En una campaña incesante, los medios de comunicación empresariales insisten en que el electorado estadounidense se está volcando a la derecha y rechazando políticas progresistas. Si los republicanos efectivamente ganan la Cámara o el Senado, no hay duda de que este mensaje se multiplicará mil veces más. Sin embargo, este discurso da lugar a dudas.
Particularmente en la clase trabajadora existe un rechazo generalizado al poder empresarial, apoyo a políticas progresistas y voluntad de lucha. Si es que este sentimiento se ve reflejado en los resultados de las elecciones legislativas, lo que aún está por verse, no hay razón para que una persona socialista acepte esta imagen distorsionada creada por los medios del capital.
La contienda entre los dos partidos de la clase dominante por el control del Congreso está entrando a su recta final. Faltan menos de tres semanas para las elecciones legislativas, y los republicanos esperan tomar el control de una o ambas cámaras legislativas. Sin duda, los resultados de estas elecciones tendrán un gran impacto en la trayectoria de la política estadounidense de los próximos años, ya que podría obstaculizar aún más la impopular administración de Biden, profundizar la paralización en el Congreso, y generar una crisis en las cumbres políticas de las élites, preparando así el escenario para una confrontación aún más difícil en 2024.
Si bien los republicanos llevan la delantera para ganar la Cámara de Representantes, las encuestas señalan que la carrera por el Senado está empatada. No obstante, en un período político y económico tan volátil, no se pueden descartar las sorpresas.
Teniendo en cuenta lo impopulares que son el núcleo de las posiciones políticas de la derecha, el hecho de que las elecciones estén tan reñidas es significativo. Desde el derecho al aborto hasta los impuestos, salud, cambio climático y falsas acusaciones de fraude electoral, la mayoría de los políticos del Partido Republicano sostienen posiciones que son rechazadas por la mayoría de las personas en este país. Con ello, ¿cómo es posible que tengan la oportunidad de tomar el control del Congreso en esta elección?
Una convergencia de drásticos acontecimientos y tendencias de larga data han abierto el paso a esta oportunidad para la derecha. Quizás el más importante de estos hechos sea la grave situación económica. Los precios disparados de los servicios esenciales han causado grandes dolores a la clase trabajadora, mientras que las grandes corporaciones registran ganancias récord. Y ahora el fantasma de una recesión se avecina en tanto que la Reserva Federal inicia un alza en la tasa de interés con el fin de provocar una crisis de este tipo. El objetivo explícito de esta política es aumentar el desempleo y reducir los ingresos de las y los trabajadores, lo que, según la Reserva Federal dominada por Wall Street, reducirá la inflación.
Los republicanos no tienen un programa económico que apele a las necesidades de quienes son afectados directamente por esta crisis. Al contrario, han tratado de caracterizar a Biden y, por extensión, a todo el Partido Demócrata como administradores incompetentes de la economía cuya gestión y decisiones son las responsables.
Esta estrategia, la que conlleva poca o nula mención de las medidas específicas que los republicanos van a llevar a cabo una vez en el cargo, solo ha sido efectiva a raíz del total fracaso del Partido Demócrata en adoptar medidas que entreguen alivio a los hogares de las y los trabajadores en los últimos dos años. La gran expansión de derechos sociales y económicos que los demócratas prometieron en la campaña electoral y en los primeros meses de la administración de Biden simplemente no se materializó. ¡Y todo esto a pesar de controlar ambas cámaras del Congreso!
El patético fracaso de la agenda nacional de Biden ha desmoralizado a la base del Partido Demócrata. En efecto, es tan común que el partido que gobierna abandone inmediatamente sus promesas de campaña que se ha convertido en una verdad universalmente aceptada en la política de los Estados Unidos. Con ello, el partido que gane la Casa Blanca siempre va a estar en desventaja en las elecciones legislativas.
En su primer año en el gobierno, Biden intentó impulsar un plan de reforma llamado “Reconstruir mejor” (Build Back Better, en inglés). Este plan hubiese hecho que los centros de formación profesional fuesen gratuitos, garantizado licencias parentales y por enfermedad, enviado pagos mensuales a familias de clase trabajadora por medio de un crédito fiscal, creado subsidios universales para educación pre-escolar y cuidado de niños y niñas, iniciado un programa para reducir el uso de combustibles fósiles en electricidad, financiado necesarias mejoras para viviendas públicas, y mucho más. Además, Biden apoyó la aprobación de la Ley PRO para facilitar la formación de sindicatos, la Ley de Igualdad para proteger los derechos de las personas LGBTQ y una reforma de la policía para combatir la brutalidad racista.
