No se permiten Harveys aquí: “El acoso sexual es un problema de la clases obrera” es una serie de tres partes sobre la lucha contra el acoso sexual en los hoteles, en las casas y en los campos de cosecha.
Cuando muerdes un tomate, ¿estás seguro de que fue cosechado en un campo en donde las trabajadoras están protegidas del acoso sexual y de la violación? La Coalición de Trabajadores Immokalee (CIW por sus siglas en inglés) quiere que nos hagamos esta pregunta. La conciencia y la presión pública forman parte de su campaña exitosa para lograr que las granjas de tomates de EE.UU. y México adopten Tratados de Comida Justa. Estos tratados incluyen códigos contra el acoso sexual.
Su trabajo es muy necesitado. Muchas trabajadoras agrícolas ven al acosos sexual y hasta el abuso sexual como un peligro diario que deben tolerar para obtener su jornal. Las mujeres que trabajan en los campos de cosecha tienen una probabilidad diez veces más alta que otras trabajadoras de ser víctimas del abuso y acoso sexual. Ochenta por ciento de las 700,000 mujeres que trabajan en los campos de cosecha y almacenes de envasado a lo largo de los EE.UU. han sido sometidas a algún tipo de acoso sexual. Según un documental reciente de PBS, dicho abuso incluye violaciones sexuales de mujeres por los capataces y supervisores con la complicidad de los de los dueños de las granjas, algo que ha estado sucediendo durante generaciones. Mónica Ramírez, presidenta de la Alianza Nacional De Campesinas explicó que la violencia sexual es “tan común que los trabajadores de granjas se refieren a la mujeres como “hoteles de paso verdes” y “campos de calzones.” Su grupo lucha por la justicia social, ambiental y económica para evitar la violencia hacia las trabajadoras en las granjas y hacia sus familias.
Campaña “Cosecha sin Violencia”
La Campaña “Cosecha sin Violencia,” una campaña de un Grupo de Mujeres de la CIW ha tenido éxito en hacer que granjas de tomates en EE.UU. y en México adopten códigos contra el acoso sexual y los Tratados de Comida Justa para tratar temas como los salarios y condiciones de trabajo. ¿Cuáles son sus herramientas? El certificar tanto a las compañías que compran tomates como a las granjas que los cosechan. Las anteriores se comprometen a pagar un centavo más por libra de tomate si las granjas adoptan un acuerdo y medidas contra el acoso. La CIW depende fuertemente de la educación pública para que los consumidores ejerzan presión sobre las tiendas de comestibles, con el fin de que estas mejoren las condiciones de trabajo para los trabajadores agrícolas.
La CIW actualmente esta luchando para darle fin al acoso sexual en los campos de cosecha con un boicot a Wendy’s. Cuando los suministradores de tomates de esta cadena de comida rápida en la Florida se incorporaron al Programa de Comida Justa, Wendy’s dejó de comprar sus tomates y los reemplazó por una granja en México que no cuenta con protecciones para los trabajadores. La CIW está exigiendo un boicot de cuatro meses como parte de su campaña “Cosecha sin Violencia” para detener la violencia sexual de la cadena de suministro de Wendy’s.
La CIW dice que al apelar al público y ejercer presión tanto sobre las tiendas minoristas de comestibles como sobre las granjas, ha ganada Tratados de Comida Justa con tiendas de comestibles de 14 empresas multimillonarias, incluyendo a Walmart, Ahold USA, McDonald’s, Subway, Trader Joe’s, Whole Foods, y Compass Group. Estos gigantes de los comestibles requieren que un Código de Conducta basado en los derechos humanos sea implementado en las granjas que cosechen sus tomates. Las granjas de tomate en la costa este de los EE.UU. desde Florida hasta Nueva Jersey han firmado el Programa de Comida Justa.
Los logros de la CIW para las campesinas han sido impresionantes, pero se ven limitados a los campos de tomate en la costa este. Se necesita mucho más.
La enorme industria agraria gana billones de dólares mediante la súper-explotacion de mujeres y hombres, en su mayoría inmigrantes pobres, que emplean en sus campos de cosecha y almacenes de envasado. A las campesinas a menudo se les paga por debajo del salario mínimo y ganan menos que los hombres — $11,000 al año, comparado con $16,000 al año que ganan los hombres, según Ramírez. “Las enfermedades y malformaciones congénitas son comunes, ya que frecuentemente son expuestas a pesticidas tóxicos y se les niega el uso de equipo de seguridad adecuado. Además las trabajadoras latinas de las granjas pueden sean agarradas, golpeadas o apaleadas si no cumplen con las expectativas poco realistas de sus supervisores.”
