Foto: Una reunión del Colegio Electoral en Annapolis, Maryland. Crédito: Flickr / Maryland GovPics (CC BY 2.0)
A todos las y los jóvenes en Estados Unidos se les enseña en la escuela sobre las maravillas del sistema de gobierno de Estados Unidos, que está brillantemente diseñado para proteger la libertad, y es lo suficientemente flexible como para resolver cualquier problema y está legitimado con el consentimiento de los gobernados. Pero esta versión de cuento de hadas de la política estadounidense en nada se parece a la realidad.
De hecho, estas nociones pueden parecer tan extravagantes que los ojos de muchas personas se nublan con la mera mención de las complejidades respecto a cómo funciona el gobierno. Sin embargo, para aquellos que quieren poner fin a este orden injusto, resulta absolutamente esencial comprender dichas complejidades. No es necesario comprender los entresijos de la Constitución o el proceso legislativo para llegar a la conclusión de que hay que acabar con el sistema, pero para lograr realmente esta profunda transformación de la sociedad, necesitamos conocer en detalle cómo opera nuestro enemigo.
Liberation News está produciendo la serie “Clase de Educación Cívica para radicales” para esclarecer la realidad de este sistema de gobierno de, por y para los ricos. Puedes leer otros artículos de esta serie aquí.
La idea de que Estados Unidos es la democracia más grandiosa del mundo se encuentra en el centro mismo de la idea del excepcionalismo estadounidense. La clase dominante usa el mito de la democracia estadounidense para fabricar consentimiento para invasiones imperialistas e injerencia electoral en países, desde Venezuela hasta Irak y muchos, muchos otros en el Sur Global en nombre de “difundir la democracia”. La élite capitalista trabaja arduamente para canalizar la energía revolucionaria de los movimientos sociales dentro de Estados Unidos, para llevarla de vuelta al sistema electoral, reivindicando que la democracia estadounidense es tan perfecta que votar es la única acción necesaria para ejercerla.
Sin embargo, al analizar cómo se contabilizan realmente los votos para el cargo más alto en Estados Unidos, es fácil ver que el sistema electoral estadounidense no fue diseñado para crear democracia, sino para asegurar que la clase dominante esté protegida de ella. La total falta de democracia del sistema resulta más evidente en el sistema que se usa para elegir al presidente de Estados Unidos: el Colegio Electoral.
La última línea de defensa contra la democracia
Los “padres fundadores” fueron muy abiertos en su desdén por la idea de la democracia. El Federalista (The Federalist Papers), el documento histórico de 1787 que sentó gran parte de la base de la Constitución de EE. UU., está lleno de argumentos en contra del establecimiento de un sistema democrático para el gobierno del país. Los hombres que crearon el gobierno de EE. UU. fueron extremadamente condescendientes en la forma en que describieron a los trabajadores, calificándolos de “desagradables”, “turbulentos” y un sin fin de otros términos insultantes. Por ejemplo, en El Federalista n.o 10, James Madison escribió que la democracia está en desacuerdo con los valores del gobierno que espera crear:
[Una] democracia pura, con lo que me refiero a una sociedad formada por un pequeño número de ciudadanos, que se reúnen y administran el gobierno en persona, no puede admitir cura para los males de la facción. Una pasión o interés común, en casi todos los casos, será sentido por la mayoría del conjunto; una comunicación y concertación son el resultado de la propia forma de gobierno; y no hay nada que controle los incentivos para sacrificar al partido más débil o a un individuo desagradable. De ahí que tales democracias hayan sido siempre espectáculos de turbulencia y contienda; alguna vez se las haya encontrado incompatibles con la seguridad personal o los derechos de propiedad; y en general han sido tan cortas en sus vidas como violentas en sus muertes.
Si bien los “padres fundadores” estaban más o menos unidos en la decisión de que no podían permitir que las y los trabajadores tuvieran voz en su propio gobierno, igual necesitaban una forma de elegir líderes que pudiera dar cierta ilusión de imparcialidad y justicia. En El Federalista n.o 68, Hamilton presenta su idea del método para elegir al presidente: el Colegio Electoral. Hamilton veía al Colegio Electoral como una forma de asegurarse de que las “personas adecuadas” seleccionaran al presidente, es decir, pondría el poder de elegir al presidente en manos de personas que formaban parte de la clase dominante y crearía una capa de separación entre el ejecutivo y los supuestos caprichos volubles de la gente de a pie. Hamilton escribió sobre cómo esta forma ilustrada de electoralismo aislaría el proceso electoral de los “fervores y fermentos” de la gente común:
También era peculiarmente deseable brindar la menor oportunidad posible de tumulto y desorden […] La elección de VARIOS, para formar un cuerpo intermedio de electores, será mucho menos propensa a convulsionar a la comunidad con movimientos extraordinarios o violentos, que la elección de UNO que él mismo sería el objeto final de los deseos públicos. Y como los electores, elegidos en cada Estado, deben reunirse y votar en el Estado en el que son elegidos, esta situación distante y dividida los expondrá mucho menos a los fervores y fermentos, que podrían ser comunicados por ellos al pueblo, que si todos fueran a ser convocados a la vez, en un solo lugar.
