11 de Marzo del 2018
A lo largo de su campaña presidencial y de las elecciones, los comentarios racistas de Trump dirigidos hacia los inmigrantes latinos y sus reiteradas promesas de construir un muro fronterizo y de deportar en masa a los indocumentados han provocado indignación en todo el país.
Su intolerancia desinhibida no solo son palabras: en el primer año de su mandato, ha mantenido y expandido las redadas masivas y la deportación de residentes indocumentados que caracterizaron a la administración Obama. También anunció que terminará el programa DACA, poniendo en peligro las vidas de 800,000 jóvenes inmigrantes.
Su solicitud de presupuesto para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa las operaciones de ICE y la patrulla fronteriza, fue de $44.1 mil millones de dólares para el año fiscal de 2018, casi un 7 por ciento por encima del presupuesto del 2017. Todos fondos serán destinados al desarrollo y fortalecimiento de las fuerzas policiales militarizadas que aterrorizan a los inmigrantes en todo el país y para la construcción de un muro fronterizo extremadamente costoso.
Cuando se trata de inmigrantes, su detención y deportación cuentan con el fuerte apoyo de los partidos Demócrata y Republicano. La militarización de la frontera y de las políticas racistas y exclusivistas que atacan a los latinos de manera agresiva no son nada nuevo.
La frontera y la política de inmigración
Desde la década de 1920, los Estados Unidos contaba con una fuerza de patrulla fronteriza dirigida contra los mexicanos de piel morena. En 1954, el presidente Eisenhower inició la Operación Especial de Fuerza Móvil, mejor conocida como “Operación Espalda Mojada,” una campaña de terror racista contra trabajadores inmigrantes indocumentados que reforzó de manera violenta el concepto de “estadounidense” como personas blancas y que resultó en la deportación de aproximadamente 1.1 millones de inmigrantes.
El presidente Nixon hizo lo mismo a través de su “guerra contra las drogas,” una pantalla de humo para encarcelar a millones de ciudadanos pobres y en su mayoría Afroamericanos, que también fue utilizada como justificación para enviar tropas y armamento a la zona fronteriza con el pretexto de bloquear la entrada de drogas por la frontera.
La militarización de la frontera y la vigilancia agresiva de los inmigrantes tal como la conocemos hoy comenzó en 1994. Comenzó con la aprobación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) bajo la administración de Clinton. Al reducir los aranceles y las restricciones comerciales y al permitir que las corporaciones y las grandes empresas norteamericanas privatizaran grandes sectores de la economía mexicana, el TLCAN en la práctica destruyó los medios de subsistencia de millones de ciudadanos mexicanos, obligándolos a emigrar a los EE. UU. en busca de trabajo.
A partir de ese mismo año y durante toda la década de los 90s, como parte de sus políticas de “guerra contra el crimen,” la administración Clinton implementó varias “operaciones” geográficamente específicas diseñadas para disminuir la entrada de inmigrantes mexicanos y centroamericanos que huían de la devastación económica y la violencia que surgió tras los golpes de estado apoyados por la CIA en sus tierras natales.
Entre estos programas se encontraban la “Operación Gatekeeper” en el área de San Diego / Tijuana, la “Operación Hold the Line” en Texas y la “Operación Safeguard” en Arizona. En las áreas de la frontera más transitadas se irguieron cercas y fueron militarizadas. Las únicas aperturas restantes obligaban a los migrantes a pasar por las zonas más peligrosas de Arizona, Sonora y otros desiertos. Quienes intentaran cruzar la frontera se verían obligados a pasar por una situación muy peligrosa en la que podrían desmayarse y morir de insolación o de deshidratación durante el día o morir de frío por la noche.