Si estas medidas que son bastante populares se hubiesen concretado, los demócratas estarían en condiciones de arrasar en las elecciones legislativas. Sin embargo, debido a las objeciones de un par de miembros del Congreso del Partido Demócrata que están más a la derecha, específicamente los senadores Joe Manchin y Kyrsten Sinema, este esfuerzo fracasó. En lugar de usar el poder de la presidencia para presionarlos, Biden los elogió en público y se metió en un impasse de negociaciones en su intento por convencerlos. Luego de ajustar su propuesta original, finalmente ésta quedó enterrada en la televisión nacional cuando Joe Manchin asistió a Fox News para anunciar que ya no consideraría votar a favor del plan sin importar qué forma pueda adquirir.
En agosto, los demócratas tenían la esperanza de que este problema se podría solucionar, o al menos parcialmente, con la aprobación de la “Ley de Reducción de la Inflación”, a la que siguió la cancelación de hasta $10,000 de la deuda universitaria. Si bien la Ley de Reducción de la Inflación implicó medidas limitadas para abordar la crisis climática, así como el creciente costo de salud, la reducción de la deuda estudiantil parece haberse traducido para los demócratas en un breve aumento en popularidad.
La lucha por el derecho al aborto fue traicionada por los demócratas
La derogación del derecho al aborto plasmado en la anulación del caso Dobbs por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos ha sido una característica central de la campaña republicana. La indignante decisión de cinco jueces millonarios, los que no han sido electos popularmente, de revocar un derecho que había existido por medio siglo a nivel federal enfureció a millones de personas en todo el país.
El derecho al aborto cuenta con amplio apoyo en Estados Unidos. El intento de la extrema derecha de prohibir este procedimiento médico es rechazado por una gran mayoría. A modo de ejemplo, se puede señalar una encuesta de opinión del Centro de Investigación Pew. Publicada en junio, justo antes de que se anunciara oficialmente la decisión de Dobbs, sus resultados indicaron que el 61% de las y los encuestados cree que el aborto debería ser legal en todos o en la mayoría de los casos, incluido el 38% de quienes se identifican como republicanos.
En lo que respecta a contiendas electorales, lo anterior es un factor importante de decisión. En una encuesta realizada por The Economist/YouGov, solo el 45% de las personas encuestadas consideraría votar por un candidato “pro-vida” y el 27% lo descartaría por completo. En cambio, el 57% de las y los encuestados consideraría votar por un candidato que esté a favor del derecho a decidir, y solo el 18% lo descartaría.
Las personas deciden por quién votar en base a diversos factores y consideraciones. No es tan simple como para pensar que las y los votantes deciden en base a la problemática que más les afecta, eligiendo candidatos que reflejen su posición al respecto. Es importante rechazar el discurso simplista difundido por los medios de comunicación empresariales, los que sostienen que una victoria republicana significaría que a las personas les importa la economía, el tema enfatizado por republicanos, pero no el aborto, el tema enfatizado por demócratas. Simplemente no es así como funciona la política.
Mientras que miles de personas salían a las calles a protestar y exigir una acción inmediata para revertir este asalto histórico a los derechos de las mujeres, políticos del Partido Demócrata celebraban en silencio. De acuerdo a sus cálculos, su inminente derrota electoral se podría evitar. La derecha impulsó una política extremadamente impopular, lo que permitiría a los demócratas sortear la falta de avances y triunfos concretos para el pueblo.
Si es que esto no sucede y los demócratas son finalmente derrotados, no será porque el tema del derecho al aborto haya perdido importancia o sea un tema secundario. Al contrario, sería una expresión del fracaso del Partido Demócrata de tomar medidas para defender este derecho básico. En otras palabras, la posible caída electoral demócrata no se funda en su apoyo al aborto, sino en su rechazo por defenderlo. Millones de personas se unen a una lucha cuando existe una posibilidad concreta de ganar. Si no existe una esperanza de que el movimiento logre vencer, la rabia que inicialmente llevó a cientos de miles de personas a salir a las calles en protesta puede fácilmente convertirse en desmoralización.