Foto: Cuartos de esclavos en Mount Vernon, la plantación de George Washington. Más de 500 esclavos trabajaron en Mount Vernon a lo largo de la vida de Washington. Imagen: Tim Evanson (CC BY-SA 2.0)
En el momento en que se escribió El Federalista, se estaba librando un profundo debate sobre cómo se debía elegir al presidente. Una idea fue el Plan de Virginia, en el que la legislatura elegiría al ejecutivo. Otra idea fue el Plan de Nueva Jersey, en el que cada estado obtendría un voto hacia el presidente. Algunos plantearon el método de utilizar el voto popular para elegir al presidente. Sin embargo, ninguno de estos planes logró satisfacer a los miembros más poderosos de la clase dominante de la época: los esclavistas propietarios de plantaciones. El Colegio Electoral tenía una ventaja sobre los otros planes debido a su enorme popularidad entre la élite esclavista del Sur. El Sur en ese momento estaba presionando por el “Compromiso de los Tres Quintos” (Three-Fifths Compromise), que contaba a cada esclavo como ⅗ de una persona al contar el censo para repartir representantes. El Colegio Electoral vinculó el número de votos electorales con el número de representantes de cada estado, y los estados del Sur vieron la oportunidad de maximizar su influencia. También pudieron evitar la cuestión del sufragio de los esclavos rechazando un sistema de voto popular. Al resolver la cuestión de cómo elegir al presidente, James Madison concibió al Colegio Electoral como la opción obvia. Tal como afirmó en 1787:
Sin embargo, hubo una dificultad grave para atender una elección inmediata por parte de la gente. El derecho de sufragio era mucho más difuso en los Estados del Norte que en los del Sur; y estos últimos no podían influir en la elección a favor de las personas negras. La sustitución de electores obviaba esta dificultad y parecía, en general, estar sujeta a la menor cantidad de objeciones.
De acuerdo con la historia general de Estados Unidos, el Colegio Electoral comenzó con objetivos racistas de apaciguar a los dueños de esclavos y mantener viva la economía de plantaciones. El Colegio Electoral también tuvo el beneficio de no depender en absoluto de los votos de la población trabajadora, quienes, independientemente de su raza, generalmente estaban mucho menos a favor de la institución de la esclavitud, en comparación con las personas que se beneficiaban de poseer esclavos. En sus inicios, las legislaturas estatales elegían principalmente electores. Incluso a medida que más sectores de la población estadounidense obtuvieron sufragio, continuaron votando por electores presidenciales en lugar de hacerlo directamente por el presidente. Durante muchos años, los electores presidenciales no adoptaron una posición partidista y no se comprometieron a votar por ningún candidato específico. Esta formulación se alineaba con la concepción de Hamilton del Colegio Electoral como compuesto por hombres educados y de pensamiento libre que debían tomar sus propias decisiones para presidente con el apoyo de la población. De hecho, no fue hasta la década de 1800 que el nombre de cualquier candidato presidencial apareció en la boleta electoral de las elecciones generales.
¿Qué es el Colegio Electoral?
Si bien las identidades de los electores individuales están hoy en día ocultas al público en general, el proceso antidemocrático del Colegio Electoral apenas ha cambiado desde que se estableció la institución a fines de la década de 1700.
Debido a la existencia del Colegio Electoral, es fundamentalmente imposible que cualquier votante vote realmente por un candidato presidencial directamente en las elecciones generales. Cuando los votantes emiten sus votos cada cuatro años para el cargo de presidente, en realidad nunca votan por el presidente y el vicepresidente; en cambio, están emitiendo sus votos por los electores presidenciales nominados por el partido u organismo al que pertenecen los candidatos presidenciales y vicepresidenciales. La Constitución deja una amplia discreción a los estados para decidir cómo se nominan y eligen los electores presidenciales de ese estado. En algunos estados, los electores son elegidos en las convenciones del partido, y en otros, los candidatos presidenciales y vicepresidenciales eligen directamente a los electores para su papeleta. Muchos estados emplean un sistema de “el ganador se lo lleva todo” para elegir electores presidenciales. Kentucky y Maine utilizan notablemente un sistema a nivel de distrito.
