Como era de esperar, el presidente Nicolás Maduro de Venezuela ganó las elecciones presidenciales del 20 de mayo con un 67.76 por ciento de los votos, lo cual corresponde a 6.157.185 votos en total, ganando así un segundo término presidencial de seis años. Henri Facón, el candidato principal de la oposición, recibió 1.909.172 votos, o el 21.01 por ciento.
La elección viene después de importantes victorias de fuerzas progresistas en la Asamblea Nacional Constituyente y en las elecciones regionales del 2017, y consolida el poder gubernamental de la revolución bolivariana orientada hacia el socialismo, que comenzó en 1998 bajo el liderato del antiguo presidente Hugo Chávez.
En menos de 24 horas después de darse a conocer los resultados, la administración de Trump impuso nuevas sanciones contra Venezuela, atacando esta vez a la industria petrolera del país, PDVSA y sus operaciones en Estados Unidos, CITGO. Washington está intensificando su ofensiva mediática contra Venezuela, mientras que el Grupo de Lima, una coalición de gobiernos latinoamericanos de derecha dirigida por los EE.UU., también está denunciando la victoria de Maduro. El editorial de New York Times (periódico corporativo estadounidense) exige abiertamente su expulsión.
Mientras que Maduro, su partido el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y sus aliados de izquierda como el Partido Comunista ganaron con un margen amplio, el número total de votos y la baja participación en las urnas reflejan el impacto de los graves problemas económicos en el país que han llegado a desmoralizar a simpatizantes de la revolución bolivariana.
La presión por la abstención liderada por la derecha venezolana y por el gobierno estadounidense también jugó un papel importante; solo 46 por ciento de los 20 millones votantes elegibles fueron a las urnas el 20 de mayo.
La oposición se está jactando de que la cifra de abstención les otorga el verdadero liderato del país, una alegación claramente falsa. La oposición también convenció a sus simpatizantes leales de abstenerse durante las elecciones de la Asamblea Constituyente en 2017. En esa misma elección, el campo socialista, o los chavistas, recibieron 8.039.320 votos. Además, en su primer elección en el 2013 presidente Maduro recibió 7.587.579 votos. Como si esto fuera poco, el número total de votos por Maduro el 20 de mayo superó por cientos de miles de votos lo que recibieron las fuerzas bolivarianas en el 2010 cuando ganaron las elecciones de la Asamblea Nacional.
Queda claro que el factor clave de la baja participación por debajo de 50 por ciento se debe a una mezcla del “voto de protesta” de abstención y de la desmoralización de ciertos grupos chavistas dados los serios retos que está enfrentando el país.
También vale la pena poner en perspectiva el resultado general. Por ejemplo, en 2012 presidente Obama, a quién se le consideraba muy popular, solo gano 28 por ciento entre votantes en edad para votar. El presidente Trump recibió aproximadamente 25 por ciento y quedó en segundo lugar en el voto popular.
En general, la cuenta de los votos y los porcentajes nos dan la idea de que a pesar de todos los obstáculos, la base chavista es luchadora y mantiene un fuerte núcleo activo políticamente que constituye la fuerza política más grande del país. De 24 elecciones en casi 20 años, las fuerzas bolivarianas solo han perdido dos.
¿Venezuela es un estado fallido?
El argumento principal utilizado para desacreditar la revolución venezolana, conocida por sus simpatizantes como “el proceso bolivariano,” es la idea que Venezuela es un estado fallido. Estos críticos se aprovechan de las dificultades económicas actuales y las exageran y distorsionan enormemente. Esta fue la narrativa predominante durante en las últimas semanas antes de las elecciones.
Los medios internacionales han publicado sin cesar caricaturas de Venezuela como un caso económico perdido y han declarado que presidente Maduro solo mantiene su poder mediante el regalar comida y mediante tácticas policiales duras. Como suele suceder con la mayoría de los reportes sobre Venezuela en los medios internacionales, estas es una imagen fuertemente distorsionada.
