El 28 de junio, en el caso Loper Bright Enterprises et al. vs. Raimondo, secretario de Comercio et al., la Corte Suprema anuló un precedente legal que se remontaba a su decisión de 1984 en el caso Chevron vs. Consejo de Defensa de Recursos Naturales. Esto tendrá el impacto de socavar dramáticamente el poder de las agencias gubernamentales, transfiriendo la potestad legal del poder ejecutivo al Congreso y a los tribunales. La Corte Suprema, en una decisión mayoritaria escrita por el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dijo que “las agencias no tienen competencia especial” y que los jueces son quienes deben determinar el significado de las leyes federales.
La decisión Chevron es la base de 70 decisiones de la Corte Suprema y hasta 17,000 decisiones de tribunales inferiores, que hacen cumplir regulaciones provenientes de leyes como la Ley de Normas Justas de Trabajo de 1938, la Ley de Aire Limpio de 1970, la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio de 2010 y otras. La decisión Chevron le dio margen de maniobra para interpretar e implementar leyes federales vagamente escritas a organismos regulatorios como la Agencia de Protección Ambiental (U.S. Environmental Protection Agency, EPA), la Administración de Alimentos y Medicamentos (U.S. Food and Drug Administration, FDA) y otras. Ahora la Corte dice que estos organismos, que cuentan con funcionarios públicos, muchos de ellos con experiencia profesional relevante, “no tienen competencia especial” y que los tribunales y el Congreso son los únicos que pueden interpretar las leyes federales, incluso frente a nuevos descubrimientos científicos, conocimientos o cambios económicos y avances tecnológicos.
Activistas reaccionarios y agentes de la derecha, muchos de ellos vinculados a grandes corporaciones, así como partidarios de Trump, han aplaudido el fallo. “Anular la decisión Chevron era un objetivo compartido del movimiento conservador y la administración Trump. Lo expresaban así constantemente”, dijo Mandy Gunasekara, quien se desempeñó como jefa de personal de la EPA bajo el presidente Trump y una de las autoras del Proyecto 2025, un plan de políticas para una próxima administración republicana. ‘[El fallo] crea una gran oportunidad para cuestionar estas regulaciones. Y podría generar un impulso adicional para controlar el estado administrativo en general si la administración cambia en noviembre’” (Gunasekara en entrevista con el New York Times).
El Proyecto 2025
El Proyecto 2025 no es simplemente un plan de políticas encabezado por la Heritage Foundation. Se presenta como el “manual para los primeros 180 días” de una nueva administración. “Nuestro objetivo es reunir un ejército de conservadores alineados, aprobados, capacitados y preparados para trabajar desde el primer día para deconstruir el Estado administrativo” (Proyecto 2025).
En esencia, el Proyecto 2025 es el programa Trump, un programa para alterar fundamentalmente la forma de gobierno capitalista en este país eliminando miles de empleados federales y reemplazándolos con personas designadas por nombramiento político. La visión es que esto les permitirá deshacerse de todos los obstáculos legales para que la clase capitalista maximice sus ganancias, desde las leyes laborales aprobadas en la década de 1930 hasta las leyes de derechos civiles de la década de 1960, así como a las leyes de protección ambiental.
Actualmente hay una lucha dentro de los niveles de élite del gobierno capitalista. Aunque en la retórica ciertas élites no apoyan esta visión de extrema derecha, en la práctica han capitulado ante ella una y otra vez. Esta lucha política dentro de la clase dominante es producto de contradicciones crecientes engendradas por crisis capitalistas existenciales. Cada día resulta más claro que el capitalismo no puede resolver los problemas que enfrenta la humanidad y el planeta, y cada vez más personas recurren al socialismo en busca de una solución. Los capitalistas no pueden resolver el catastrófico cambio climático ni la amenaza de una Tercera Guerra Mundial, ¿cómo podrían, si son ellos la causa de estas crisis? En lugar de pensar en un Planeta Tierra sostenible para las generaciones futuras, se centran en maximizar las ganancias del próximo trimestre.
Independientemente de si Trump o Biden ocupara la Casa Blanca en 2025, la clase dominante capitalista seguirá en el poder. Tras este fallo, en lo que respecta a la lucha legal, décadas de reformas progresistas que fueron adoptadas como resultado de intensos períodos de lucha de clases corren el peligro de ser revocadas por jueces y legisladores reaccionarios, todo porque estas reformas y regulaciones infringen sobre el importantísimo “derecho” de los capitalistas a obtener las mayores ganancias.
Lo que los capitalistas quieren olvidar es que la lucha que dio origen a estas reformas no se ha extinguido. De hecho, la lucha de clases en Estados Unidos ha seguido una trayectoria ascendente durante más de 10 años. Los trabajadores, en particular los jóvenes, rechazan el capitalismo y miran hacia un futuro socialista para resolver las crisis que enfrentamos. Es el deber de todo revolucionario y progresista luchar contra la eliminación de las leyes que protegen a los trabajadores, la salud pública y el medio ambiente.
Imagen de la Corte Suprema de Mike Renlund, CC BY-NC-SA 2.0.