Una vez que se cuentan los votos para los electores presidenciales, el gobernador de cada estado prepara un certificado de verificación que incluye el nombre de todos los electores individuales, a qué candidato se comprometen esos electores, y los recuentos de votos para cada elector presidencial. Los gobernadores de cada estado envían estos certificados a la Oficina del Registro Federal, una parte de los Archivos Nacionales, para que los reciba el Archivista Nacional.
A mediados de diciembre, los electores presidenciales ganadores se reúnen en un lugar designado en sus respectivos estados para emitir sus votos. Esto se hace preparando un “certificado de voto” que designa al destinatario del voto de cada elector y firmado por ese elector. Estos certificados son enviados al presidente del Senado de EE. UU. (es decir, al vicepresidente), al Archivista de Estados Unidos, al secretario de Estado de cada Estado y al juez principal del Tribunal Federal de Distrito del distrito en el que se reunieron los electores en cada estado.
Finalmente, cada año, el 6 de enero, finalmente se terminan de contar los votos electorales. El vicepresidente preside este conteo de votos en presencia del Congreso y certifica oficialmente los resultados electorales.
La trama de los ‘falsos electores’
Esta decisiva fecha en el proceso del Colegio Electoral probablemente le suene familiar a cualquiera que recuerde el asalto que llevó a cabo la extrema derecha el 6 de enero de 2021 en el Capitolio, en un intento de anular los resultados de las elecciones de 2020 y mantener a Trump en la presidencia. Ese día, algunos de los sectores más perversos de la ultraderecha, desde los Proud Boys a los Oath Keepers, irrumpieron en la Casa Blanca en complicidad con altos funcionarios militares, policiales y de seguridad. Los medios de comunicación han pintado estos eventos como una anomalía y un acto llevado a cabo por sectores marginales y extremos de Estados Unidos. Sin embargo, la insurrección del 6 de enero no fue simplemente una turba violenta actuando de manera independiente, sino la culminación de un complot coordinado por altos funcionarios del Partido Republicano para utilizar la estructura misma del Colegio Electoral para manipular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.
Apenas unos días después de las elecciones generales de 2020, a los abogados del Partido Republicano de Wisconsin idearon un complot para interferir en el conteo de votos, el tiempo justo para que Biden no pudiera ser certificado como presidente y Trump permaneciera en el poder. Diseñaron esta trama a partir de los sucesos racistas de las elecciones de 1876, en las que varios estados enviaron certificaciones electorales contradictorias al Senado, retrasando el conteo electoral final hasta el punto de una crisis constitucional. Solo 13 años después de la Proclamación de Emancipación, la campaña electoral de 1876 estuvo marcada tanto por una creciente representación política negra como por una reacción racista de los demócratas blancos del Sur que querían poner fin al período revolucionario de la Reconstrucción. El día de las elecciones llegó con fraude generalizado e intimidación racista de votantes por parte de grupos paramilitares en las urnas, particularmente en el Sur, contra votantes republicanos negros. Durante el conteo oficial de votos, presidido por el vicepresidente republicano en funciones, los demócratas objetaron los certificados de voto de los electores republicanos de tres estados, luego los obstruyeron efectivamente para evitar una resolución de la Comisión Electoral temporera. Por casi tres meses, la elección no tuvo un claro ganador. Finalmente, la crisis se resolvió pocos días antes del Día de la Inauguración con el Compromiso de 1877: el republicano Rutherford B. Hayes pondría fin a la Reconstrucción a cambio de la presidencia.
Para el siglo XX, la transferencia pacífica del poder parecía ser un sello distintivo del sistema estadounidense, pero el equipo de Trump que buscaba anular los resultados de las elecciones de 2020 recordó un precedente histórico que mostraba que no había por qué dar por sentada una transferencia pacífica de poder. Desde 1876, no se ha creado ningún proceso para resolver los votos electorales conflictivos de un Estado. Los republicanos planeaban obtener certificados falsos de verificación de los estados indecisos, donde sería más fácil poner en duda el recuento oficial de votos. El esquema de electores falsos de 2020 se extendió rápidamente. Altos funcionarios del Partido Republicano, en siete estados en los que los funcionarios electorales habían certificado victorias del Partido Demócrata (Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania, Wisconsin, Nevada y Nuevo México) se pusieron de acuerdo: las listas de electores presidenciales del Partido Republicano se reunirían en la fecha legalmente designada para el Colegio Electoral, a mediados de diciembre, y elaborarían sus propios certificados de voto que reflejaran una victoria de Trump, además de los certificados de voto que debían presentar los electores del Partido Demócrata. Estos certificados falsos se enviaron a todos los funcionarios que generalmente están obligados por ley a recibir certificados de voto, incluido el archivista nacional y el vicepresidente en ese momento, Mike Pence.