Esta reestructuración de la frontera fue diseñada para matar a los inmigrantes al no darles otra opción que pasar por zonas de muerte para ingresar a los Estados Unidos. Las muertes por el sobrecalentamiento y por la exposición a los elementos aumentaron dramáticamente como resultado directo de las nuevas cercas fronterizas y de la presencia de patrullas fronterizas militarizadas. En el primer año, menos de 30 personas murieron a lo largo de la frontera; hasta la fecha, más de 6,700 inmigrantes han muerto tratando de cruzar la frontera. Sin embargo, este número está por debajo de la cifra real porque solo incluye los restos que hayan sido encontrados y tampoco cuenta las muertes causadas por tiroteos de la Patrulla Fronteriza y la brutalización de los inmigrantes.
En 1996, como forma de atacar a los inmigrantes que ya se encontraran en los Estados Unidos o que hayan sobrevivido al viaje fronterizo mortal, la administración Clinton promulgó la Ley de Reforma Migratoria Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA). Este proyecto de ley básicamente amplió la lista de crímenes, incluyendo crímenes no violentos, que harían que un inmigrante con o sin papeles calificara para la expulsión inmediata del país. A su vez se redujeron las oportunidades para que los inmigrantes indocumentados se convirtieran en residentes legales. El proyecto de ley también incluía una multa adicional para los inmigrantes sin papeles: cualquier residente indocumentado que hubiera vivido en los EE. UU. sin papeles durante seis meses sería expulsado automáticamente durante tres años; ¡serían expulsados durante 10 años de haber permanecido un solo año!
La combinación de las operaciones fronterizas militarizadas y IIRIRA que fueron establecidas por la administración de Clinton generaron una máquina de deportación masiva como nunca antes vista. Las próximas dos presidencias siguieron avanzando sobre la base de estos programas.
Después del 11 de septiembre, durante la presidencia de George W. Bush, el Congreso de Estados Unidos y el Pentágono comenzó una “guerra contra el terrorismo” diseñada para alimentar el racismo contra los extranjeros, en especial contra personas árabes y latinas. Se estableció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), el cuál ahora incluye a la Aduana y Protección Fronteriza (CBP), la Patrulla Fronteriza, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración fueron trasladados del Departamento de Justicia al DHS. La inmigración actualmente es considerada un problema de seguridad nacional y el escrutinio de los inmigrantes como “invasores,” “terroristas” y “delincuentes” ha empeorado. Este movimiento le ha permitido al gobierno avanzar con la militarización de la frontera y con la tendencia a la deportación masiva.
La administración de Obama no representó una mejoría. Además de faltar a su promesa de una reforma migratoria progresista y además de disminuir las protecciones establecida por y para los DREAMers, Obama amplió los mecanismos contra los inmigrantes ya instalados y rompió el récord de deportaciones: deportó a casi tres millones de inmigrantes durante su mandato, ¡más que cualquier otro presidente antes que él! En una entrevista de FOX News con Bill O’Reilly en enero, Trump elogió el “logro” de Obama en cuanto a las deportaciones, y exclamó que “consiguió sacar un gran número de personas del país.”
Una cultura de odio y la frontera hoy
Cuando el estado implementa políticas racistas y discriminatorias, se genera una atmósfera de odio y de violencia hacia los grupos afectados. Los dos partidos políticos principales utilizan las vidas de los inmigrantes como un deporte político para su propio beneficio. La cultura popular está plagada de representaciones racistas de los inmigrantes latinos. Los periódicos y las revistas publican de manera rutinaria artículos, opiniones y caricaturas políticas terriblemente tergiversadas que rechazan la humanidad de los inmigrantes y perpetúan los estereotipos racistas. Un ultraje reciente fue causado por una caricatura publicada en el Diario de Albuquerque que caracterizó a los DREAMers como delincuentes y terroristas, lo cuál causó un piquete masivo comunitario en la sede central del periódico.
Los políticos y los medios racistas envalentonan a los reaccionarios. Los casos de los ataques racistas y de violencia contra los latinos, los inmigrantes y personas nativas han estado en aumento constante desde la elección de Trump. Lo que no se ve en noticiero es la militarización de la frontera durante varias décadas y la atmósfera de discriminación y de violencia que ha infectado el área.
