Traducido por Katie B.
En una decisión 5-4 en el caso del Instituto Nacional de Defensores de la Familia y la Vida [1] v. Becerra el martes, 26 de junio, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha apoyado de nuevo a las fuerzas religiosas reaccionarias.
En 2015, el estado de California aprobó la Ley de “FACT Reproductiva” (FACT, por sus siglas en inglés. significa Libertad, Responsabilidad, Cuidado Comprensivo y Transparencia), para proteger a las mujeres de las mentiras de las clínicas falsas. La ley tiene razón. En contra del aborto, estos centros de crisis por embarazo (CPC) manipulan a sus clientes de una manera engañosa y deshonesta para impedir nuestros derechos reproductivos. No son verdaderos centros médicos, y aun con certificación, aquellos proveen cuidado limitado. El estado provee servicios de aborto, contraceptivos y cuidado prenatal, todos gratuitos o de bajo costo, mediante Medicaid, a las mujeres pobres. La ley requiere que los centros con certificación publiquen información sobre los programas estatales, y que los centros sin certificación publiquen que no son titulados. Las mujeres deberían tener acceso a esa información, ¿qué no?
Ahora, con este fallo, según el Tribunal Supremo, el requisito estatal viola las “creencias religiosas profundas” de aquellos que dirigen los CPC. La ley no les detiene de mentir a las mujeres embarazadas, ni les requiere que a lo menos cumplan un proceso de certificación. No viola el derecho de los centros hablar, existir o actuar en contra de los intereses de las mujeres. Pero de alguna manera el Tribunal afirma que la ley viola su derecho de expresión libre, el haber tenido que decir que no son titulados o publicar información sobre los existentes programas estatales, si el CPC está titulado.
La decisión ha animado a las fuerzas de derecha que están en ofensiva contra los derechos de la mujer durante décadas. En una declaración a Rewire News, Kevin Theriot, un abogado para la Alianza que Defiende a la Libertad (la ADF, una organización religiosa conservadora), es citado: “Estaremos pidiendo a las cortes en Illinois y Hawaii que apliquen el fallo NIFLA para derrotar a las leyes de expresión forzada en los dos estados.” La ADF es la organización legal “cristiana” que argumentó de parte de NIFLA en el caso del Tribunal Supremo y también representó a Jack Phillips en el caso del “Masterpiece Cakeshop.”[2]
NIFLA cuenta con135 centros en California como miembros. Casi todos están en barrios pobres, donde acceso al aborto ya está muy limitado. Frecuentemente eligen nombres similares a los centros de atención médica cercanos para confundir aún más a los clientes. Ofrecen ultrasonidos, pruebas de embarazo gratuitas y servicios de “consejo”. Este supuesto consejo puede incluir videos contra el aborto e imágenes gráficas, además de información totalmente sin rigor científico sobre el aborto y los contraceptivos.
Los centros de crisis por embarazo son un síntoma de una guerra contra los derechos reproductivos hecha mediante acción legal en ciudades y estados a través del país, y protestas y ataques físicos contra los proveedores de aborto y los centros de atención médica reproductiva. Hay tres veces más CPC que hay clínicas que proveen servicios de aborto. Estos centros aun reciben financiamiento federal, alrededor de $30 millones de 2001 a 2006.
Hace casi 30 años, el Tribunal Supremo emitió fallo en contra de los proveedores de aborto, requiriendo que suministraran información alternativa, incluso sobre la adopción, a las mujeres solicitando aborto. Ahora, 20 estados también requieren que los proveedores de aborto suministren información medicamente errónea a las mujeres. El gobierno de EE.UU. mantiene un doble estándar para los proveedores de aborto y para aquellos que impiden los derechos reproductivos.
El aborto no es un asunto divisorio ni moral, es un asunto de la salud. Es un asunto de acceso a un rango completo de atención médica reproductiva que mejora de manera demostrable la salud maternal, la salud infantil y el bienestar de toda la población. Los Estados Unidos, teniendo en cuenta sus recursos vastos y su enorme riqueza, está censurablemente retrasado cuando se trata de la atención médica reproductiva.
Las clínicas falsas que ahora han ganado la protección del Tribunal Supremo no deberían tener derechos de expresión libre. Deberían ser cerradas por proveer información falsa y medicamente errónea, y castigadas por deliberadamente engañar a las mujeres.
“ExposeFakeClinics” (Exponer a las Clínicas Falsas) es una coalición de grupos que están exigiendo una semana de acción del 10 al 19 de agosto, para llamar atención al trabajo engañoso de los CPC. Se necesita acción, organización y movilización para confrontar a las organizaciones antiabortivas y avanzar en nuestra lucha por los derechos reproductivos. Queda claro que ninguna institución del gobierno estadounidense, ni los tribunales ni el Congreso, es capaz de lograrlo.
[1] NIFLA por sus siglas en inglés
[2] El caso del “Masterpiece Cakeshop” se trató de una pastelería en Colorado que rehusó hacer un pastel para la boda de una pareja gay con el pretexto de sus “creencias religiosas.” El 6 de julio, 2018, el Tribunal Supremo resolvió el caso a favor de la pastelería.