Foto: Los 10 republicanos que se reunieron en diciembre de 2020, en el Capitolio del Estado de Wisconsin para emitir votos no autorizados del Colegio Electoral para el presidente Donald Trump. (Captura de pantalla de documentos judiciales)
El 6 de enero la insurrección tenía como objetivo retrasar la certificación de los votos el tiempo suficiente para mantener a Trump en el cargo y crear una crisis constitucional, al igual que la crisis racista de 1876, al introducir un recuento de votos. Los insurrectos amenazaron directamente a Pence mientras asaltaban el Capitolio, gritando “Cuelguen a Mike Pence”, en un esfuerzo por intimidarlo para que introdujera los certificados fraudulentos en el Congreso durante el conteo de votos. Aunque Pence finalmente no honró los certificados fraudulentos y certificó a Biden como el ganador, la insurrección del 6 de enero cuestionó la validez del proceso del Colegio Electoral y preparó el escenario para posibles desafíos futuros a la escasa cantidad de democracia que disfruta el pueblo de Estados Unidos en la actualidad.
El voto popular: una tenue relación
Aunque la insurrección fracasó en anular los resultados electorales de 2020, estuvo terriblemente cerca de tener un gran efecto en los resultados electorales y también amenazó la vida de muchos miembros del Congreso que no aceptaron el plan. Tras los cuestionables eventos en cuanto a la certificación de las elecciones de 2020, los legisladores intentaron reformar el Colegio Electoral con la Ley de Reforma del Conteo Electoral y Mejora de la Transición Presidencial de 2022 (Count Reform and Presidential Transition Improvement Act of 2022). Esta ley intentó subsanar las deficiencias en la forma en que se lleva a cabo el proceso del Colegio Electoral, sin plantear desafíos sustanciales a su estructura. Otras reformas han tenido un efecto similar y han evitado asumir el hecho de que el Colegio Electoral sigue siendo antidemocrático en su esencia.
El Colegio Electoral otorga ponderaciones muy diferentes al voto de una persona, según el estado en el que viva el votante. Los votos electorales son iguales a la suma del número de representantes en la Cámara de Representantes y el número de senadores de cada estado. Por lo tanto, los estados con una población más pequeña obtienen más votos electorales en relación con su población, ya que cada estado obtiene dos senadores independientemente del tamaño del estado. Como resultado, el estado con la población más baja, Wyoming, obtiene un voto electoral por cada 195,000 habitantes, mientras que California obtiene un voto electoral por cada 712,000 habitantes. ¡El voto de una persona que vive en Wyoming es casi 3.5 veces más poderoso que el voto de alguien de California!
Gráfico: Población por voto electoral para cada estado y Washington, D. C. (censo de 2020). Un solo elector podría representar a más de 700,000 personas o menos de 200,000. Imagen: Codificador Perl (CC BY-SA 4.0)
Además, cada vez es más común que los presidentes sean electos sin lograr una mayoría de votos populares. Dos de los últimos seis presidentes, George W. Bush en 2000 y Donald Trump en 2016, ingresaron al cargo con menos votos que sus oponentes. De hecho, en 2000, el resultado final de las elecciones se decidió por unos 500 votos de Florida. El proceso electoral de Florida de ese año estuvo marcado por fallas en las máquinas de votación y boletas confusas que hicieron posible que los votantes malinterpretaran el candidato por quién estaban emitiendo su voto. Bush fue certificado ganador la noche de las elecciones, pero cuando los tribunales ordenaron recuentos oficiales, el personal republicano amenazó con violencia e incluso se amotinó para cerrar el recuento. Al final, Bush salió electo. ¡Imagínense lo que haría Estados Unidos si una elección como esa ocurriera en cualquier país amenazado por el imperialismo estadounidense!
