Bajo la presión de la protesta pública contra las duras restricciones y las violaciones de los derechos humanos en la frontera, la administración Biden ahora está en proceso de poner fin al uso de la controvertida política del “Título 42”. La fecha final está fijada para el 23 de mayo. El Título 42, implementado por Trump en los primeros días de la pandemia, puso fin al procesamiento de solicitudes de asilo supuestamente debido a la preocupación de que permitir que más personas ingresen al país exacerbaría la crisis de COVID. Una preocupación fingida por la salud pública enmascaró la verdadera intención de la política: cerrar las fronteras por completo.
La política racista de Trump continuó con modificaciones menores por parte de la administración Biden durante más de dos años. En ese momento, las cifras récord de deportaciones y detenciones por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza indicaron la magnitud de la crisis en la frontera entre Estados Unidos y México y la necesidad de ayuda humanitaria urgente para refugiados, migrantes y solicitantes de asilo.
Se estima que 1.7 millones de personas fueron detenidas tratando de cruzar la frontera el año pasado. La gran mayoría de estas personas fueron rechazadas y deportadas bajo el Título 42. Muchos de los refugiados provienen de lugares que han sido devastados por las acciones del imperialismo estadounidense, incluidos Haití y países de América Central. La administración de Biden suscitó críticas por su violenta represión contra los refugiados haitianos en septiembre, evocando escenas que recuerdan a los cazadores de esclavos mientras los agentes de la Patrulla Fronteriza atacaban a los refugiados con una brutalidad impactante.
La decisión de Biden de poner fin al Título 42 no está impulsada por un deseo sincero de aliviar el sufrimiento de los refugiados, sino por un frío cálculo político. La reciente propuesta de presupuesto de la Casa Blanca exige la financiación de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CPB) y el Servicio de Control de Inmigracion y Aduanas (ICE) por una suma de $15.3 mil millones y $8.1 mil millones, respectivamente. Estas sumas masivas aumentarán la militarización de la frontera estadounidense y la criminalización de los refugiados que intentan cruzarla. Inundar a CPB e ICE con más armas, capacitación y personal no hará que la política de inmigración de los EE. UU. sea más “humana”. En cambio, más refugiados se verán obligados a evitar los cruces fronterizos fuertemente vigilados al intentar peligrosos viajes por el desierto y arriesgarse a morir por exposición o deshidratación.
Los activistas por los derechos de los inmigrantes han estado exigiendo durante mucho tiempo que Biden termine con el Título 42, señalando la gran brecha entre las promesas de su campaña electoral de un sistema de inmigración más humano y la realidad de las políticas de su administración. Esta hipocresía dejó en claro que Biden no es amigo de los inmigrantes y usará cínicamente este tema para avanzar en su propia carrera política. Especialmente teniendo en cuenta el levantamiento de otras medidas relacionadas con COVID en todo el país, la presión finalmente se volvió demasiado difícil de soportar y Biden se vio obligado a otorgar esta concesión.
Pero la militarización de la frontera, junto con el terror de ICE en todo el país, continúa sin cesar, y millones de personas indocumentadas se ven obligadas a vivir en las sombras. Ahora es el momento de redoblar los esfuerzos de organización para una política de inmigración que respete la vida humana en lugar de terminarla.