Inmediatamente después de la decisión de Dobbs, los demócratas podrían haber tomado medidas concretas para contraatacar. Es más, podrían haber aprobado una legislación federal que legalizara el aborto de una vez por todas. No habrían necesitado ni un solo voto republicano en el Congreso para ello. Sin embargo, habrían tenido que eliminar la regla antidemocrática llamada “filibusterismo” u obstruccionismo parlamentario, la que permite a las y los senadores alargar las discusiones legislativas impidiendo su resolución. Eliminar esta norma del Senado habría requerido de una supermayoría de 60 votos, un paso que los demócratas no están dispuestos a tomar debido a la preocupación por mantener la unidad de la clase dominante en el largo plazo. De no prosperar el camino legal, la Casa Blanca podría haber aprobado decretos ejecutivos, tales como ofrecer servicios de aborto en territorio federal en los estados que aprobaron las prohibiciones.
Sin embargo, a pesar de todas estas opciones, el Partido Demócrata quedó satisfecho con solo recaudar fondos y llamar a las personas a votar en noviembre por sus candidatos. El 18 de octubre, Biden prometió que los demócratas aprobarían un proyecto de ley que legalice el aborto de ganar la mayoría en el Congreso en las elecciones legislativas. Sin embargo, a la luz de la renuencia y total fracaso de los demócratas por defender el derecho al aborto, ¿por qué alguien creería en esta promesa?
Los referéndums del derecho al aborto realizados en varios estados dan cuenta de que el problema son los políticos del Partido Demócrata, y no la posición de la población respecto al derecho al aborto. Por ejemplo, en Michigan, una encuesta de opinión de septiembre arrojó que el 64% de la población apoyó el referéndum para garantizar el derecho al aborto en la constitución estatal. A pesar de esta mayoría y de acuerdo a una encuesta de octubre, la candidata demócrata a gobernadora Gretchen Whitmer adelanta solo por 2 puntos a su oponente de extrema derecha Tudor Dixon. Una situación similar ocurre en California, donde ocurrirán cuatro de las carreras más importantes para la Cámara, las que el Informe Político de Cook ha calificado de verdaderos sorteos. La estrechez de la carrera electoral no se condice con las encuestas, las que predicen un apoyo del 70% al derecho al aborto en el referendum que está por venir. Si los demócratas logran mantener los escaños en la Cámara, es muy posible que deban agradecer al referéndum por su triunfo.
Las élites de derecha alimentan la intolerancia
Además de la economía, los mensajes de campaña de los republicanos se han centrado en promover el racismo y la intolerancia anti-LGBTQ. En su publicidad a nivel nacional, los ataques de la derecha se centran en “el crimen descontrolado”, el que dicen solo se puede resolver con mano dura desde los departamentos de policía, los que son notoriamente racistas. Otros alimentan el odio hacia las y los inmigrantes de América Latina y condenan lo que fantasiosamente consideran como una política de “fronteras abiertas” .
El aumento de leyes a nivel estatal que prohíben a las escuelas enseñar la historia del racismo en Estados Unidos (prohibición de la “teoría crítica de la raza”) es parte de la campaña electoral republicana, la que busca posicionarse en oposición al Movimiento por las Vidas de las Personas Negras (Black Lives Matter en inglés). Del mismo modo, las leyes de “no digas gay” y los ataques a las niñas y niños trans y sus padres tienen la intención de atraer a aquellos que quieren revocar los derechos de igualdad ganados en el pasado.
Este es un caso clásico de millonarios usando la estrategia de dividir y dominar. En un momento en que la gran mayoría está sufriendo las consecuencias de este sistema por culpa de la codicia de las grandes empresas, la derecha espera que las personas enfoquen sus frustraciones en los grupos oprimidos que ellos denigran con su racismo.
Lo anterior puede tener el efecto de energizar a un sector de los seguidores más leales del Partido Republicano y, por ende, fortalecer a la derecha a través de una mayor participación y recaudación de fondos. Sin embargo, el mensaje subyacente, al igual que el resto de su programa, es rechazado por la mayoría. Una encuesta de opinión realizada el año pasado por el Public Religion Research Institute encontró que el 76% de las y los estadounidenses, incluido el 62% de los republicanos, apoya las protecciones legales que prohíben la discriminación contra las personas LGBTQ. En marzo, una encuesta de Associated Press encontró que solo el 27% de las personas piensa que las escuelas “se enfocan demasiado en el racismo”. Otra encuesta realizada en diciembre pasado por la Universidad de Massachusetts Amherst indicó que solo el 25% de las y los encuestados pensaba que las escuelas no deberían enseñar en absoluto sobre desigualdad racial (superado por el 34% que indicó que las escuelas deberían enseñar “mucho” sobre la desigualdad racial).
