Publicado originalmente en Breaking the Chains: una perspectiva socialista sobre la liberación de las mujeres.
El 9 de diciembre, la Corte Suprema no admitió un desafío a una ley extrema de Kentucky que exige que los médicos les muestren y describan imágenes de ultrasonido fetal a mujeres que soliciten un aborto. Esta decisión de la corte representa que la ley entrará en vigencia.
El desafío a la ley contra el aborto fue presentado por los tres médicos de la única clínica de aborto autorizada en el estado. Sostuvieron que la ley viola los derechos de la Primera Enmienda de los médicos, limitando su libertad de expresión al obligarlos ser partícipes de propaganda impuesta por el estado contra los deseos y el bienestar de sus pacientes.
La petición que presentaron ante el tribunal presenta una descripción desgarradora de la ley de 2017 que esperaban revocar: “según la Ley, el médico debe mostrar y proporcionar una descripción gráfica de la imagen de ultrasonido (incluyendo, por ejemplo, la identificación de todos los órganos internos visibles) durante el procedimiento de ultrasonido. El médico debe transmitir estas palabras, imágenes y sonidos específicos al paciente, incluso si no quiere verlos o escucharlos, e incluso si trata de resistirlos físicamente. Como resultado de esta ley, mientras la paciente está semidesnuda en la mesa de examen con los pies en estribos, generalmente con una sonda de ultrasonido dentro de la vagina, el médico tiene que seguir hablando con ella, mostrándole imágenes y describiéndolas, incluso mientras intenta cerrar los ojos y taparse los oídos para evitarlo.”
Los defensores de derecha de esta ley fingen que estos mandatos intrusivos son sobre lo que ellos llaman consentimiento informado. El desafío al HB 2 de Kentucky fue presentado ante la Corte Suprema después de que la Corte de Apelaciones del 6to Circuito defendiera la ley. El juez Joh Bush es el autor de la decisión del sexto circuito. Es una persona designada por Trump que ha comparado el aborto con la esclavitud y ha menospreciado públicamente los derechos de los homosexuales. En la decisión, escribió: “Esto también proporciona de manera inherente a la paciente un mejor conocimiento sobre el efecto de un procedimiento de aborto: le muestra qué, o a quién, usted da permiso de abortar.”
El lenguaje condescendiente y paternalista supone que las mujeres son tan incompetentes que no pueden tomar decisiones por sí mismas sobre sus propios cuerpos. El argumento patriarcal y equivocado se ve contradicho por el mandato explícito de la ley de que los médicos deben seguir hablando con un paciente, mostrándole sus imágenes y describiéndolas, incluso cuando la paciente cierra los ojos y se tapa los oídos para evitar el discurso. La derecha dice que obligarlas, en contra de su voluntad, a escuchar y ver un ultrasonido significa que desde ese entonces están suficientemente informados para dar su consentimiento.
La verdadera intención de la ley es limitar el acceso al aborto haciendo que el proceso sea lo más difícil y violento posible para los pacientes. La ley también requiere que el ultrasonido ocurra 24 horas antes de un aborto, requiriendo que cualquier persona que necesite realizar un aborto necesitará ausentarse un mayor tiempo del trabajo y realizar preparativos adicionales, además de someterse al ultrasonido forzado. Según el Instituto Guttmacher, el 59 por ciento de las mujeres que buscan abortos ya tienen hijos. Estas leyes realmente solo intentan hacer que el proceso sea lo más engorroso posible.
Esta ley forma parte de una campaña mayor de hacer lo mismo en todo el país y, en última instancia, anular Roe v Wade. Otros tres estados también cuentan con leyes igualmente invasivas y prohibitivas: Louisiana, Texas y Wisconsin.
La defensa de esta ley de Kentucky es una victoria para las fuerzas derechistas contra el aborto que intentan revertir los derechos reproductivos en todo el país. Este peligroso movimiento contra la mujer ha estado ganando impulso desde la elección de Trump en 2016, respaldando restricciones de aborto cada vez más agresivas con el objetivo final de derrocar a Roe v. Wade.
La ley de Kentucky se encontraba entre un conjunto de leyes antiaborto que llegaron a la Corte Suprema durante este mandato. En marzo de 2020, la Corte Suprema admitirá argumentos sobre una ley de Louisiana que exige que los proveedores de abortos tengan privilegios de admisión en un hospital cercano. La regulación, en caso de ser aprobada, implicaría el cierre de dos de las tres clínicas del estado y ampliaría la capacidad de los estados para restringir el acceso al aborto.
La cuestión del acceso de las mujeres a los servicios de aborto no es una cuestión moral. Estos ataques legislativos son una amenaza para los derechos fundamentales y la seguridad de las mujeres. A su vez, estas mismas fuerzas reaccionarias persiguen a las personas LGBTQ, inmigrantes, personas no-blancas y trabajadores. Es urgentemente necesario movilizar una máxima coalición de fuerzas para luchar contra esta ofensiva reaccionaria. La historia ha demostrado que a través de la lucha podemos contraatacar y ganar: el movimiento militante de mujeres en masa de la década de 1960 logró la victoria de Roe v. Wade en 1973 a pesar de una Corte Suprema de mayoría conservadora. Debemos revivir esta militancia y organización si queremos triunfar en nuestras luchas de hoy.