Si bien el papel de un elector presidencial suele ser hoy en día poco más que un papel ceremonial, en la práctica no hay nada que vincule necesariamente a los electores con el resultado del voto popular. Ninguna ley federal establece que los electores presidenciales deben votar por los candidatos presidenciales y vicepresidenciales a quienes se comprometieron y, de hecho, la mayoría de los estados no requieren que los electores presidenciales voten por el candidato de cuya lista forman parte. Estos electores, que son nominados y elegidos como parte de una lista pero luego emiten su voto por diferentes candidatos en el Colegio Electoral, se conocen como “electores desleales” (faithless electors). Las leyes con respecto a los electores desleales varían mucho de un estado a otro, y algunos estados invalidan los votos o multan a los electores y mientras que otros no penalizan a un elector desleal de ninguna manera.
Mapa: Las leyes de electores desleales varían inmensamente de un estado a otro. Imagen: Ketrit (CC BY-SA 4.0)
Un caso de alto perfil de la Corte Suprema sobre las elecciones de 2016 intentó resolver al menos parcialmente la capacidad de los Estados de vincular los votos de sus electores con el candidato al que se comprometieron. En este caso, un elector votó por Faith Spotted Eagle y tres electores de Washington intentaron emitir sus votos en el Colegio Electoral por Colin Powell en lugar de Hillary Clinton, en un último esfuerzo por influir en los electores republicanos para que desertaran de Trump. El estado de Washington multó a estos electores presidenciales e invalidó sus votos. El histórico caso de la Corte Suprema de 2020 decidió que castigar a los electores desleales y reemplazarlos con nuevos electores estaba dentro de los derechos constitucionales de los estados. Muchos elogiaron este caso como una victoria para la democracia, ignorando la estructura antidemocrática fundamental del propio Colegio Electoral.
Mantener el estatus quo de los dos partidos capitalistas
El típico sistema de “el ganador se lo lleva todo” de asignación de votos electorales en cada estado garantiza la dificultad de ganar impulso para cualquier partido o candidatura que no pertenezca a uno de los dos partidos capitalistas de la clase dominante. La capacidad de los Estados para regular las elecciones de forma independiente garantiza que partidos independientes tengan que sortear un extenso entramado de leyes y procedimientos, que son diferentes en cada estado, para obtener acceso a la boleta electoral, pero incluso cuando logran ingresar con éxito a la boleta electoral, el Colegio Electoral se erige como un obstáculo final para la representación nacional. La clase dominante, aunque generalmente elogia el sistema democrático de los Estados Unidos, aúnan esfuerzos cada temporada electoral para asegurarse de que uno de sus dos partidos prevalezca como ganador.
Hoy, el Colegio Electoral continúa asegurando que los resultados de las elecciones se decidan en un puñado de los llamados “estados indecisos” (swing states). En 2024, demócratas y republicanos libran su lucha casi en su totalidad en los estados de Georgia y Pensilvania. El Colegio Electoral asegura que no solo los partidos principales no harán campaña en absoluto en los estados donde viven dos tercios de la población, sino que el resultado general de las elecciones dependerá solo de unas pocas decenas de miles de votos de residentes de unos pocos condados en incluso menos estados. Mientras los republicanos se preparan para otro desafío a la legitimidad del conteo de votos en 2024, los demócratas han recurrido a ataques directos en el acceso a las boletas de partidos independientes, como estrategia para ganar los votos electorales más importantes en Georgia y Pensilvania. Tradicionalmente, los desafíos de firma línea por línea han sido el método preferido para mantener a partidos independientes fuera de la boleta electoral. Curiosamente, esta estrategia parece estar cambiando. Los desafíos de acceso a las boletas electorales en 2024 en Georgia y Pensilvania se han basado casi exclusivamente no en desafíos de firmas o invalidando a los candidatos presidenciales y vicepresidenciales en sí mismos, sino en la elegibilidad de los electores nominados por cada partido alternativo. Si el sistema es tan democrático, ¿por qué importa quién sirve como elector?
La democracia real significa un sistema completamente nuevo
Si bien el sistema electoral ha cambiado en algunos mínimos aspectos desde su instauración, la función básica del Colegio Electoral, como última línea de defensa contra la democracia en los Estados Unidos, se ha mantenido exactamente igual. Las reformas interminables no pueden cambiar fundamentalmente un sistema diseñado explícitamente para salvaguardar a la clase dominante de la voluntad del pueblo. Los llamados a nuevas formas de reformar el sistema electoral a nivel nacional continúan ganando fuerza, incluidas las demandas de un voto popular nacional y el voto por orden de preferencia. Por otro lado, la clase dominante continúa defendiendo al Colegio Electoral hasta las trancas, porque saben que en un sistema verdaderamente democrático, sus días en el poder estarían contados. ¡Para crear una democracia real necesitamos un sistema completamente nuevo!
