Las rentas en aumento están sacando a los californianos de la clase trabajadora de los vecindarios en los que crecieron. Las unidades más económicas requieren los ingresos de dos o más trabajos para pagarlas. Peor aún, los aumentos en las rentas nos están llevando a muchos de nosotros a las calles, incluso en condiciones invernales sin precedentes que California ha estado enfrentando recientemente. Las temperaturas han estado alcanzando niveles de congelación no vistos desde la década de 1960 en el sur de California y las nubes han desatado olas tras olas de tormentas graves. El número (y la capacidad) de los refugios locales es totalmente inadecuado. El recuento de personas sin hogar de Los Ángeles en 2018 observó que alrededor de 52,765 residentes del Condado de Los Ángeles no tienen viviendas diariamente. Sin embargo, parecen haber muchas nuevas construcciones en varias ciudades. ¿Podemos esperar que esto alivie nuestra crisis de la vivienda?
En una palabra, no. Según un informe publicado recientemente por la organización sin fines de lucro Next 10, basado en informes del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario, la construcción de viviendas recientes ha sido totalmente inadecuada para mantenerse al día con el crecimiento de la población. En 2017, de una necesidad anual proyectada de 200,000 unidades nuevas, solo 113,000 obtuvieron permisos de planificación. Incluso esta podría ser una imagen demasiado optimista, ya que en 2007, solo el 40 por ciento de las unidades que se necesitaban fueron construidas.
Estas proyecciones están basadas en la Evaluación Regional de Necesidades de Vivienda (RHNA por sus siglas en inglés), pero una de cada seis jurisdicciones en el estado, muchas de ellas principalmente de clase trabajadora, no han presentado informes anuales de este ciclo completo de RHNA, el cuál comenzó en el 2013. Las jurisdicciones que han presentado informes muestran que la situación podría ser incluso más grave de lo que sugieren los números de construcción en bruto. Menos de un tercio de las jurisdicciones que han remitido informes han cumplido con el 10 por ciento de la construcción de viviendas planificadas de bajos ingresos, y apenas una cuarta parte de las jurisdicciones en el caso de viviendas de muy bajos ingresos. En total, el 45.6 por ciento de las “unidades por encima de los medianos ingresos” planificadas han recibido permisos. Esto revela un gran contraste con las unidades de medianos ingresos, de las cuales tan solo el 19 por ciento obtuvieron permisos, con las de bajos ingresos—un 9,8 por ciento—y las unidades de muy bajos ingresos—un impactante 7,3 por ciento. Más de la mitad de las jurisdicciones que remitieron informes no han permitido ninguna nueva unidad en la categoría de muy bajos ingresos. Así de mal está la situación en California en cuanto a lograr sus propios objetivos oficiales, de los cuales se puede decir casi con seguridad que son inadecuados, establecidos por políticos fuertemente influenciados por el cabildeo de los desarrolladores, los propietarios y los intereses inmobiliarios.
¿Podemos esperar que ellos resuelvan, o incluso alivien sustancialmente esta crisis para nosotros? No. A corto plazo, debemos aplicar tanta presión como sea posible, debemos organizarnos y luchar por las reformas de vivienda, por los derechos de los inquilinos, por la construcción de viviendas asequibles y, fundamentalmente, por la oferta de viviendas públicas. Debemos organizarnos en sindicatos de inquilinos, resistir a nuestros propietarios junto con nuestros vecinos, y debemos apoyar huelgas de alquileres en nuestras comunidades, como la reciente Resistencia del Cedro en Long Beach o la huelga de alquileres de Burlington Avenue en el centro de Los Ángeles.
A largo plazo, debemos recordar, y debemos recordarnos, que cualquier reforma o concesión que obtengamos, cualquier derecho que reclamemos permanecerá en riesgo de ser retirada siempre que la vivienda sea una mercancía, siempre que la sociedad no esté organizada para el beneficio de la gente común, sino con el fin de obtener ganancias; no según un plan participativo, sino según el caos especulativo del mercado. Tenemos los medios materiales para alojar a las personas, ya sea mediante nuevas construcciones o al hacer disponibles unidades que actualmente se encuentran vacías. (Tan sólo el índice de unidades de vivienda desalojadas en el centro de Los Ángeles se ubica en más del 12 por ciento). Un sistema que impulse a los desarrolladores a convertir viviendas para personas mayores en condominios de lujo, mientras que más y más personas mayores se encuentran en tiendas de campaña en la acera, no es un sistema que se pueda reformar para convertirlo en algo decente, es un sistema que hay que superar.
