“En su majestuosa igualdad, la ley prohíbe tanto a ricos como a pobres dormir bajo puentes, mendigar en las calles y robar hogazas de pan”. Anatole France
El 28 de junio, la Corte Suprema de EE. UU. falló que los gobiernos locales y estatales tienen el poder de criminalizar a personas en situación de calle por medio de ordenanzas que prohíben a las personas sin hogar dormir en espacios públicos.
El fallo proviene de Grants Pass v. Johnson, un caso que surgió desde Oregón y cuestiona si tales prohibiciones constituyen un castigo cruel e inusual según la 8ª Enmienda. El fallo de la SCOTUS (por sus siglas en inglés) solo cambia la ley vigente en el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito, que incluye a California y otros ocho estados del oeste.
Este fallo sólo alentará a los funcionarios de ciudades y estados de todo el país a atacar a las personas sin hogar, destinar recursos públicos a violentos desalojos de campamentos, aumentar la presencia policial y expandir la persecución penal, en lugar de abordar realmente las raíces de la crisis de falta de vivienda.
Es un fracaso total del sistema que los funcionarios electos castiguen a poblaciones enteras de personas únicamente por el “crimen” de no tener un lugar donde vivir, en lugar de tomar medidas para satisfacer sus necesidades con viviendas seguras y asequibles para las comunidades trabajadoras y pobres.
El caso de Grants Pass comenzó en 2018 cuando un tribunal dictaminó que la ordenanza de la ciudad era inconstitucional. Esto fue ratificado por el Tribunal del 9º Distrito. Grants Pass luego apeló, y el caso llegó a la Corte Suprema. Muchos gobiernos de ciudades demócratas liberales escribieron informes en apoyo a Grants Pass, instando a la posibilidad de desalojar a las personas en situación de calle y/o arrestarlas y privarlas de sus pertenencias personales.
Martin v. Boise (2018) fue la base para Grants Pass. En el caso Martin, el Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito dictaminó que los estados no puede criminalizar conductas que son una “consecuencia inevitable de no tener hogar”, específicamente, sentarse, acostarse o dormir en las calles, cuando no hay suficientes camas en los albergues disponibles. En 2019, la Corte Suprema rechazó escuchar una impugnación de este caso. Así, Martin prohibió a las ciudades del 9º Circuito hacer cumplir las leyes contra acampar si no tenían espacios en albergues. A pesar de Martin, muchas ciudades continuaron ejerciendo desalojos forzados a personas en situación de calle que dormían en propiedad pública. El 9º Circuito incluye Alaska, Arizona, California, Hawái, Idaho, Montana, Nevada, Oregón y Washington. La decisión de Grants Pass probablemente intensificará estos desalojos y la criminalización de la falta de vivienda.
Crisis de vivienda en Los Ángeles y otras ciudades del oeste
Los Ángeles lleva años en el centro de la crisis de vivienda. Más de 75,000 personas se encuentran sin vivienda en todo el condado de Los Ángeles. A pesar del discurso de los políticos electos quienes se candidatearon con programas para “poner fin a la falta de vivienda”, los angelinos solo han experimentado el deterioro de las protecciones para los inquilinos, y un aumento de alquileres que desplaza a los residentes de la comunidad que han vivido en sus barrios toda la vida. Estas condiciones se reflejan en otras ciudades bajo la jurisdicción del 9º Distrito.
Las opciones de vivienda accesible son extremadamente difíciles de encontrar, mientras que se continúan construyendo edificios de lujo en toda la ciudad, tomando el control de comunidades residenciales que antes eran asequibles.
En 2021, Los Ángeles implementó la ordenanza municipal 41.18, que ha sido utilizada como una herramienta de amplio alcance para que los funcionarios de la ciudad desalojan los campamentos, confisquen propiedades personales y aumenten las patrullas policiales bajo el pretexto de “seguridad pública.” La ordenanza 41.18 es una política cruel y maliciosa que no ha hecho más que empujar a las personas en situación de calle de un barrio a otro, haciendo caso omiso a la abismal falta de viviendas asequibles para enfrentar la creciente crisis en Los Ángeles. Apelando a la problemática sobre seguridad, incluso antes del fallo de Grants Pass, la ciudad pudo evadir la responsabilidad de proveer albergues o viviendas en lugar de castigo.
Bajo el sistema capitalista, las personas se ven obligadas a vivir en condiciones paupérrimas , ya que el sistema no satisface nuestras necesidades más básicas. En su defecto, la clase dominante cultiva una cultura de violencia y deshumanización contra las personas que sufren de pobreza sistémica. Muchas personas están a solo unos cuantos sueldos de caer en la calle, sin embargo, el Concejo Municipal de Los Ángeles no ha logrado aprobar un control de rentas integral en la ciudad con la segunda mayor población en situación de calle en los EE. UU. El control de rentas es inexistente o está bajo constante ataque en muchas de las principales ciudades afectadas por el fallo.
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, ha promocionado el éxito del programa Inside Safe, una directiva que declaró el estado de emergencia para sacar a las personas de las calles. Pero el programa ha sido objeto de escrutinio por sus problemas de retención, transparencia en la financiación y sus bajos índices de éxito: de las 46,000 personas sin hogar en la ciudad en 2023, solo el 1% fue reportado como “alojado permanentemente,” una cifra drásticamente menos a la ala urgencia de la crisis. Si bien existen programas similares en muchas ciudades, la crisis de la falta de vivienda se ha profundizado.
Las condiciones de Los Ángeles y otras ciudades en el oeste constituye una denuncia contra todo el sistema capitalista estadounidense,que prioriza las ganancias por sobre el derecho básico a una vivienda segura. Los políticos electos prefieren financiar intervenciones violentas de la policía, tales como desalojos y arrestos para criminalizar a las personas en situación de calle, en lugar de comprometerse a crear las viviendas asequibles que se requieren y se demandan. Más de un tercio de los casos documentados de uso de fuerza por parte de la policía ocurren en incidentes contra personas en situación de calle.
Violencia contra las personas en situación de calle
El 17 de junio, un miembro de una fraternidad de la Universidad del Sur de California apuñaló a un hombre en situación de calle hasta la muerte, alegando que pensó que el hombre estaba armado y que temía por su vida. La investigación concluyó que no se encontraron armas en el hombre apuñalado, sin embargo, el estudiante no enfrentó cargos por este crimen. Los informes no mencionaron en absoluto la forma en que USC ha actuado como una fuerza invasiva en los barrios del sur de Los Ángeles, expandiendo su territorio inmobiliario y aumentando los precios de alquiler, desplazando activamente a las comunidades de bajos ingresos.
Debemos rechazar el mito de que las personas en situación de calle son inherentemente violentas y, en su lugar, debemos denunciar al sistema capitalista que priva al pueblo del derecho fundamental a una vivienda digna, y que niega sistemáticamente a su población la posibilidad de vivir y trabajar en una sociedad que se haga cargo de sus necesidades básicas.
Debemos luchar para cambiar el sistema que está llevando a miles de personas a la falta de vivienda cada año, organizándonos por un futuro socialista. Debemos abandonar el corrupto sistema bipartidista que solo sirve a los ricos y poderosos. Construir un movimiento popular es la única manera de garantizar el derecho humano a la vivienda para todas y todos, desde las personas sin hogar que viven en nuestras calles, hasta los inquilinos amenazados con ser desalojados, y las comunidades que viven en condiciones de vivienda paupérrimas debido a la negligencia sistémica.
¡Lucha por el socialismo, lucha por la vivienda como un derecho humano!