El factor principal que influye sobre la situación económica en este caso es el contexto histórico de la economía petrolera de Venezuela. Como muchos otros grandes productores de petróleo, Venezuela tradicionalmente ha generado y actualmente genera grandes cantidades de dinero. Antes de la presidencia de Chávez, ese dinero fluía hacia las empresas petroleras estadounidenses y británicas y hacia una pequeña elite venezolana, mientras que la mayoría de la población se veía relegada a la pobreza. La industria doméstica era muy pequeña o nula, y la gran mayoría de los alimentos, medicinas, materiales de construcción y demás se importaban. La economía informal constituía gran parte del empleo dentro del país.
Durante la época chavista en gran medida esto ha sido revertido, y gran parte de la riqueza nacional ha sido redistribuida hacia los programas sociales. Por ejemplo, un 73 por ciento del presupuesto de 2017 fue invertido en programas sociales en áreas como la vivienda, atención sanitaria, educación y obras públicas. El compromiso social se mantiene a pesar de la enorme bajada de los precios del petróleo a nivel mundial.
De 1999 al 2015, el PBI de Venezuela aumentó 43 por ciento, y el PBI agrícola aumentó 27 por ciento. En el 2015, cuando la escasez de productos básicos llegó a su punto máximo, el PBI seguía estando por encima de lo que estaba en 2004. El desempleo bajó 62.5 por ciento entre 1999-2015, alcanzando su nivel más bajo de 6 por ciento. Tan solo entre el 2003 y el 2007, la pobreza extrema se redujo un 70 por ciento. El gobierno venezolano también ha ampliado la atención sanitaria a toda la población, gracias a un acuerdo cooperativo con Cuba y el trabajo del personal médico cubano. La atención sanitaria se consagró como un derecho en la constitución de 1999. El gobierno ha ampliado enormemente el sistema educativo. También mantiene un proyecto de hacer que la vivienda sea considerada como un derecho, y desde el 2011 ha creado 2 millones de viviendas a precios asequibles, manteniendo una meta de alcanzar los tres millones en el 2019.
Como todos los países de producción petrolera, la economía venezolana es extremadamente vulnerable a los aumentos y los bajones de los precios del petróleo, especialmente por el hecho de que 95 por ciento de sus ingresos se derivan de la venta del petróleo.
El bajón súbito de los precios del petróleo durante los años recientes ha sido un factor importante que ha contribuido a la crisis económica; el preció bajó de más de 100 dólares por barril en el 2008 a un promedio de 37 dólares por barril en 2016.
Al analizar, por ejemplo, las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) sobre la desnutrición, el suministro de energía alimentaria, el consumo de proteína, y varios otros índices de este tipo en Venezuela, se puede apreciar la fuerte conexión entre estos índices y los precios del petroleo. Por ejemplo, el porcentaje de la población subalimentada bajó de 16.9 por ciento en 2001 a 3.1 por ciento en 2011. En 2016 el índice había subido al 13 por ciento.
La FAO mantiene estadísticas sobre el promedio adecuado del suministro de energía alimentaria, y sobre el porcentaje por el cual un país cae por debajo de, satisface, o excede dichas recomendaciones alimentarias. En 2002 Venezuela se situaba en el 103 por ciento de la ADESA; para el 2011 había alcanzado el 121 por ciento. A partir de 2016 el porcentaje había vuelto a bajar al 104 por ciento.
Estas estadísticas demuestran claramente que el acceso a la comida está fuertemente relacionado con el nivel de ingresos. Puesto que un gran porcentaje de la comida en Venezuela era y sigue siendo importada, el no poder gastar en importaciones ha contribuido a una intensificación de la crisis económica.
Es en este contexto en que el papel de los actores internacionales y saboteadores locales se vuelve aun más importante. Existen numerosos ejemplos de grandes importadores corporativos, tanto venezolanos como estadounidenses—Polar, Nestle’s, Proctor & Gamble, entre muchos otros—que han acaparado grandes cargamentos de comida y de otras mercancías para generar escaeces fundamentales. A su vez han exportado billones de dólares a bancos del occidente. A fines del 2017, Euroclear, empresa belga de servicios financieros, prácticamente secuestró 450 millones de dólares destinados a la compra de comida y medicinas.
Otra crisis es el contrabando de la comida y la gasolina subvencionadas para la población, suministradas por el gobierno, pero robadas en masa por pandillas de delincuentes para venderlas en país vecino de Colombia y así generar ganancias.