La Patrulla Fronteriza es la agencia policial más grande de los Estados Unidos y una de las más grandes del mundo. Al igual que la fuerza de policía nacional, la Patrulla Fronteriza y ICE son instituciones opresivas diseñadas para fomentar el racismo y el odio hacia los más marginados y los más vulnerables de nuestra sociedad. Tanto ICE como la Patrulla Fronteriza han demostrado una tendencia de contratar a personas con antecedentes de racismo activo, incluyendo a personas que hayan trabajado como mercenarios y que pertenezcan a grupos de la supremacía blanca.
ICE aterroriza a los inmigrantes en su vida cotidiana al arrestarlos en sus trabajos, escuelas y hogares y al separar a sus familias. La Patrulla Fronteriza brutaliza a los inmigrantes al garantizar que el viaje al otro lado de la frontera sea lo más letal posible.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza exploran rutinariamente los senderos comúnmente transitados por los inmigrantes y destruyen deliberadamente los suministros de agua, alimentos y otros artículos esenciales para salvar vidas que se les dejan. Esta misma fuerza es la responsable de recuperar los cadáveres de los inmigrantes que hayan perecido en el desierto debido a la sed y la exposición. Durante el mandato de Obama se entregaron más de 500 cadáveres.
“Border Wars” es una serie de televisión que caracteriza a los inmigrantes que cruzan la frontera de una manera extremadamente deshumanizante y que humilla a los detenidos al filmarlos. El espectáculo también demuestra cómo la Patrulla Fronteriza caza a los inmigrantes con la misma tecnología militar utilizada en acciones en el extranjero. Lo que no vemos en la televisión es cómo los agentes a menudo golpean, electrocutan e incluso le disparan a los detenidos. Entre enero del 2010 y septiembre de 2017, al menos 50 personas murieron en un encuentro con un agente de la Patrulla Fronteriza en ambos lados de la frontera. Ejemplos de alto perfil incluyen a Anastasio Hernández Rojas, un residente de San Diego que fue golpeado hasta la muerte en la entrada de San Ysidro en 2010, y José Antonio Elena Rodríguez, un joven de 16 años que recibió un disparo mientras caminaba en una acera en Nogales, Sonora en el 2012 por un agente que estaba parado al otro lado de el muro (como era de esperar el agente utilizó la justificación de “defensa propia” contra la adolescente que supuestamente le estaba tirando piedras).
Una de las consecuencias de la frontera como “zona de guerra” ha sido el surgimiento de movimientos nativistas fascistas que movilizan a los racistas para hacer el trabajo del estado. En su mayoría operan a lo largo de la frontera en el sur de Arizona, los Minutemen, la Alianza Nacional (una organización neonazi) y otros vigilantes de la supremacía blanca rastrean el desierto como ayudantes informales a la Patrulla Fronteriza. La mayoría de sus miembros están compuestos de ex-miembros de la policía, militares y de seguridad privada. Se visten con uniformes militares costosos y a menudo portan rifles de asalto. A pesar de las afirmaciones de los portavoces de que los vigilantes solo capturan y retienen a los inmigrantes hasta que la Patrulla Fronteriza o la policía local se hagan cargo de ellos, son bien conocidos por su violencia racista. Han habido varios casos bien documentados de vigilantes que han asesinado a inmigrantes, incluyendo a niños, que demuestran los motivos evidentemente fascistas de estos grupos.
Aunque los presidentes Bush y Obama se han negado a reconocer o a elogiar a los vigilantes por lo que hacen, tampoco han hecho nada para detenerlos. Además, muchos políticos racistas de derecha y fascistas a nivel estatal los han honrado abiertamente y han invitado a sus líderes a dar discursos en reuniones y seminarios sobre leyes de inmigración.
La militarización fronteriza es un resultado inevitable del capitalismo
La frontera ha sido tratada como zona de guerra porque, de hecho, es una zona de guerra: por un lado los intereses del capital estadounidense, y por el otro los de los trabajadores a quienes saquean.
