es obvio que las empresas estadounidenses pueden convertirse en la locomotora que nuevamente impulsará el crecimiento económico global”. Luego les agradeció a las sociedades de inversión Black Rock, Goldman Sachs y J. P. Morgan, las cuales ya se han comprometido con reconstruir a Ucrania. “Y todos podemos convertirnos en una gran empresa si trabajamos con Ucrania. En todos los sectores —desde el de armas y defensa hasta la construcción, desde las comunicaciones a la agricultura, desde la transportación a las TI, desde la banca a la medicina. Y los invito a que trabajen con nosotros ahora mismo”, continuó Zelenski.
A través de los ajustes estructurales y las reformas económicas neoliberales que exige, y con la ayuda de los regímenes títeres de los EE. UU., el FMI le ha abierto la puerta a las empresas occidentales para que compren hasta el último bien ucraniano.
Lo que el FMI no pudo completar en Ucrania e inmediatamente después de la disolución de la Unión Soviética, espera lograrlo con las políticas de terapia de choque que impuso después del 2014. Como un instrumento de los intereses financieros imperialistas occidentales, el FMI está decidido a asegurar que la gente ucraniana sufra austeridad, pobreza, precariedad y ahora, con una guerra prolongada, que la clase capitalista de los EE. UU. pueda saquear su país, extraer todo lo que puedan y se llenen los bolsillos después de la devastación.
