Foto: El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, entre una multitud de partidarios. Crédito: X/@NicolasMaduro
El Partido por el Socialismo y la Liberación condena la continua campaña de Estados Unidos para socavar nuevamente la integridad del próximo proceso electoral venezolano a través de una guerra económica y mediática. Durante los últimos 10 años, el pueblo venezolano y el gobierno liderado por el Presidente democráticamente electo Nicolás Maduro han resistido uno de los regímenes de sanciones más duros de la historia para defender la independencia de su país y el proceso de transformación socialista llamado la Revolución Bolivariana. A medida que la administración Biden lanza otro intento de socavar los procesos democráticos de Venezuela, reafirmamos nuestro compromiso de luchar por el fin de toda agresión y entrometimiento de Estados Unidos en Venezuela.
En octubre de 2023, el gobierno venezolano y la “Plataforma Unitaria”, un grupo de partidos y organizaciones de oposición respaldados por Estados Unidos, firmaron un acuerdo sobre las condiciones y detalles para las elecciones presidenciales llamado Acuerdo de Barbados. El acuerdo establece elementos como un cronograma propuesto, el rechazo a la violencia política contra los venezolanos o cualquiera de sus instituciones estatales, la presencia de misiones de observación internacional y condiciones y garantías para la participación. El acuerdo fue parte de un proceso de diálogo que el gobierno venezolano ha promovido durante los últimos años para abordar la crisis política que enfrenta el país debido a numerosos intentos de golpe respaldados por Estados Unidos.
Después de que se firmara el acuerdo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que estaba emitiendo cuatro licencias que suspendían varias sanciones contra el país y permitían producción, inversión y venta limitadas en los sectores petrolero, gasífero y aurífero de Venezuela. Si bien estas medidas coercitivas nunca deberían haber estado en vigor, su suspensión marcó un avance importante para fortalecer los esfuerzos de recuperación económica.
Sin embargo, bajo el ridículo pretexto de “proteger la democracia”, la administración Biden ha revocado una de las licencias para el sector del oro y amenaza con no renovar la licencia para el sector petrolero cuando expire el 18 de abril. ¿Su justificación? Venezuela no está permitiendo que la partidaria del golpe de derecha y defensora de sanciones, María Corina Machado, participe en las elecciones debido a una descalificación de 15 años que se remonta a 2015.
El Tribunal Supremo ratificó esa decisión el 26 de enero, citando su participación en el intento de golpe de Juan Guaidó y los actos de corrupción asociados que llevaron a la pérdida de activos estatales clave como la empresa de gas CITGO. Machado también fue una figura clave en las oleadas de disturbios de derecha de 2014 y 2017 que llevaron a la muerte de decenas de simpatizantes del gobierno y de aquellos que se suponía que lo eran debido al color de su piel. Su exclusión es completamente legítima y está en línea con prácticas comunes en todo el mundo que impiden que las personas que han cometido delitos graves ocupen cargos públicos.
Además, el mismo Acuerdo de Barbados que la administración Biden ha aplaudido establece que los candidatos deben defender la independencia de Venezuela y rechazar acciones violentas contra el gobierno para calificar. ¡Machado ha estado apoyando ataques respaldados por Estados Unidos contra el estado venezolano desde el primer intento de golpe contra Hugo Chávez en 2002!
En este momento, hay 13 candidatos registrados con éxito para competir en las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Doce de ellos son de partidos y coaliciones de oposición, incluido Manuel Rosales, el gobernador del estado de Zulia que corrió contra Chávez en 2006. Desde que la Revolución Bolivariana llegó al poder en 1999 con la primera elección de Chávez, se han celebrado casi 30 procesos electorales diferentes. Estos han visto una amplia participación de partidos de oposición, que en ciertas ocasiones han prevalecido.
Venezuela también cuenta con uno de los sistemas de votación más avanzados y bien auditados de la región, que se realiza con máquinas de votación electrónica y tiene votos impresos para auditorías posteriores. Este año, como resultado del Acuerdo de Barbados, la Unión Europea, la CELAC, el Centro Carter con sede en Estados Unidos, BRICS y las Naciones Unidas han sido invitados a enviar misiones para observar las elecciones.
¿Qué constituiría un proceso electoral respetable según el gobierno de Estados Unidos? No hubo quejas de Washington durante las elecciones hondureñas en 2017 cuando el narco-dictador respaldado por Estados Unidos, Juan Orlando Hernández, cometió un fraude masivo electoral, un hecho incluso reconocido por la Organización de los Estados Americanos, y se robó las elecciones. El gobierno de Estados Unidos, bajo Donald Trump, fue el primer país en reconocer a Hernández como el “legítimo” ganador de estas elecciones fraudulentas en medio de un levantamiento nacional contra el fraude. Años más tarde, Hernández ahora está en prisión en Estados Unidos condenado por tráfico de drogas.
La democracia venezolana solo se ha convertido en un problema porque los candidatos del imperio estadounidense siguen perdiendo. Y si un país sirve a los intereses de Wall Street y el Pentágono, entonces ni siquiera necesitan tener elecciones; toma como ejemplo a Arabia Saudita, una dictadura gobernada por un rey. Las elecciones de julio en Venezuela están bajo escrutinio simplemente porque se están llevando a cabo en un país que ha decidido liberarse y seguir un camino independiente que prioriza los intereses de los pobres y los trabajadores.
