Joe Biden ha mostrado sus verdaderos colores: está en el lado de los jefes corporativos, no con los trabajadores sindicalizados. En un comunicado emitido el mes pasado, Biden apuñaló por la espalda a los trabajadores ferroviarios al pedir al Congreso que apruebe una legislación que imponga los términos de un acuerdo tentativo que fue rechazado por los principales miembros de sindicatos en la industria. Los principales líderes del Congreso anunciaron de inmediato su intención de hacer precisamente eso.
Las negociaciones entre los sindicatos y los jefes ferroviarios deberían haber llegado a su fin antes de la fecha límite del 9 de diciembre, cuando fuera finalizado el período de “enfriamiento” obligatorio y los trabajadores pudieran hacer huelga legalmente. Se llegó a un acuerdo tentativo en la mesa de negociaciones el 15 de septiembre, pero los trabajadores de varios sindicatos decidieron que los términos no abordaban adecuadamente las dificultades que enfrentan en el trabajo y votaron para rechazarlo. Esto significaba que la posibilidad de una huelga estaba de vuelta y los propietarios ferroviarios tenían que volver a negociar con los sindicatos. Pero ahora Biden quiere imponer el acuerdo rechazado.
Biden y otros demócratas de altos cargos intentan enmarcar esto como una decisión difícil que se vieron obligados a tomar por el bien del país. “Comparto la preocupación de los trabajadores sobre la imposibilidad de tomar un permiso para recuperarse de una enfermedad o cuidar a un familiar enfermo”, afirmó Biden en su declaración, “pero en este momento crítico para nuestra economía, en la temporada navideña, no podemos dejar que nuestro firme convicción de obtener mejores resultados para los trabajadores niega a los trabajadores los beneficios del acuerdo al que llegaron y arroja a esta nación a un cierre devastador del transporte ferroviario de mercancías”. Nancy Pelosi declaró: “No me gusta ir en contra de la habilidad de huelga de los sindicatos, pero sopesando las acciones, debemos evitar una huelga. Se perderán trabajos, incluso se perderán trabajos sindicales, el agua no será segura, el producto no irá al mercado”.
Trabajadores ejerciendo su derecho a la huelga no es una catástrofe que debe evitarse a toda costa. Es el arma más potente a disposición del movimiento obrero para ganar condiciones de trabajo y compensación dignas. Warren Buffet o cualquiera de los otros jefes de la industria ferroviaria no hacen que los trenes funcionen, lo hacen los trabajadores. Es cierto que una huelga ferroviaria cerraría o interrumpiría otros sectores importantes de la economía. Pero esto es lo que hace poderosa a la clase obrera. Cualquier problema económico que surja con una huelga sería culpa de las corporaciones ferroviarias que se niegan obstinadamente a cumplir con las justas demandas de los trabajadores.
La hipocresía de los políticos no conoce límites. Si una huelga es tan potencialmente dañina desde el punto de vista económico que el Congreso tiene que imponer un acuerdo, ¿por qué tiene que ser el acuerdo que los trabajadores votaron para rechazar? ¿Por qué no puede ser un acuerdo que otorgue a los trabajadores las demandas con las que estos políticos pretenden simpatizar? Ciertamente, eso no sería mucho pedirle a alguien que se comprometió en la campaña electoral a ser “el presidente más pro-sindicato que jamás se ha visto”.
La base de lo que quieren los trabajadores ferroviarios es algo que debería garantizarse a todos como un derecho básico: los días de baja por enfermedad. Las corporaciones ferroviarias han obtenido enormes ganancias en los últimos años, obligando a menos empleados a hacer más trabajo bajo una fórmula conocida como “Ferrocarril programado de precisión”. Aunque aumentó la cantidad de carga transportada, entre 2015 y 2021 las empresas ferroviarias eliminaron 47.000 puestos de trabajo. El resultado es una política de horarios totalmente incoherente, que impide a los trabajadores tener una vida familiar normal y que ni siquiera contempla algo tan fundamental como la baja laboral por enfermedad. Este modelo inhumano está en el centro de los problemas restantes que no se abordaron adecuadamente en el acuerdo tentativo negociado por la administración Biden en septiembre.
El derecho a la huelga se ganó gracias a generaciones de lucha valiente. Innumerables activistas laborales dieron sus vidas a lo largo de los años para asegurar esto, enfrentando la violencia mortal de los rompehuelgas de los jefes, la policía y la Guardia Nacional. ¿Quién es Joe Biden, Nancy Pelosi o cualquier otro político millonario para decirle a los trabajadores que no pueden ejercer este derecho? ¿Su empleador les impide a estos políticos pasar las vacaciones con la familia o ir a ver a un médico?
Ahora está en marcha un período intenso de maniobras políticas antes de cualquier acción del Congreso.
El liderazgo de los demócratas en el Congreso cuenta con los votos republicanos para superar cualquier objeción dentro de sus propias filas. Pero hay señales de que los republicanos pueden optar por votar en contra de la imposición de un acuerdo para asestar un golpe político humillante a la administración Biden.
Esta lucha no ha terminado y el esquema de la administración para sabotear el derecho a la huelga aún puede ser derrotado. Y que Biden incluso está intentando llevar a cabo esta vergonzosa maniobra es testimonio del hecho de que no se puede confiar en que ningún político capitalista cumplirá sus promesas: hay que forzarlos.
