Foto: Magistrados actuales de la Corte Suprema
Hoy día, la Corte Suprema probó, una vez más, su carácter anti-trabajadores al rechazar el programa de alivio de la deuda estudiantil y ordenó a decenas de millones de ahorrantes a pagar cientos de billones de dólares que habrían sido perdonados de pasar el programa. Este es un gran ataque que se incrementa las presiones económicas en tiempos de inflación y de una posible recesión.
43 millones de personas en Estados Unidos tienen deudas por los préstamos estudiantiles, sumando un total de 1,75 trillones de dólares. Esta situación indignante viene del hecho de que la educación es tratada como una mercancía que puede ser comprada y vendida en el capitalismo. Las universidades son dirigidas como si fueran empresas, teniendo por objetivo obtener de sus estudiantes tantos dólares como puedan. Por los últimos 30 años, los aranceles de universidades públicas ajustados a la inflación se han duplicado y ahora llegan a 10,740 dólares al año. Este aumento ha sido aún más dramático en las universidades privadas, con un incremento de aproximadamente 150%, llegando a los 38,070 dólares.
Difícilmente las y los trabajadores podrán pagar estas grandes sumas desde sus bolsillos. La deuda ayuda a resolver este problema, creciendo explosivamente al punto donde la suma de dinero que se debe a los prestamistas es ahora mayor a toda la economía de Corea del Sur.
Aunque Biden envió la orden ejecutiva para el alivio de la deuda estudiantil luego de intensas presiones internas, es importante recordar cómo fueron sus políticas las que hicieron de la crisis una mucho peor. Como senador, Biden fue un apoyo clave en una ley de quiebras del 2005 que fortaleció el poder de los prestamistas en desmedro de las y los ahorrantes. Una de las provisiones clave de la ley fue que hacía virtualmente imposible sacarse la deuda estudiantil por medio de la declaración de bancarrota. Gracias a estos esfuerzos de Biden y sus colegas en el Congreso, los préstamos estudiantiles tienen un status especial que les permite seguir a las personas por el resto de sus vidas, incluso cuando queden en quiebra al intentar pagar la deuda.
Ahora Biden dice que utilizará las provisiones de la Ley de Educación Superior, en vez de utilizar el HEROES Act, para intentar un nuevo programa de alivio de la deuda estudiantil. El debió haber hecho esto en el primer momento. Sin embargo, su objetivo en agosto, cuando anunció el programa original, era mejorar la popularidad caída de los demócratas a medida que se acercaban las elecciones de medio término.
La Corte Suprema empuja hacia una doctrina legal peligrosa
La decisión de la corte de rechazar el alivio a la deuda estudiantil es la última instancia en la que la “doctrina de las grandes preguntas” está siendo usada como arma en contra de las y los trabajadores. Mientras haya restricciones para el derecho de las grandes corporaciones de explotar a las personas y al planeta para obtener beneficios, ellas son usualmente impuestas por agencias reguladoras que pertenecen al brazo ejecutivo del gobierno. Estas agencias han sido empoderadas para tomar acciones que hagan valer leyes como las de aire limpio o de estándares de seguridad, y tienen discreción para lanzar nuevas reglas que se hagan cargo del carácter dinámico de las distintas industrias.
En esencia, la doctrina de las grandes preguntas dice que no existe dicha autoridad a la luz de la Constitución. Las y los abogados de derecha argumentan que en cualquier “gran pregunta” que afecte a la sociedad, no puede implementarse medida alguna que no haya sido autorizada por el Congreso. Esta doctrina deja problemas menores para las agencias reguladoras, las que son menos probable de impactar los beneficios del capital.
La justicia citó la doctrina de las grandes preguntas en su decisión contra el alivio de la deuda estudiantil. Esta también ha sido usada para dar vuelta el moratorio al desalojo de las viviendas, o para eliminar la habilidad de la Agencia de Protección Ambiental para regular las emisiones de gases invernadero que causan el cambio climático.
Esta teoría legal es un gran regalo para las y los ultra-ricos. La Corte Suprema realmente sirve a las y los ejecutivos que se sientan en las mesas corporativas, quienes a veces les dan regalos lujosos. El derecho a la educación de todas y todos los demás, vivir en una casa o respirar aire limpio no son de importancia para la corte. Ya ha pasado demasiado tiempo como para que abolamos esta institución podrida.