La administración de Trump ha impuesto sanciones que impiden que los bancos estadounidenses reestructuren la deuda venezolana. Esto es un proceso rutinario que permitiría la liberación del dinero destinado a pagos de deuda para otros fines, como por ejemplo para la importación de comida y medicinas.
Además, los EE.UU. también ha sancionado a varios funcionarios destacados del gobierno, haciendo que les sea difícil supervisar cuestiones como la importación de comida y de medicinas, dad que las empresas financieras y otras corporaciones temen ser castigadas con multas por violar las sanciones impuestas por Estados Unidos. El pueblo venezolano parece entender el papel que juegan las sanciones, como lo ha observado el encuestador respetado Datanálisis. Según sus encuestas, 55.6 de la población “se opone fuertemente” a las sanciones estadounidenses.
Ahora también se están dando pasos agresivos para atacar a la industria petrolera en general. En el 2007 Venezuela nacionalizó la Faja Petrolífera de Orinoco. Esto causó que los gigantes petroleros desposeídos impugnaran a Venezuela en la Corte Internacional de Arbitraje. Ahora una de esas empresas, ConocoPhillips, ha embargado los activos de PDVSA en la isla de Curacao, instalaciones importantes para la capacidad de refinamiento de PDVSA, asestando un fuerte golpe a la industria.
No queda claro cuán lejos llegará este intento de saboteo, pero ya se pueden discernir intentos de embargar también a los petroleros de PDVSA. Este ataque contra la industria petrolera no es más que otro intento de estrangular a la economía venezolana.
El asunto fundamental es que Venezuela no es un estado fallido (y cuenta con indicadores sociales y programas que serían la envidia de muchos países en todo el mundo). Están pasando por problemas estructurales que posiblemente sean ineludibles fundamentalmente, los cuales también están siendo exacerbados por la interferencia intensa de los Estados Unidos, Europa y de gobiernos de derecha en Latinoamérica. Todo esto se da en un contexto en donde el gobierno intenta, contra todo pronóstico, mantener un nivel extremadamente alto de inversión social para el beneficio de las grandes masas de Venezuela.
¿Es verdad que los chavistas no hacen nada mal?
La verdadera historia de lo que el gobierno y sus aliados han estado haciendo, y un factor clave de porqué sin duda muchos venezolanos estuvieron dispuestos a apoyarlo en las urnas el 20 de mayo es muy diferente. El gobierno está involucrado en una amplia gama de medidas para combatir la guerra económica y el gran movimiento revolucionario de base también está colaborando y desarrollando sus propias iniciativas.
Los revolucionarios en Venezuela están enfocados intensamente en el tema de, para utilizar una expresión de la Revolución Cultural China, “captar la revolución, promover la producción.” Queda claro para todos que la desventaja principal de Venezuela es que es una economía basada en las importaciones y que depende principalmente del petróleo. Como a menudo señalaba el revolucionario burkinabé Thomas Sankara, “¿Dónde está el imperialismo? Es la ayuda alimentaria del plato que tienes frente a ti.”
En todo el país, las fuerzas revolucionarias están trabajando para remediar esta situación. En Altos de Lídice en Caracas, los consejos comunitarios de la zona se han unido no solo para crear una comunidad, sino para enfocarla en algunos de estos factores claves. Miguel Padiña, un participante del el proyecto, declaró en una entrevista con periodistas de la Corriente Revolucionaria de Bolívar y Zamora (CRBZ) del PSUV:
“Actualmente, en el campo productivo hemos sembrado camote, yuca y otras plantas, como la primera experiencia productiva, está diseñada para el beneficio de alrededor de 1.400 familias de la zona.”
El Frente Francisco de Miranda (FFM), otra gran corriente revolucionaria dentro del PSUV, ha desarrollado una entidad de producción conocida como Ecopatria, que hasta ahora cuenta con seis sitios a lo largo del país que utilizan la agricultura orgánica para sembrar principalmente verduras, pero también para la producción de “carne de conejo, cerdo, cabra y oveja, y el ordeñar chivos para la fabricación de queso.”
En Páez, una ciudad en el estado de Apure, el nuevo alcalde que asumió su puesto el año pasado, José María Romero, descubrió que el alcalde que había reemplazado después de que este fuera arrestado por corrupción, había abusado de los servicios gubernamentales para enriquecerse en lugar de involucrarse en las actividades productivas claves, y que incluso evitaba recaudar impuestos para financiar los servicios locales.
