En abril, Trump dio a conocer una orden ejecutiva titulada “Fortaleciendo y desatando a la policía de Estados Unidos para atrapar criminales y proteger a ciudadanos inocentes” que entrega nuevos poderes a la policía, deshace reformas duramente ganadas y castiga a las ciudades que se niegan a alinearse. Bajo la fachada de “ley y orden”, la ley protege a las fuerzas del orden de la rendición de cuentas, amplía su acceso al armamento militar y trata a la disidencia organizada como una amenaza para la seguridad nacional.
Represión por diseño
La orden se dirige a los gobiernos locales que imponen incluso los límites más básicos a la vigilancia policial. Las ciudades con prohibiciones de redadas sin aviso, restricciones a la vigilancia o juntas de supervisión independientes ahora corren el riesgo de perder fondos federales o enfrentar una intervención directa. El mensaje es contundente: o dejas que la policía opere con impunidad o pierdes el apoyo del que depende tu comunidad para sobrevivir.
También aumenta las protecciones legales para la aplicación de la ley. Los oficiales acusados de brutalidad o asesinato ahora recibirán defensa legal financiada por los contribuyentes a través de un nuevo programa de indemnización. Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia tiene instrucciones de expandir las políticas de inmunidad en todo el país. Los pocos mecanismos que hicieron posible impugnar la violencia policial en los tribunales serán desmantelados sistemáticamente en virtud de esta orden ejecutiva.
La orden exige expandir el Programa 1033 del Pentágono, que transfiere equipo militar como vehículos blindados, drones y equipo antidisturbios a los departamentos de policía locales. Dentro de los 90 días posteriores a la orden, las agencias federales deben finalizar los planes para acelerar esas transferencias. Lo que esto significa en la práctica: los departamentos de policía en ciudades y pueblos pequeños estarán armados y equipados para la guerra urbana, con licencia para matar.
Un retroceso de las luchas, no simplemente de las políticas
Muchos de los objetivos de esta orden, en particular las juntas de supervisión, las capacitaciones de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y las pautas sobre el uso de la fuerza excesiva, son el resultado de luchas muy reñidas a raíz del levantamiento de George Floyd en 2020. Durante los últimos cinco años, millones de personas exigieron responsabilidad policial, equidad racial y sistemas de seguridad pública que no se basaran en la violencia. En respuesta, algunas instituciones implementaron reformas limitadas.
La administración ahora busca borrar estos logros. El objetivo declarado es combatir la “discriminación” contra la policía. En la práctica, eso significa que las iniciativas de DEI están prohibidas en la aplicación de la ley federal, y aumenta la presión sobre las agencias locales, los gobiernos municipales y las instituciones públicas para que sigan su ejemplo. Las agencias también deben informar sobre capacitaciones pasadas o presentes relacionadas con DEI y presentar planes para eliminarlas por completo. Que estos programas discriminen a las fuerzas del orden público es absurdo, pero la intención no es convencer a nadie. En cambio, es crear un pretexto para purgar a los reformadores y silenciar la disidencia.
El papel de la policía en la sociedad de clases
Incluso si se dejaran en vigor todas las reformas a las que apunta esta orden, no cambiaría la naturaleza esencial de la vigilancia policial bajo el capitalismo.
La policía no es neutral en la aplicación de la justicia. Son el brazo armado del estado capitalista, encargado de proteger la propiedad privada, hacer cumplir la explotación y reprimir violentamente cualquier movimiento que amenace el status quo. Es por eso que la policía continúa recibiendo mayores fondos mientras los presupuestos escolares se marchitan, sin importar qué partido capitalista tenga el poder. Es por eso que la vigilancia en los Estados Unidos no está funcionando mal, está funcionando exactamente como estaba previsto.
La orden ejecutiva no es una ruptura con ese papel, sino una afirmación. Elimina la apariencia de moderación y otorga a las fuerzas del orden una licencia aún mayor para actuar con violencia e impunidad.
Nueva Orleans: Un estudio de caso en chantaje federal
En ninguna parte es más clara la brutalidad de esta orden ejecutiva que en Nueva Orleans. Nueva Orleans, una ciudad de mayoría negra con una larga historia de violencia policial, ha operado bajo un decreto de consentimiento federal desde 2013, una reforma limitada y muy reñida que se ganó a través de años de lucha de base. La orden ahora trata esto como un obstáculo que debe eliminarse.
Las agencias federales tienen instrucciones de identificar estos “obstáculos” y penalizar a las jurisdicciones que se nieguen a eliminarlos. Para Nueva Orleans, ese castigo podría significar perder el acceso a programas federales de vivienda, fondos de transporte público, apoyo educativo del Título I y recursos de respuesta a desastres.
Entre las amenazas más espantosas se encuentra la posible pérdida de fondos federales para la mitigación de inundaciones y el mantenimiento de diques. Para una ciudad costera que aún se está recuperando de la devastación del huracán Katrina, esto no es simplemente una decisión política: es un acto calculado de crueldad. El gobierno federal amenaza con dejar a las comunidades de clase trabajadora expuestas al próximo desastre natural a menos que abandonen los esfuerzos para responsabilizar a la policía.
Esto es más que chantaje. Es el uso de la catástrofe ambiental como arma política. Y es probable que los funcionarios estatales de extrema derecha de Luisiana, que durante mucho tiempo han tratado de anular la autonomía de Nueva Orleans, aprovechen esta oportunidad. Con el peso de la autoridad federal detrás de ellos, ahora tienen motivos y cobertura para acelerar el desmantelamiento de las reformas locales. La orden es una advertencia para cualquier ciudad que se atreva a priorizar a su gente sobre la policía.
Un llamado a defendernos
Esta orden ejecutiva revela las prioridades de la clase dominante con escalofriante claridad. Desmantela la reforma, criminaliza la protesta, faculta a las fuerzas del orden como herramienta central de represión y sienta las bases para ataques más profundos a medida que los movimientos sociales se fortalecen.
Pero hemos enfrentado tales ofensivas antes. Cada victoria, desde las protecciones laborales hasta los derechos civiles y la justicia en materia de vivienda, ha sido el resultado de una organización y lucha sostenidas. La clase dominante no concedió esos logros voluntariamente, ni los defenderá ahora. Es nuestra tarea hacerlo.
Imagen destacada: el Presidente Donald Trump en 2019 en la reunión de la Asociación Internacional de Jefes de Policía en Chicago. Dominio público.
