Traducido por Keiti Rubio
La primera visita oficial de Trump a California tuvo lugar tras deportaciones masivas y otros ataques contra inmigrantes de Latinoamérica, del Caribe y de países africanos, incluyendo una demanda federal contra California, redadas dirigidas contra el estado y planes renovados de represión fronteriza.
Los activistas están desafiando estos ataques mediante protestas, haciendo campaña y organizando acción legal, desde Sacramento hasta San Diego.
El 7 de marzo, el Procurador General Jeff Sessions anunció una demanda contra California al dirigirse a la mal llamada “Asociación de Agentes de la Paz de California” en Sacramento. Exigió que las agencias de policía locales y estatales — al igual que los empleadores — cooperen plenamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en sus investigaciones y deportaciones de comunidades de inmigrantes.
Las leyes de santuario de California prohíben que los negocios divulguen información personal de un empleado a un agente de ICE sin una orden judicial. También prohíben que las agencias estatales compartan información relacionada con el estado migratorio de una persona con agentes de ICE a menos que esta haya sido condenada por delitos graves.
Pocos días antes, en anticipación de redadas en la Área de la Bahía, cientos de activistas rodearon la sede central de ICE de San Francisco el 28 de febrero, creando un paro dramático de los cuatro cruces durante el día.
El 12 de marzo se presentó una importante demanda colectiva en San Francisco contra el Departamento de la Seguridad Nacional (DHS) para revertir la cancelación del Estado de Protección Temporal (TPS) iniciada por Trump. Los abogados que presentaron la demanda forman parte de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (RNJA), mientras que muchos de los demandantes son miembros de la Alianza TPS.
La lucha por el TPS
Los demandantes no solo son beneficiarios de TPS de El Salvador, Haití, Sudan y Nicaragua. La demanda incluye a los más de 200.000 hijos menores de edad nacidos en los EE.UU. de padres amparados por el TPS, quienes enfrentarían una cruel separación familiar en caso de permanecer en los EE.UU. luego de que sus padres sean deportados.
La demandante principal es Crista Ramos de 14 años, una ciudadana estadounidense nacida en California. Su madre, Cristina Morales, de 37 años, es de El Salvador y ha vivido en los EE.UU. por 25 años. Sin embargo, enfrenta una posible deportación tras el cierre del TPS.
El cierre del TPS amenaza al derecho fundamental de una familia permanecer unida.
La demanda declara que el DHS está “violando los derechos constitucionales de los hijos de edad escolar con ciudadanía estadounidense de padres amparados por el TPS, al presentarles una disyuntiva imposible: salir de su país o vivir sin sus padres.”
El cierre de TPS afecta de manera directa a 400.000 beneficiarios que enfrentan la deportación si no se detiene la acción del gobierno, incluyendo a personas de Honduras cuya aplicación para el TPS se espera que sea cancelada en un futuro.
Alrededor de 200.000 beneficiarios del TPS enfrentan la prohibición inminente de poder trabajar o vivir en los Estados Unidos.
La administración de Trump ha seguido diseminando mentiras racistas y despiadadas en sus ataques contra los inmigrantes y los refugiados. Pero sus infames comentarios quizás ayudarán a revertir su decreto contra el TPS.
La demanda también declara que la nueva regla contra el TPS está “motivada por una antipatía a consciencia basada en la raza y origen nacional contra las personas de lugares que el presidente Trump ha llamado “países de mierda.” Surge del racismo que ha expresado la administración una y otra vez Trump hacia personas no blancas, no europeas de otros países.”
Renuncia portavoz de ICE en lugar de mentir por ICE
En noticias relacionadas, un portavoz de la oficina de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas renunció, diciendo que no podía respaldar afirmaciones falsas hechas por Jeff Sessions y funcionarios de ICE. James Schwab desmintió una afirmación de Thomas D. Homan, director auxiliar de ICE, que una advertencia del alcalde de Oakland Libby Schaaf a la comunidad de una redada inminente de ICE había ayudado a “864 delincuentes indocumentados que atentan contra la seguridad pública.”
Schwab le dijo a CNN, “sencillamente no pude soportar la carga — permanecer como representante de la agencia y con el encargo de mantener la honradez, sabiendo que esa información era falsa.”
Las redadas en el norte de California se consideran un ataque contra el Área de la Bahía debido a sus fuertes políticas de santuario y fuerte apoyo para los inmigrantes.
Para más información en cuanto a la cancelación del TPS de la administración de Trump, lo referimos al artículos “Trump inicia un nuevo ataque contra los inmigrantes amparados por el TPS y cuáles son las ramificaciones de la cancelación del TPS: una perspectiva histórica y personal.”