Los trabajadoras en campos de cosecha están amparadas por las leyes laborales
Cuentan con muy pocas protecciones, pues no les aplican ninguna de las leyes federales que garantizan el derecho a organizase, al salario mínimo, el derecho a descansos, a días de 8 días, a horas extra, a días de enfermedad, a vacaciones pagadas y a seguridad en el trabajo.
Durante la era del New Deal, los trabajadores agrícolas y domésticos se vieron excluidos de casi todas la protecciones garantizadas por la Ley de Normas Razonables de Trabajo y otras protecciones federales de empleo. Esta exclusión se hizo como parte de una concesión de Washington hacia los capitalistas del sur, lo cual permitió que continuara la súper-explotación de los trabajadores de color, muchos de ellos empleados de manera doméstica o en los campos de cosecha en aquel entonces.
Hoy, estos trabajos siguen siendo ocupados por personas de color, muchos de ellos inmigrantes indocumentados. Los trabajadores agrícolas aún no están protegidos por la Ley de Relaciones Naciones del Labor y no cuentan con el derecho a la negociación colectiva, excepto en California, en donde se ganó este derecho tras una ardua lucha.
Las campesinas que cosechan en los EE.UU. están amparadas por visas de trabajo, las cuales ofrecen todavía menos protecciones. En el estado de Nueva York, por ejemplo, la estadía legal de mujeres que reciban visas H2Ar para cosechar está atada a una granja en particular y a veces a un dueño en particular. Si este dueño resulta ser un abusador, el reportar el abuso puede representar el retiro del auspicio y la deportación.
Más de 60 por ciento de trabajadores en los campos de cosecha son personas indocumentadas que no cuentan con derechos legales.
La estrategia de garantizar los derechos para los trabajadores agrícolas sobre una base de estado por estado, la cual ha sido utilizada de manera exitosa por los trabajadores domésticos, resulta ser más dificultosa para los trabajadores agrícolas. Por ejemplo en Nueva York, un estado con un gran sector agrícola, aprobó la Declaración de Derechos Domésticos. Pero la Ley de Prácticas Laborales Justas de los trabajadores agrícolas, la cual les otorgaría estos trabajadores derecho a la negociación colectiva, seguro de compensación laboral, subsidio de cesantía, jornada laboral de ocho horas y un mínimo de 24 horas consecutivas de descanso a la semana, se ha quedado en el comité durante años. El Departamento de Granjas de Nueva York, la mano derecha de la industria agraria multibillonaria en ese estado, se opone a esta ley.
La industria agraria lucha contra los derechos de los trabajadores
La Federación Americana de Granjeros, la cual representa a los grandes negocios de la industria agraria, gastó más de $97 millones en cabildeo año pasado, de los cuales al menos una parte fueron utilizados para oponerse a mejores condiciones laborales en sus granjas.
Sin embargo, desde el 1995 los trabajadores agrícolas en granjas con más de 15 trabajadores han estado protegidos por la Comisión de Igual Oportunidad de Empleo (EEOC por sus siglas en inglés). Este cuerpo gubernamental puede demandar por daños relacionados con la violación, el acoso sexual y la agresión, pero no puede demandar por cargos civiles.
El documental `Violación en los Campos de Cosecha’
El documental del 2013 del Sistema de Comunicaciones Públicas, ‘Violación en los Campos de Cosecha’ cubre varias de las demandas de la EEOC y proporciona ejemplos de las situaciones horrorosas y peligrosas que las campesinas en todo el país reportan como una práctica generalizada.
Harris Farms, uno de los negocios agrícolas más grandes en los EE.UU., se vio obligado a pagar $994,000 en una demanda hecha por EEOC en beneficio de Oliva Tamayo. El veredicto del jurado estableció la culpabilidad de Harris Farm por el acoso sexual, por represalias y por la despedida vengativa de Tamayo. Tamayo testificó que su supervisor la violó varias veces. También la sometió a acoso sexual verbal e intimidación constante. Tamayo dijo, “Por mucho tiempo, me quedé callada sobre lo que mi supervisor me decía. El portaba un arma y un cuchillo… la compañía falló a la hora de protegerme, me dejaban sola en los campos y me castigaron a mi en lugar de a él con una suspensión.”