Decir que la frontera está “militarizada” no es una exageración. Los agentes de la patrulla fronteriza están equipados con ametralladoras automáticas y cuentan con tecnología y equipo militar como aviones no tripulados y helicópteros militares para ayudarlos a escanear los kilómetros de tierra virgen que los rodean. También colaboran con la policía local y con agentes federales para minimizar el número de personas que se escapan de su alcance.
La Patrulla Fronteriza está entrenada para actuar de manera militar. Se les enseña a ver a los inmigrantes no como trabajadores y agricultores desesperados que buscan una alternativa a la devastación en sus tierras de origen sino como una fuerza invasora. Su base de seguidores de voluntarios supremacistas blancos que provienen del ejército y de los organismos policiales demuestran la naturaleza intrínsecamente violenta de la Patrulla Fronteriza.
Las políticas racistas de varias de las administraciones presidenciales han sacado a luz a la epidemia de violencia en la frontera de hoy. Estas políticas han sido soluciones reaccionarias a las crisis creadas por el imperialismo de Estados Unidos. A medida que el sistema de expansión o muerte del capitalismo va en busca de nuevos mercados y recursos para sostenerse a si mismo, deja un rastro de destrucción y de caos donde quiera que pasa. En una de las mayores contradicciones del capitalismo: la industria y el capital tienen la libertad de cruzar las fronteras, pero no las personas. El muro fronterizo se construyó para disuadir a los refugiados desempleados, pero para nada tenía la intención de detener las exportaciones estadounidenses que dejan sin trabajo a los campesinos y comerciantes mexicanos, ni ha impedido que las empresas estadounidenses trasladen sus operaciones al sur para explotar una mano de obra mexicana más barata.
Al igual que los muros fronterizos y las fuerzas militarizadas de Israel que le roban a los palestinos su tierra, su sustento y autodeterminación, la frontera entre Estados Unidos y México es una división arbitraria de la tierra. Fue establecido por los ladrones imperialistas estadounidenses después haberle robado la mitad del territorio original de México a punta de pistola. El capitalismo de Estados Unidos, en especial el complejo militar-industrial, ha gozado de un enriquecimiento masivo tras la adquisición de los terrenos del Suroeste mientras que a su vez ha empujado a los habitantes indígenas cada vez más hacia el sur o hacia las reservas. Ahora que el capital de EE. UU. ha ampliado sus intereses al sur de la frontera, una vez más necesita un mecanismo para protegerlo.
La frontera entre los Estados Unidos y México no es nada menos que apartheid. Es una estructura diseñada para repeler a los seres humanos mientras se les impone la hegemonía económica y política de Estados Unidos y de la supremacía blanca.
El muro fronterizo de Trump le costaría un estimado de $25 mil millones de dólares a los contribuyentes, mientras que a las personas de la clase trabajadora se les sigue negando atención médica, educación, salarios dignos y vivienda. El presupuesto de más de $40 billones de dólares del DHS que está siendo utilizado para financiar muros y fuerzas terrestres racistas debería ser destinado para garantizarle a la clase trabajadora sus necesidades básicas.
La militarización de la frontera entre los Estados Unidos y México no sirve mas que a los intereses de la clase dirigente capitalista. El TLCAN ha contribuido a la pérdida masiva de empleos y al aumento de la desigualdad económica en ambos lados de la frontera. La clase trabajadora de EE. UU. y México tienen un enemigo común: el capitalismo de los EE. UU.
La inmigración es un derecho, pero la inmigración no debe ser forzada. Los pueblos de todo el mundo también tienen derecho a la seguridad económica y política en sus países de origen. Los progresistas y los revolucionarios en los Estados Unidos debemos luchar por el derecho de los inmigrantes de construir un hogar aquí mientras defienden la autodeterminación para México y para todas las demás naciones bajo la bota del capital de los EE. UU. A la larga, solo la destrucción del capitalismo y la construcción de una estructura social socialista y equitativa es capaz garantizar estos derechos y ponerle fin al saqueo imperialista de Estados Unidos.
Traducido por Joel Marcos Gallegos
