La tía de Elder Fernandes, Leonilde Fernandes, habla ante una multitud en Brockton Massachusetts, el 12 de octubre. Foto: Liberation News.
Fort Hood es una base militar de los Estados Unidos en Killeen, Texas, que se ha hecho famosa después de las muertes recientes de varios soldados de la base. La víctima más reciente fue Elder Fernandes, un caboverdiano de 23 años de Brockton, Massachusetts. Fernandes fue encontrado colgado de un árbol en Temple, Texas, el 25 de agosto.
Esta tragedia se produjo sólo cuatro meses después del brutal asesinato de Vanessa Guillén el 22 de abril. Guillén era una mujer mexicoamericana estacionada en Fort Hood. Tanto Guillén como Fernandes fueron asesinados poco después de denunciar agresiones sexuales por parte de oficiales superiores.
Fort Hood tiene una larga historia de violencia sexual. Después del descubrimiento de una importante red de traficantes en 2015, muchos residentes han presentado relatos de agresión sexual y mala conducta por parte de residentes y oficiales de la base. Ciento cincuenta personas, principalmente personas de color, han sido encontradas muertas o desaparecidas desde que se descubrió esta injusticia.
El gobierno de Estados Unidos ignora a sus víctimas
Después de la desaparición de Fernandes, el estado entregó información a paso de tortuga. La madre de Fernandes ni siquiera fue informada. Sin encontrar un cuerpo ni realizar ninguna investigación seria, el Departamento de Policía de Temple dictaminó que la muerte de Fernandes fue un suicidio con la intención de esconderlo bajo la alfombra. Pero su madre tenía motivos para creer lo contrario. Fernandes había estado en contacto con ella a diario y había hablado extensamente con su familia del abuso sexual que sufrió. Decidieron viajar a Fort Hood para investigar por sí mismos. A su llegada, su cuerpo fue finalmente descubierto a 45 kilómetros de la base.
La familia de Fernandes se negó a aceptar la sentencia de suicidio. Su abogado se presentó el 27 de agosto con una declaración de que “no saben qué pasó, si fue un suicidio o un asesinato. Pero les voy a decir lo que le hicieron a él, los responsables: es una forma de asesinato”. Al ver la falta de voluntad de los encargados de buscar justicia, la tía de Elder, Leonilde Fernandes, se encargó de llevar el caso a la atención nacional.
Después de que la historia alcanzó la atención y la indignación nacional, el Congreso inició una investigación de Fort Hood. No dispuesta a confiar en una investigación puramente interna, la familia exige que también busque una agencia independiente. “El Congreso acaba de iniciar una investigación sobre Fort Hood, pero eso no es suficiente”, argumentó Andira Alves, organizadora del Partido por el Socialismo y la Liberación e hija de inmigrantes caboverdianos, en una protesta reciente para exigir justicia para Fernandes. “Este es el mismo Congreso [que] acaba de votar para dar a las fuerzas armadas un cheque de $700 mil millones para el próximo año mientras se niega a brindar a la clase trabajadora y los pobres un alivio adecuado durante esta pandemia”.
Brockton se moviliza y lucha por un hijo perdido
La conciencia pública sobre el caso de Fernandes ha crecido de manera constante en los últimos meses. En su ciudad natal de Brockton, se ha formado un movimiento para exigir justicia. Los activistas y miembros de la comunidad se han unido a su familia para pedir una investigación independiente adecuada. También piden que se cierre Fort Hood y se haga justicia para todas sus víctimas.
El lunes 12 de octubre, dos docenas de miembros de la comunidad junto con miembros de la sucursal de Boston del Partido por el Socialismo y la Liberación escucharon las palabras de Leonilde Fernandes: “Cada uno de ustedes está aquí. Podría ser tu sobrino. Podría ser tu vecino. Podría ser tu hermana, tu hermano, cualquiera. ¡Podría ser cualquiera! No quiero que esto suceda. ¡El nombre de Elder Fernandes se mantendrá firme para detener esto!” La multitud luego marchó dos millas hasta el ayuntamiento de Brockton con sus demandas.
Un movimiento crece
La respuesta estatal a la muerte de Fernandes demuestra que la clase dominante no está dispuesta a ceder ni siquiera reformas simples para velar la violencia de la maquinaria de guerra estadounidense, incluida la violencia contra la clase trabajadora que el sistema necesita como soldados, y cuyo servicio en el ejército se vende como un noble camino para salir de la pobreza.
Solo cuando luchemos juntos como personas trabajadoras y oprimidas, Elder Fernandes y todas las víctimas de violencia racista y sexual finalmente verán justicia. “¡No vamos a parar!” Leonilde Fernandes le dijo a la multitud, “lloviendo o brillando, ¡estaremos aquí!”