DeCosters Farms llegó a un acuerdo extrajudicial por una demanda federal de $1.5 millones de dólares por discriminación presentada por 11 latinas, cinco de las cuales dijeron ser violadas y seis acosadas sexualmente mientras trabajaban en cuatro de las fábricas de huevos de la compañía en el norte de Iowa. La demanda declaraba que las mujeres fueron violadas por supervisores que las amenazaban con ser despedidas o asesinadas en caso de resistir. DeCosters Farms pagó el acuerdo, pero no admitió responsabilidad.
Algunas trabajadoras acosadas sexualmente y violadas han logrado obtener acuerdos monetarios. Pero como la EEOC no cuenta con poder para procesar, los grandes negocios agrícolas ven estos acuerdos extrajudiciales para las mujeres y niñas víctimas de violaciones y abusos como parte de los gastos de operación y permiten que el abuso continúe.
Mientras tanto, ninguno de los violadores y abusadores nombrados en las demandas de la EEOC han sido procesados y condenados, según PBS, incluso en casos en los que las campesinas obtuvieron compensación financiera de sus empleadores por crear y mantener un ambiente de trabajo hostil y peligroso para las mujeres. De hecho, son las víctimas que reportan el asalto, y no sus autores, las que tienen mayor probabilidad de sufrir represalias. A menudo las mujeres son despedidas. El someter una queja con la policía puede ser peligroso. Estos policías a menudo actúan como agentes privados de los negocios agrícolas, y deportan a muchas mujeres que tiene la valentía de hablar.
La EEOC en ha sido ampliamente ignorada, y cuenta con 73,508 quejas pendientes del año fiscal del 2016. En un tiempo en que se esperaba un aumento en el número de reportes de acoso sexual, Trump ha recortado el personal de la EEOC.
La explotación sexual de ICE, de guardias fronterizos, de la policía
La vulnerabilidad de las campesinas en cuanto al acoso sexual también surge como resultado de las leyes discriminatorias de inmigración que las amenazan a ellas y a sus familias, y de un sistema judicial racista que muchas veces castiga a las víctimas de estos crímenes.
En los primeros 100 días de la administración de Trump, 41,000 inmigrantes fueron arrestados, un incremento de 40 por ciento con respecto al 2016. Además de destruir a familias enteras y separar madres de sus hijos, la aplicación de las leyes de inmigración se encuentra plagada del abuso sexual de mujeres por parte de la policía local, la policía de inmigración, la policía de aduanas y de guarda fronterizos.
ICE asecha las cortes, hospitales e instalaciones de salud, centros de cuidado para niños, vivienda pública y otros locales en donde las mujeres inmigrantes posiblemente vayan en busca de servicios. Las mujeres inmigrantes son objeto de la violencia sexual por parte de policías locales, quienes las amenazan con deportarlas con el fin de abusarlas. Un estudio en Los Ángeles encontró que un cuarto de mujeres trans Latinas encuestadas, en su mayoría indocumentadas, reportaron haber sido abusadas sexualmente por agentes de la ley.
Los trabajadores agrícolas necesitan solidaridad
Las grandes corporaciones multinacionales de los EE.UU., incluyendo los negocios agrícolas, cruzan fronteras a su antojo, obligando a que personas en otros países se vean obligadas a dejar sus tierras, destruyendo vecindarios residenciales y deprimiendo los salarios. Pero cuando los los trabajadores vienen a EE.UU. por desesperación, se les trata como delincuentes y son sometidos a peores abusos. Esta explotación horrorosa necesita ser expuesta a la luz pública y denunciada rotundamente.
Las mujeres inmigrantes indocumentadas que trabajan en la agricultura, en trabajos domésticos y en otros trabajos, necesitan y merecen el apoyo y la solidaridad de todos lo sectores de la población. Existe una antigua consigna del movimiento obrero, “Una herida para uno es una herida para todos.” Sería más efectivo si las organizaciones laborales y los sindicatos asumieran con apuro absoluto la responsabilidad de proteger a estas trabajadoras, incluyendo su derecho de permanecer en los EE.UU., de organizarse, de obtener seguridad en su trabajo y de contar con leyes laborales que las protejan. Las corporaciones no le tienen respeto a las fronteras. No pueden haber fronteras en la lucha de los trabajadores.
Traducido por Liberation Staff
