Hoy, la Corte Suprema de ultraderecha comenzó a ver un nuevo caso que podría resultar en otro golpe histórico contra la Ley de Derecho al Voto. El caso, Merrill contra Milligan, gira en torno un reto al mapa de los distritos congresuales trazados por el gobierno del estado de Alabama. Las fronteras de los distritos fueron tan claramente diseñadas para minimizar la influencia política de los votantes negros que una corte federal los declaró ilegales. Bajo el mapa racista del gobierno del estado, hay solo un distrito congresual de mayoría negra –a pesar de que 27% de la población del estado es negra.
Pero el Secretario del Estado de Alabama está apelando el caso a la corte suprema para darles a los millonarios derechistas de esta entidad no-electa la oportunidad de anular la Sección 2 de la Ley de Derecho al Voto. La Sección 2 establece que las nuevas leyes del voto y otros cambios al sistema electoral del estado pueden ser objetadas en la corte a causa de que son racialmente discriminatorias. La Corte Suprema parece estar determinada a restringir este derecho.
La Ley de Derecho al Voto de 1965, junto a la Ley de Derechos Civiles de 1964, fue una de las piezas clave de legislación que terminaron lo que era en efecto un sistema de gobierno apartheid en los Estados Unidos. La exclusión de la gente negra de participar normalmente en el sistema político fue clave para derrocar el periodo de democracia que hubo después de la Guerra Civil conocido como la reconstrucción, y establecer en su lugar un régimen de terror de supremacía blanca. Por esta razón, la Ley de Derecho al Voto siempre ha sido odiada por aquellos que volver al periodo de dictadura racial explícita que ha prevalecido por la mayoría de la historia de los Estados Unidos. Esta es una lucha de gran importancia.
Sin poder anular el derecho al voto de los afroamericanos como queda protegido por la Decimoquinta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, una sección significativa de la clase dominante capitalista y su élite política quieren neutralizar completamente las decisiones de los votantes negros al esparcirlos a través de distritos congresuales en los que siempre serán una minoría. Y piensan que la Corte Suprema les ofrece la mejor oportunidad de lograrlo.
La Corte Suprema ya asestó un golpe significativo en contra de la Ley de Derecho al Voto del 2013 en la decisión Shelby, la cual invalida la Sección 5 de la Ley. La Sección 5 requería que cualquier cambio hecho al sistema electoral por los gobiernos de cualquiera de los estados que habían funcionado bajo las leyes Jim Crow fuera aprobado por el Departamento de Justicia federal. Después de que se eliminó esta salvaguardia, una ola de leyes de supresión electoral fueron aprobadas en todo el país a nivel estatal. Estas leyes impusieron más marcadamente en las áreas con las más extremas historias de discrimen antinegro, pero fiero diseñadas para dejar sin derechos a gente pobre de todo trasfondo.
La decisión Shelby hizo a la Sección 2 aún más importante. Sin poder detener estas regulaciones electorales desde el inicio, la gente al menos tenía el derecho de demandar después de que fueran aprobadas. Pero la Corte Suprema quiere eliminar hasta ese derecho.
Como no pueden movilizar a una mayoría de la población a favor de su agenda ultrareaccionaria, la derecha de la clase dominante quiere restringir cualquier tipo de participación popular en el gobierno. La Corte Suprema es el arma preferida para llevar a cabo este ataque en contra de los derechos electorales más básicos.
