La Ley Federal de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus, aprobada en marzo de 2020, prometió brindar un alivio sustancial para las familias de clase trabajadora y de bajos ingresos. Incluyó exenciones del pago de alquiler, con fondos proveídos al dueño de la propiedad. Aunque fue muy elogiado por la ayuda que brindaría, la realidad resultó ser muy diferente.
Lo que prometió la Ley CARES fue especialmente importante para los habitantes de Nuevo México. Viven en uno de los estados más pobres de la nación y la tasa de pobreza es una de las más altas del país. Durante la pandemia, la tasa de desempleo llegó al 8,2%. La falta de vivienda es un problema constante. Y los alquileres solo están aumentando: han aumentado más del 30% en Nuevo México en los últimos cuatro años.
La parte de la ley que estableció una moratoria al desalojo era especialmente importante. Nuevo México tiene una larga historia de brindar poco apoyo a quienes alquilan. Los inquilinos tienen pocos derechos y las leyes existentes facilitan que los propietarios desalojen a los inquilinos. Las apelaciones en los tribunales de vivienda son universalmente frustrantes para los inquilinos, que procesan a los casos sin consideración a las personas. Las sesiones de los tribunales de vivienda duran una media de veinte minutos y casi siempre se deciden a favor de los propietarios.
Se suponía que las moratorias de desalojo proporcionarían alivio a los inquilinos al evitar que los propietarios desalojaran a los inquilinos por no pagar el alquiler. El gobierno del estado de Nuevo México recibió $170 millones del gobierno federal para compensar a los propietarios por la pérdida de ingresos. A pesar de la exención, los propietarios continuaron trabajando como de costumbre: Una investigación encontró que se habían presentado más de 11.000 desalojos ilegales en Nuevo México solo entre marzo y julio de 2020. Casi 300 de estos se presentaron a la corte en Albuquerque y la mayoría de estos en solo siete propiedades.
La lucha por los inquilinos
La gran mayoría de los desalojos ilegales durante la pandemia en Albuquerque expulsó a personas en condiciones de vivienda insalubres y deficientes. Muchos que viven en estos complejos ya son vulnerables y oprimidos: aquellos que luchan en trabajos de salario mínimo, familias monoparentales, personas mayores y discapacitadas que viven de los ingresos del Seguro Social, personas que enfrentan el abuso de sustancias. ¿Qué opciones tienen después del desalojo?
El Rising Phoenix Apartments es un complejo de viviendas de mala calidad con un extenso historial de violaciones del código en la zona más pobre de Albuquerque, el Distrito Internacional. De los 300 desalojos presentados en marzo y julio de 2020, Rising Phoenix Apartments presentó 47, un porcentaje enorme para un solo complejo en una ciudad grande.
En otro complejo, Standard East Apartments, a un inquilino se le presentó un desalojo ilegal contra su familia por el alquiler atrasado, que no pudo pagar a tiempo porque la administración había cerrado el espacio de correo que se usaba para dejar los pagos del alquiler fuera del horario de atención.
Después de ser desalojado por una queja por ruido de un complejo con inquilinos de alto nivel de pobreza llamado Alta Vista Apartments en East Albuquerque, una pareja se vio obligada a mudarse a un hotel de estadías prolongadas. De sus ingresos (solo $1.500 del Seguro Social mensual), ahora pagan $1.300 en “alquiler” por una habitación pequeña en el hotel. Esto es más del doble de su antigua renta.
¿Dónde está el dinero de ayuda para el alquiler?
Los inquilinos en Nuevo México han tenido dificultades para acceder a los fondos que la ley CARES y la legislación subsiguiente asignaron para asistencia del alquiler. Para acceder a los fondos, las personas que ya están sobrecargados en el trabajo tienen que navegar por sistemas de servicios sociales complejos, a menudo inaccesibles, para pagar el alquiler y los servicios públicos.
Sin embargo, hay millones, incluso miles de millones de dólares de esos fondos disponibles. Nuevo México recibió 170 millones de dólares en ayuda de alquiler, pero ha gastado solo 20 millones de dólares. A nivel nacional, solo $1,5 mil millones de $25 mil millones se habían gastado a fines de mayo.
Además de estos fondos, Nuevo México ha recibido enormes cantidades de otros fondos de ayuda de COVID del gobierno. Hace dieciocho meses, el estado recibió una asignación de $1,7 mil millones para el alivio. El gobernador y la legislatura han luchado por la asignación de estos fondos y quedan por gastar $1,100 millones.
Esta estrategia fue intencional; Los políticos capitalistas establecen fondos de ayuda de una manera complicada para que la menor cantidad posible de ese dinero se destine a los trabajadores. Cuando el gobierno federal rescinde estos fondos sobrantes de los estados después de que no han cumplido con los plazos debido a las configuraciones ineficientes que tienen para que las personas accedan a ellos, los políticos pueden simplemente culpar a los trabajadores por “no hacer lo suficiente” para obtener esos fondos.
¡Cancele toda la deuda del alquiler! ¡Detengan los desalojos!
Nuevo México es un ejemplo particularmente agudo de una lucha que enfrentan los trabajadores y la gente pobre en los Estados Unidos: incapaces de pagar el alquiler durante una pandemia sin precedentes y una crisis económica concurrente, miles en Nuevo México y 11 millones de personas en todo el país ahora enfrentan el desalojo.
¡Necesitamos tomar medidas y exigir la cancelación de toda la deuda del alquiler y una moratoria indefinida de los desalojos ahora! Únase a la convocatoria en Albuquerque este viernes 24 de septiembre en el Tribunal Metropolitano del Condado de Bernalillo para un campamento de un día para exigir (1) que el gobernador Lujan Grisham convoque una Sesión Especial inmediata de la Legislatura de Nuevo México para aprobar una moratoria indefinida sobre los desalojos, (2 ) que las autoridades estatales y locales aceleren drásticamente la distribución de los fondos de ayuda para inquilinos ya asignados, y (3) que el Congreso apruebe una moratoria indefinida sobre el desalojo que cubre el 100 por ciento del país, y sigue cancelando los alquileres y la deuda hipotecaria acumulada durante la pandemia.