Esa situación ahora está cambiando. Como lo reporta una corriente revolucionaria, “El alcalde tiene 5 mil 500 millones de bolívares. Desde el punto de vista de producción, este es el gran reto que ya ha empezado a ser implementado en políticas específicas, tal como la reciente asignación de semillas y financiamiento para la producción de 600 hectáreas de arroz… esas 600 hectáreas serán para los productores pequeños y medianos, para la ciudad comunitaria Simón Bolívar, y para la municipalidad… este es el primer paso. Para 2019 la meta será 1.500 hectáreas. No es todo, también hay planes de producción para el maíz amarillo, conejos, cabras para la leche, gallinas, y agricultura urbana.”
El FFM también está participando—de su propia manera—en la campaña de la vivienda anteriormente mencionada: ya ha repartido 2 millones viviendas a precios asequibles, con la meta de 3 alcanzar los millones para el próximo año. Han construido 18.000 viviendas en colaboración con consejos comunitarios y con el gobierno para conseguir los materiales de construcción de fuentes locales. Explican que hay “más de 400 instalaciones de bloques (concreto), 243 de carpintería y más de 200 siderurgias comunitarias, las cuales están funcionando para garantizar el suministro de la materia prima.”
Además, como lo indica uno de los lideres del proyecto: “No solo se trata de los bloques, los hierros y el cemento, sino que para profundizar, la crisis económica nos ha permitido empoderar al pueblo con la posibilidad de crear sus propios campos de producción, en donde pueden sembrar y cosechar alimentos o suplementos para garantizar la soberanía en el asunto alimentario.”
Por su parte, el gobierno ha estado desarrollando sistemas de distribución más centralizados para evitar el acaparamiento de las corporaciones y de las redes de corrupción del mercado negro. El eje central de esta iniciativa es el programa de CLAP (Comités Locales para el Abasto y la Producción), el cual distribuye comida y otros productos básicos directamente al pueblo en colaboración con el “poder popular.” Son consejos comunitarios, comunidades y varios conglomerados fundados por corrientes revolucionarias dentro de las comunidades. CLAP actualmente le distribuye 60.000 toneladas de mercancías a 6 millones de personas, dos veces al mes.
También han comenzado a utilizar la economía digital para ayudar a mejorar estas medidas. El gobierno creó un sistema de tarjetas electrónicas (“Tarjeta de la Patria”) mediante el cual las personas pueden recibir bonos, seguridad social y en algunos casos sueldos. Es un sistema de vigilancia electrónica que asegura la distribución de productos básicos a las personas que los necesitan, y evita su interrupción.
A pesar de que aún se encuentra en desarrollo, se puede apreciar un progreso evidente—los proyectos “de arriba abajo” y “de abajo a arriba” en colaboración—de un sistema centralizado de producción y distribución de productos básicos para la gran mayoría de la población.
¿Aún vive el poder popular?
Además, muchos o casi todos los votantes en el movimiento bolivariano están decididos a defender el gran florecimiento de los órganos del gobierno popular a varios niveles que se entrelazan de varias maneras con la estructura oficial del gobierno. Una idea equivocada es que el “poder popular” está muerto.
Existen alrededor de 46 mil consejos comunitarios registrados y aproximadamente 1.600 comunidades. En su libro “Construyendo la Comunidad,” autor George Ciccariello-Maher nos da una muestra de este proceso:
“A veces la comunidad consiste de sesenta mujeres congregadas en una habitación para debatir la construcción de calles locales, quienes regañan a los líderes políticos en los más duros términos. Otras veces es una congregación de un colectivo textil con residentes locales para decidir qué necesita la comunidad y cuál es la mejor manera de producirlo. A veces es un puñado de hombres jóvenes en motos negociando una tregua de pandillas, y a veces son las transmisiones en una estación colectiva de radio o televisión. A menudo, son cientos de familias rurales sembrando plátanos, cacao, café o maíz mientras intentan reconstruir su dignidad ancestral en la tierra mediante una nueva forma colectiva.”
Estos órganos populares, en particular los consejos comunitarios y las comunidades, de hecho son los pilares del proceso bolivariano, su columna vertebral, y muchos de ellos, a pesar de ser críticos perceptivos de ciertos aspectos de la política gubernamental, con frecuencia son los primeros en organizarse para apoyar a la revolución a la hora de votar, apoyando al PSUV y a otros miembros de la coalición chavista como el Partido Comunista.