Ensayo para robarse las elecciones de 2024
A medida que se va desenvolviendo la crisis política y económica que afecta al país, una parte importante de la clase dominante está llevando a cabo una campaña para alterar fundamentalmente el sistema político con el fin de consolidar el dominio de la derecha, por medio de la restricción de derechos democráticos básicos. Es muy posible que el caos de las elecciones de 2020 y sus consecuencias no sean una crisis excepcional, sino el comienzo de una nueva era en la situación política en la que el concepto básico de “una persona, un voto” puede desaparecer por completo. Las elecciones presidenciales de 2024 pueden convertirse en el enfrentamiento decisivo que entregue a la derecha la oportunidad de preparar el escenario y probar sus estrategias para robar las elecciones.
La competencia por los puestos de Secretario de Estado antes figuraba entre las carreras electorales de menor perfil, pero ahora se ha convertido en un importante campo de batalla. El Secretario de Estado es el alto funcionario responsable de la administración de las elecciones de un estado y, en muchos casos, tiene una influencia considerable sobre cómo se celebran las elecciones, cómo se cuentan los votos y cómo se certifica al ganador.
Una oleada de teóricos de la conspiración de extrema derecha con un programa centrado en la falsa afirmación de que las elecciones de 2020 fueron fraudulentas, ha cobrado protagonismo con una alianza llamada Coalición por Secretario de Estado América Primero (America First Secretary of State Coalition en inglés). La agrupación está liderada por Jim Marchant, quien ganó la nominación republicana para Secretario de Estado en el estado crítico de Nevada. Otros dos miembros de la coalición se impusieron en las primarias, y ahora están en la papeleta de noviembre en estados que podrían resultar decisivos en 2024: Kristina Karamo de Michigan y Mark Finchem de Arizona. Si estos candidatos se imponen, estarían en condiciones de ayudar en el intento por anular los resultados de las elecciones e instalar un gobierno de extrema derecha en 2024. De hecho, este es el punto de toda su campaña.
Otro aspecto de esta estrategia es infiltrar a activistas de extrema derecha en la administración de las elecciones como trabajadores electorales. Esta herramienta será útil en un escenario postelectoral donde la derecha querrá invalidar los resultados. Un artículo publicado el 17 de octubre en el New York Times, titulado “Líderes de la derecha movilizan un cuerpo de activistas electorales”, informa que este esfuerzo implica “la recopilación de testimonios de trabajadores electorales aliados con el partido republicano, quienes son empleados temporales que dirigen los centros de votación, y de los observadores electorales, voluntarios que supervisan las operaciones, para levantar impugnaciones e impugnar los resultados… Ya por largo tiempo, tanto demócratas como republicanos han recurrido a observadores electorales y trabajadores para supervisar la votación y planificar las disputas con antelación. Sin embargo, este año, los funcionarios están lidiando con la posibilidad de que esos esfuerzos sean impulsados por activistas que difunden teorías fantásiosas o desacreditadas”.
Como ha sido una constante a lo largo de la historia de Estados Unidos, la intimidación física de los votantes también está jugando un papel importante. Publicado el 25 de octubre, the Associated Press escribió en un artículo titulado “El sheriff de Arizona refuerza la seguridad en torno a las urnas”,:
“El sheriff del área metropolitana de Phoenix señaló el lunes que ha reforzado la seguridad en torno a los buzones de votación después de una serie de incidentes con personas que vigilaban los buzones y grababan vídeos de los votantes, aparentemente motivados por las mentiras sobre las elecciones de 2020.
“El viernes, los funcionarios respondieron cuando dos personas enmascaradas que portaban armas y llevaban chalecos antibalas se presentaron en un buzón en Mesa, un suburbio de Phoenix. La Secretaria de Estado señaló que su oficina ha [remitido] seis casos de posible intimidación de votantes al fiscal general del Estado y al Departamento de Justicia de Estados Unidos, así como un correo electrónico amenazante enviado al director de elecciones del Estado.
“Las personas que cuidan las casillas y las y los votantes que se presentan a votar han cubierto sus patentes, según las fotos compartidas en las redes sociales”.
La derecha está dispuesta a llegar a estos extremos: atropellar derechos democráticos básicos que la gran mayoría del país siente como legítimamente propios, con el fin de imponer un programa profundamente impopular, reaccionario y en contra de las y los trabajadores. La renuencia y fracaso total del Partido Demócrata por cumplir con las expectativas populares es un elemento irremplazable de la escalofriante ofensiva de la derecha. El resultado de las elecciones legislativas en curso será otro hito en el desarrollo de esta lucha histórica.
