Lo que volvió a vida el Primero de Mayo como un día de lucha de los trabajadores en los Estados Unidos fue el “Día sin un Inmigrante” del 1 de mayo, 2006. Hace seis años, millones de trabajadores inmigrantes y sus aliados marcaron el día con huelgas, paros, boicoteos de productos de los EE.UU., manifestaciones y vigilias por todo el país.
Fue la acción más grande de la clase obrera en la historia de los EE.UU., que surgió en respuesta de la propuesta draconiana “Sensenbrenner” en el congreso que hubiera convertido a los indocumentos en delincuentes simplemente por querer trabajar y vivir en los Estados Unidos.
Los trabajadores inmigrantes—documentados e indocumentados—directamente desafiaron sus jefes, y el gobierno y la policía para exigir la amnistía. Unas de las corporaciones más grandes—incluyendo los conglomerados de elaboración de alimentos—en el mundo fueron forzados a cerrar. El costo del día de boicoteo sólo en Los Ángeles costo $300 millones—un quinto del consumo diario municipal.
La demanda central que resumió los intereses de millones que llenaron las calles en ciudades por todo el país fue la amnistía—derechos plenos democráticas para los trabajadores inmigrantes.
El movimiento llega a una cruce de caminos
La clase gobernante de los EE.UU. observó este nuevo movimiento seriamente. Muchos de los “amigos” burgueses de la lucha inmigratoria condenó fuertemente el “Día Sin un Inmigrante” del 1o de Mayo.
El Partido Socialismo y Liberación escribió en el 2006: “Lo que más teme [la clase gobernante] es que los trabajadores inmigrantes—claro, que todo los trabajadores— sientan su poder político que tiene su poder laboral. El poder político de la clase obrera será medido no en las urnas electorales por uno u otro político de la oligarquía, sino por su habilidad en influir el cambio político por medio de su organización y posición como productores de la riqueza de la sociedad. La clase gobernante teme que el movimiento de derechos inmigratorios desarrollará un sentido de potencial revolucionario”.
La primera respuesta de la clase gobernante fue poner fin a la ley Sensenbrenner. Pero después de esa victoria, el movimiento poco a poco dejó las calles.
Muchas de las voces moderadas del movimiento de derechos pro-inmigrante atados al Partido Demócrata fomentó un enfoque en las elecciones del 2006 del Congreso. Los Demócratas recibieron un apoyo abrumado y dedicado de muchas comunidades latinas e migratorias. Organizadores trabajaron sin cansar para apoyar candidatos a los cuales ellos pensaron iban a poner fin a las redadas en la era de Bush que aterrorizaron a millones. Este apoyo ayudó a los Demócratas arrasar con el Congreso en el 2006 y tomó la Casa Blanca en el 2008.
incrementan las redadas y represión
Tan pronto como los manifestantes dejaron las calles, las redadas y deportaciones fueron incrementadas por la administración de Bush. Mientras los Demócratas llegaban al poder, el movimiento de derechos pro-inmigrante esperaron casi en silencio por algún tipo de reforma. Pero los ataques solo escalaron.
La administración de Obama ajustó la táctica de ejecución tipo redada de Bush por medio de redadas documentales enfocándose en empleadores que contratan trabajadores indocumentados. Implementaron sistemas de información compartida, como la notoria Comunidades Seguras, que autoriza la colaboración entre la policía municipal y la Inmigración. El presupuesto del Departamento de Seguridad Interna sigue siendo casi $60 mil millones, no incluyendo las cantidades adicionales de más de $30 mil millones que recibió la agencia en el 2011. En un tiempo de crisis económica, mientras servicios por todo el mundo están siendo truncados y los índices de inmigración indocumentada ha caído a nuevas bajas, el gobierno ha deportado más personas que nunca.
Noventa por ciento de las deportaciones están basadas sólo en la presencia de los inmigrantes en los EE.UU. sin papeles, y no por fraude ni condenas. Esta administración ya ha deportado más personas que aquellos deportados bajo las combinadas dos administraciones de George W. Bush, alzando a más de 1 millón de deportados en 2011.
Mientras que la demanda general de las manifestaciones de 2006 era una “amnistía” o “legalización ahora”, el Partido Demócrata, una vez en el poder, cambió el enfoque legislativo lejos de una reforma migratoria integral. En 2010, los Demócratas se enfocaron en la reforma más estrecha del “DREAM Act”, una medida que “legaliza” a los jóvenes que vinieron a los Estados Unidos cuando tenían 15 años o menos y cumplen con otros criterios estrictos. Sin un fuerte movimiento en las calles, el Senado bloqueó ese proyecto de ley.
Algunas de las reformas apoyadas por los demócratas habrían expandido programas de trabajadores huéspedes, en lugar de conceder a los trabajadores inmigrantes todos los derechos. Las propuestas incluían disposiciones duras, como las nuevos tarjetas “biométricas” del Seguro Social para evitar que los inmigrantes indocumentados encuentren trabajo, una expansión de la militarización de la frontera, medidas de observancia obligatoria de los sitios de trabajo, nuevas reglas y sanciones penales, multas, largas esperas, requisitos de inglés, y “impuestos atrasados”.
Durante ese tiempo, la derecha se hizo más fuerte y ganó más asientos en el Congreso. Ausente el movimiento de masas, las opciones legislativas pro-inmigrantes han sido eliminadas casi por completo.
Haciéndose llamar “pragmáticos”, las organizaciones moderadas de derechos pro-inmigrante en el liderazgo de sindicatos importantes como el Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU) apoyó tales estrategias.
En verdad, lo que es “pragmático” para los políticos de la clase gobernante depende en el nivel de lucha. La Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos al Sufragio de 1965 no fueron aprobadas en un Congreso cuyo carácter fuera menos racista que el Congreso de 1963. No fue un esfuerzo de cabildeo que cambió la conciencia de racistas que mantenían los cargos del Senado y la Asamblea.
La lucha continúa por los derechos del inmigrante
Sin importar la campaña represiva en los últimos cinco años, la lucha vive. Jóvenes activistas indocumentados han salido a las calles para anunciar públicamente su estatus de indocumentados. Cuando Arizona pasó su ley 1070 racista en 2010, que contenía muchas de las similitudes odiosas de la Ley Sensenbrenner, comunidades se movilizaron inmediatamente.
Participaron en la rebelión laboral del pueblo en Madison, Wisconsin, en febrero del 2011, y el movimiento de Occupy Wall Street que se ha desencadenado por todo el mundo. Las demandas principales son “Los Derechos del Inmigrante son Derechos del Trabajador”, e “Inmigrantes son parte del 99 por ciento”.
La unidad del movimiento, la organización y el apoyo masivo han puesto a la administración y a la Migra en la defensiva, especialmente cuando el Partido Demócrata se prepara para las elecciones del 2012. El movimiento ha ganado acuerdos para que la Migra considere detener las deportaciones de jóvenes inmigrantes indocumentados que vinieron a los Estados Unidos antes de los 16 años.
Estas victorias muestran que más es posible. Si el movimiento no continúa luchando, el gobierno puede y si retrocederá este progreso en un abrir y cerrar de ojos. Este año, unas organizaciones están de nuevo pidiendo que los activistas no protesten, pero que hagan campaña para Obama y los Demócratas para que “cumplan con sus promesas”.
Este 1o de Mayo puede ser histórico nuevamente si lo utilizamos para despertar el gigante durmiente y hacer renacer el movimiento que hizo temblar la tierra hace seis años.