Aristóbulo Instúriz, ministro para las comunidades en el gabinete presidencial y un personaje importante en la Asamblea Constituyente, declaró a principios de este año: “Actualmente tenemos 1.883 comunidades registradas en Venezuela y para fines de enero debemos alcanzar a 2.000 más.” Añadió que necesitan alcanzar a 3.000 este año y conectarlas con el nuevo banco comunitario. El banco está diseñado para suministrar fondos directamente a las comunidades para promover la producción.
Estos planes incluyen: “La asignación de recursos substanciales a la Comunidad El Maizál para la creación de una fábrica de producción alimentaria, a la Comunidad Agua Sagrada Terepaíma para un sistema de irrigación y a la Comunidad Juan Sabas Peralta para adquirir equipos para mantener los caminos agrícolas.”
Ángel Prado es uno de los lideres de la Comunidad Socialista El Maizál. Esta comunidad está compuesta de 22 consejos comunitarios a lo largo de los estados de Portuguesa y Lara, organizados sobre la base de la democracia directa, y ha logrado numerosos e impresionantes de avances a su reputación tales como “la producción de 4.000 toneladas de maíz anualmente y sus empresas comunitarias que producen carne de res, cerdo, queso, además de supervisar la distribución de gas.”
Prado, quien ha tenido desacuerdos notorios con el gobierno a pesar de respaldar firmemente la reelección de Maduro, observó en cuanto a las próximas tareas:
“Tenemos un proyecto para crear la cuidad comunitaria, yo creo que le debemos esto a Chávez. Estamos comprometidos con esta idea, y luego queremos crear una federación de comunidades, que sería la unión de varias ciudades comunitarias para así construir el estado comunitario… nos vemos a mediano plazo como parte de un gran liderato colectivo que asume la responsabilidad de tomar las riendas de la ciudad comunitaria. Eso incluye nuestra propia lucha contra el crimen, todo un sistema productivo industrial, una universidad. Tenemos un proyecto para liberar a nuestra tierra. No se trata de ser independientes. Es lo que se plantea en el Plan de la Patria [2013-2019].”
El camino hacia adelante
Existen un número de contradicciones y reservas que podrían ser introducidas en todo lo antedicho. Sin embargo, lo importante es que Venezuela es el blanco de ataques porque su pueblo, en su mayoría pobre y obrero, se atrevió a imaginar un mundo distinto a la realidad capitalista brutal en la que muchos de nosotros vivimos.
Después de las elecciones, muchos grupos revolucionarios están publicando meditaciones interesantes sobre las próximas tareas.
Están involucrados en un gran proceso, y en un gran debate entre ellos mismos sobre como construir una sociedad que valore las necesidades del pueblo en lugar de los intereses de lucro privados. Repetiremos algo que hemos dicho antes:
“Entonces para los revolucionarios en todo el mundo, las tareas no podrían ser más claras. Un pueblo decidió en 1998 romper con el capitalismo neoliberal de manera definitiva, y compartir su riqueza de manera más equitativa. También decidió institucionalizar y expandir de manera masiva sus esfuerzos de crear un poder comunitario popular. Durante este tiempo los niveles de vida han aumentado, la pobreza ha disminuido, la atención sanitaria, la educación y la vivienda son derechos formales y la política está alineada para lograr estos objetivos. Las comunidades indígenas y los afrovenezolanos han sido empoderadas para recuperar su cultura y su herencia, y para resistir el legado del genocidio y esclavitud. En efecto, Venezuela ha iniciado una discusión mundial sobre el socialismo, sobre lo que la próxima serie de intentos de construir el socialismo pueden y deben lograr, y lo que se puede aprender del pasado y lo que se debe inventar para el futuro.
“Si el movimiento bolivariano es arruinado, o derrocado, todo esto desaparecerá. Habrá un retroceso inevitable para el intento del pueblo de poder decidir de manera colectiva el cómo utilizar sus recursos y talentos para su propio beneficio. Sin duda existen problemas y contradicciones que discutir, pero antes que todo la revolución bolivariana merece ser defendida.”
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Traducido por Katie B.
